LeccióN 4: el ordenamiento jurídico. Estructura y caracteres






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DERECHO ADMINISTRATIVO_______________________________________________23/10/09

LECCIÓN 4: EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. ESTRUCTURA Y CARACTERES

El derecho administrativo es un ordenamiento jurídico con personas jurídicas que forma parte del ordenamiento general. Ahora bien, ¿qué es un ordenamiento? No es una simple suma de normas ya que las precede y tiene vida distinta a ellas. Además, el elemento esencial del ordenamiento no son las normas sino los principios.

Esta teoría ordinamental procede de los años 50 y lo primero en incorporarse a dicha teoría es la ley administrativa aunque también el Código Civil recibe la teoría y aparece reflejada en sus artículos. Por otro lado, es recibida por la Constitución Española y así lo vemos reflejado ya en el artículo 1. Además, aparece en los artículos 9.1 CE, 96.1 CE y 103.1 CE.

El ordenamiento español se divide en subordenamientos y éstos, a su vez, se pueden subdividir en el ordenamiento del Estado, el de una provincia, el de un municipio, el de una CCAA, el de las islas… Cada uno de estos entes tiene autonomía para pronunciarse sobre cada asunto, cada municipio, provincia, etc. es, por tanto, un ordenamiento.

Es más, incluso algunos autores dicen que cada colectivo (ámbito laboral, etc.) forma, de alguna manera, un ordenamiento. Y el encargado de dar unidad a esta pluralidad de ordenamientos no es otra sino que la Constitución Española.

Las características del ordenamiento son:

  1. Contingencia y variabilidad de las normas.

La mayoría de normas que se publican en el BOE son de derecho administrativo. Este hecho justifica que exista tanta variabilidad y multiplicidad en las normas que constituyen esa rama del derecho. Existen disciplinas como el Derecho Civil o el Derecho Penal que se apoyan en un código, sin embargo, en el Derecho Administrativo este trabajo sería en balde ya que estaría permanentemente bajo modificación. Se puede aspirar a unas leyes generales pero no a un código.

Esta característica, ha producido que se hable de la existencia en el derecho administrativo de un tipo de ley diferente al resto de leyes, un tipo de ley que se llama Ley Medida.

Esta reflexión la realizó la doctrina alemana, exponiendo que a la vista de la situación práctica del derecho administrativo, no es posible que las normas estrictas de esta rama del derecho tengan el mismo significado del resto de ámbitos. Por ello la doctrina alemana ha distinguido entre el concepto de ley abstracta y con permanencia en el tiempo (concepto clásico) y la Ley Medida, que lo que intenta, es resolver un problema concreto y singular, aplicar una determinada política pública en materias como pueden ser la ocupación, la salud, educación, protección del medio ambiente, cultura…

Al hablar de una Ley Medida, no nos referimos solamente a una ley en sentido formal, sino que estamos hablando, sobre todo, de los reglamentos. El reglamento es la norma por excelencia de carácter ocasional y concreto.

  1. Principio de jerarquía normativa

Existe gente, como los civilistas, que tienen una concepción plana de la ley. El Derecho Administrativo debe ser concebido en profundidad, como una pluralidad de normas que regulan las materias que se tratan. Formado por distintas normas con distinto valor. Por lo tanto, es necesario que, para ordenar dichas normas, se dé le principio de jerarquía.

Este principio de jerarquía afirma que las normas de régimen inferior tienen que respetar a las superiores y éstas, a su vez, pueden disponer de las inferiores. La jerarquía normativa se da como consecuencia de la jerarquía orgánica.

El artículo 9.3 CE garantiza el principio de jerarquía puesto que al existir tal pluralidad de leyes se hace necesaria la existencia de dicho principio.

El contenido material de este principio la doctrina lo descompone en dos consecuencias:

  • Las consecuencias positivas: las normas inferiores pueden ser modificadas o derogadas por normas superiores o del mismo nivel.

  • Las consecuencias negativas: la norma inferior que contradiga preceptos de la norma superior será nula.

La consecuencia negativa la extraemos de los siguientes artículos:

  • Art. 39 LOTC en el apartado encargado de tratar los conflictos de constitucionalidad.

  • Art. 62.2 ley procedimiento común.

  • Art. 1.2 CC. (carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior.).

Existen, además, distintos grados de jerarquía: La norma suprema es la CE, seguida de las leyes, ya sean autonómicas, estatales, etc. y en la cola están los reglamentos.

La Administración del Estado y la Administración de las CCAA, en lo que se refiere a los Reglamentos, prevén un nuevo grado de jerarquía. En cuanto a la Administración del Estado se encuentra primero el Real Decreto (que puede haber sido dictado por el Presidente del Gobierno o por el Consejo de Ministros) y las órdenes dictadas por los Ministros. En referente a los Reglamentos de la CCAA se encuentran los decretos y las órdenes.

La jerarquía no se da entre todas las normas, por ejemplo, entre una Ley Orgánica y una ley ordinaria no existe principio de jerarquía sino de competencia. El Estado se encarga de dictar leyes y Reglamentos, las CCAA también dictan leyes y Reglamentos y los municipios, islas y demás se encargan de dictar únicamente reglamentos. Entre estos sistemas se da el principio de competencia. Además, la jerarquía opera dentro del sistema normativo del Estado o dentro del sistema de las CCAA, etc. pero no entre sistemas. Por tanto, las normas ´solo pueden ser interferidas, modificadas o derogadas por otras de su mismo sistema.

  1. Principio de competencia

Este principio ha ganado importancia a raíz de la Constitución Española y la organización autonómica del Estado Español. En un Estado autoritario centralizado las normas del Estado se imponían sobre el resto, sin embargo, en un Estado autonómico es necesario el principio de competencia ya que cada municipio, provincia, CCAA, tiene un mínimo de autonomía.

Para hacer efectivo el principio de competencia si el Estado, las CCAA, etc. lo vulneran se puede accionar un recurso de inconstitucionalidad o un conflicto de competencias. Si, el invasor es un reglamento, entonces se interpondrá un recurso ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Si es una ley la invasora existe un mecanismo regulado por el artículo 75 bis y siguientes de la LOTC que defiende la autonomía local. Este mecanismo permite que un par de provincias, ayuntamientos, etc. se agrupen para impugnar leyes que lesionen su autonomía. En Alemania es muy utilizado este mecanismo.

La CE dice que los entes locales tienen autonomía en virtud de sus respectivos intereses, sin embargo, no especifica cuáles son estos intereses.

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