13758 ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico






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Ley 34/2002 Derecho infomatico España

Dr Diego F Migliorisi


Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

13758 LEY 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo

vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La presente Ley tiene como objeto la incorporación

al ordenamiento jurídico español de la Directiva

2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo,

de 8 de junio, relativa a determinados aspectos de los

servicios de la sociedad de la información, en particular,

el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva

sobre el comercio electrónico). Asimismo, incorpora parcialmente la Directiva 98/27/CE, del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 19 de mayo, relativa a las

acciones de cesación en materia de protección de los

intereses de los consumidores, al regular, de conformidad con lo establecido en ella, una acción de cesación

contra las conductas que contravengan lo dispuesto en

esta Ley.

Lo que la Directiva 2000/31/CE denomina «sociedad

de la información» viene determinado por la extraordinaria expansión de las redes de telecomunicaciones y,

en especial, de Internet como vehículo de transmisión

e intercambio de todo tipo de información. Su incorporación a la vida económica y social ofrece innumerables ventajas, como la mejora de la eficiencia empresarial, el incremento de las posibilidades de elección de

los usuarios y la aparición de nuevas fuentes de empleo.

Pero la implantación de Internet y las nuevas tecnologías

tropieza con algunas incertidumbres jurídicas, que es

preciso aclarar con el establecimiento de un marco jurí-

dico adecuado, que genere en todos los actores intervinientes la confianza necesaria para el empleo de este

nuevo medio.

Eso es lo que pretende esta Ley, que parte de la

aplicación a las actividades realizadas por medios electrónicos de las normas tanto generales como especiales

que las regulan, ocupándose tan sólo de aquellos aspectos que, ya sea por su novedad o por las peculiaridades

que implica su ejercicio por vía electrónica, no están

cubiertos por dicha regulación.

II

Se acoge, en la Ley, un concepto amplio de «servicios

de la sociedad de la información», que engloba, además

de la contratación de bienes y servicios por vía electrónica, el suministro de información por dicho medio

(como el que efectúan los periódicos o revistas que pueden encontrarse en la red), las actividades de intermediación relativas a la provisión de acceso a la red, a

la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones,

a la realización de copia temporal de las páginas de

Internet solicitadas por los usuarios, al alojamiento en

los propios servidores de información, servicios o aplicaciones facilitados por otros o a la provisión de instrumentos de búsqueda o de enlaces a otros sitios de

Internet, así como cualquier otro servicio que se preste

a petición individual de los usuarios (descarga de archivos de vídeo o audio...), siempre que represente una

actividad económica para el prestador. Estos servicios

son ofrecidos por los operadores de telecomunicaciones,

los proveedores de acceso a Internet, los portales, los

motores de búsqueda o cualquier otro sujeto que disponga de un sitio en Internet a través del que realice

alguna de las actividades indicadas, incluido el comercio

electrónico.

Desde un punto de vista subjetivo, la Ley se aplica,

con carácter general, a los prestadores de servicios establecidos en España. Por «establecimiento» se entiende

el lugar desde el que se dirige y gestiona una actividad

económica, definición esta que se inspira en el concepto

de domicilio fiscal recogido en las normas tributarias

españolas y que resulta compatible con la noción material de establecimiento predicada por el Derecho comunitario. La Ley resulta igualmente aplicable a quienes

sin ser residentes en España prestan servicios de la sociedad de la información a través de un «establecimiento

permanente» situado en España. En este último caso,

la sujeción a la Ley es únicamente parcial, respecto a

aquellos servicios que se presten desde España.

El lugar de establecimiento del prestador de servicios

es un elemento esencial en la Ley, porque de él depende

el ámbito de aplicación no sólo de esta Ley, sino de

todas las demás disposiciones del ordenamiento español

que les sean de aplicación, en función de la actividad

que desarrollen. Asimismo, el lugar de establecimiento

del prestador determina la ley y las autoridades competentes para el control de su cumplimiento, de acuerdo

con el principio de la aplicación de la ley del país de

origen que inspira la Directiva 2000/31/CE.

Por lo demás, sólo se permite restringir la libre prestación en España de servicios de la sociedad de la información procedentes de otros países pertenecientes al

Espacio Económico Europeo en los supuestos previstos

en la Directiva 2000/31/CE, que consisten en la producción de un daño o peligro graves contra ciertos valores fundamentales como el orden público, la salud pública o la protección de los menores. Igualmente, podráBOE núm. 166 Viernes 12 julio 2002 25389

restringirse la prestación de servicios provenientes de

dichos Estados cuando afecten a alguna de las materias

excluidas del principio de país de origen, que la Ley

concreta en su artículo 3, y se incumplan las disposiciones de la normativa española que, en su caso, resulte

aplicable a las mismas.

III

Se prevé la anotación del nombre o nombres de dominio de Internet que correspondan al prestador de servicios en el registro público en que, en su caso, dicho

prestador conste inscrito para la adquisición de personalidad jurídica o a los solos efectos de publicidad, con

el fin de garantizar que la vinculación entre el prestador,

su establecimiento físico y su «establecimiento» o localización en la red, que proporciona su dirección de Internet, sea fácilmente accesible para los ciudadanos y la

Administración pública.

La Ley establece, asimismo, las obligaciones y responsabilidades de los prestadores de servicios que realicen actividades de intermediación como las de transmisión, copia, alojamiento y localización de datos en la

red. En general, éstas imponen a dichos prestadores un

deber de colaboración para impedir que determinados

servicios o contenidos ilícitos se sigan divulgando. Las

responsabilidades que pueden derivar del incumplimiento de estas normas no son sólo de orden administrativo,

sino de tipo civil o penal, según los bienes jurídicos afectados y las normas que resulten aplicables.

Destaca, por otra parte, en la Ley, su afán por proteger

los intereses de los destinatarios de servicios, de forma

que éstos puedan gozar de garantías suficientes a la

hora de contratar un servicio o bien por Internet. Con

esta finalidad, la Ley impone a los prestadores de servicios la obligación de facilitar el acceso a sus datos de

identificación a cuantos visiten su sitio en Internet; la

de informar a los destinatarios sobre los precios que

apliquen a sus servicios y la de permitir a éstos visualizar,

imprimir y archivar las condiciones generales a que se

someta, en su caso, el contrato. Cuando la contratación

se efectúe con consumidores, el prestador de servicios

deberá, además, guiarles durante el proceso de contratación, indicándoles los pasos que han de dar y la forma

de corregir posibles errores en la introducción de datos,

y confirmar la aceptación realizada una vez recibida.

En lo que se refiere a las comunicaciones comerciales,

la Ley establece que éstas deban identificarse como

tales, y prohíbe su envío por correo electrónico u otras

vías de comunicación electrónica equivalente, salvo que

el destinatario haya prestado su consentimiento.

IV

Se favorece igualmente la celebración de contratos

por vía electrónica, al afirmar la Ley, de acuerdo con

el principio espiritualista que rige la perfección de los

contratos en nuestro Derecho, la validez y eficacia del

consentimiento prestado por vía electrónica, declarar

que no es necesaria la admisión expresa de esta técnica

para que el contrato surta efecto entre las partes, y asegurar la equivalencia entre los documentos en soporte

papel y los documentos electrónicos a efectos del cumplimiento del requisito de «forma escrita» que figura en

diversas leyes.

Se aprovecha la ocasión para fijar el momento y lugar

de celebración de los contratos electrónicos, adoptando

una solución única, también válida para otros tipos de

contratos celebrados a distancia, que unifica el criterio

dispar contenido hasta ahora en los Códigos Civil y de

Comercio.

Las disposiciones contenidas en esta Ley sobre aspectos generales de la contratación electrónica, como las

relativas a la validez y eficacia de los contratos electrónicos o al momento de prestación del consentimiento,

serán de aplicación aun cuando ninguna de las partes

tenga la condición de prestador o destinatario de servicios de la sociedad de la información.

La Ley promueve la elaboración de códigos de conducta sobre las materias reguladas en esta Ley, al considerar que son un instrumento de autorregulación especialmente apto para adaptar los diversos preceptos de

la Ley a las características específicas de cada sector.

Por su sencillez, rapidez y comodidad para los usuarios,

se potencia igualmente el recurso al arbitraje y a los

procedimientos alternativos de resolución de conflictos

que puedan crearse mediante códigos de conducta, para

dirimir las disputas que puedan surgir en la contratación

electrónica y en el uso de los demás servicios de la

sociedad de la información. Se favorece, además, el uso

de medios electrónicos en la tramitación de dichos procedimientos, respetando, en su caso, las normas que,

sobre la utilización de dichos medios, establezca la normativa específica sobre arbitraje.

De conformidad con lo dispuesto en las Directivas

2000/31/CE y 98/27/CE, se regula la acción de cesación que podrá ejercitarse para hacer cesar la realización

de conductas contrarias a la presente Ley que vulneren

los intereses de los consumidores y usuarios. Para el

ejercicio de esta acción, deberá tenerse en cuenta, además de lo dispuesto en esta Ley, lo establecido en la

Ley general de incorporación de la Directiva 98/27/CE.

La Ley prevé, asimismo, la posibilidad de que los ciudadanos y entidades se dirijan a diferentes Ministerios

y órganos administrativos para obtener información práctica sobre distintos aspectos relacionados con las materias objeto de esta Ley, lo que requerirá el establecimiento de mecanismos que aseguren la máxima coordinación entre ellos y la homogeneidad y coherencia

de la información suministrada a los usuarios.

Finalmente, se establece un régimen sancionador proporcionado pero eficaz, como indica la Directiva

2000/31/CE, para disuadir a los prestadores de servicios del incumplimiento de lo dispuesto en esta Ley.

Asimismo, se contempla en la Ley una serie de previsiones orientadas a hacer efectiva la accesibilidad de

las personas con discapacidad a la información proporcionada por medios electrónicos, y muy especialmente

a la información suministrada por las Administraciones

públicas, compromiso al que se refiere la resolución del

Consejo de la Unión Europea de 25 de marzo de 2002,

sobre accesibilidad de los sitios web públicos y de su

contenido.

La presente disposición ha sido elaborada siguiendo

un amplio proceso de consulta pública y ha sido sometida

al procedimiento de información en materia de normas

y reglamentaciones técnicas previsto en la Directiva

98/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de

22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE, del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio, y

en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio.

TÍTULO I

Disposiciones generales

CAPÍTULO I

Objeto

Artículo 1. Objeto.

1. Es objeto de la presente Ley la regulación del

régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la

información y de la contratación por vía electrónica, en25390 Viernes 12 julio 2002 BOE núm. 166

lo referente a las obligaciones de los prestadores de

servicios incluidos los que actúan como intermediarios

en la transmisión de contenidos por las redes de telecomunicaciones, las comunicaciones comerciales por vía

electrónica, la información previa y posterior a la celebración de contratos electrónicos, las condiciones relativas a su validez y eficacia y el régimen sancionador

aplicable a los prestadores de servicios de la sociedad

de la información.

2. Las disposiciones contenidas en esta Ley se

entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas

estatales o autonómicas ajenas al ámbito normativo

coordinado, o que tengan como finalidad la protección

de la salud y seguridad pública, incluida la salvaguarda

de la defensa nacional, los intereses del consumidor,

el régimen tributario aplicable a los servicios de la sociedad de la información, la protección de datos personales

y la normativa reguladora de defensa de la competencia.

CAPÍTULO II

Ámbito de aplicación

Artículo 2. Prestadores de servicios establecidos en

España.

1. Esta Ley será de aplicación a los prestadores de

servicios de la sociedad de la información establecidos

en España y a los servicios prestados por ellos.

Se entenderá que un prestador de servicios está establecido en España cuando su residencia o domicilio

social se encuentren en territorio español, siempre que

éstos coincidan con el lugar en que esté efectivamente

centralizada la gestión administrativa y la dirección de

sus negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en que

se realice dicha gestión o dirección.

2. Asimismo, esta Ley será de aplicación a los servicios de la sociedad de la información que los prestadores

residentes o domiciliados en otro Estado ofrezcan a

través de un establecimiento permanente situado en

España.

Se considerará que un prestador opera mediante un

establecimiento permanente situado en territorio espa-
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