I la organización administrativa: nociones generales






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títuloI la organización administrativa: nociones generales
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Actividades donde si se admite la compatibilidad donde ni siquiera fuera necesario pedir permiso.

  • La administración de su propio patrimonio personal, siempre que no tenga influencia directa en el puesto de trabajo que ocupa en la Administración (administrar un patrimonio de alquileres, viviendas, etc.).

  • Impartición de cursos, seminarios, conferencias, siempre que no sean con carácter permanente.

  • Formar parte de los tribunales de oposiciones y/o concursos, a cobrar esas dietas.

  • Producción artística o literaria.

  • Aquellas personas que asisten a coloquios en radios, tv, siempre que no sea habitual.

  • Profesiones que son totalmente incompatibles.

    • Gestor administrativo.

    • Procuradores de los tribunales.

    • Cualquier otra profesión que exija la presencia efectiva en el Juzgado en horas en que ese funcionario tiene asignada en la función pública.

    • El hecho de que se le conceda la compatibilidad, que en modo alguno, le puede servir de justificación para bajar su rendimiento en la función pública que desempeña.



    Responsabilidad civil y penal del funcionario.


      • Responsabilidad Civil.

        • No se corresponde con la recogida para todos en el código civil, sino que a los funcionarios, pueden incurrir en una responsabilidad frente al Estado o Admón. A la que sirve que puede ser directa o indirecta.

          • Directa.

            • Cuando causa daños directamente a esa Admón. y que exista culpa o negligencia grave. (esto último es lo que lo diferencia de la responsabilidad civil normal)

          • Indirecta.

            • Cuando causa daños a los administrados. Estos no van a reclamar al funcionario sino que lo harán a la administración a través de la reclamación patrimonial. (un médico que por desconocimiento absoluto o falta de atendimiento causa un daño a un paciente). Esta responsabilidad patrimonial es objetiva, con lo que único que hay que demostrar es que se ha producido un daño, aunque haya sido casual, la Admón. siempre tendrá que pagar.

            • La Admón. una vez que haya pagado puede exigirle esa responsabilidad al funcionario, siempre que se demuestre que dicho funcionario haya actuado con culpa o negligencia grave.




      • Responsabilidad Penal.

        • Se les exige al igual que cualquier otra persona, esa responsabilidad a través de los Juzgados correspondientes. Hay delitos que son exclusivos de los funcionarios. Funcionario en sentido amplio (todo aquel que trabaje en una Administración pública).

        • Hay delitos que se castigan con mayor gravedad si el que los comete es un funcionario. Hay agravantes que se recogen en el código penal si el que los realiza es un funcionario.




      • Responsabilidad disciplinaria.

        • Cuando se incumplen sus obligaciones pueden ser sancionados por la Admón.

        • Se tiene que hacer a través de un procedimiento específico sancionador para sus funcionarios, recogiéndose los principios de tipicidad, de proporcionalidad, de no retroactividad, de legalidad. En algunos casos, los funcionarios guardias civiles, o militares, son juzgados por la vía penal y a la vez se le puede hacer un expediente disciplinario, siendo esto admitido por el Tribunal Constitucional.

        • Procedimiento para los funcionarios. (R.D 33/1986)

          • Diligencias previas o informativas, con las que se averigua quien pudo ser.

          • Fase de instrucción.

          • Lo primero que hay que hacer es el nombramiento de un instructor y un secretario, no obligatorio este último. Dicho instructor tendrá que ser como mínimo de la misma categoría o superior del funcionario al que se pretende sancionar. Dicho nombramiento se comunica al supuesto infractor, para que si entiende que hay motivos para recusarlos haga uso de ese derecho.

          • Una vez que no haya sido o recusado o recusado, esta sea resuelto, el instructor tomará declaración al funcionario que puede estar asistido. Tras la misma, el instructor formalizará el pliego de cargos en el que se especificará la conducta incorrecta, así como la calificación jurídica, dándosele un plazo de 10 días hábiles y formule su defensa (pliego de descargos), pudiendo proponer también las pruebas que estime oportunos el funcionario. Dichas pruebas decide el instructor si son necesarias o no y con la posibilidad de que el funcionario las presente o no. Una vez terminadas las pruebas, se les da la posibilidad al funcionario y se pone a su disposición el expediente. Transcurridos esos diez días en los que el también puede presentar las alegaciones oportunas, viene la propuesta que hace el instructor a su superior, indicando que quedó probado tal o cual cosa, el encaje o calificación jurídica de acuerdo con las normas infringidas, etc. Esta propuesta se le pasa de nuevo al funcionario por un plazo de 10 días para que haga una contrapropuesta o que haga la alegaciones oportunas, finalizando la fase de instrucción. Dicha propuesta y alegaciones se les pasa al órgano superior.

          • Fase de resolución.

          • Se cambia de órgano y será este el que decida, pudiendo ampliar, rebajar o no sancionar, etc.

      • Sanciones previstas para los funcionarios.

        • Faltas muy graves

          • Separación del servicio (pérdida de la condición de funcionario).

          • Suspensión de funciones entre tres años como mínimo y 6 como máximo.

          • Traslado de su puesto de trabajo con cambio de residencia por una duración máxima de 3 años.

          • Prescriben a los 6 años.

        • Faltas graves.

          • Suspensión hasta 3 años.

          • Traslado del puesto de trabajo hasta un año.

          • Prescriben a los 2 años.

        • Faltas leves.

          • Amonestación verbal o por escrito.

          • Prescriben al mes.



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