13758 ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico






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lo previsto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet, los requisitos, condiciones y régimen aplicable a la licitación.

d) Devengo.

La tasa se devengará en la fecha en que se proceda, en los términos que se establezcan reglamentariamente, a la admisión de la solicitud de

asignación o de renovación de los nombres o direcciones de Internet, que no se tramitará sin que se

haya efectuado el pago correspondiente.

e) Exacción y gestión recaudatoria.

La exacción de la tasa se producirá a partir de

la atribución de su gestión a la entidad pública

empresarial Red.es y de la determinación del procedimiento para su liquidación y pago, mediante

Orden ministerial.

Los modelos de declaración, plazos y formas de

pago de la tasa se aprobarán mediante resolución

de la entidad pública empresarial Red.es.

El importe de los ingresos obtenidos por esta

tasa se destinará a financiar los gastos de la entidad

pública empresarial Red.es por las actividades realizadas en el cumplimiento de las funciones asignadas a la misma en los párrafos a), b), c) y d)

del apartado 4 de esta disposición, ingresándose,

en su caso, el excedente en el Tesoro Público, de

acuerdo con la proporción y cuantía que se determine mediante resolución conjunta de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, a propuesta de esta última.»

Disposición final tercera. Adición de una nueva disposición transitoria a la Ley 11/1998, de 24 de abril,

General de Telecomunicaciones.

Se añade a la Ley 11/1998, de 24 de abril, General

de Telecomunicaciones, una nueva disposición transitoria duodécima, con la siguiente redacción:

«Disposición transitoria duodécima. Criterios para

el desarrollo del plan de actualización tecnoló-

gica de la red de acceso de la red telefónica

pública fija.

En el plazo máximo de cinco meses a partir de

la entrada en vigor de esta disposición, el operador

designado para la prestación del servicio universal

presentará al Ministerio de Ciencia y Tecnología,

para su aprobación en el plazo de un mes, previo

informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, un plan de actuación detallado

para garantizar que las conexiones a la red telefónica pública fija posibiliten a sus abonados el

acceso funcional a Internet y, en particular, a los

conectados mediante Telefonía Rural de Acceso

Celular (TRAC).

El desarrollo del plan estará sujeto a las siguientes condiciones:

a) Incluirá soluciones tecnológicas eficientes

disponibles en el mercado para garantizar el derecho de los usuarios a disponer, previa solicitud a

partir de la aprobación del plan, de la posibilidad

de acceso funcional a Internet en el plazo máximo

de sesenta días desde la fecha de dicha solicitud

en las zonas con cobertura. Estas soluciones tecnológicas deberán prever su evolución a medio plazo hacia velocidades de banda ancha sin que ello

conlleve necesariamente su sustitución.

b) La implantación en la red de acceso de las

soluciones tecnológicas a las que se refiere el párrafo a) deberá alcanzar a los abonados al servicio

telefónico fijo disponible al público que, en la fecha

de aprobación del plan, no tienen la posibilidad25402 Viernes 12 julio 2002 BOE núm. 166

de acceso funcional a Internet, de acuerdo con el

siguiente calendario:

1.

o

Al menos al 30 por 100 antes del 30 de

junio de 2003.

2.

o

Al menos al 70 por 100 antes del 31 de

diciembre de 2003.

3.

o

El 100 por 100 antes del 31 de diciembre

de 2004.

En todo caso, esta implantación alcanzará, al

menos, al 50 por 100 de los citados abonados

en cada una de las Comunidades Autónomas antes

del 31 de diciembre de 2003.

c) En el plan de actuación deberá priorizarse

el despliegue al que se refiere el párrafo b) con

arreglo al criterio de mayor densidad de abonados

afectados.

d) A los efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores y en caso de que sea necesario,

el operador designado para la prestación del servicio universal podrá concluir con otros operadores

titulares de concesiones de dominio público radioeléctrico, contratos de cesión de derechos de uso

de las bandas de frecuencias necesarias para el

cumplimiento de los objetivos establecidos en esta

disposición. Dichos contratos deberán ser sometidos a la previa aprobación por parte del Ministerio

de Ciencia y Tecnología, que podrá establecer las

condiciones de salvaguarda del interés público que

estime necesarias.»

Disposición final cuarta. Modificación de la disposición

derogatoria única de la Ley 11/1998, de 24 de abril,

General de Telecomunicaciones.

Se modifica el último párrafo de la disposición derogatoria única de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General

de Telecomunicaciones, que queda redactado de la

siguiente forma:

«Igualmente, quedan derogadas cuantas otras

disposiciones de igual o inferior rango a la presente

Ley se opongan a lo dispuesto en ella y, en especial,

a lo dispuesto en el artículo 37.1.a), en lo relativo

a la velocidad de transmisión de datos.»

Disposición final quinta. Adecuación de la regulación

reglamentaria sobre contratación telefónica o electrónica con condiciones generales a esta Ley.

El Gobierno, en el plazo de un año, modificará el Real

Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre, por el que

se regula la contratación telefónica o electrónica con

condiciones generales en desarrollo del artículo 5.3 de

la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, para adaptar su contenido a

lo dispuesto en esta Ley.

En dicha modificación, el Gobierno tendrá especialmente en cuenta la necesidad de facilitar la utilización

real de los contratos electrónicos, conforme al mandato

recogido en el artículo 9.1 de la Directiva 2000/31/CE.

Disposición final sexta. Fundamento constitucional.

Esta Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.6.

a

,

8.

a

y 21.

a

de la Constitución, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas.

Disposición final séptima. Habilitación al Gobierno.

Se habilita al Gobierno para desarrollar mediante

Reglamento lo previsto en esta Ley.

Disposición final octava. Distintivo de adhesión a códigos de conducta que incorporen determinadas garantías.

En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor

de esta Ley, el Gobierno aprobará un distintivo que permita identificar a los prestadores de servicios que respeten códigos de conducta adoptados con la participación del Consejo de Consumidores y Usuarios, y que

incluyan, entre otros contenidos, la adhesión al Sistema

Arbitral de Consumo o a otros sistemas de resolución

extrajudicial de conflictos que respeten los principios

establecidos en la normativa comunitaria sobre sistemas

alternativos de resolución de conflictos con consumidores, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

Disposición final novena. Entrada en vigor.

Esta Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

No obstante, las disposiciones adicional sexta y finales primera, segunda, tercera y cuarta de esta Ley entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en

el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 11 de julio de 2002.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

ANEXO

Definiciones

A los efectos de esta Ley, se entenderá por:

a) «Servicios de la sociedad de la información» o

«servicios»: todo servicio prestado normalmente a título

oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario.

El concepto de servicio de la sociedad de la información comprende también los servicios no remunerados por sus destinatarios, en la medida en que constituyan una actividad económica para el prestador de

servicios.

Son servicios de la sociedad de la información, entre

otros y siempre que representen una actividad econó-

mica, los siguientes:

1.

o

La contratación de bienes o servicios por vía

electrónica.

2.

o

La organización y gestión de subastas por

medios electrónicos o de mercados y centros comerciales virtuales.

3.

o

La gestión de compras en la red por grupos de

personas.

4.

o

El envío de comunicaciones comerciales.

5.

o

El suministro de información por vía telemática.

6.

o

El vídeo bajo demanda, como servicio en que

el usuario puede seleccionar a través de la red, tanto

el programa deseado como el momento de su suministro

y recepción, y, en general, la distribución de contenidos

previa petición individual.

No tendrán la consideración de servicios de la sociedad de la información los que no reúnan las caracte-BOE núm. 166 Viernes 12 julio 2002 25403

rísticas señaladas en el primer párrafo de este apartado

y, en particular, los siguientes:

1.

o

Los servicios prestados por medio de telefonía

vocal, fax o télex.

2.

o

El intercambio de información por medio de

correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente para fines ajenos a la actividad económica de quienes lo utilizan.

3.

o

Los servicios de radiodifusión televisiva (incluidos los servicios de cuasivídeo a la carta), contemplados

en el artículo 3.a) de la Ley 25/1994, de 12 de julio,

por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español

la Directiva 89/552/CEE, del Consejo, de 3 de octubre,

sobre la coordinación de determinadas disposiciones

legales, reglamentarias y administrativas de los Estados

miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, o cualquier otra que la sustituya.

4.

o

Los servicios de radiodifusión sonora, y

5.

o

El teletexto televisivo y otros servicios equivalentes como las guías electrónicas de programas ofrecidas a través de las plataformas televisivas.

b) «Servicio de intermediación»: servicio de la sociedad de la información por el que se facilita la prestación

o utilización de otros servicios de la sociedad de la información o el acceso a la información.

Son servicios de intermediación la provisión de servicios de acceso a Internet, la transmisión de datos por

redes de telecomunicaciones, la realización de copia temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios, el alojamiento en los propios servidores de datos,

aplicaciones o servicios suministrados por otros y la provisión de instrumentos de búsqueda, acceso y recopilación de datos o de enlaces a otros sitios de Internet.

c) «Prestador de servicios» o «prestador»: persona

física o jurídica que proporciona un servicio de la sociedad de la información.

d) «Destinatario del servicio» o «destinatario»: persona física o jurídica que utiliza, sea o no por motivos

profesionales, un servicio de la sociedad de la información.

e) «Consumidor»: persona física o jurídica en los términos establecidos en el artículo 1 de la Ley 26/1984,

de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

f) «Comunicación comercial»: toda forma de comunicación dirigida a la promoción, directa o indirecta, de

la imagen o de los bienes o servicios de una empresa,

organización o persona que realice una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional.

A efectos de esta Ley, no tendrán la consideración

de comunicación comercial los datos que permitan acceder directamente a la actividad de una persona, empresa

u organización, tales como el nombre de dominio o la

dirección de correo electrónico, ni las comunicaciones

relativas a los bienes, los servicios o la imagen que se

ofrezca cuando sean elaboradas por un tercero y sin

contraprestación económica.

g) «Profesión regulada»: toda actividad profesional

que requiera para su ejercicio la obtención de un título,

en virtud de disposiciones legales o reglamentarias.

h) «Contrato celebrado por vía electrónica» o «contrato electrónico»: todo contrato en el que la oferta y

la aceptación se transmiten por medio de equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos,

conectados a una red de telecomunicaciones.

i) «Ámbito normativo coordinado»: todos los requisitos aplicables a los prestadores de servicios de la sociedad de la información, ya vengan exigidos por la presente

Ley u otras normas que regulen el ejercicio de actividades económicas por vía electrónica, o por las leyes

generales que les sean de aplicación, y que se refieran

a los siguientes aspectos:

1.

o

Comienzo de la actividad, como las titulaciones

profesionales o cualificaciones requeridas, la publicidad

registral, las autorizaciones administrativas o colegiales

precisas, los regímenes de notificación a cualquier órgano u organismo público o privado, y

2.

o

Posterior ejercicio de dicha actividad, como los

requisitos referentes a la actuación del prestador de servicios, a la calidad, seguridad y contenido del servicio,

o los que afectan a la publicidad y a la contratación

por vía electrónica y a la responsabilidad del prestador

de servicios.

No quedan incluidos en este ámbito las condiciones

relativas a las mercancías y bienes tangibles, a su entrega

ni a los servicios no prestados por medios electrónicos.

j) «Órgano competente»: todo órgano jurisdiccional

o administrativo, ya sea de la Administración General

del Estado, de las Administraciones Autonómicas, de las

Entidades locales o de sus respectivos organismos o

entes públicos dependientes, que actúe en el ejercicio

de competencias legalmente atribuidas.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

13759 ORDEN ECO/1758/2002, de 9 de julio, por

la que se establecen los criterios generales

de tramitación telemática de determinados

procedimientos en materia de personal.

El artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, prevé el

empleo y aplicación de las técnicas y medios electró-

nicos, informáticos y telemáticos por las Administraciones públicas en el desarrollo de su actividad y el ejercicio

de sus funciones.

Tal previsión ha sido desarrollada por los Reales

Decretos 263/1996, de 16 de febrero, por el que se

regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas

y telemáticas por la Administración General del Estado,

y 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la

presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones

ante la Administración General del Estado, la expedición

de copias de documentos y la devolución de originales

y el régimen y funcionamiento de las oficinas de Registro.

En este contexto, la iniciativa del Gobierno INFO XXI,

aprobada en el Consejo de Ministros del día 23 de

diciembre de 1999, ha supuesto un decidido impulso

al desarrollo de la sociedad de la información al promover

el uso de las nuevas tecnologías por las Administraciones

públicas tanto en sus relaciones internas como en su

vertiente externa de relación con los ciudadanos.

Prueba del interés por dotar a las Administraciones

públicas de un nuevo instrumento de relación con los

ciudadanos, es la modificación operada en la Ley

30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por

la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en lo referente

a la creación de registros telemáticos y a las notificaciones efectuadas por esa misma vía.

Finalmente, como corolario de todo lo anterior, el

Ministerio de Economía ha desarrollado, por Orden de

26 de noviembre de 2001, los criterios generales de

tramitación telemática de determinados procedimientos

del Departamento y organismos públicos adscritos, así

como también ha creado un Registro Telemático para

la presentación de escritos y solicitudes.
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