13758 ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico






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ñol cuando disponga en el mismo, de forma continuada

o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo, en los

que realice toda o parte de su actividad.

3. A los efectos previstos en este artículo, se presumirá que el prestador de servicios está establecido

en España cuando el prestador o alguna de sus sucursales se haya inscrito en el Registro Mercantil o en otro

registro público español en el que fuera necesaria la

inscripción para la adquisición de personalidad jurídica.

La utilización de medios tecnológicos situados en

España, para la prestación o el acceso al servicio, no

servirá como criterio para determinar, por sí solo, el establecimiento en España del prestador.

4. Los prestadores de servicios de la sociedad de

la información establecidos en España estarán sujetos

a las demás disposiciones del ordenamiento jurídico

español que les sean de aplicación, en función de la

actividad que desarrollen, con independencia de la utilización de medios electrónicos para su realización.

Artículo 3. Prestadores de servicios establecidos en

otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7.1

y 8, esta Ley se aplicará a los prestadores de servicios

de la sociedad de la información establecidos en otro

Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo cuando el destinatario de los servicios

radique en España y los servicios afecten a las materias

siguientes:

a) Derechos de propiedad intelectual o industrial.

b) Emisión de publicidad por instituciones de inversión colectiva.

c) Actividad de seguro directo realizada en régimen

de derecho de establecimiento o en régimen de libre

prestación de servicios.

d) Obligaciones nacidas de los contratos celebrados

por personas físicas que tengan la condición de consumidores.

e) Régimen de elección por las partes contratantes

de la legislación aplicable a su contrato.

f) Licitud de las comunicaciones comerciales por

correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente no solicitadas.

2. En todo caso, la constitución, transmisión, modificación y extinción de derechos reales sobre bienes

inmuebles sitos en España se sujetará a los requisitos

formales de validez y eficacia establecidos en el ordenamiento jurídico español.

3. Los prestadores de servicios a los que se refiere

el apartado 1 quedarán igualmente sometidos a las normas del ordenamiento jurídico español que regulen las

materias señaladas en dicho apartado.

4. No será aplicable lo dispuesto en los apartados

anteriores a los supuestos en que, de conformidad con

las normas reguladoras de las materias enumeradas en

el apartado 1, no fuera de aplicación la ley del país en

que resida o esté establecido el destinatario del servicio.

Artículo 4. Prestadores establecidos en un Estado no

perteneciente a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo.

A los prestadores establecidos en países que no sean

miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico

Europeo les será de aplicación lo dispuesto en los artículos 7.2 y 8.

Los prestadores que dirijan sus servicios específicamente al territorio español quedarán sujetos, además,

a las obligaciones previstas en esta Ley, siempre que

ello no contravenga lo establecido en tratados o convenios internacionales que sean aplicables.

Artículo 5. Servicios excluidos del ámbito de aplicación

de la Ley.

1. Se regirán por su normativa específica las siguientes actividades y servicios de la sociedad de la información:

a) Los servicios prestados por notarios y registradores de la propiedad y mercantiles en el ejercicio de

sus respectivas funciones públicas.

b) Los servicios prestados por abogados y procuradores en el ejercicio de sus funciones de representación y defensa en juicio.

2. Las disposiciones de la presente Ley, con la

excepción de lo establecido en el artículo 7.1, serán

aplicables a los servicios de la sociedad de la información

relativos a juegos de azar que impliquen apuestas de

valor económico, sin perjuicio de lo establecido en su

legislación específica estatal o autonómica.BOE núm. 166 Viernes 12 julio 2002 25391

TÍTULO II

Prestación de servicios de la sociedad

de la información

CAPÍTULO I

Principio de libre prestación de servicios

Artículo 6. No sujeción a autorización previa.

La prestación de servicios de la sociedad de la información no estará sujeta a autorización previa.

Esta norma no afectará a los regímenes de autorización previstos en el ordenamiento jurídico que no tengan por objeto específico y exclusivo la prestación por

vía electrónica de los correspondientes servicios.

Artículo 7. Principio de libre prestación de servicios.

1. La prestación de servicios de la sociedad de la

información que procedan de un prestador establecido

en algún Estado miembro de la Unión Europea o del

Espacio Económico Europeo se realizará en régimen de

libre prestación de servicios, sin que pueda establecerse

ningún tipo de restricciones a los mismos por razones

derivadas del ámbito normativo coordinado, excepto en

los supuestos previstos en los artículos 3 y 8.

2. La aplicación del principio de libre prestación de

servicios de la sociedad de la información a prestadores

establecidos en Estados no miembros del Espacio Económico Europeo se atendrá a los acuerdos internacionales que resulten de aplicación.

Artículo 8. Restricciones a la prestación de servicios.

1. En caso de que un determinado servicio de la

sociedad de la información atente o pueda atentar contra

los principios que se expresan a continuación, los órganos competentes para su protección, en ejercicio de las

funciones que tengan legalmente atribuidas, podrán

adoptar las medidas necesarias para que se interrumpa

su prestación o para retirar los datos que los vulneran.

Los principios a que alude este apartado son los siguientes:

a) La salvaguarda del orden público, la investigación

penal, la seguridad pública y la defensa nacional.

b) La protección de la salud pública o de las personas físicas que tengan la condición de consumidores

o usuarios, incluso cuando actúen como inversores.

c) El respeto a la dignidad de la persona y al principio

de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión,

opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social, y

d) La protección de la juventud y de la infancia.

En la adopción y cumplimiento de las medidas de

restricción a que alude este apartado se respetarán, en

todo caso, las garantías, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección

de los datos personales, a la libertad de expresión o

a la libertad de información, cuando éstos pudieran resultar afectados.

En todos los casos en que la Constitución, las normas

reguladoras de los respectivos derechos y libertades o

las que resulten aplicables a las diferentes materias atribuyan competencia a los órganos jurisdiccionales para

intervenir en el ejercicio de actividades o derechos, sólo

la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas previstas en este artículo.

2. Si para garantizar la efectividad de la resolución

que acuerde la interrupción de la prestación de un servicio o la retirada de datos procedentes de un prestador

establecido en otro Estado, el órgano competente estimara necesario impedir el acceso desde España a los

mismos, podrá ordenar a los prestadores de servicios

de intermediación establecidos en España, directamente

o mediante solicitud motivada al Ministerio de Ciencia

y Tecnología, que tomen las medidas necesarias para

impedir dicho acceso.

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 11 cuando los datos que deban retirarse o el servicio que deba

interrumpirse procedan de un prestador establecido en

España.

3. Las medidas de restricción a que hace referencia

este artículo serán objetivas, proporcionadas y no discriminatorias, y se adoptarán de forma cautelar o en

ejecución de las resoluciones que se dicten, conforme

a los procedimientos administrativos legalmente establecidos o a los previstos en la legislación procesal que

corresponda.

4. Fuera del ámbito de los procesos judiciales, cuando se establezcan restricciones que afecten a un servicio

de la sociedad de la información que proceda de alguno

de los Estados miembros de la Unión Europea o del

Espacio Económico Europeo distinto de España, se seguirá el siguiente procedimiento:

a) El órgano competente requerirá al Estado miembro en que esté establecido el prestador afectado para

que adopte las medidas oportunas. En el caso de que

no las adopte o resulten insuficientes, dicho órgano notificará, con carácter previo, a la Comisión Europea o, en

su caso, al Comité Mixto del Espacio Económico Europeo

y al Estado miembro de que se trate las medidas que

tiene intención de adoptar.

b) En los supuestos de urgencia, el órgano competente podrá adoptar las medidas oportunas, notificándolas al Estado miembro de procedencia y a la Comisión

Europea o, en su caso, al Comité Mixto del Espacio Económico Europeo en el plazo de quince días desde su

adopción. Asimismo, deberá indicar la causa de dicha

urgencia.

Los requerimientos y notificaciones a que alude este

apartado se realizarán siempre a través del órgano de

la Administración General del Estado competente para

la comunicación y transmisión de información a las

Comunidades Europeas.

CAPÍTULO II

Obligaciones y régimen de responsabilidad

de los prestadores de servicios de la sociedad

de la información

SECCIÓN 1.

a

OBLIGACIONES

Artículo 9. Constancia registral del nombre de dominio.

1. Los prestadores de servicios de la sociedad de

la información establecidos en España deberán comunicar al Registro Mercantil en el que se encuentren inscritos, o a aquel otro registro público en el que lo estuvieran para la adquisición de personalidad jurídica o a

los solos efectos de publicidad, al menos, un nombre

de dominio o dirección de Internet que, en su caso, utilicen para su identificación en Internet, así como todo

acto de sustitución o cancelación de los mismos, salvo

que dicha información conste ya en el correspondiente

registro.

2. Los nombres de dominio y su sustitución o cancelación se harán constar en cada registro, de conformidad con sus normas reguladoras.25392 Viernes 12 julio 2002 BOE núm. 166

Las anotaciones practicadas en los Registros Mercantiles se comunicarán inmediatamente al Registro

Mercantil Central para su inclusión entre los datos que

son objeto de publicidad informativa por dicho Registro.

3. La obligación de comunicación a que se refiere

el apartado 1 deberá cumplirse en el plazo de un mes

desde la obtención, sustitución o cancelación del correspondiente nombre de dominio o dirección de Internet.

Artículo 10. Información general.

1. Sin perjuicio de los requisitos que en materia de

información se establecen en la normativa vigente, el

prestador de servicios de la sociedad de la información

estará obligado a disponer de los medios que permitan,

tanto a los destinatarios del servicio como a los órganos

competentes, acceder por medios electrónicos, de forma

permanente, fácil, directa y gratuita, a la siguiente información:

a) Su nombre o denominación social; su residencia

o domicilio o, en su defecto, la dirección de uno de

sus establecimientos permanentes en España; su dirección de correo electrónico y cualquier otro dato que permita establecer con él una comunicación directa y efectiva.

b) Los datos de su inscripción en el Registro a que

se refiere el artículo 9.

c) En el caso de que su actividad estuviese sujeta

a un régimen de autorización administrativa previa, los

datos relativos a dicha autorización y los identificativos

del órgano competente encargado de su supervisión.

d) Si ejerce una profesión regulada deberá indicar:

1.

o

Los datos del Colegio profesional al que, en su

caso, pertenezca y número de colegiado.

2.

o

El título académico oficial o profesional con el

que cuente.

3.

o

El Estado de la Unión Europea o del Espacio

Económico Europeo en el que se expidió dicho título

y, en su caso, la correspondiente homologación o reconocimiento.

4.

o

Las normas profesionales aplicables al ejercicio

de su profesión y los medios a través de los cuales se

puedan conocer, incluidos los electrónicos.

e) El número de identificación fiscal que le corresponda.

f) Información clara y exacta sobre el precio del producto o servicio, indicando si incluye o no los impuestos

aplicables y, en su caso, sobre los gastos de envío.

g) Los códigos de conducta a los que, en su caso,

esté adherido y la manera de consultarlos electrónicamente.

2. La obligación de facilitar esta información se dará

por cumplida si el prestador la incluye en su página o

sitio de Internet en las condiciones señaladas en el apartado 1.

Artículo 11. Deber de colaboración de los prestadores

de servicios de intermediación.

1. Cuando un órgano competente por razón de la

materia hubiera ordenado, en ejercicio de las funciones

que legalmente tenga atribuidas, que se interrumpa la

prestación de un servicio de la sociedad de la información

o la retirada de determinados contenidos provenientes

de prestadores establecidos en España, y para ello fuera

necesaria la colaboración de los prestadores de servicios

de intermediación, podrá ordenar a dichos prestadores,

directamente o mediante solicitud motivada al Ministerio

de Ciencia y Tecnología, que suspendan la transmisión,

el alojamiento de datos, el acceso a las redes de telecomunicaciones o la prestación de cualquier otro servicio

equivalente de intermediación que realizaran.

2. En la adopción y cumplimiento de las medidas

a que se refiere el apartado anterior, se respetarán, en

todo caso, las garantías, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección

de los datos personales, a la libertad de expresión o
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