I la organización administrativa: nociones generales






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títuloI la organización administrativa: nociones generales
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Principio de unidad nacional. (art. 1 y 2 CE). Se impone ante cualquier intento de separación del territorio español.

  • Principio de igualdad. (no puede haber diferencias dentro del territorio español, si bien se admite algunas diferencias basadas en la diversidad histórica, que justifique la misma)

  • Principio de libertad de circulación. Ninguna Comunidad Autónoma puede restringir este principio.

  • Principio de interés general. Se trata de amoldar todo el territorio español a una normativa que suponga desigualdades para todos los españoles.

  • Principio de respeto a la Constitución.

  • Hay materias en las que es el Estado el que tiene la legislación en exclusiva o las bases de algunas materias, con lo que las mismas deben estar por encima de las que pueda ejercer como competencia cada Comunidad Autónoma. (Ej. El Estado tiene la competencia de legislar sobre las bases del procedimiento Administrativo. A su vez las Comunidades Autónomas pueden desarrollar la misma, pero respetando a esta, sin excepción).


    2. La reproducción del modelo de la Administración del Estado: departamentalización, jerarquización, existencia de Administración consultiva, periférica e indirecta.
    Las Comunidades se han organizado a semejanza del Estado. De ahí que si en el Estado existe el Consejo de Ministros como órgano supremo, en las Comunidades Autónomas, se han creado el Consejo de Gobierno. Se podría decir que los mismos órganos que existen a nivel estatal se han ido creando en las comunidades autónomas.

    Consejo de Ministros 

    Consejo de Gobierno

    Ministros 

    Consejeros

    Consejo de Estado 

    Consultivo de Canarias

    Tribunal de cuentas 

    Audiencia de cuentas

    Defensor del pueblo 

    Diputado del Común.


    3. Régimen jurídico de la Administración de las CC.AA.
    El régimen jurídico de las CC.AA. será el mismo que se prevé en la Ley 30/92 y en otras leyes que establecen potestades en general para otras administraciones públicas. Son exactamente iguales que las que se aplica el Estado.

    4. Relaciones interadministrativas: cooperación y coordinación.
    Estado descentralizado Cada una de las Administraciones, si bien territorialmente cada una de ellas tiene sus propias competencias sin que tenga que consultar o pedir permiso a la Administración que se encuentra superior. Relaciones entre diferentes administraciones, interadministrativas.
    5. El control de las CC.AA.
    Instrumentos de control:

    • Tribunal Constitucional. (ámbito en todo el territorio español, es competente también para declarar inconstitucional, los actos de gobierno producidos en las diversas CC.AA.)

    • Control que puede ejercer el Gobierno central sobre aquellas competencias que ha delegado en las CC.AA. (art. 150 CE), se le puede quitar la delegación, dar cuentas, etc.

    • Jurisdicción contencioso administrativo. Toda aquella actuación administrativa va a poder ser controlada por esta jurisdicción, por lo que de alguna forma también es un control. Téngase en cuenta que el poder judicial es único para todo el territorio español.

    • Tribunal de Cuentas Estatal. Es un organismo tiene como función controlar toda actuación financiera, presupuestaria del Gobierno, que se extiende a las Comunidades Autónomas, etc., sin perjuicio de que en la propia comunidad autónoma existan instituciones homónimas.

    • Consejo de Estado. Sus informes, en aquellos casos que sean preceptivos, tienen que ser emitidos por ellos, salvo que en la Ley se sustituya esos informes por los de los órganos (Consejos Consultivos) propios de la Comunidad Autónoma. Ya en la propia modificación de la Ley 30/92 se indica que en aquellos aspectos que se solicite informe del Consejo de Estado u órgano homónimo. Al respecto el Tribunal Constitucional ha declarado dada la confusión que se generó, en la que venía a decir que en las competencias exclusivas del Estado, o incluso cuando sean competencias por delegación del Estado o actos administrativos amparados por legislación Estatal, debe ser el Consejo de Estado y en aquellas competencias propias de la legislación de la Comunidad Autónoma, será suficiente el informe del Consejo Consultivo.

    • Defensor del pueblo. Institución de ámbito estatal, en el que como es lógico también se encuentra la Comunidad Autónoma. En las propias Comunidades autónomas se ha creado una figura afín, Diputado del Común, que no merma las actuaciones del defensor del pueblo.

    • Delegado del Gobierno. Coordina las organizaciones o entidades de la Administración Central con las Comunidades Autónomas. Además tiene la facultad de pedir informes a la Comunidad Autónoma, incluso en aquellos temas que sean competencia exclusiva de la Comunidad.

    • El art. 155 CE que si una C.A. no cumpliere sus obligaciones constitucionalmente exigidas, el Gobierno del Estado podrá requerir a su Presidente para que las ejercite y en caso de que no sea atendido, puede acudir al Senado y plantear el problema y solicitar la mayoría absoluta sobre los actos a llevar a cabo a través de los medios que se estimen.

    • Art. 161 CE, que es la legitimidad que tiene el Gobierno Central, para interponer recursos de inconstitucionalidad frente a los actos administrativos de las Comunidades Autónomas, con la salvedad, de que la interposición de ese recurso, suspende por un plazo dicho acto. Deberá ser luego el Constitucional, el que confirme dicha suspensión o revoque la misma.



    II. VI. LA COMUNIDAD AUTONOMA CANARIA.
    1. Evolución histórica. Regulación actual: el Estatuto de autonomía. 2. Organización institucional básica: Parlamento, Gobierno y Presidente. 3. Administración de la Comunidad Autónoma: Administración directa, consultiva e institucional. 4. Adaptación de las instituciones estatales.

    1. Evolución histórica. Regulación actual: el Estatuto de autonomía.
    Inicialmente se crean los Cabildos que eran como entes municipales, posteriormente la Capitanía y luego el Tribunal, Real Audiencia de Canarias, desgajándose de la jurisdicción de Sevilla. Pasaron los años, y en 1983, Javier de Burgos hace la división de España en distintas provincias (49) siendo una de ellas Canarias, empezándose las luchas entre tinerfeños (laguneros) y canariones. En el caso de Canarias se optó por fijar la capitalidad de Canarias en Santa Cruz de Tenerife. De ahí que le correspondiese una diputación con sede en Tenerife. Como siguen habiendo problemas entre ambas islas, se crean los Cabildos insulares, con los que se va restando a la diputación de competencias y se van asignando a los Cabildos. En 1924/5 con los Estatutos municipales, en Canarias se suprime la diputación y todas sus competencias pasan a cada uno de los Cabildos en las distintas islas y a la vez se crea una mancomunidad de cabildos. El pleito se soluciona más o menos en 1927 en el que se definen dos provincias, uno para las orientales (Las Palmas) y otro para las occidentales (Tenerife).
    En 1931 con la aprobación de dicha Constitución se prevé establecer un estado de las regiones, con lo que sólo se llegaron a constituirse como tal, Cataluña, Galicia, País Vasco, echado abajo con la guerra civil y la dictadura.
    Antes de aprobarse la Constitución de 1978, ya estaba previsto de cómo iba a ser la distribución de España. En Canarias también crea su preautonomía (junta de Canarias), igual que otras del resto de España, se le asignan unas pocas competencias exclusivas. Esta preautonomía es la que va a determinar luego, tras la Constitución el determinar la Comunidad Autónoma. Tal y como decía la Constitución, todas aquellas personas que hubieran plebiscitados o hubieran hecho uso de la preautonomía, de ahí que desde Canarias se pensó que se debería acudir al acceso de Comunidad Autónoma por la vía rápida y asumir muchas más competencias (todas aquellas que no fueran exclusiva por el Estado). El problema está en que por esas fechas, se produce el intento de golpe de Estado y los políticos empiezan a replantearse el tema de las autonomías, etc. y a frenarse, considerándose que debería de irse por la vía lenta.
    A partir de esa fecha, se empieza a gestar el Estatuto, que es aprobado por la vía lenta en 1982. En base a las promesas realizadas por haber accedido por la vía lenta, se aprobó la L.O.T.R.A.C.A. (y la LOTRAVA para Valencia) con la que se compensa la pérdida de competencias que inicialmente se le negaban por haber optado por la vía lenta. En la misma se autorizaba al Gobierno Central para que delegara determinadas competencias, que eran posibles de asumir. Eran delegación de competencias, no su titularidad.
    Fue aprobado a través de la L.O. 10/1982, y dado que ya habían pasado los 5 años se modifica a través de la L.O. 4/1996., asumiendo las competencias con titularidad de aquellas que tenía como delegadas.

    El Estatuto habla de nacionalidad canaria, fijando el territorio de la misma. Igualmente determina que la capitalidad es alternativa por períodos de cuatro años entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Por su parte la sede del Parlamento se determina en Tenerife, así como el Consejo Consultivo (La Laguna) y la Audiencia de Cuentas. En el caso de la sede del Delegado del Gobierno se queda en Las Palmas, así como el Tribunal Superior de Justicia (la sede real está en Las Palmas), de este hay que apuntar que se ha creado una sucursal o segundo Tribunal en Tenerife. Por último el Diputado del Común que se fija en la isla de La Palmas.
    El Cabildo ostenta una doble posición, por un lado tenemos como un ente local y por otro el hecho de estar incluido como una Administración más de la Comunidad Autónoma, recogido así en el propio Estatuto de autonomía.
    En el Estatuto también se recogen las competencias que son de diversos tipos:

    • Primer grupo  exclusivas de la comunidad autónoma. No están mediatizadas por ninguna otra Ley, más que la propia Constitución. Tiene potestad legislativa exclusiva y plena, sin injerencia de ningún otro poder (autoorganización, demarcaciones territoriales, de municipios, caza, pesca, etc.).

    • Segundo grupo  competencias exclusivas, pero, subordinadas a las bases o directrices de las leyes estatales. (puertos, aeropuertos, espacios naturales, medioambiente, etc.)

    • Tercer grupo  desarrollo ejecutivo y legislativo de la legislación estatal (enseñanza, régimen local de Canarias, prensa, radio, televisión, etc.) pueden adaptar la legislación estatal a sus propias característica, pudiendo dictar reglamentos, etc.

    • Cuarto grupo  ejecutivas de la Ley Estatal, no pueden desarrollar legislativamente, sólo ejecutar (salvamento marítimo, prestación sanitaria, medicamentos, etc.).

    • También se prevé que el Estado le pueda transferir otro tipo de competencias, de manera que queda abierta la vía que a través de Ley Orgánica le pueda transferir otras competencias.


    Por otra parte, se recoge también el Régimen Económico Fiscal, y se excluye los monopolios, como el de la gasolina, tabaco, etc., así como la libertad de franquicias. Igualmente habla del régimen financiero, pudiendo establecer sus propios tributos de la Comunidad Autónoma mediante una Ley. También prevé que su financiación se nutra de una participación del Estado y que teóricamente debían ser cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma, así como del Fondo de compensación ínter territorial y la posibilidad de que puedan pedir préstamos a entidades bancarias.
    Por último habla de su reforma. Será las Cortes Generales las que tienen la última palabra al ser necesario una Ley Orgánica. La iniciativa para la reforma puede promoverla:

    • El Parlamento de Canarias.

    • El Gobierno de Canarias.

    • Las Cortes Generales.


    Si la propuesta se lleva a cabo por cualquiera de los anteriores hay que someterla a aprobación del Parlamento de Canarias, y es preciso que sea aprobado por mayoría absoluta de dicho Parlamento. Tras pasar este trámite, lo remite a las Cortes Generales que deberán aprobar dicho proyecto. De introducir algunas modificaciones sustanciales, se tendrá que devolver al Parlamento de Canarias para que lo volviese a aprobar por la mayoría absoluta. En caso de que no haya acuerdo entre el Parlamento de Canarias y las Cortes Generales, habrá que esperar hasta la próxima legislatura. En aquellos casos que la reforma afecte a los Cabildos Insulares, tendrán que informar, si bien el mismo no es vinculante.

    En cuanto a la organización hay que apuntar que es copia del Estatal, si bien con exclusión del Poder Judicial que es único para toda España, al que se le añade el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que no pertenece a la Comunidad Autónoma, sino que está incluido dentro del Poder Judicial.

    EL PARLAMENTO DE CANARIAS.

    Su propia regulación se encuentra en el Estatuto de autonomía de Canarias. Además dispone de un reglamento más exhaustivo que es del año 91, modificado en el 95 y posteriormente en el 99. En el 2003 hubo una pequeña modificación. Es el órgano representativo de Canarias, compuesto por 60 diputados que se eligen por circunscripciones que se corresponden con cada isla. La disposición transitoria primera del Estatuto establece que sólo se tendrá en cuenta para computar sus votos la lista más votadas y aquellas otras que obtuvieran el 30% en su circunscripción o el 6% en toda Canarias. Para modificar dicha situación se necesita las 2/3 partes del parlamento. Son 15 para cada provincia, Tenerife y G.C (15) y los otros 8 Lanzarote y 7 Fuerteventura, 8 La Palma, 4 La Gomera, y 3 el Hierro.
    El Parlamento funciona en Pleno o también en Comisiones, además de la Diputación Permanente.
    FUNCIONES:

    • Legislativa. Elabora y aprobar las leyes autonómicas.

    • Control del gobierno.

    • Aprobar su propio presupuesto, tiene independencia económica.

    • Presentar o solicitar del Gobierno central proyectos de Ley para su tramitación.

    • Nombrar los Senadores para representar la Comunidad Autónoma.

    • Aprobar su propio reglamento de funcionamiento.


    QUIENES PUEDEN SER PARLAMENTARIOS:
    Inelegibilidad: antes de ser elegido. (Ley electoral Central y otras en la Ley electoral de Canarias)

    • Miembros de la familia real.

    • Presidente del Tribunal Supremo, Consejo de Estado (altos cargos del Estado).

    • Defensor del Pueblo.

    • Presidente del Tribunal Constitucional.

    • Magistrados y jueces que están en activo.

    • Militares y policías.

    • Delegados del Gobierno.

    • Directores de RTVE.

    • Todas aquellas personas inhabilitados o incapacitados por sentencia.

    En la Ley de Canarias:

    • Diputado del común y sus adjuntos.

    • Consejo Consultivo.

    • Audiencia de cuentas.

    • Ministros y secretarios de Estado, así como Consejeros de otras comunidades.

    • Director de la RTVA.

    • Miembros de la Junta Electoral.

    Incompatibilidad: una vez elegido, con categoría de electo.

    • Parlamentario europeo.

    • Miembros de los consejos de administración o directores generales de empresas públicas.



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