I la organización administrativa: nociones generales






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títuloI la organización administrativa: nociones generales
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Prerrogativas:


  • Inviolabilidad, no pueden ser procesados por ninguna de las manifestaciones que viertan en función de su cargo.

  • Inmunidad, que no puede ser retenido ni detenido sino es en caso de flagrante delito.

  • Fuero propio. No están sometidos a los Juzgados ordinarios. Solamente se les puede juzgar ante el T.S.J.C., si son delitos fuera de la C.A. será el Supremo.



Derechos de los parlamentarios.

  • Asistir a las reuniones e intervenir en las mismas, además de votar.

  • Obtener información de cualquier Administración Pública de Canarias.

  • Ser remunerado con un sueldo, siempre y cuando tengan dedicación exclusiva y que esta sea inembargable. Los que sean funcionario podrán optar por continuar con la categoría de funcionario, pasando a servicios especiales y cobrando por tanto como tal.

  • Derecho a formar parte de una comisión.

  • Tratamiento de excelencia.


Obligaciones de los parlamentarios.

  • Asistir a las sesiones, manteniendo el orden y disciplina, así como el deber de sigilo (no divulgar aquellos asuntos que se traten en el Parlamento hasta que salgan a la luz).

  • No aprovecharse de su cargo.

  • Tienen la obligación de presentar al inicio de su mandato, declaración jurada o ante notario de las actividades que tuviera y de donde obtiene beneficios, etc.

  • Una vez tomado el cargo, deben hacer una declaración de incompatibilidad.




Pérdida de la condición de Diputado.

  • Definitivamente:

    • Renuncia.

    • Muerte, incapacidad, física o psíquica declarada por sentencia judicial.

    • Fin del mandato, salvo aquellos de la Diputación permanente que siguen siéndolo hasta que tomen posesión los nuevos diputados.

    • En la reforma del 99 se introdujo también para aquellos diputados cuando por cualquier causa le imposibilite ejercer su cargo hasta el final de la legislatura.

    • Resolución judicial que haya anulado el nombramiento.

  • Suspenden temporalmente:

    • Sentencia judicial, siempre y cuando no alcance el total o resto del mandato.

    • Sanción disciplinaria de suspensión.

    • Mientras esté en prisión preventiva.



Organización del Parlamento:

      • Órgano rector con su Presidente que es la mesa del Parlamento que es el Presidente del Parlamento, dos vicepresidentes y dos secretarios. Son elegidos en la primera sesión constitutiva. El de mayor edad y el más joven son los que se encargan de la sesión constitutiva y se procede a elegir el Presidente y la mesa por mayoría absoluta. Llevan la representación del Parlamento, establecen el orden del día, etc.

Junta de Portavoces:

      • Órgano colegiado compuesto por todos los portavoces de los grupos parlamentarios. Órgano al que se le suele consultar determinados temas a tratar, etc.



Comisiones permanentes:

      • Formadas por una parte proporcional de miembros del Parlamento a través de los Grupos parlamentarios. Tienen establecido unas competencias concretas, pero además el Parlamento puede delegar algunas cuestiones. Todos los parlamentarios deben pertenecer al menos a una Comisión. No son públicas estas comisiones.


Comisiones no permanentes:

      • Lo decide el propio Parlamento en cuanto a su cometido y las personas que lo deben conformar.

Pleno:

      • Formado por los 60 diputados.

      • Se reúne en dos períodos de sesiones, uno de Octubre a Enero y otro de Marzo a Octubre, de Lunes a Viernes.

      • Los convoca el Presidente.

      • También se podrá convocar una sesión extraordinaria u ordinaria si se lo piden dos grupos parlamentarios o el Gobierno o una cuarta parte de los diputados. En períodos de vacaciones lo puede solicitar también la Diputación permanente.

      • Funcionamiento del Parlamento:

        • Las sesiones son generalmente públicas, si bien se puede determinar que sean secretas.

        • La votación puede ser de diferente forma.

        • Se requiere que para tomar válidamente un acuerdo, la mitad más uno.

        • Leyes ordinarias, mayoría simple. Hay casos en los que se exige mayorías cualificadas dependiendo de la cuestión que se trate.


Grupos parlamentarios:

  • Cada partido forma su propio grupo con todas aquellas personas que han sido elegidas bajo dicho partido.

  • Mínimo 4 diputados para constituir grupo parlamentario.

  • Los que no lleguen a 4 diputados irán al grupo mixto.

  • Aquellos que se separan de su partido (tránsfugas) no se pueden integrar a otro grupo político, sino que se adcribirán al grupo de los no adscritos, manteniendo todos sus derechos y obligaciones de parlamentario.

Diputación permanente:

  • Es un miniparlamento con 11 diputados.

  • Funciona en aquellos períodos en los que no hay sesiones o está disuelto el mismo por estar en período electoral.

  • El Presidente es el presidente del parlamento.


Comisión general de Cabildos:

  • No tiene funciones ejecutivas, pero si consultivas e informativas.

  • Formada por todos los Presidentes de los Cabildos, junto con el Presidente del Parlamento.


Presidente del Gobierno: (Ley 1/1983)

  • Ostenta la función política, es el poder ejecutivo y administrativo al ostentar la jefatura de la administración canaria. También tiene sus Vicepresidentes y Consejeros.

  • Es elegido por el Parlamento con mayoría absoluta en primera convocatoria y por mayoría simple en segunda. De no obtener tampoco mayoría simple, se abre de nuevo el período de consultas y se inicia de nuevo todo el proceso. Si transcurridos dos meses no hay ninguno que obtenga la mayoría se disolvería el Parlamento y se convocarían nuevas elecciones. Es el Presidente del Parlamento el que realiza el período de consultas. De obtener la mayoría, se le comunica al Rey y se publica en el BOE y BOCA.

  • Se mantiene durante todo el mandato si no se da algunos de los siguientes supuestos:

  • MOCION DE CENSURA:

    • Para pedirla tiene que estar suscrita por el 15% de los parlamentarios, proponiendo un sustituto. Para que prospere la misma, deberán obtener mayoría absoluta, quedando automáticamente elegido si la obtuviera el candidato propuesto. De alguna forma no se limita la presentación de las mociones de censura, por cuanto la limitación se lleva a que el 15% firmante no puedan presentar otra moción, pero si el resto no firmante, en el mismo período de sesiones, cosa que no ocurre si es en diferentes períodos de sesiones.

  • CUESTION DE CONFIANZA:

    • En este caso depende del Presidente y puede someterse al parlamento para que le muestre su confianza o por el contrario le sea denegada. Queda otorgada con la mayoría simple, si no la obtuviera quedará en funciones y se tendrá que abrir el nuevo proceso de elección.

  • OTRAS CAUSAS POR LAS QUE PUEDE PERDER LA CONDICION:

    • Renuncia, muerte, incapacidad física, psíquica o inhabilitación, ingreso en prisión, etc.



Consejo Consultivo de Canarias.

  • Tiene la misión de velar porque todas las Administraciones canarias cumplan la Constitución, el Estatuto de autonomía y la legislación vigente.

  • Emite informes al igual que en el Consejo de Estado, una veces son preceptivos y vinculantes y en otros simplemente preceptivos.

  • Se creó con la Ley 4/1984, modificado a través de la Ley 5/2002.

  • Está compuesto por 7 miembros.

  • La sede está en La Laguna.

  • Se eligen de entre juristas de reconocido prestigio (15 años en el ejercicio de esa profesión), 4 son elegidos por el Parlamento de Canarias por una mayoría de 2/3 y los otros tres libremente el Gobierno. Entre ellos eligen al Presidente por mayoría absoluta. En primera votación, si no consigue la mayoría absoluta, será el que más número de votos obtenga, si se empata, será el de mayor edad.

  • Mandato por cuatro años y se van renovando parcialmente cada dos años.

  • Es obligatorio emitir los informes paralelos a los del Consejo de Estado (reformas del Estatuto, proyectos legislativos del Gobierno, anteproyectos y proyectos de Ley que vayan al Parlamento, en definitiva todo lo que se refiera al funcionamiento de las Administraciones, en algunos casos será vinculantes y en otros no. Será vinculante y preceptivo cuando la Administración quiera anular un acto de oficio.)

  • No suplanta al Consejo de Estado, en todo caso, habrá que acudir al estatal cuando se refieren a todas aquellos asuntos de competencia del Estado o de competencias delegadas.


Diputado del común.

  • Homólogo al defensor del Pueblo.

  • Su regulación está en la Ley 1/1985, modificándose en la Ley 7/2001.

  • Tiene su sede en Santa Cruz de La Palma.

  • Tiene que ser una persona con residencia legal en Canaria y no se requiere ninguna titulación, salvo estar en posesión de los derechos civiles y políticos.

  • Es nombrado por el Parlamento por mayoría de 3/5, al igual que los del Consejo Consultivo.

  • Tiene a su disposición a una serie de personas que considere y que son los adjuntos, los cuales son elegidos por el propio diputado.

  • El mandato es de cinco años. Puede ser reelegido.

  • La misión es la de hacer intermediario o velar porque la Administración funcione adecuadamente y se respeten todos los derechos de los administrados. No tiene poder ejecutivo, pero tiene el “autoritas”. Al final de cada año, este debe emitir una memoria en la que hace constar las anomalías que ha tenido en las diversas Administraciones públicas de Canarias.

  • Cesaría por renuncia, pérdida de la residencia en Canarias, que haya cometido delito y pena, así como puede ser separado por el Parlamento si entendiera éste que ha habido un desempeño negligente de sus funciones, debiendo ser aprobada por 3/5. Debe cesar si también estuviera incurso en cualquiera de las incompatibilidades recogidas en la Ley (es incompatible por cualquier tipo de profesión y/o actividad)


Audiencia de cuentas.

  • Es el homólogo del Tribunal de Cuentas estatal.

  • Fiscalizar las gestiones económicas de las Administraciones Canarias. Todas las Administraciones y organismos deben remitir al finalizar el ejercicio un informe de las mismas, para que estas a su vez fiscalicen los mismos.

  • Está formada por cinco personas nombrados por un plazo de cinco años, elegidos por el Parlamento de 2/3, renovándose parcialmente.

  • Su sede está en Santa Cruz de Tenerife.



L. 7. LA ADMINISTRACION LOCAL: EVOLUCION HISTORICA Y REGIMEN ACTUAL.
1. Evolución histórica del régimen local. Regulación actual: La Ley reguladora de las bases del régimen local en el sistema de fuentes del Derecho. 2. Posición constitucional de las CC.LL.: concepto, extensión y límites de la autonomía local. 3. Las competencias de las CC.LL. 5. El control de las CC.LL.
1. Evolución histórica del régimen local. Regulación actual: La Ley reguladora de las bases del régimen local en el sistema de fuentes del Derecho.
El régimen local cuando comienza la reconquista, se van creando asentamiento o núcleos de población con sus autoridades en nombre del rey que van regulando la vida en las mismas. Se les van otorgando ciertos privilegios o fueros, distintos de los que rige en el territorio nacional. Van surgiendo los Ayuntamientos y se mantienen durante la monarquía absoluta. En esta época de monarquía absoluta, los ayuntamientos se les va despojando de competencias y en definitiva es el representante del Rey el que va a estar por encima de las autoridades municipales.
En la Constitución de 1812 donde se pretende abolir el absolutismo autoritario y se quiere igualar la legislación en todo el territorio español, suprimiendo los fueros o privilegios, así como dividir el territorio español en provincias y estas a su vez con su gobierno, formando núcleos dentro de las mismas con menor entidades en municipios o ayuntamientos. En esa época no era obligatorio que todo el territorio se constituyese en Municipios, si bien si que era obligatorio para aquellas que tuviesen un número importante de habitantes en las que tenía que haber un órgano de gobierno.
En 1924, en época de Calvo Sotelo, se elabora el estatuto municipal, y se elabora también una regulación sistemática de todas las entidades locales (provincias y ayuntamientos). Este estatuto no tuvo mucha vida, ya que pocos años después desaparece la monarquía y se restituye la república, teniendo esta una visión distinta, al pretender dividir el Estado en las regiones, quedando desfasado dicho estatuto.
En 1936 se produce la guerra civil y tras el triunfo de Franco, este abole toda la legislación anterior y se empieza a confeccionar una nueva normativa para las entidades locales, concretamente la Ley de Bases de Régimen Local que es aprobada en 1955. La misma es bastante aceptable, técnicamente muy buena, perviviendo hasta después de la Constitución de 1978, ya que la actual Ley es una copia de dicha Ley con ligeras modificaciones para adaptar a la Constitución del 78. Si ha habido diferencias en cuanto a la elección de Concejales y Alcaldes. En esas fechas la administración local no tenía independencia, sino que estaba supeditada a la administración central, nombrando y cesando a Alcaldes, etc. La elección de Alcaldes y Concejales era muy especial, ya que el Ministro de Gobernación en aquellas ciudades de más de tres mil habitantes lo nombraba o cesaba cuando quería, mientras que en las pequeñas era el Gobernador. En cuanto a los Concejales, se distribuían en tres tercios. 1/3 se elegían entre los hombres (no mujeres) cabezas de familia, 1/3 lo elegía el sindicato y el otro 1/3 una mezcla entre los cabezas de familia y el sindicato, no era democráticamente correcto. Los ayuntamientos eran un órgano más de la Administración central, otorgándoles incluso funciones de policía, etc.
Tras la constitución de 1978, en la misma se establece como norma general el estado de derecho y la independencia de todas las administraciones públicas y por consiguiente también del Ayuntamiento, haciendo una distribución territorial en provincias, comunidades autónomas y ayuntamientos. También recoge la posibilidad de que se constituyan mancomunidades de municipio, etc., en este último caso no son impuestas. En principio se establece la independencia de la administración local que es relativa ya que a través de ciertos instrumentos legales, las otras administraciones influyen en las mismas.
La legislación es adaptada al nuevo marco constitucional y se promulga una Ley o un código de las Administraciones públicas locales, que se concreta en la Ley de Bases de Régimen Local (Ley 7/1985) que se copia con algunas modificaciones de adaptación, de la de 1955. Es un texto articulado, perfectamente detallado si bien se puede considerar no una ley de bases, ya que no fija las bases sino que regula todo prácticamente. Por otra parte se encuentra también el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) y un decreto legislativo (781/1986) donde se recoge toda la normativa anterior que no ha sido recogida en la Ley de Bases. Además hay algunas órdenes ministeriales siguen vigentes como el reglamento del servicio del año 1956. Por su parte las Comunidades Autónomas también pueden regular la Administración local, pero en base a la legislación estatal.
En el caso de Canarias, existe la Ley de Cabildos (Ley de las Administraciones canarias) que es copia de la estatal, recogiendo aspectos concretos de los Cabildos que es propio y exclusivo de Canarias.


2. Posición constitucional de las CC.LL.: concepto, extensión y límites de la autonomía local.
Concepto:
Se trata de todas aquellas administraciones públicas territoriales inferiores a la Comunidad autónoma. La propia constitución dibuja un mapa en el que debe estar distribuido el país. Concretamente deben existir estas entidades locales como la provincia (diputaciones), la isla (cabildos) y el municipio (ayuntamientos).
La Constitución prevé también la posibilidad de que existan otras entidades locales de ámbito superior (territorialmente hablando) al municipio como la mancomunidades, áreas metropolitanas, e inferiores como los barrios, parroquias, aldeas, etc. Todas estas de carácter voluntario.
Extensión y los límites:
Gozan de una independencia relativa, aunque teóricamente la constitución le otorga una independencia para la consecución de sus fines. Las administraciones de ámbito superior tienen algunos resortes para revisar, controlar el ejercicio de las potestades de las inferiores. El propio Tribunal Constitucional ha venido a confirmar este hecho en sentencias reiteradas de que debe ser una independencia pero hasta cierto punto, porque si no nos encontraríamos ante distintos reinos de taifa.
Competencias:
La propia Ley de Bases de Régimen local establece una serie de competencias que corresponderían en teoría de forma exclusiva a estas entidades locales. Estas competencias pueden ser propias, que la ley señala como propias o exclusivas y también pueden ostentar competencias delegadas por otras administraciones públicas.
Competencias propias:
Vienen determinadas en la ley 7/1985 (ley de bases de régimen local). A parte de dicha Ley nos encontramos con el ROF y el decreto legislativo 781.

Teóricamente deberían ser competencias exclusivas, ya que en la práctica el hecho de estar mediatizados por determinadas situaciones como los controles u otras cuestiones, matiza mucho este aspecto de exclusividad. Siempre va a haber un control por parte de las otras Administraciones.
Las competencias que se otorgan son con carácter genérico, y además estableciendo que sin perjuicio de lo que al respecto puedan prever el resto de la legislación.

  • Posibilidad de que dicten reglamento y de que se autoorganicen (dicten bandos, ordenanzas, circulares), aprueben su propia forma de autoorganización, el presupuesto.

  • Posibilidad de búsqueda de fuentes de financiación, a través de sus tributos propios, si bien en la práctica siempre tiene que haber una habilitación legal por lo que aquí también se demuestra la poca capacidad o la merma de independencia.

  • Programación y planificación de sus actuaciones, siempre supeditado a lo que establezcan las otras administraciones públicas.

  • Potestades de expropiación, investigación, deslindes de oficio, con el único límite del control de la legalidad.


Régimen jurídico de las CC.LL.
Se debe aplicar las mismas leyes que al resto de las Administraciones públicas, máxime teniendo en cuanta cuando la propia Ley de procedimiento administrativo común es un procedimiento común para todas las administraciones. (Ley 30/1992). Igualmente la Ley de Bases de Régimen Local. También al principio de legalidad y además al de que su organización se rija por principios democráticos, así como al resto de legislación vigente. Como normas especiales referidas a estas Administraciones nos encontramos la Ley de Bases de Régimen Local, el ROF y el decreto legislativo 781. En el ROF se recogen normas como la periodicidad de la celebración de los órganos de dicha entidad, estableciendo como máximo, uno como mínimo cada tres meses y en otros casos cada dos meses, en todo caso el propio órgano será el que se autorregule, pero con estos mínimos. Además también el Presidente puede convocar las sesiones extraordinarias que considere conveniente. A su vez la documentación a tratar debe estar a disposición de todos los Concejales al menos 48 horas en la secretaria del Ayuntamiento, Cabildo o Diputación. De no estar dicha documentación a disposición el Pleno puede ser impugnado. Por regla general las sesiones plenarias son de carácter pública. Por el contrario las Comisiones informativas, así como las Juntas de Gobierno no.
El régimen de las responsabilidades es el mismo que las demás, responsabilidad patrimonial, cuando esta causa daños o perjuicios como consecuencia normal o anormal de su organización o actividad, cualquier ciudadano podrá reclamar, siendo la misma que en cualquier administración pública con el plazo de un año a través de un procedimiento especial.
El sistema de recursos es el mismo, bien sea el de alzada o el de reposición. El que si es obligatorio es el de reposición a temas económicos, en el resto de los casos es potestativo, y en cualquier caso podrá ir directamente e interponer el contencioso administrativo.
La forma de resolver los conflictos entre distintos órganos colegiados internos, estos los resolverá el Pleno, si se tratara de otros órganos no colegiados del mismo Ayuntamiento, será en esos casos el Alcalde. Simplemente sería necesario el requerimiento previo y ponerlo en conocimiento al superior en común.
5. El control de las CC.LL.
La Ley de Bases del Régimen Local establece un buen número de supuestos en que otras entidades u organismos ajenos a la Administración local puedan coartar la independencia de estas administraciones.
Art. 56.1  Es la obligación que tienen todos los Ayuntamientos de informar o dar cuenta al Delegado del Gobierno y a la Comunidad autónoma de todos los acuerdos que tomen dentro de los diez días por parte del Secretario. Además tienen la obligación de dar información siempre que se lo pidan sobre cualquier expediente o actuación de aquella que no se le haya enviado porque no fuera obligatorio tanto al Delegado del Gobierno como a la Comunidad autónoma.
Art. 60.  El Estado y la Comunidad autónoma en caso de especial incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley y que afecten al ejercicio de competencias del Estado o la Comunidad Autónoma y garantizadas económicamente por una Ley, se requerirá a la administración local por el plazo de un mes y si no las realiza, las ejercerá directamente a costa de dicha administración.
Art. 61  Posible disolución de la propia Corporación Local. Si una entidad local gestiona gravemente y de forma dañosa para los intereses generales y que esa gestión suponga el incumplimiento de obligaciones constitucionales, el Consejo de Ministros con previo acuerdo por mayoría absoluta del Senado y con conocimiento de la Comunidad autónoma puede disolver esa Corporación y convocar nuevas elecciones.
Art. 63  Por el que los propios miembros de los órganos puedan impugnar las decisiones adoptadas, debiendo para ello, que conste en acta su voto en contra del asunto, o que no hayan asistido. Al contrario de lo que ocurre con carácter general que es que los miembros del mismo órgano, no puede ir contra si mismos.
Art. 64  Posibilidad de suspensión directa y provisional de los acuerdos que se tomen por parte del Delegado del Gobierno o la Comunidad autónoma. Sería el caso cuando atentara contra el interés general de España, pero por un plazo de diez días, que deberá impugnarlo en el contencioso administrativo. La primera decisión de lo contencioso confirmará o no dicha suspensión.
Art. 65  Posibilidad de impugnar por parte del Delegado del Gobierno y la Comunidad autónoma de aquellos actos que consideren ilegales, se les otorga legitimidad procesal. Que lo puede hacer en el plazo de dos meses o hacer un requerimiento previo por vía administrativa.
Art. 68  Acción pública. De forma excepcional para determinados casos, pudieran impugnar por el simple interés de legalidad. Cuando cualquier vecino entienda que hay una dejación o actuación incorrecta de un tema que sea de interés municipal, se le legitimará para actuar por el simple interés de la legalidad en nombre del Ayuntamiento.

L. 8. EL MUNICIPIO.
1. Concepto y elementos del municipio: territorio y población. La organización municipal. 2. El Pleno del Ayuntamiento: Composición, competencias y régimen de funcionamiento. 3. El Alcalde: elección y competencias. 4. Otros órganos. La función pública local. 5. Regímenes especiales: los grandes municipios y el Concejo Abierto.
1. Concepto y elementos del municipio: territorio y población. La organización municipal
Es una entidad local que tiene un territorio, contando con su propia organización y que tiene también una población concreta. Viene establecido en la propia Constitución (art. 137 CE) en la distribución que hace la misma.

La Ley de bases del régimen local lo define como una entidad básica local del Estado. Tiene plena capacidad para la consecución de los fines, así como personalidad jurídica propia. La Ley de bases ha sido modificada en algunos aspectos por la Ley 57/2003 de grandes ciudades, tales como la comisión de Gobierno que ha pasado a ser la Junta de Gobierno local. Esta Ley se llama así porque establece un nuevo apartado para las grandes ciudades.
Por otra parte el art. 140 también recoge a los municipios, a los que hay que reservarles o garantizarles una cierta independencia y dotarles de medios económicos para la consecución de sus fines.
Elementos:
Un territorio (porción de terreno, delimitada por los lindes del municipio, no siendo nada fácil su modificación, estableciéndose unos requisitos especiales. La Ley prohíbe (art. 13) expresamente la modificación de los límites si supone modificar los límites provinciales, también cuando la población forme un núcleo compacto. Igualmente también se podrán anexionar o unir varios municipios por motivos económicos de manera excepciona. En cuanto al procedimiento, como medida previa a la autorización, por parte de la Comunidad autónoma hay que darle audiencia a los municipios interesados y luego también es preciso un informe del Consejo de Estado u organismo homólogo [Consejo consultivo] y de aprobarse dicha propuesta, comunicarlo a la Comunidad Autónoma.), una población (vecinos de ese municipio los que residen dentro del término municipal, de forma habitual y administrativamente [que estén empadronados]. Vecinos son todos, sean españoles, comunitarios o no, la residencia en España es libre. En cuanto al padrón contiene una serie de datos como profesión, nombre y apellidos, estudios, así como el domicilio, prohibiéndose que en el padrón se incluyan datos que puedan ser susceptibles de vulneración como derecho a la intimidad. Simplemente será necesario acreditar su identidad, bien a través del DNI, pasaportes o permisos de trabajo o residencia en casos de extranjeros. Los extranjeros pueden empadronarse simplemente con el pasaporte, aunque no tenga el permiso de residencia, no suponiendo que no sea un ilegal en España. Dicho padrón se actualiza de manera permanente a través de los medios informáticos correspondientes, todos los Ayuntamientos están conectados con el INE y el alta en un municipio supone la baja del que provienen. En cuanto a los extranjeros sin permiso de trabajo, se obliga a los Ayuntamientos a renovar el mismo cada dos años, de no ser así se les dará de baja en el Padrón.

Derechos de los vecinos empadronados:

  • Electorales, elegir y ser elegido, dentro del municipio.

  • participar en la gestión municipal [la última reforma ha regulado la posibilidad de que los vecinos como tales, pero de tipo colectivo, pudieran presentar propuestas o proyectos a los Ayuntamiento de las cuales el Pleno debía tomar en consideración, debiendo ser un número de vecinos en función de la población, en aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes, tendrá que venir ratificada por el 20% de los vecinos, en los de hasta 20.000 habitantes, sería el 15% y de ahí en adelante el 10%].

  • Derecho a utilizar los servicios públicos como el agua, residuos sólidos, parques, etc.

  • Derecho también a recibir información aunque no tenga la condición de interesado, con los límites de que no vulnere los derechos de otras personas, debiéndosele denegar. Por otra parte en las obligaciones se encuentran el de contribuir con los impuestos, con las prestaciones sociales e incluso con las prestaciones personales que se pueden imponer en situaciones excepcionales de catástrofes.

  • También en aquellos servicios obligatorios según los establezca la Ley, los vecinos pueden exigir su cumplimiento e incluso interponer demanda judicial)


a la que gobernar y un órgano de gobierno que es el que maneje o gobierne a dicha población. (la forma es el Ayuntamiento que es quien gobierna al Municipio. Formada por una serie de órganos de obligada existencia y con una organización como en cualquier empresa que se decide por el propio órgano municipal superior a través de los reglamentos y funcionamiento.

Órgano supremo: El Pleno:

El órgano supremo es el Pleno de la Corporación, formado por Concejales y Alcalde. Los Concejales se eligen por sufragio universal, libre, directo y secreto. Cada partido presenta su lista, la cual es cerrada y en función de los votos obtenidos se obtiene el número de concejales, teniendo en cuanta que se exige para computar en el escrutinio haber obtenido el 5% de los votos. En cuanto al Alcalde que es elegido, normalmente por los Concejales, si bien la Ley deja abierta la posibilidad de ser elegido por los vecinos, si bien hasta ahora no hay esa posibilidad ya que la Ley electoral ha establecido que sean los propios Concejales.

Junta de Gobierno local:

Es la equivalente a las antiguas comisiones de Gobierno. Nueva denominación dada en la Ley 57/2003 de grandes ciudades.

Es exigible en aquellos municipios de más de 5.000 habitantes. En los otros municipios es potestativo. Está formada por un número determinado de Concejales en proporción al Pleno, si bien es este el que decide su conformación que puede ser monocolor o tener mayor pluralidad.

Comisiones informativas:

En este caso, si bien no es obligatorio para todos los municipios según la Ley de Bases, la Comunidad autónoma si ha establecido esto ya que, las ha hecho obligatorias, formada por una representación proporcional a los Concejales que hay en el Pleno. En ellas, las cuales no son públicas se dan cuenta de todos los asuntos que van a ser discutidos en los Plenos, compuestas por las de Urbanismo, personal, etc., y que emiten un dictamen que pasa luego al Pleno o a la Junta de Gobierno Local. No tienen capacidad ejecutiva sino meramente informativa.
Por debajo de estos órganos están los departamentos de tesorería, intervención, recaudación, etc. Será el propio Ayuntamiento el que organice los mismos.

2. El Pleno del Ayuntamiento: Composición, competencias y régimen de funcionamiento.


  • Compuesto por todos los Concejales y al frente su Presidente que es elegido de entre y por los Concejales.

  • Elección de los Concejales en votación libre, secreto y universal a las listas que los partidos presentan. Asimismo la Ley también prevé que en aquellos municipios de 100 a 250 habitantes, el régimen de elección de Concejales es distinto, presentando cada partido cinco candidatos, pudiendo votar a cuatro solamente los vecinos, en caso de empate se resolverá con un sorteo.

  • El mínimo son cinco Concejales y luego puede ser hasta 25 en función de la población, y uno más por cada 100.000 habitantes. En caso de que quede par, se añadirá uno más.

  • Concejales:

    • A los que trabajan hay que pagarles, en este caso habría que diferenciar los que tengan dedicación exclusiva o parcial, por el que percibirán un sueldo y el alta en la Seguridad Social. En cuanto al sueldo este es establecido por el propio Pleno en los presupuestos anuales.

    • Tras la reforma del 2003, se prevé también a Concejales a tiempo parcial.

    • Pueden ser que sean autónomos o personas por cuenta ajena en otras administraciones públicas o empresas, etc. Los que estasen en dedicación exclusiva, y están en la empresa privada, pasarían a la excedencia por cargo público, conservándose todos sus derechos al finalizar el cargo público. En el caso de que sea funcionario de alguna de las Administraciones operando que estas pasan a servicios especiales, que quiere decir que dejan de trabajar (si tienen dedicación exclusiva) en la Administración de la que son funcionarios, reservándosele todos sus derechos, pasando a cobrar del lugar en el que desempeñen el cargo público. La Ley establece una situación especial para los Concejales que prestaban servicios en el mismo Ayuntamiento, y es que no pasa a menos que tenga dedicación exclusiva, con lo que un empleado municipal si obtiene el cargo de concejal pero no se acuerda la dedicación exclusiva, pasará automáticamente a servicios especiales con lo que no cobrará nada, ya que al no tener dedicación exclusiva no tendrá remuneración. Los que estén en la oposición seguirán trabajando en su puesto de trabajo, con la salvedad de que la empresa o administración le tendrá que dar permiso para asistir a los Plenos, etc.. En estos casos también tienen derecho a cobrar por asistencia a plenos y comisiones, que son establecidas por el propio Pleno, si bien en la última reforma se ha modificado que los que tienen dedicación exclusiva no puedan acceder a dicha remuneración, dado que se entiende que ya están incluidos en su sueldo.

    • En cuanto a las obligaciones tienen que asistir a las reuniones y de no aprovecharse del tráfico de influencias, así como la declaración de bienes al inicio y posibles modificaciones. También la responsabilidad en que puedan incurrir dado que son considerados como funcionarios durante el mandato.
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