Elección, nombramiento y toma de posesión






descargar 125.63 Kb.
títuloElección, nombramiento y toma de posesión
página1/2
fecha de publicación01.06.2015
tamaño125.63 Kb.
tipoLección
ley.exam-10.com > Ley > Lección
  1   2



Defensor del Pueblo de Navarra



Defensor del Pueblo de Navarra

El Defensor del Pueblo de Navarra (en euskera, Nafarroako Arartekoa) es el defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, en España. Es la institución que vela por el cumplimiento de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos navarros, y es elegido por el Parlamento de Navarra.

La Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, regula esta institución, habiendo sido modificada posteriormente por la Ley Foral 3/2005, de 7 de marzo, y la Ley Foral 3/2008, de 21 de febrero.

La primera persona que ocupó el cargo fue María Jesús Aranda Lasheras que tomó posesión el 2 de marzo de 2001, permaneciendo en el cargo hasta el 22 de marzo de 2007.

En la actualidad, Francisco Javier Enériz Olaechea es el Defensor del Pueblo de Navarra.

Índice

  1. Naturaleza y función

  2. Puesta en marcha, titulares y confirmación de la institución

  3. Supervisión de la actividad de las Administraciones públicas de Navarra

  4. Elección, nombramiento y toma de posesión

  5. Autonomía, prerrogativas e incompatibilidades

  6. Incompatibilidades

  7. Cese

  8. El Adjunto

  9. Relaciones con el Parlamento de Navarra. Informe anual e informes especiales

  10. Las investigaciones

  11. Quejas

  12. Propuestas ciudadanas

  13. Resoluciones

  14. Deber de colaboración de las autoridades y Administraciones públicas con el Defensor del Pueblo de Navarra

  15. Relaciones con el Defensor del Pueblo

  16. Medios personales y materiales

  17. La Oficina de Atención Ciudadana

  18. Tipo de consultas

  19. Datos estadísticos

  20. Bibliografía

  21. Enlaces externos

1. Naturaleza y función

El Defensor del Pueblo de Navarra es un órgano del Parlamento de Navarra al que le corresponde la función de defensa y mejora del nivel de protección de los derechos y libertades amparados por la Constitución y la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA), en el ámbito competencial de la Comunidad Foral de Navarra, a cuyo efecto puede supervisar la actividad de las Administraciones públicas de Navarra, debiendo dar cuenta de sus actuaciones al Parlamento de Navarra.

Se concibe como una garantía institucional y extrajurisdiccional de los derechos subjetivos que el ordenamiento jurídico público reconoce a los ciudadanos frente a los poderes públicos y a los particulares.

En euskera recibe la denominación de Ararteko, que significa "el que actúa entre", es decir, el mediador.

Es un órgano público, independiente e imparcial, creado por una ley del Parlamento de Navarra, nombrado por este, e instituido como mecanismo de control de la Administración pública para velar por los derechos de los ciudadanos, la legalidad, la justicia de los comportamientos administrativos y la respuesta de la Administración. Tiene la potestad de investigar y de formular recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales. No es un juez, ni un tribunal, ni puede dar órdenes, ni modificar o anular actos administrativos. Busca soluciones a los problemas de los ciudadanos mediante procedimientos de investigación, recomendación y conciliación. Su autoridad e influencia derivan del hecho de que sugiere e informa al Parlamento de Navarra y a las Administraciones públicas de Navarra.

Su elección, atribuciones, régimen jurídico y funcionamiento se regulan por una ley foral que aprueba el Parlamento de Navarra. Dicha ley foral es la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra.

La creación de la institución se llevó a cabo sin una previsión que la contemplase en la redacción inicial de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. La exposición de motivos de la Ley Foral acude al artículo 49.1 de la LORAFNA y al artículo 148.1.1ª de la Constitución, que contemplan la potestad de las Comunidades Autónomas de organizar sus instituciones de autogobierno.

La creación fue el resultado de una proposición de Ley Foral presentada por el grupo parlamentario “Socialistas del Parlamento de Navarra”, en el marco de un acuerdo presupuestario entre Unión del Pueblo Navarra (en el gobierno) y el Partido Socialista de Navarra (en la oposición). Con anterioridad, se había intentado infructuosamente la creación de esta figura por el grupo parlamentario de Eusko Alkartasuna en 1989 y el grupo parlamentario de Convergencia de Demócratas de Navarra en 1997, siendo rechazada esta última por Unión del Pueblo de Navarra y el Partido Socialista de Navarra.

La reforma de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra efectuada por la Ley Orgánica 7/2010, de 27 de octubre, que persigue, entre otros objetivos, la adaptación del texto legal a la nueva realidad jurídico-política existentes, introdujo una mención expresa al Defensor del Pueblo de Navarra, que, por su rango, relevancia y funciones, se considera deben tener cabida en el texto de la LORAFNA.

La Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, se desarrolla por el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por la Mesa del Parlamento de Navarra el 21 de noviembre de 2005, y modificado por Acuerdos de 12 de febrero de 2007 y 31 de marzo de 2010, de la Mesa del Parlamento de Navarra.

El artículo 1 de esta Ley Foral califica al Defensor del Pueblo de Navarra como "el alto comisionado del Parlamento de Navarra, designado por éste para la defensa y mejora del nivel de protección de los derechos y libertades amparados por la Constitución y, y cuenta como función primordial la de salvaguardar a los ciudadanos y ciudadanas frente a los posibles abusos y negligencias de la Administración".

Asimismo, el preámbulo de la citada Ley Orgánica 7/2010, de 27 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, califica al Defensor del Pueblo de Navarra como una "institución foral de Navarra".

Distintas leyes posteriores a la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, han ido, más que ampliando las funciones de esta institución, reforzando con su mención la función protectora de los derechos de los ciudadanos por el Defensor del Pueblo de Navarra. Así, mencionan al Defensor del Pueblo de Navarra:

  • La Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia, en su artículo 14.3: "El Defensor del Pueblo velará por la defensa de los derechos de la infancia y adolescencia arbitrando las medidas oportunas, entre las cuales estarán las siguientes: a) Actuar de oficio o a instancia de parte mediante quejas de vulneración".

  • La Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, de implantación de la Administración electrónica en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, en su disposición adicional primera: "1. Compete al Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra velar por la efectividad de los derechos reconocidos a los ciudadanos de esta Ley Foral, atender las quejas que se produzcan por la vulneración de dichos derechos y efectuar a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y a sus organismos públicos las sugerencias y propuestas pertinentes en la forma y con los efectos que se determinen en su Ley Foral reguladora. 2. La Oficina del Defensor del Pueblo de l Comunidad Foral de Navarra, a través de su titular o de la persona dependiente de la misma en quien delegue, actuará de forma coordinada con las instituciones análogas a él que, en materia de Administración electrónica o de procedimientos administrativos electrónicos, puedan crear por ley el Estado o las Comunidades Autónomas".

  • La Ley Foral 11/2012, de 11 de junio, de la transparencia y del gobierno abierto, en su artículo 68.1: "Sin perjuicio de los recursos administrativos que puedan interponerse contra las resoluciones, expresas o presuntas, de los órganos de la Administración Pública, que impidan o limiten, total o parcialmente, el ejercicio por los ciudadanos y ciudadanas del derecho que se reconoce en el Título III de esta Ley Foral para el acceso a la información pública, el solicitante de la información pública podrá dirigir una queja al Defensor del Pueblo de Navarra siempre que se haya impedido o limitado su derecho de acceso a esta información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de Navarra. 2. La intervención del Defensor del Pueblo de Navarra no suspenderá, como se recoge en su Ley Foral Reguladora, el transcurso de los plazos para la interposición de los recursos administrativos o contenciosos-administrativos procedentes".

2. Puesta en marcha, titulares y confirmación de la institución

La institución se creó en julio de 2000 por la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, si bien no se puso en marcha hasta marzo de 2001.

La primera Defensora del Pueblo de Navarra fue María Jesús Aranda Lasheras, Licenciada en Derecho y anteriormente parlamentaria foral del grupo socialista, quien, tras su nombramiento por el Pleno del Parlamento de Navarra el 22 de febrero de 2001, tomó posesión del cargo el 2 de marzo de 2001.

El segundo titular fue Francisco Javier Enériz Olaechea, Doctor en Derecho y funcionario de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, quien, tras su nombramiento por el Pleno del Parlamento de Navarra el 15 de marzo de 2007, tomó posesión de su cargo el 22 de marzo de 2007. Concluido su mandato, permanece interinamente en funciones.

3. Supervisión de la actividad de las Administraciones públicas de Navarra

La labor de supervisión de la actividad de las Administraciones públicas de Navarra por el Defensor del Pueblo de Navarra se extiende a:

  • La Administración de la Comunidad Foral, sus organismos autónomos, sociedades públicas y demás entes públicos que de ella dependan.

  • Las entidades locales de Navarra (municipios, concejos, mancomunidades, consorcios), sus organismos autónomos, sociedades públicas y demás entes públicos que de ellas dependan.

  • La Administración parlamentaria y la actividad administrativa de las instituciones creadas por el Parlamento de Navarra.

  • Los servicios gestionados por personas físicas o jurídicas mediante concesión administrativa.

  • Cualquier organismo o entidad, persona jurídica o física, que actúe en un servicio público estando sometida, al tiempo, a algún tipo de control o tutela administrativa en todo lo que afecte a las materias en que la Comunidad Foral de Navarra tenga competencias.

La importancia de la labor de control del Defensor del Pueblo de Navarra se proyecta así sobre más de 30.000 funcionarios públicos, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus Departamentos, los organismos públicos (como el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas, el Instituto Navarro de Familia e Igualdad…), las sociedades y fundaciones públicas dependientes de esta, los 272 municipios, los 365 concejos, las mancomunidades, la Universidad Pública, los colegios oficiales… En la práctica, su labor se centra, sobre todo, en el Gobierno de Navarra y en los municipios.

Esta labor de supervisión de la actividad de las Administraciones públicas de Navarra se traduce en la práctica en:

  • Iniciar y practicar una investigación para el esclarecimiento de actos o conductas producidos por las Administraciones públicas o por las entidades sometidas a su supervisión, que afecten a una persona o a un grupo de personas.

  • Dirigir recomendaciones o recordar los deberes legales a los órganos competentes y al personal al servicio de las Administraciones públicas para procurar corregir actos ilegales o injustos.

  • Dirigir sugerencias a los órganos competentes para lograr una mejora de los servicios de la Administración.

  • Señalar las deficiencias de la legislación formulando recomendaciones a fin de dotar a la actuación administrativa y a los servicios públicos de la necesaria objetividad y eficacia en garantía de los derechos de los administrados. Estas recomendaciones pueden dirigirse al Parlamento de Navarra y a las Administraciones públicas de Navarra.

  • Emitir informes, en el área de su competencia, a solicitud del Parlamento de Navarra o de cualquiera de las Administraciones o entidades sometidas a su ámbito de supervisión.

  • Efectuar visitas de inspección a cualquier servicio o dependencia de los organismos y entidades sometidos a su supervisión, examinando o demandando documentos, oyendo a órganos, personal al servicio de las Administraciones públicas y solicitando las informaciones que estime convenientes.

  • Procurar, en colaboración con los órganos y servicios competentes, las soluciones más adecuadas en defensa de los intereses legítimos de las personas.

  • Procurar la adecuación de los órganos administrativos a los principios de objetividad, eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación y sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

  • Velar porque la Administración resuelva expresamente, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan formulado los ciudadanos.

  • Solicitar mediante citación la comparecencia de cualquier persona que ostente la condición de personal al servicio de las Administraciones que razonablemente pueda dar información relacionada con el asunto a investigar.

  • Divulgar, a través de todos los medios a su alcance y, en particular, a través de los medios de comunicación pública, la naturaleza de su trabajo, sus investigaciones y el informe anual. A tal efecto los medios de comunicación de titularidad de la Comunidad Foral deben facilitar espacios al Defensor del Pueblo de Navarra cuando este lo estime conveniente para el mejor desarrollo de sus funciones y el conocimiento público de su actividad.

  • Iniciar la acción de responsabilidad de oficio o dirigirse al órgano o institución competente para que exija, en su caso, la responsabilidad que corresponda cuando el Defensor del Pueblo de Navarra entiende que procede la exigencia de responsabilidad a cualquier autoridad, agente o personal al servicio de cualquiera de las Administraciones públicas.

Dicha labor supervisora alcanza tanto a los actos y resoluciones, como a la omisión de los mismos, es decir, afecta tanto a la actividad, como a la pasividad, de la función de las Administraciones públicas y de sus agentes.

Como se ha dicho, la función supervisora del Defensor del Pueblo de Navarra se proyecta sobre cualquier materia en la que la Comunidad Foral de Navarra tenga atribuidas competencias en virtud de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. Aun así, también puede extenderse su función, con condiciones y de un modo indirecto, a la Administración de Justicia, las actividades entre privados sometidos a tutela administrativa o la actividad normativa o ejecutiva de la Administración del Estado.

Así, en materia de justicia, cuando el Defensor del Pueblo de Navarra recibe quejas relativas al funcionamiento de la Administración de Justicia en la Comunidad Foral, debe dirigirlas al Ministerio Fiscal o al Consejo General del Poder Judicial y hacer referencia expresa de esas quejas en el informe general que anualmente expone al Parlamento de Navarra. En todo caso, previamente a ello, puede trasladar tales quejas al órgano judicial afectado, a la Audiencia Provincial, o al Tribunal Superior de Justicia de Navarra. En la práctica, el Defensor del Pueblo de Navarra traslada estas quejas al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, quien se encarga de su tramitación y, en su caso, información al Defensor del Pueblo de Navarra. Precisamente, es el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra el representante del Poder Judicial en la Comunidad Foral de Navarra y quien puede presentar ante el Parlamento de Navarra la memoria anual respectiva del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Cuando las actuaciones se han realizado con ocasión de los servicios prestados por particulares en virtud de un acto administrativo habilitante, el Defensor del Pueblo de Navarra puede dirigirse a las autoridades administrativas competentes e instarles el ejercicio de sus potestades de inspección y sanción.

Cuando la deficiencia en el funcionamiento proviene de la actividad normativa o ejecutiva de la Administración del Estado, o incluso del Gobierno o de las Cortes Generales, el Defensor del Pueblo de Navarra, de oficio o a instancia de parte, puede dirigirse de forma razonada al Defensor del Pueblo de España para solicitar a este que, si lo considera oportuno, interponga o ejercite el recurso de inconstitucionalidad o el recurso de amparo, o dirija recomendaciones o sugerencias a la Administración del Estado causante de las deficiencias en el o competente para la modificación de las normas.

4. Elección, nombramiento y toma de posesión

El Defensor del Pueblo de Navarra se elige por el Parlamento de Navarra para un periodo de seis años.

Puede ser elegida Defensor del Pueblo de Navarra cualquier persona que se encuentre en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos y que goce de la condición política navarra. Por tanto, ha de ser español, tener la vecindad administrativa en un municipio de Navarra y no encontrarse inhabilitado o incapacitado.

Para su elección, la Comisión de Régimen Foral del Parlamento de Navarra debe proponer, mediante el voto favorable de las tres quintas partes de sus miembros, el candidato a Defensor del Pueblo de Navarra. Propuesto el candidato, la Mesa del Parlamento de Navarra debe convocar, en término no inferior a quince días, el Pleno del Parlamento de Navarra para proceder a la elección. Para ser designado Defensor del Pueblo de Navarra, se requiere obtener el voto favorable de las tres quintas partes de los miembros del Parlamento de Navarra (treinta de cincuenta parlamentarios forales). Si no se alcanza la mayoría indicada, la Comisión de Régimen Foral ha de reunirse en el plazo máximo de un mes para formular una nueva propuesta.

Conseguida la mayoría de tres quintos, el candidato queda designado Defensor del Pueblo de Navarra.

La mayoría necesaria para la elección del Defensor del Pueblo de Navarra ha sido el mayor punto de controversia y de modificaciones de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, reguladora de la institución. La redacción originaria del artículo 2 de la Ley 4/2000, de 3 de julio, estableció que la elección del Defensor del Pueblo de Navarra requeriría el voto favorable de las tres quintas partes de los miembros del Pleno del Parlamento de Navarra (30 parlamentarios forales de los 50 que lo componen).

Posteriormente, la Ley Foral 3/2005, de 7 de marzo, modificó esta redacción y rebajó la mayoría especial requerida para la elección a la mayoría absoluta de los miembros del Pleno (26 parlamentarios forales de los 50) en la primera votación; si ningún candidato alcanzaba esta mayoría, se preveía la realización de una segunda votación, en la que serían candidatos los dos que anteriormente hubieran obtenido mayor número de votos, resolviéndose la elección a favor del candidato que obtuviese mayor número de votos (si solo había un único candidato, en segunda votación se resolvía por mayoría simple).

La Ley Foral 3/2008, de 21 de febrero, modificó de nuevo la redacción del artículo 2, para recuperar la redacción original y con ello el requisito de la mayoría favorable al candidato de las tres quintas partes de los miembros del Pleno del Parlamento de Navarra (30 parlamentarios forales de los 50).

El Presidente del Parlamento de Navarra acredita con su firma el nombramiento del Defensor del Pueblo de Navarra, que ha de publicarse en el Boletín Oficial de Navarra.

El Defensor del Pueblo de Navarra debe tomar posesión de su cargo ante la Mesa del Parlamento, prestando juramento o promesa de respetar el régimen foral de Navarra, acatar la Constitución Española y las leyes, así como de desempeñar fielmente su función.

5. Autonomía, prerrogativas e incompatibilidades

El Defensor del Pueblo de Navarra se concibe como un órgano parlamentario, pero ello no obsta para que actúe autónomamente, con objetividad e imparcial, en su función de protección y defensa de los derechos de los ciudadanos.

La Ley que lo regula declara que no está sujeto a mandato imperativo alguno, no recibe instrucciones de ninguna autoridad y desempeña sus funciones con autonomía y según su criterio. Su autonomía funcional y su libertad de criterio se aseguran también con la autonomía orgánica, pues nombra a su personal asesor y de confianza y propone a su Adjunto, y con la autonomía presupuestaria, pues elabora su anteproyecto de presupuestos y lo somete a la aprobación del Parlamento de Navarra.

Goza del sistema de garantías de inviolabilidad e inmunidad y dispone del aforamiento establecido con carácter general en la legislación vigente para las instituciones autonómicas equivalentes al Defensor del Pueblo y, en concreto, las correspondientes a los miembros del Parlamento de Navarra, de acuerdo con la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

De este modo, goza, aún después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas y por las resoluciones emitidas en el ejercicio de su cargo. No puede ser retenido ni detenido durante el período de su mandato por los actos delictivos cometidos en el ámbito territorial de Navarra, sino en caso de flagrante delito (inmunidad).

La decisión sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio corresponde en todo caso al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (aforamiento). Fuera del ámbito territorial de Navarra, la responsabilidad penal es exigible, en los mismos términos, ante la correspondiente Sala del Tribunal Supremo.

La correspondencia y las comunicaciones por cualquier medio que se produzcan entre cualesquiera personas y el Defensor del Pueblo de Navarra, o su Adjunto o asesores o colaboradores, no pueden ser objeto de control, escucha, censura o interferencia alguna. Este supuesto incluye las comunicaciones remitidas desde cualquier centro de detención, custodia o internamiento de personas.

6. Incompatibilidades

Para asegurar su independencia y objetividad, la condición de Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra es incompatible con:

  1. Todo mandato representativo de elección popular.

  2. Cualquier cargo político de libre designación.

  3. Con la afiliación a un partido político, sindicato u organización patronal.

  4. Con el desempeño de funciones directivas en una asociación o fundación.

  5. Con la permanencia en el servicio activo en cualquier Administración pública.

  6. Con el ejercicio de las carreras judicial o fiscal.

  7. Con el ejercicio de cualquier actividad profesional, liberal, mercantil o laboral.

No puede tampoco realizar actividad alguna de propaganda política, por lo que debe mantenerse neutral en sus manifestaciones de carácter político.

Corresponde a la Comisión de Régimen Foral del Parlamento de Navarra dictaminar, por mayoría de tres quintas partes de sus votos, cualquier estado de duda o controversia sobre las situaciones de incompatibilidad que puedan afectar al Defensor del Pueblo de Navarra. Su dictamen se eleva al Pleno del Parlamento de Navarra, para que adopte la decisión que corresponda.

7. Cese

El Defensor del Pueblo de Navarra cesa por alguna de las siguientes causas:

  1. Por renuncia expresa, que debe comunicar a la Mesa del Parlamento de Navarra.

  2. Por expiración del plazo para el que fue designado.

  3. Por fallecimiento o incapacidad sobrevenida.

  4. Por destitución por el Parlamento de Navarra, a consecuencia de actuar con notoria negligencia en el desempeño de su cargo.

  5. Por haber sido condenado por delito doloso mediante sentencia firme.

  6. Por incompatibilidad sobrevenida.

  7. Por pérdida de la condición política de navarro o del pleno disfrute de los derechos civiles o políticos.

La vacante en el cargo se declara por el Presidente del Parlamento de Navarra, en los casos de fallecimiento, renuncia y expiración del plazo de mandato. En los demás casos, se debe decidir por mayoría de tres quintas partes de los Parlamentarios, mediante debate y previa audiencia del interesado.

Vacante el cargo, se ha de iniciar el procedimiento para nombrar nuevo Defensor del Pueblo de Navarra en un plazo no superior a un mes.

En los casos de cese o incapacidad temporal del Defensor del Pueblo de Navarra, y en tanto, en su caso, el Parlamento de Navarra no proceda a una nueva designación, desempeña sus funciones interinamente el Adjunto al Defensor del Pueblo de Navarra. Si no hubiera Adjunto, pero sí Defensor del Pueblo de Navarra, continúa este sus funciones interinamente hasta que se proceda a la nueva designación.
  1   2

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

Elección, nombramiento y toma de posesión iconDiscurso toma de posesión

Elección, nombramiento y toma de posesión iconEleccióN y nombramiento de oficiales

Elección, nombramiento y toma de posesión iconRafael correa toma de posesion presidencial de la republica del ecuador...

Elección, nombramiento y toma de posesión iconDiscurso del Lic. Danio Medina durante el Acto de toma de posesión...

Elección, nombramiento y toma de posesión iconEs el vínculo jurídico laboral que se crea cuando un particular pasa...

Elección, nombramiento y toma de posesión icon1 Toma posesión como Jefe Político y de las Armas del Distrito Norte...

Elección, nombramiento y toma de posesión iconResolucion comunal de nombramiento nº 02-2013

Elección, nombramiento y toma de posesión iconNombramiento del secretario general de la casa de gobierno

Elección, nombramiento y toma de posesión iconDefensa contra el nombramiento y remoción de depositario-interventor

Elección, nombramiento y toma de posesión iconResumen Las Madres Solteras por Elección (mspe) que han concebido...






© 2015
contactos
ley.exam-10.com