I la organización administrativa: nociones generales






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TEMA II: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA ESPAÑOLA
II. III. LA ADMINISTRACION DEL ESTADO: ADMINISTRACION CENTRAL Y ADMINISTRACION PERIFERICA.

1. Gobierno y Administración en España. 2. El Gobierno: el Presidente, el Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas del Gobierno. 3. Los ministerios: creación, modificación y extinción: Ministros, Secretarios de Estado y Subsecretarios, Directores Generales. Órganos inferiores. 4. La Administración periférica: evolución y realidad actual. Los Delegados del Gobierno, los Subdelegados del Gobierno y los Delegados insulares. 5. La Administración exterior del Estado. 6. La Administración consultiva: el Consejo de Estado.
1. Gobierno y Administración en España.









Requisitos






Órganos superiores

Consejo de Ministros

Mayor de edad, estar en posesión de los derechos civiles y políticos. No se requiere ninguna titulación específica, ni condición personal.

Altos cargos

Presidente

Ministros

Secretarios de Estado

Comisiones delegadas del Consejo de Ministros

Comisiones de subsecretarios (no tienen poder ejecutivo)





Órganos directivos

Subsecretarios (equivalencia también a los Delegados de Gobierno)


Funcionarios del grupo A

Secretarios Generales

Secretarios Generales Técnicos

Directores Generales

Subdirectores Generales (equivalenc. Subdelegado de Gobierno)







Órganos inferiores

Servicios.


Func. grupo A ó B




Secciones




Negociados





Se le puede considerar desde dos aspectos distintos, ya que por una parte es el Poder Ejecutivo (de carácter jurídico, declara la guerra, nombra embajadores, firma tratados, etc.) y por otra ostenta el órgano supremo de la Administración, produciendo actos jurídicos administrativos, sujetos a todas las formas propias de la legislación administrativa.
2. El Gobierno: el Presidente, el Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas del Gobierno.
Órganos superiores:
El Consejo de Ministros Órgano colegiado.

El Presidente  tiene la posibilidad de poner y quitar los Ministros, en teoría tiene su voto es exactamente igual que el de cualquier Ministro. Es elegido por el Parlamento en primera o segunda votación y nombrado por el Rey. Mediante R.D nombra y cesa cuando quiera a sus Ministros. En cuanto a su cese, por inhabilitación judicial, voluntariamente (renuncia), moción de censura, finalización de mandato, etc.

Funciones: Presidir y convocar el Consejo, coordina las acciones del Gobierno, firma la normativa que se aprueba en el Consejo de Ministros.
Junto con el Presidente, pueden nombrarse uno o varios Vicepresidentes cuyas funciones serán las de sustituir al Presidente cuanto este no pueda asistir, etc.
Ministros/Ministerios  pueden ser creados cuantos decida el Presidente. Es el jefe en su departamento.
Secretarios de Estados  Nombrados mediante Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro correspondiente. Pueden asistir al Consejo de Ministros si les convoca con voz pero sin voto.
Comisiones delegadas  formada por varios Ministros con competencia para un tema concreto.
Comisiones subsecretarios  formada por los subsecretarios con el objetivo de preparar los temas que van a ir al Consejo de Ministros.
Órganos directivos:
Secretarios Generales  figura nueva con funciones no muy bien definidas, en todo caso las que le encargue el Ministro.
Secretario General técnico  de carácter obligatorio, funcionario del grupo A, ostenta la jefatura del personal dentro del Ministerio. Lo nombra el Consejo de Ministros por Real Decreto.
Directores Generales  Hay varios en cada Ministerio y son nombrados a través de Real Decreto por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro correspondiente.
Subdirectores Generales  con las competencias que se les asigne en el organigrama.
Cualquier recurso de todos estos órganos tendría que ir directamente al Ministro.

4. La Administración periférica: evolución y realidad actual. Los Delegados del Gobierno, los Subdelegados del Gobierno y los Delegados insulares
Delegados del Gobierno

Es el representante del Gobierno en cada una de las Comunidades Autónomas, con amplias funciones, entre otras:

  • Coordinar todos los servicios del Gobierno central en la Comunidad Autónoma, (Hacienda, Policía, Correos, etc.)

  • Coordinación y armonización de las competencias de las Comunidades Autónomas.

  • Control sobre la Administración local, ya que estas tendrán que darle cuenta de todos los actos que emitan o se produzcan en las mismas, teniendo capacidad de impugnación al Contensioso e incluso de suspensión durante un cierto tiempo.


Lo nombra el Consejo de Ministros, no exigiéndose ninguna característica especial, sino que puede ser cualquier persona con posición de sus derechos civiles y políticos.
Subdelegados del Gobierno.

Son lo que antiguamente eran los Gobernadores civiles. Existe uno en cada provincia, excepto en las Comunidades uniprovinciales. Está bajo las órdenes del Delegado y es elegido por el propio Delegado del Gobierno, debiendo ser funcionario del Grupo A.
Directores Insulares.

Uno en cada isla no capitalina. Son nombrados por el Delegado del Gobierno.

Consejos consultivos:
Consejo de Estado:

Tiene diversos cometidos, pero básicamente el consultivo, emisión de informes que unas veces son preceptivos, en algunos casos vinculantes y en otros no, por lo que de alguna forma tiene un cierto poder indirecto ejecutivo. Es un órgano asesor de todas las Administraciones Públicas. La propia Ley indica que si en la Comunidad Autónoma dispone de Consejo Consultivo, los informes deben ser emitidos por esa y no acudir al Central, ahora bien, si son competencias que están realizando las Comunidades Autónomas las ejercen de forma delegada, deberá ser, entonces el Estado. Sus orígenes son del Estado francés. Tiene su propia regulación a través de la Ley Orgánica 3/1980, definiendo sus competencias. Luego hay un reglamento que desglosa más detenidamente el mismo.

Tiene sus propios funcionarios y financiación, ya que tienen plena autonomía. También tienen sus propios asesores.
A veces funciona en Pleno y en otras ocasiones por comisiones. La falta de un informe preceptivo sea o no vinculante, hace que dicho acto administrativo acarree una nulidad absoluta.
Está formado por 27 personas más un secretario general.

1 Presidente.

Lo nombra el Consejo de Ministros, siendo necesario es que sea un jurista de reconocido prestigio y con experiencia en asuntos de Estado. No es necesario que tenga ninguna titulación especial. Pueden ser exministros, exsecretarios de Estados, etc.


8 Consejeros permanentes.

Son para siempre, salvo que renuncien o les inhabiliten, o incluso puedan ser revocados por dejación y/o incumplimiento de sus funciones (con informe favorable del Consejo). Son nombrados por Real Decreto del Consejo de Ministros. Pueden ser nombrados entre antiguos Ministros, académicos, militares, jueces, etc. El Consejo de Estado se divide en 8 secciones y estos presiden cada una de ellas.
8 Consejeros natos.

Son 8 personas que por el hecho de ocupar un cargo determinado forman parte del Consejo de Estado mientras ocupen el mismo. Pasan automáticamente mientras estén en dicho cargo.

    • El Fiscal General del Estado.

    • El Pte. Del Consejo General del Poder Judicial.

    • Presidentes de las Juntas de defensa del Estado Mayor.

    • Presidentes de las Reales Academias.

    • Presidente del Consejo General de la Abogacía.


10 Consejeros electivos.

Son nombrados por Real Decreto en Consejo de Ministros, teniendo un mandato de 4 años. Se pueden nombrar a personas que hayan sido diputados, senadores, magistrados, defensor del pueblo, secretarios de estados, embajadores, militares, etc.
1 secretario. Con voz pero sin voto.


II. IV.1. LA ADMINISTRACION DEL ESTADO: ADMINISTRACION INDIRECTA.

1. La Administración indirecta: evolución y realidad actual. 2. Los organismos públicos estatales: los Organismos autónomos y las Entidades públicas empresariales. 3. Las sociedades mercantiles. 4. Las empresas de economía mixta. 5. El problema de las Administraciones independientes. 6. Las nuevas fundaciones públicas. 7. La Administración corporativa.
1. La Administración indirecta: evolución y realidad actual
La Administración entendía que el disponer de tantos controles, ralentizaba la eficacia y los servicios, de ahí que fuera necesario crear nuevas figuras que salvaran esta situación y ofreciesen mayores servicios con mejor eficacia. Funcionaban como empresas privadas, sustrayéndose del Derecho Administrativo. Desde la época de la dictadura comienzan a aparecer empresas como Telefónica, las Universidades, agrupación de empresas (INI), el cual ha perdurado hasta hace poco tiempo, que ha cambiado su denominación por SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).
Existen otros organismos que son medio públicos medio privados como los colegios profesionales, cuyas funciones son mixtas, ya que se encargan de administrar la justicia gratuita, defienden sus intereses, etc

2. Los organismos públicos estatales: los Organismos autónomos y las Entidades públicas empresariales
Lo regula la Ley 6/1997 en su artículo 1

.Artículo 1. Ambito de aplicación
La presente Ley regula, en el marco del régimen jurídico común a todas las Administraciones públicas, la organización y el funcionamiento de la Administración General del Estado y los Organismos públicos vinculados o dependientes de ella, para el desarrollo de su actividad.

Los Organismos públicos son las Entidades de Derecho público que desarrollan actividades derivadas de la propia Administración General del Estado, en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de ésta.
Artículo 2. Personalidad jurídica y competencia
1. La Administración General del Estado, bajo la dirección del Gobierno y con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, sirve con objetividad los intereses generales, desarrollando funciones ejecutivas de carácter administrativo.

2. La Administración General del Estado, constituida por órganos jerárquicamente ordenados, actúa con personalidad jurídica única.

3. Los Organismos públicos previstos en el Título III de esta Ley tienen por objeto la realización de actividades de ejecución o gestión tanto administrativas de fomento o prestación, como de contenido económico reservadas a la Administración General del Estado; dependen de ésta y se adscriben, directamente o a través de otro Organismo público, al Ministerio competente por razón de la materia, a través del órgano que en cada caso se determine.

4. Las potestades y competencias administrativas que, en cada momento, tengan atribuidas la Administración General del Estado y sus Organismos públicos por el ordenamiento jurídico, determinan la capacidad de obrar de una y otros.

5. Los órganos que integran la Administración General del Estado y sus Organismos públicos extienden su competencia a todo el territorio español, salvo cuando las normas que les sean de aplicación la limiten expresamente a una parte del mismo.


  • ORGANISMOS AUTONOMOS.

    • Organismos con personalidad jurídica propia.

    • Actividades de servicio público.

    • Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social, etc. Se le aplica el Derecho Administrativo como a cualquier Administración y en todo caso de la que dependen. En cuanto a sus presupuestos, este es asignado en los presupuestos generales del Estado o por los servicios que presta.

    • Su personal son funcionarios, personal laboral o estatutario.



  • ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES.

    • Entes independientes con personalidad jurídica propia.

    • Actividades de interés público.

    • Son creadas por Ley, regulándose mediante Real Decreto el funcionamiento.

    • Se le aplica el Derecho Privado (mercantil, civil, laboral), aunque exista un pequeño componente de derecho público (consignación presupuestaria previa antes de realizar gasto, hay autorización administrativa, autorización de la empresa, etc.)

    • En cuanto a su personal está sometido al derecho laboral.

    • La adjudicación se rige por la ley de contratación del Estado.

    • Sus recursos provienen del beneficio de sus productos y de las aportaciones del Presupuesto General del Estado (Correos, Aena, Televisión Española, etc.)


3. Las sociedades mercantiles. 4. Las empresas de economía mixta.

  • ESTATALES.

    • 100% de capital público.

    • Son empresas que se rigen por el derecho privado.

    • Se constituyen igual que otra empresa, con su correspondiente acta ante notario, certificación de cuáles son sus bienes y capital (este puede ser totalmente público o mixta).

    • Deben realizar una memoria anual de lo que van a realizar en el año y presentarlos al Ministro correspondiente.

    • Sus trabajadores están sometidos al derecho privado como cualquier otra empresa.

  • MIXTAS.

    • Al menos el 51% tiene que ser de capital público.



7. La Administración corporativa.
Parte de la época de los gremios, que eran organizaciones privadas a las que tenían que afiliarse los distintos profesionales para ejercer dichas profesiones.
Hay ciertas actividades que para realizar las mismas, tienen que estar inscritos o afiliados obligatoriamente en este tipo de administraciones.


  • COLEGIOS PROFESIONALES.

    • Tienen el objetivo de proteger los intereses particulares y generales de la profesión. Se controla la actividad, asignándoseles por parte de la Administración también algunas actividades. Ej. Colegio de Abogados, la administración de la justicia gratuita (designación de abogados de oficio).

  • CAMARAS OFICIALES.

    • Parecido a los colegios profesionales, tienen la finalidad de defender, promover, incentivar, los intereses de los comerciantes. Tienen que contribuir de manera obligatoria, todos los autónomos y empresas, los cuales de no pagar, lo remiten a Hacienda, encargándose de cobrar las mismas como cualquier otro impuesto.

  • COFRADIAS DE PESCADORES.

    • Pescadores profesionales para desarrollar esa actividad.

  • FEDERACIONES DEPORTIVAS.

    • Idem

  • JUNTAS DE COMPENSACION.

    • Se constituyen en materia urbanística, cuando se decide urbanizar una zona de terrenos rústicos, que está constituida por todos los propietarios de manera voluntaria (los que no quieran participar, se les expropia) y la Administración, para proceder a urbanizar toda la zona. Sus funciones son las de contratar, reparto de gastos, etc.

  • COMUNIDADES DE USUARIOS.

    • Las comunidades de regantes.


.Artículo 41. Actividades propias de los Organismos públicos
Son Organismos públicos los creados bajo la dependencia o vinculación de la Administración General del Estado, para la realización de cualquiera de las actividades previstas en el apartado 3 del art. 2, cuyas características justifiquen su organización y desarrollo en régimen de descentralización funcional.

.Artículo 42. Personalidad jurídica y potestades
1. Los Organismos públicos tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión, en los términos de esta Ley.

2. Dentro de su esfera de competencia, les corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos que prevean sus estatutos, salvo la potestad expropiatoria.

Los estatutos podrán atribuir a los Organismos públicos la potestad de ordenar aspectos secundarios del funcionamiento del servicio encomendado, en el marco y con el alcance establecido por las disposiciones que fijen el régimen jurídico básico de dicho servicio.

.Artículo 43. Clasificación y adscripción de los Organismos públicos
1. Los Organismos públicos se clasifican en:

a) Organismos autónomos.

b) Entidades públicas empresariales.

2. Los Organismos autónomos dependen de un Ministerio, al que corresponde la dirección estratégica, la evaluación y el control de los resultados de su actividad, a través del órgano al que esté adscrito el Organismo.

3. Las entidades públicas empresariales dependen de un Ministerio o un Organismo autónomo, correspondiendo las funciones aludidas en el apartado anterior al órgano de adscripción del Ministerio u Organismo. Excepcionalmente, podrán existir entidades públicas empresariales cuyos estatutos les asignen la función de dirigir o coordinar a otros entes de la misma naturaleza.

.Artículo 44. Aplicación de las disposiciones generales de esta Ley a los Organismos públicos
1. Los Organismos públicos se ajustarán al principio de instrumentalidad respecto de los fines y objetivos que tengan específicamente asignados.

2. Además, en su organización y funcionamiento:

a) Los Organismos autónomos se atendrán a los criterios dispuestos para la Administración General del Estado en el Título I de esta Ley.

b) Las Entidades públicas empresariales se regirán por los criterios establecidos en el Título I de esta Ley, sin perjuicio de las peculiaridades contempladas en el capítulo III del presente Título, en consideración a la naturaleza de sus actividades.

.CAPITULO II
LOS ORGANISMOS AUTONOMOS


.Artículo 45. Funciones de los Organismos autónomos
1. Los Organismos autónomos se rigen por el Derecho administrativo y se les encomienda, en régimen de descentralización funcional y en ejecución de programas específicos de la actividad de un Ministerio, la realización de actividades de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos.

2. Para el desarrollo de sus funciones, los Organismos autónomos dispondrán de los ingresos propios que estén autorizados a obtener, así como de las restantes dotaciones que puedan percibir a través de los Presupuestos Generales del Estado.

.Artículo 46. Reglas para el nombramiento de los titulares de los órganos de los Organismos autónomos
El nombramiento de los titulares de los órganos de los Organismos autónomos se regirá por las normas aplicables a la Administración General del Estado.

.Artículo 47. Personal al servicio de los Organismos autónomos
1. El personal al servicio de los Organismos autónomos será funcionario o laboral, en los mismos términos que los establecidos para la Administración General del Estado.

2. El titular del máximo órgano de dirección del Organismo autónomo tendrá atribuidas, en materia de gestión de recursos humanos, las facultades que le asigne la legislación específica.

3. No obstante lo establecido en el apartado 1 de este artículo, la Ley de creación podrá establecer excepcionalmente peculiaridades del régimen de personal del Organismo autónomo en las materias de oferta de empleo, sistemas de acceso, adscripción y provisión de puestos y régimen de movilidad de su personal.

4. El Organismo autónomo estará obligado a aplicar las instrucciones sobre recursos humanos establecidas por el Ministerio de Administraciones Públicas y a comunicarle cuantos acuerdos o resoluciones adopte en aplicación del régimen específico de personal establecido en su Ley de creación.

.Artículo 48. Patrimonio de los Organismos autónomos
1. Los Organismos autónomos, además de su patrimonio propio, podrán tener adscritos, para su administración, bienes del patrimonio del Estado.

Respecto de su patrimonio propio, podrán adquirir a título oneroso o gratuito, poseer, arrendar bienes y derechos de cualquier clase, incorporándose al Patrimonio del Estado los bienes que resulten innecesarios para el cumplimiento de sus fines, salvo que la norma de creación o, en su caso, la de adecuación o adaptación a la que se refiere la disposición transitoria tercera de esta Ley disponga expresamente lo contrario.

Las adquisiciones de bienes inmuebles requerirán el previo informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda.

En los supuestos de no incorporación al Patrimonio del Estado, la enajenación de los bienes patrimoniales propios que sean inmuebles se realizará previa comunicación al Ministerio de Economía y Hacienda que, en su caso, llevará a cabo las actuaciones precisas para su posible incorporación y afectación a cualquier servicio de la Administración General del Estado o para su adscripción a otros Organismos públicos en los términos y condiciones que se establecen en las disposiciones reguladoras del Patrimonio del Estado.

2. La afectación de bienes y derechos patrimoniales propios a los fines o servicios públicos que presten los Organismos autónomos será acordada por el Ministerio del que dependan, a propuesta de los órganos de gobierno del Organismo autónomo, entendiéndose implícita la afectación a dichos fines al acordarse la adquisición y salvo que la Ley de creación disponga otra cosa.

La modificación del destino de estos bienes, cuando se trate de inmuebles o derechos sobre los mismos, una vez acreditada su innecesariedad y disponibilidad, dará lugar a la desafectación de los mismos que será acordada por el Departamento del que dependa el Organismo autónomo correspondiente, previo informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda. Producida la desafectación, los bienes adquirirán de nuevo la condición de bienes patrimoniales propios.

3. Los bienes y derechos que la Administración General del Estado adscriba a los Organismos autónomos conservarán su calificación jurídica originaria y únicamente podrán ser utilizados para el cumplimiento de sus fines. Los Organismos autónomos ejercerán cuantos derechos y prerrogativas relativas al dominio público se encuentran legalmente establecidas, a efectos de la conservación, correcta administración y defensa de dichos bienes. La adscripción de los mismos será acordada por el Ministerio de Economía y Hacienda, de conformidad con la Ley del Patrimonio del Estado y legislación complementaria.

4. Los Organismos autónomos formarán y mantendrán actualizado su inventario de bienes y derechos, tanto propios como adscritos, con excepción de los de carácter fungible. El inventario se revisará, en su caso, anualmente con referencia al 31 de diciembre y se someterá a la aprobación del órgano de gobierno del Organismo.

A los efectos de la permanente actualización y gestión del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado, el inventario de bienes inmuebles y derechos de los Organismos autónomos y sus modificaciones se remitirán anualmente al Ministerio de Economía y Hacienda.

.Artículo 49. Régimen de contratación de los Organismos autónomos
1. La contratación de los Organismos autónomos se rige por las normas generales de la contratación de las Administraciones públicas.

2. El titular del Ministerio al que esté adscrito el Organismo autónomo autorizará la celebración de aquellos contratos cuya cuantía exceda de la previamente fijada por aquél.
.Artículo 50. Régimen presupuestario de los Organismos autónomos
El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero de los Organismos autónomos será el establecido por la Ley General Presupuestaria.
.Artículo 51. Control de eficacia de los Organismos autónomos
Los Organismos autónomos están sometidos a un control de eficacia, que será ejercido por el Ministerio al que estén adscritos, sin perjuicio del control establecido al respecto por la Ley General Presupuestaria. Dicho control tendrá por finalidad comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos y la adecuada utilización de los recursos asignados.
.Artículo 52. Impugnación y reclamaciones contra los actos de los Organismos autónomos
1. Los actos y resoluciones de los órganos de los Organismos autónomos son susceptibles de los recursos administrativos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Las reclamaciones previas, en asuntos civiles y laborales, serán resueltas por el órgano máximo del Organismo autónomo, salvo que su Estatuto asigne la competencia a uno de los órganos superiores del Ministerio de adscripción.

.CAPITULO III
LAS ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES

.Artículo 53. Funciones y régimen general aplicable a las entidades públicas empresariales
1. Las entidades públicas empresariales son Organismos públicos a los que se encomienda la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación.

2. Las entidades públicas empresariales se rigen por el Derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en esta Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria.
.Artículo 54. Ejercicio de potestades administrativas
1. Las potestades administrativas atribuidas a las entidades públicas empresariales sólo pueden ser ejercidas por aquellos órganos de éstas a los que en los estatutos se les asigne expresamente esta facultad.

2. No obstante, a los efectos de esta Ley, los órganos de las entidades públicas empresariales no son asimilables en cuanto a su rango administrativo al de los órganos de la Administración General del Estado, salvo las excepciones que, a determinados efectos se fijen, en cada caso, en sus estatutos.

.Artículo 55. Personal al servicio de las entidades públicas empresariales
1. El personal de las entidades públicas empresariales se rige por el Derecho laboral, con las especificaciones dispuestas en este artículo y las excepciones relativas a los funcionarios públicos de la Administración General del Estado y, en su caso, de otras Administraciones públicas, quienes se regirán por la legislación sobre Función Pública que les resulte de aplicación.

2. La selección del personal laboral de estas entidades se realizará conforme a las siguientes reglas:

a) El personal directivo, que se determinará en los estatutos de la entidad, será nombrado con arreglo a los criterios establecidos en el apartado 10 del artículo 6 de esta Ley, atendiendo a la experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada.

b) El resto del personal será seleccionado mediante convocatoria pública basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

3. La determinación y modificación de las condiciones retributivas, tanto del personal directivo como del resto del personal, requerirán el informe conjunto, previo y favorable de los Ministerios de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda.

4. Los Ministerios a que se refiere el apartado anterior efectuarán, con la periodicidad adecuada, controles específicos sobre la evolución de los gastos de personal y de la gestión de sus recursos humanos, conforme a los criterios previamente establecidos por los mismos.

5. La Ley de creación de cada entidad pública empresarial deberá determinar las condiciones conforme a las cuales, los funcionarios de la Administración General del Estado y, en su caso, de otras Administraciones públicas, podrán cubrir destinos en la referida entidad, y establecerá, asimismo, las competencias que a la misma correspondan sobre este personal que, en todo caso, serán las que tengan legalmente atribuidas los Organismos autónomos.
.Artículo 56. Patrimonio de las entidades públicas empresariales
1. Las entidades públicas empresariales, además de patrimonio propio, pueden tener bienes adscritos por la Administración General del Estado.

2. El régimen de gestión de sus bienes patrimoniales propios es el establecido en el artículo 48 para los Organismos autónomos, salvo lo que se disponga en la Ley de creación de estas entidades o, en su caso, en la norma de adecuación a que se refiere la disposición transitoria tercera de esta Ley, en atención a las peculiaridades de su actividad.

3. Los bienes y derechos que la Administración General del Estado adscriba a las entidades públicas empresariales conservarán su calificación jurídica originaria y únicamente podrán ser utilizados para el cumplimiento de sus fines. Las entidades públicas empresariales ejercerán cuantos derechos y prerrogativas relativas al dominio público se encuentran legalmente establecidas, a efectos de la conservación, correcta administración y defensa de dichos bienes. La adscripción y reincorporación de los mismos al Patrimonio del Estado será acordada por el Ministerio de Economía y Hacienda, de conformidad con la legislación reguladora del Patrimonio del Estado.

4. Las entidades públicas empresariales formarán y mantendrán actualizado su inventario de bienes y derechos, tanto propios como adscritos, con excepción de los de carácter fungible. El inventario se rectificará, en su caso, anualmente con referencia al 31 de diciembre y se someterá a la aprobación del órgano de gobierno del Organismo.

A los efectos de la permanente actualización y gestión del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado, el inventario de bienes inmuebles y derechos de las entidades públicas empresariales y sus modificaciones se remitirán anualmente al Ministerio de Economía y Hacienda.

.Artículo 57. Régimen de contratación de las entidades públicas empresariales
1. La contratación de las entidades públicas empresariales se rige por las previsiones contenidas al respecto en la legislación de contratos de las Administraciones públicas.

2. Será necesaria la autorización del titular del Ministerio al cual se encuentren adscritas para celebrar contratos de cuantía superior a la previamente fijada por el mismo.
.Artículo 58. Régimen presupuestario de las entidades públicas empresariales
El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero de las entidades públicas empresariales será el establecido en la Ley General Presupuestaria.
.Artículo 59. Control de eficacia de las entidades públicas empresariales
1. Las entidades públicas empresariales están sometidas a un control de eficacia que será ejercido por el Ministerio y, en su caso, por el Organismo público al que estén adscritas, sin perjuicio del control establecido al respecto por la Ley General Presupuestaria. Dicho control tiene por finalidad comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos y la adecuada utilización de los recursos asignados.

2. El control del cumplimiento de los compromisos específicos que, en su caso, hubiere asumido la entidad pública en un convenio o contrato-programa, corresponderá además a la Comisión de seguimiento regulada en el propio convenio o contrato-programa, y al Ministerio de Economía y Hacienda en los supuestos previstos al efecto por la Ley General Presupuestaria.
.Artículo 60. Impugnación y reclamación contra los actos de las entidades públicas empresariales
1. Contra los actos dictados en el ejercicio de potestades administrativas por las entidades públicas empresariales caben los recursos administrativos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Las reclamaciones previas a la vía judicial, civil o laboral, serán resueltas por el órgano máximo del Organismo, salvo que, por sus estatutos, tal competencia se atribuya al Ministerio u Organismo público al cual esté adscrito.

.CAPITULO IV
CREACION, MODIFICACION Y EXTINCION DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES


.Artículo 61. Creación de Organismos públicos
1. La creación de los Organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales se efectuará por Ley. La Ley de creación establecerá:

a) El tipo de Organismo público que crea, con indicación de sus fines generales, así como el Ministerio u Organismo de adscripción.

b) En su caso, los recursos económicos, así como las peculiaridades de su régimen de personal, de contratación, patrimonial, fiscal y cualesquiera otras que, por su naturaleza, exijan norma con rango de ley.

2. El anteproyecto de Ley de creación del Organismo público que se presente al Gobierno deberá ser acompañado de una propuesta de estatutos y del Plan inicial de actuación del Organismo a los que se refiere el artículo siguiente.
.Artículo 62. Estatutos y Plan de actuación
1. Los estatutos de los Organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales regularán los siguientes extremos:

a) La determinación de los máximos órganos de dirección del Organismo, ya sean unipersonales o colegiados, así como su forma de designación, con indicación de aquellos cuyos actos y resoluciones agoten la vía administrativa.

La configuración de los órganos colegiados, si los hubiese, con las especificaciones señaladas en el apartado 2 del art. 38 de esta Ley.

b) Las funciones y competencias del Organismo, con indicación de las potestades administrativas generales que éste puede ejercitar, y la distribución de las competencias entre los órganos de dirección, así como el rango administrativo de los mismos en el caso de los Organismos autónomos y la determinación de los órganos que, excepcionalmente, se asimilen a los de un determinado rango administrativo, en el supuesto de las entidades públicas empresariales.

En el caso de las entidades públicas empresariales, los estatutos también determinarán los órganos a los que se confiera el ejercicio de potestades administrativas.

c) El patrimonio que se les asigne para el cumplimiento de sus fines y los recursos económicos que haya de financiar el Organismo.

d) El régimen relativo a recursos humanos, patrimonio y contratación.

e) El régimen presupuestario, económico-financiero, de intervención, control financiero y contabilidad, que será, en todo caso, el establecido en la Ley General Presupuestaria.

f) La facultad de creación o participación en sociedades mercantiles cuando ello sea imprescindible para la consecución de los fines asignados.

2. El Plan inicial de actuación del Organismo público, que será aprobado por el titular del Departamento ministerial del que dependa, deberá contar con el previo informe favorable de los Ministerios de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda, y su contenido, que se determinará reglamentariamente, incluirá en todo caso, los siguientes extremos:

a) Los objetivos que el Organismo deba alcanzar en el área de actividad encomendada.

b) Los recursos humanos, financieros y materiales precisos para el funcionamiento del Organismo.

3. Los estatutos de los Organismos autónomos y entidades públicas empresariales se aprobarán por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del titular del Ministerio de adscripción y a propuesta conjunta de los Ministros de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda.

Los estatutos deberán ser aprobados y publicados con carácter previo a la entrada en funcionamiento efectivo del Organismo público correspondiente.
.Artículo 63. Modificación y refundición de Organismos públicos
1. La modificación o refundición de Organismos autónomos o entidades públicas empresariales deberá producirse por Ley cuando suponga la alteración de sus fines generales, del tipo de Organismo público o de las peculiaridades relativas a los recursos económicos, al régimen de personal, de contratación, patrimonial, fiscal y cualesquiera otras que exijan norma con rango de ley.

2. Las modificaciones o refundiciones de Organismos autónomos o entidades públicas empresariales, no comprendidas en el apartado anterior, se llevarán a cabo, aunque supongan modificación de la Ley de creación, por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los Ministros de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda, y a iniciativa del Ministro o Ministros de adscripción o, en todo caso, de acuerdo con el mismo.

3. Cuando la modificación afecte únicamente a la organización del Organismo público se llevará a cabo por Real Decreto, a iniciativa del Ministro de adscripción, y a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas.

4. En todos los casos de refundición de Organismos, el Ministerio que adopte la iniciativa deberá acompañar el Plan de actuación del Organismo en los términos del apartado 2 del artículo anterior.
.Artículo 64. Extinción y liquidación de Organismos públicos
1. La extinción de los Organismos autónomos y entidades públicas empresariales se producirá:

a) Por determinación de una Ley.

b) Mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros a propuesta conjunta de los Ministros de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda, y a iniciativa del Ministro de adscripción o, en todo caso, de acuerdo con el mismo, en los casos siguientes:

Por el transcurso del tiempo de existencia señalado en la Ley de creación.

Porque la totalidad de sus fines y objetivos sean asumidos por los servicios de la Administración General del Estado o por las Comunidades Autónomas.

Porque sus fines hayan sido totalmente cumplidos, de forma que no se justifique la pervivencia del Organismo público.

2. La norma correspondiente establecerá las medidas aplicables al personal del Organismo afectado en el marco de la legislación reguladora de dicho personal. Asimismo, determinará la integración en el Patrimonio del Estado de los bienes y derechos que, en su caso, resulten sobrantes de la liquidación del Organismo, para su afectación a servicios de la Administración General del Estado o adscripción a los Organismos públicos que procedan conforme a lo previsto en las disposiciones reguladoras del Patrimonio del Estado, ingresándose en el Tesoro Público el remanente líquido resultante, si lo hubiere.

II. V. LA ADMINISTRACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.
1. La potestad de autoorganización de las CC.AA. 2. La reproducción del modelo de la Administración del Estado: departamentalización, jerarquización, existencia de Administración consultiva, periférica e indirecta. 3. Régimen jurídico de la Administración de las CC.AA. 4. Relaciones interadministrativas: cooperación y coordinación. 5. El control de las CC.AA.
Fue en la Constitución de 1931 cuando ya se hizo el primer intento de instaurar el Estado de las Regiones. Idea esta que venía de Italia. Incluso se aprobaron algunos estatutos como el de Cataluña, País Vasco, y Galicia. Tras la Guerra civil, se volvió al Estado centralizado hasta la Constitución de 1978 que previó la posibilidad de crear comunidades autónomas, de acuerdo a los artículos 143 (vía lenta u ordinaria) y 151 (vía rápida- para aquellos que habían plebiscitados Cataluña, País Vasco, y Galicia).
Mientras que aquellos que habían optado por el art. 151, la aprobación, no podía introducir cambios, modificaciones, etc., los que optaban por la vía lenta 143, si podían ser modificados.
1. La potestad de autoorganización de las CC.AA.
Todas las Comunidades autónomas tienen la potestad de autoorganizarse. Se crean por Ley, si bien el organigrama es competencia de la propia Administración.
Límites:

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