13758 ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico






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Artículo 36. Deber de colaboración.

1. Los prestadores de servicios de la sociedad de

la información tienen la obligación de facilitar al Ministerio de Ciencia y Tecnología y a los demás órganos

a que se refiere el artículo anterior toda la información

y colaboración precisas para el ejercicio de sus funciones.

Igualmente, deberán permitir a sus agentes o al personal inspector el acceso a sus instalaciones y la consulta

de cualquier documentación relevante para la actividad

de control de que se trate, siendo de aplicación, en su

caso, lo dispuesto en el artículo 8.5 de la Ley 29/1998,

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

2. Cuando, como consecuencia de una actuación

inspectora, se tuviera conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones tipificadas en otras

leyes, estatales o autonómicas, se dará cuenta de los

mismos a los órganos u organismos competentes para

su supervisión y sanción.

TÍTULO VII

Infracciones y sanciones

Artículo 37. Responsables.

Los prestadores de servicios de la sociedad de la

información están sujetos al régimen sancionador establecido en este Título cuando la presente Ley les sea

de aplicación.

Artículo 38. Infracciones.

1. Las infracciones de los preceptos de esta Ley

se calificarán como muy graves, graves y leves.

2. Son infracciones muy graves:

a) El incumplimiento de las órdenes dictadas en virtud del artículo 8 en aquellos supuestos en que hayan

sido dictadas por un órgano administrativo.

b) El incumplimiento de la obligación de suspender

la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a la

red o la prestación de cualquier otro servicio equivalente

de intermediación, cuando un órgano administrativo

competente lo ordene, en virtud de lo dispuesto en el

artículo 11.

c) El incumplimiento de la obligación de retener los

datos de tráfico generados por las comunicaciones establecidas durante la prestación de un servicio de la sociedad de la información, prevista en el artículo 12.

d) La utilización de los datos retenidos, en cumplimiento del artículo 12, para fines distintos de los señalados en él.

3. Son infracciones graves:

a) El incumplimiento de lo establecido en los párrafos a) y f) del artículo 10.1.

b) El envío masivo de comunicaciones comerciales

por correo electrónico u otro medio de comunicación

electrónica equivalente a destinatarios que no hayan

autorizado o solicitado expresamente su remisión, o el

envío, en el plazo de un año, de más de tres comunicaciones comerciales por los medios aludidos a un

mismo destinatario, cuando éste no hubiera solicitado

o autorizado su remisión.

c) No poner a disposición del destinatario del servicio las condiciones generales a que, en su caso, se sujete

el contrato, en la forma prevista en el artículo 27.

d) El incumplimiento habitual de la obligación de

confirmar la recepción de una aceptación, cuando no

se haya pactado su exclusión o el contrato se haya celebrado con un consumidor.

e) La resistencia, excusa o negativa a la actuación

inspectora de los órganos facultados para llevarla a cabo

con arreglo a esta Ley.

4. Son infracciones leves:

a) La falta de comunicación al registro público en

que estén inscritos, de acuerdo con lo establecido en

el artículo 9, del nombre o nombres de dominio o direcciones de Internet que empleen para la prestación de

servicios de la sociedad de la información.

b) No informar en la forma prescrita por el artículo

10.1 sobre los aspectos señalados en los párrafos b),

c), d), e) y g) del mismo.

c) El incumplimiento de lo previsto en el artículo 20 para las comunicaciones comerciales, ofertas promocionales y concursos.

d) El envío de comunicaciones comerciales por

correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente a los destinatarios que no hayan solicitado o autorizado expresamente su remisión, cuando

no constituya infracción grave.

e) No facilitar la información a que se refiere el artí-

culo 27.1, cuando las partes no hayan pactado su exclusión o el destinatario sea un consumidor.

f) El incumplimiento de la obligación de confirmar

la recepción de una petición en los términos establecidos

en el artículo 28, cuando no se haya pactado su exclusión

o el contrato se haya celebrado con un consumidor, salvo

que constituya infracción grave.

Artículo 39. Sanciones.

1. Por la comisión de las infracciones recogidas en

el artículo anterior, se impondrán las siguientes sanciones:

a) Por la comisión de infracciones muy graves, multa

de 150.001 hasta 600.000 euros.

La reiteración en el plazo de tres años de dos o más

infracciones muy graves, sancionadas con carácter firme,

podrá dar lugar, en función de sus circunstancias, a la

sanción de prohibición de actuación en España, durante

un plazo máximo de dos años.

b) Por la comisión de infracciones graves, multa de

30.001 hasta 150.000 euros.

c) Por la comisión de infracciones leves, multa de

hasta 30.000 euros.

2. Las infracciones graves y muy graves podrán llevar aparejada la publicación, a costa del sancionado,

de la resolución sancionadora en el «Boletín Oficial del

Estado», o en el diario oficial de la Administración pública

que, en su caso, hubiera impuesto la sanción; en dos

periódicos cuyo ámbito de difusión coincida con el de

actuación de la citada Administración pública o en la25398 Viernes 12 julio 2002 BOE núm. 166

página de inicio del sitio de Internet del prestador, una

vez que aquélla tenga carácter firme.

Para la imposición de esta sanción, se considerará

la repercusión social de la infracción cometida, el número

de usuarios o de contratos afectados, y la gravedad del

ilícito.

3. Cuando las infracciones sancionables con arreglo

a lo previsto en esta Ley hubieran sido cometidas por

prestadores de servicios establecidos en Estados que

no sean miembros de la Unión Europea o del Espacio

Económico Europeo, el órgano que hubiera impuesto

la correspondiente sanción podrá ordenar a los prestadores de servicios de intermediación que tomen las

medidas necesarias para impedir el acceso desde España

a los servicios ofrecidos por aquéllos por un período

máximo de dos años en el caso de infracciones muy

graves, un año en el de infracciones graves y seis meses

en el de infracciones leves.

Artículo 40. Graduación de la cuantía de las sanciones.

La cuantía de las multas que se impongan se graduará

atendiendo a los siguientes criterios:

a) La existencia de intencionalidad.

b) Plazo de tiempo durante el que se haya venido

cometiendo la infracción.

c) La reincidencia por comisión de infracciones de

la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado

por resolución firme.

d) La naturaleza y cuantía de los perjuicios causados.

e) Los beneficios obtenidos por la infracción.

f) Volumen de facturación a que afecte la infracción

cometida.

Artículo 41. Medidas de carácter provisional.

1. En los procedimientos sancionadores por infracciones graves o muy graves se podrán adoptar, con arreglo a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sus normas de

desarrollo, las medidas de carácter provisional previstas

en dichas normas que se estimen necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que definitivamente

se dicte, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y las exigencias

de los intereses generales.

En particular, podrán acordarse las siguientes:

a) Suspensión temporal de la actividad del prestador

de servicios y, en su caso, cierre provisional de sus

establecimientos.

b) Precinto, depósito o incautación de registros,

soportes y archivos informáticos y de documentos en

general, así como de aparatos y equipos informáticos

de todo tipo.

c) Advertir al público de la existencia de posibles

conductas infractoras y de la incoación del expediente

sancionador de que se trate, así como de las medidas

adoptadas para el cese de dichas conductas.

2. En la adopción y cumplimiento de las medidas

a que se refiere el apartado anterior, se respetarán, en

todo caso, las garantías, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección

de los datos personales, a la libertad de expresión o

a la libertad de información, cuando éstos pudieran resultar afectados.

En todos los casos en que la Constitución, las normas

reguladoras de los respectivos derechos y libertades o

las que resulten aplicables a las diferentes materias atribuyan competencia a los órganos jurisdiccionales para

intervenir en el ejercicio de actividades o derechos, sólo

la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas previstas en este artículo.

3. En todo caso, se respetará el principio de proporcionalidad de la medida a adoptar con los objetivos

que se pretendan alcanzar en cada supuesto.

4. En casos de urgencia y para la inmediata protección de los intereses implicados, las medidas provisionales previstas en el presente artículo podrán ser

acordadas antes de la iniciación del expediente sancionador. Las medidas deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince

días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto

del recurso que proceda.

En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto

si no se inicia el procedimiento sancionador en dicho

plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga

un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.

Artículo 42. Multa coercitiva.

El órgano administrativo competente para resolver

el procedimiento sancionador podrá imponer multas

coercitivas por importe que no exceda de 6.000 euros

por cada día que transcurra sin cumplir las medidas provisionales que hubieran sido acordadas.

Artículo 43. Competencia sancionadora.

1. La imposición de sanciones por el incumplimiento

de lo previsto en esta Ley corresponderá, en el caso

de infracciones muy graves, al Ministro de Ciencia y

Tecnología, y en el de infracciones graves y leves, al

Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la

Sociedad de la Información.

No obstante lo anterior, la imposición de sanciones

por incumplimiento de las resoluciones dictadas por los

órganos competentes en función de la materia o entidad

de que se trate a que se refieren los párrafos a) y b)

del artículo 38.2 de esta Ley corresponderá al órgano

que dictó la resolución incumplida.

2. La potestad sancionadora regulada en esta Ley

se ejercerá de conformidad con lo establecido al respecto

en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en sus normas de

desarrollo.

Artículo 44. Concurrencia de infracciones y sanciones.

1. No podrá ejercerse la potestad sancionadora a

que se refiere la presente Ley cuando haya recaído sanción penal, en los casos en que se aprecie identidad

de sujeto, hecho y fundamento.

No obstante, cuando se esté tramitando un proceso

penal por los mismos hechos o por otros cuya separación

de los sancionables con arreglo a esta Ley sea racionalmente imposible, el procedimiento quedará suspendido respecto de los mismos hasta que recaiga pronunciamiento firme de la autoridad judicial.

Reanudado el expediente, en su caso, la resolución

que se dicte deberá respetar los hechos declarados probados en la resolución judicial.

2. La imposición de una sanción prevista en esta

Ley no impedirá la tramitación y resolución de otro procedimiento sancionador por los órganos u organismos

competentes en cada caso cuando la conducta infractoraBOE núm. 166 Viernes 12 julio 2002 25399

se hubiera cometido utilizando técnicas y medios telemáticos o electrónicos y resulte tipificada en otra Ley,

siempre que no haya identidad del bien jurídico protegido.

3. No procederá la imposición de sanciones según

lo previsto en esta Ley cuando los hechos constitutivos

de infracción lo sean también de otra tipificada en la

normativa sectorial a la que esté sujeto el prestador del

servicio y exista identidad del bien jurídico protegido.

Cuando, como consecuencia de una actuación sancionadora, se tuviera conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones tipificadas en otras

leyes, se dará cuenta de los mismos a los órganos u

organismos competentes para su supervisión y sanción.

Artículo 45. Prescripción.

Las infracciones muy graves prescribirán a los tres

años, las graves a los dos años y las leves a los seis

meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves

prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al

año.

Disposición adicional primera. Significado de los términos empleados por esta Ley.

A los efectos de la presente Ley, los términos definidos en el anexo tendrán el significado que allí se les

asigna.

Disposición adicional segunda. Medicamentos y productos sanitarios.

La prestación de servicios de la sociedad de la información relacionados con los medicamentos y los productos sanitarios se regirá por lo dispuesto en su legislación específica.

Disposición adicional tercera. Sistema Arbitral de Consumo.

El prestador y el destinatario de servicios de la sociedad de la información podrán someter sus conflictos

al arbitraje de consumo, mediante la adhesión de aqué-

llos al Sistema Arbitral de Consumo.

La Junta Arbitral Nacional de Consumo y aquellas

otras de ámbito territorial inferior, autorizadas para ello

por el Instituto Nacional del Consumo, podrán dirimir

los conflictos planteados por los consumidores de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 636/1993, de

3 de mayo, que regula el Sistema Arbitral de Consumo,

a través de medios telemáticos.

Disposición adicional cuarta. Modificación de los Códigos Civil y de Comercio.

Uno. Se modifica el artículo 1.262 del Código Civil,

que queda redactado de la siguiente manera:
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