De la votación de ayer en el Parlament que hoy merece gruesos titulares en la prensa de Madrid. El parlamento catalán abre una vía sin salida hacia la consulta. Los soberanistas piden poderes para el referéndum a sabiendas de que el Congreso los denegará






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EL JUEZ CASTRO HACE CASO AL FISCAL: LLAMA A DECLARAR A LOS PERITOS QUE EXCULPARON A LA INFANTA (LA RAZON)

El cuerpo a cuerpo dialéctico entre el juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach por la imputación de la Infanta Cristina no tuvo ayer la continuidad esperada por parte del magistrado después de que, horas antes, el segundo le acusase de urdir una «teoría conspiratoria» para justificar «la existencia de indicios delictivos» que sustenten esa imputación. Muchos daban por segura una respuesta contundente del instructor del «caso Nóos», pero Castro prefirió no devolver el golpe, o quizá reservarse para mejor ocasión.

El magistrado prefirió acordar en una providencia las citaciones que le pidió el día anterior Horrach, pero evitando deslizar en ese folio y medio cualquier reproche al fiscal que siga alimentando los detalles de ese desencuentro que, seguramente, no sea tan virulento, en el terreno personal, como algunos pretenden.

En un tono absolutamente aséptico, el juez ahorra valoraciones sobre la pertinencia de las comparecencias, «accediendo a lo interesado» punto por punto, citando a declarar antes de que lo haga la Infanta –como reclamaba Horrach– a los tres inspectores de la Agencia Tributaria que en sus informes descartaron que la Infanta Cristina haya cometido delito fiscal.

Así, el magistrado cita a declarar como peritos el próximo sábado a las 09:30 horas a los dos inspectores de Hacienda responsables del análisis de la actividad económica de la Infanta Cristina a través de Aizoon y, una hora después, a otra inspectora quien, en su caso, prestará su testimonio como testigo. (VOLVER)

EROSKI PIDE A LOS BANCOS UNA QUITA DEL 50% PARA SALVARSE (EL ECONOMISTA)

Apenas un año después de refinanciar sus 2.500 millones de deuda, la situación financiera de Eroski vuelve a ser otra vez crítica. La compañía ha comunicado a los bancos que no puede hacer frente a los 37 millones de euros que debe pagar el próximo 31 de enero, solicitando además, en el marco de un nuevo proceso de renegociación, una quita de hasta el 50%, lo que en números reales supone pedir que le exoneren del abono de unos 1.250 millones de euros.

Fuentes de la banca consultadas han confirmado esta petición, aunque insisten en que "el rechazo ha sido tajante, por lo que habrá que seguir negociando". La situación de Eroski se ha ido deteriorando, especialmente, desde el pasado mes octubre, tras la caída de la otra gran empresa de la Corporación Mondragón, el fabricante de electrodomésticos Fagor.

Tras la presentación del concurso de acreedores por parte de esta última compañía el pasado 28 de noviembre, como paso previo a su liquidación, los principales acreedores de Eroski -Banco Santander, BBVA y La Caixa suman casi 1.500 millones de euros- exigieron inmediatamente a la empresa que acometiera un severo plan de desinversiones y aplicara una quita de la deuda que mantiene con los inversores en sus preferentes, tal y como adelantó elEconomista el pasado 15 de noviembre.

El objetivo era garantizarse que cumplía con todos los compromisos de rentabilidad pactados en el contrato de refinanciación (los denominados covenants). Eroski admitió ayer que, en el marco de la refinanciación, ha solicitado el aplazamiento del pago pendiente a final de mes, pero niega, en cambio, la petición de una quita.

La principal baza negociadora de Eroski ante las entidades financieras son las Aportaciones Financieras Subordinadas (AFS), que se comercializaron entre 2002 y 2007 y que ascienden en conjunto a 660 millones de euros.

Las AFS se distribuyeron entre pequeños ahorradores, que están acudiendo ahora los tribunales en contra de los bancos comercializadores al considerar que no se les informó correctamente de los riesgos de los productos que adquirieron.

El problema es que hasta ahora todas las sentencias conocidas les han dado la razón -la semana que viene hay una nueva vista en los juzgados de Bilbao de la primera demanda colectiva contra BBVA y Eroski- y han obligado a las entidades financieras a revertirles los fondos, por lo que a la banca le interesa que se encuentre una solución.

En este contexto, el grupo cooperativo comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un acuerdo de intenciones "con determinadas entidades financieras" para proponer a los titulares de sus Aportaciones Financieras Subordinadas (AFS) compensarles en efectivo por sólo el 15 por ciento del valor nominal y hacer un canje del 55 por ciento por bonos a un plazo de 12 años y con una remuneración anual de 300 puntos básicos sobre el euribor (12 meses).

La compañía de distribución vasca no lo dice pero esto implica, lógicamente, una quita sobre el 30 por ciento restante. El acuerdo está condicionado, no obstante, al proceso de renegociación del crédito sindicado, a que sea autorizado por la CNMV y a su ratificación por parte de la asamblea general de Eroski, que en principio se celebrará en el mes de mayo.

La aceptación de este canje no obliga a devolver los intereses cobrados por los ahorradores en el pasado (como si está ocurriendo en las sentencias judiciales). Asimismo, y a pesar de no poder pagar a la banca, Eroski sí que asegura en una nota que el 31 de enero pagará el cupón de las AFS correspondiente al ejercicio 2013, cuya cifra supera los 20 millones de euros.

En una primera valoración dos de las asociaciones de afectados por estas aportaciones, Adicae y Kaltetuak, han rechazado la oferta de Eroski "por la fuerte quita que implica, la pérdida patrimonial y por la inseguridad que supone el canje de otro 55% en bonos a 12 años de una compañía que se encuentra en una situación financiera tan delicada". La hoja de ruta supone de la empresa que preside Agustín Markaide supone desprenderse, además, de hasta 434 tiendas, un tercio de toda su red, que se eleva, de acuerdo con los últimos datos disponibles a 1.583 establecimientos, incluyendo hipermercados y supermercados.

Las autonomías más afectadas por este plan de reestructuración son Madrid, donde pese a la venta de siete hipermercados a Leclerc en 2011, Eroski sigue teniendo todavía 116 tiendas; Andalucía, donde hay 88 locales; Aragón, con 74 o Castilla y León, con 64.

La empresa ha admitido ya que "las comunidades prioritarias y en las que nos vamos a enfocar son Baleares, Cataluña, Navarra, Galicia y País Vasco". En todos los demás casos, se revisará la rentabilidad de cada una de las tiendas y se llevará a cabo un plan de saneamiento. (VOLVER)
EROSKI HACE UNA QUITA DEL 30% A 30.000 AHORRADORES (EXPANSION)

El precedente de Fagor hacía presagiar un destino complicado para los inversores de Eroski, otra cooperativa del Grupo Mondragón. Ambas compañías colocaron entre ahorradores, principalmente empleados, Aportaciones Financieras Subordinadas (AFES), títulos que en la práctica se comportan de forma parecida a las preferentes.

Eroski y el Gobierno Vasco anunciaron ayer que la compañía han llegado a un acuerdo con los bancos para ofrecer una salida a sus 30.000 inversores, que compraron dos emisiones, realizadas en 2002 y 2007, respectivamente, por importe conjunto de 660 millones.

Por un lado, canjeará estos títulos por un nuevo bono subordinado con un vencimiento a 12 años, cuyo valor será del 55% del importe adquirido. Este bono ofrecerá una remuneración anual de 300 puntos básicos sobre el euribor. A esto se añade una compensación en efectivo del 15% del nominal de las AFES. Es decir, a cambio de asumir una quita del 30%, los inversores reciben un bono que ya no es perpetuo y algo del liquidez.

La solución que se ha propuesto es una condición fijada por sus 20 bancos acreedores, con Santander y BBVA a la cabeza, para que acepten refinanciar más de 2.500 millones de deuda de la empresa en un plazo de hasta nueve meses. Además, se incluye un posible plan de desiversiones para hacerla viable.

Por tanto, poca alternativa le queda al inversor, aunque puede aceptar la oferta o no de forma voluntaria. En estos momentos, estos títulos cotizaban en el mercado SEND, creado por BME para las emisiones vendidas entre minoristas, con descuentos cercanos al 70%. Por tanto, si un inversor hubiera vendido los títulos en el mercado secundario hubiera registrado fuertes pérdidas.

Otra cuestión es plantearse la pregunta, como se ha hecho en tantas ocasiones con las preferentes, de si se vendieron estos títulos como se debía, es decir, como un producto de alto riesgo o como una alternativa de ahorro similar a un depósito. Al final, los que colocaron estas AFES son los mismos que los que vendieron las preferentes: las entidades financieras, muchas de ellas a su vez grandes acreedores de Eroski (ver cuadro).

Santander, BBVA, Caja Madrid (ahora Bankia), La Caixa, Caja Laboral y Caja Vital (ahora Kutxabank) comercializaron la primera de esas emisiones, por importe de 360 millones el 17 de julio de 2002. Hasta este miércoles (ayer la CNMV suspendió la cotización hasta hoy), se estaban cruzando operaciones. El último precio que marcó era del 38% sobre el valor nominal. En estos momentos, daban un interés (referenciado al euribor) del 3,619%.

La segunda emisión es más reciente, de 9 de julio de 2007, y fue comercializada por BBVA, Sabadell, Banco de Vasconia, La Caixa, BBK, kutxa y Vital (KutxaBank) y Caja Laboral. Se vendieron 300 millones y daban ahora el 3,119%. El último precio era del 32,4%.

Ambos folletos de emisión incluyen que “el 100% del importe total (inicial o ampliado) de la presente Emisión se ofrece con carácter preferente a los Socios y a los Trabajadores Asalariados (fijos o temporales) de Eroski, S.Coop.”. En total, según cálculos de Adicae, son unos 30.000 afectados, que se suman a las 10.000 de Fagor (otras dos emisiones de 185 millones). Estos últimos tienen pocas alternativas, puesto que la empresa ha entrado en concurso. (VOLVER)
EL CONSTITUCIONAL SUSPENDE A PETICIÓN DE RAJOY LA SEGUNDA NORMA ANDALUZA ANTIDESAHUCIOS (EL PAIS)

Al igual que hizo con el decreto andaluz para luchar contra los desahucios, el pleno del Tribunal Constitucional suspendió ayer la aplicación de la ley aprobada por el Parlamento de Andalucía (en sustitución del decreto con el mismo objetivo) que también permitía la expropiación temporal del uso de las viviendas cuando estas estaban ocupadas por familias que iban a ser desahuciadas. El principal argumento del recurso es que Andalucía invade competencias exclusivas del Gobierno.

Tal como pidió el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el tribunal paralizó la vigencia de los artículos relativos a la expropiación y a las sanciones por tener viviendas vacías. De esta manera, su aplicación queda en suspenso, en principio, durante cinco meses. Antes de ese plazo, el tribunal podrá prorrogar la suspensión, levantarla o decidir sobre el fondo del asunto. La suspensión se decreta, de forma automática, si así lo solicita el presidente del Gobierno.

La Junta ya anunció ayer, nada más conocer la decisión del Constitucional, que está preparando un escrito para que no se agote el plazo de cinco meses y se levante la suspensión cautelar de los artículos recurridos. En cualquier caso, el Constitucional ha dado traslado al Congreso, al Senado, al Gobierno y al Parlamento de Andalucía para que, en un plazo de 15 días, se personen y presenten alegaciones.

Desde abril, alrededor de 200 familias han solicitado acogerse a las medidas. La Junta ha abierto 39 expedientes de expropiación, pero solo ha tenido tiempo de culminar dos. Otros cinco expedientes se han quedado a las puertas, pendientes solo de recibir el visto bueno del Consejo de Gobierno andaluz para llevar a cabo la expropiación.

La Consejería de Fomento y Vivienda da por hecho que la suspensión no tiene efecto retroactivo, por lo que entiende que no pone en riesgo de desahucio a las dos familias que ya han conseguido hacer valer la ley. Fuentes del departamento que dirige Elena Cortés (IU) consideran también “altamente improbable” que las otras 37 familias que han pedido acogerse a la ley y sobre las que ya se ha abierto expediente sean desahuciadas en los cinco meses de plazo que tiene el Constitucional para decidir si levanta o no la suspensión cautelar.

Los jueces, según sostienen estas fuentes, no van a arriesgarse a ejecutar un desahucio aprovechando una paralización que, de momento, solo es temporal.  (VOLVER)
MUNAR OFRECE DEVOLVER PARTE DEL DINERO A CAMBIO DE QUE LE REDUZCAN LA PENA DE CÁRCEL (EL MUNDO)

Tras seis meses en prisión, María Antonio Munar, está abierta a un pacto con la Fiscalía Anticorrupción que le permita lograr beneficios carcelarios en los casos que todavía tiene abiertos. La histórica líder de UM, con una condena firme de cinco años y medio y otra pendiente de resolución del Supremo por seis años, se plantea un giro en su estrategia.

Y es que además de las citadas condenas, la ex presidenta de Unió Mallorquina está imputada en los casos Son Oms y Can Domenge.

Si hasta hace poco ha intentado defenderse negando todas las acusaciones mientras sus subordinados la involucraban en los casos Maquillaje y Can Domenge, ahora ha autorizado a su defensa a que tantee la posibilidad de alcanzar un pacto con la Fiscalía. Este acercamiento al Ministerio Público se produce de forma conjunta con los letrados de Miquel Nadal, el que fuera su delfín y también en la cárcel, y Miguel Àngel Flaquer ex conseller de Hacienda y ex presidente del partido balear.

Las defensas de la cúpula de UM han celebrado al menos dos reuniones con representantes de la Fiscalía Anticorrupción de Baleares para hablar de ese posible acuerdo marco. Ambas reuniones se han celebrado fuera de Palma para garantizar la máxima discreción en la búsqueda de ese acuerdo global que incluye, junto a la confesión, la devolución de una cantidad de dinero que por el momento se cifra en torno a los 5 millones de euros. Es decir, los políticos reconocerían sus delitos en los casos de corrupción que todavía están siendo investigados y resarcirían a las arcas públicas por ellos.

Ahora bien, ambos puntos son más que complicados. Primero, porque en algunos procesos de UM ya hay otros arrepentidos. Es el caso del cohecho de Can Domenge, confesado por Bartomeu Vicens, ex conseller de Territorio, una delación refrendada por Miquel Nadal y el propio pagador, el empresario inmobiliario catalán Román Sanahuja. Por eso, la Fiscalía exige nuevas confesiones. Es decir, que se admitan delitos en casos como Son Oms -algo a lo que ya se ha comprometido Bartomeu Vicens- y en el caso que indaga la financiación ilegal de UM.

En el segundo punto, el del dinero, también hay condiciones. La Fiscalía exige una devolución de no menos de 5 millones de euros. Esta cifra incluiría el soborno de Can Domenge: 4 millones, la cantidad ya confesada por Vicens, exconseller de Territorio. Ahora bien, las revelaciones de Son Oms, donde se investigan también comisiones millonarias, que rondan el 15% de los solares recalificados en el polígono palmesano, aumentarían la cantidad exigida.

Los políticos -Nadal y Munar ingresaron en la cárcel en verano del año pasado- buscan lograr un acuerdo que les permita conocer cuanto antes el total de años de prisión a los que tendrán que hacer frente, dado que a sus condenas actuales habría que sumar los asuntos en proceso de investigación en caso de que la Justicia les considerase culpables. Munar, con cinco años en firme por el caso Maquillaje y otros seis todavía pendientes de revisión en el Tribunal Supremo por Can Domenge, está imputada en la pieza del cohecho de este último caso, así como en Son Oms -donde el juez la ha citado a declarar el próximo miércoles 22- y en el asunto que desde el Juzgado de Instrucción número 6 investiga la presunta financiación ilegal del partido mediante comisiones.

En esta última investigación, los políticos se enfrentan a delitos como el blanqueo de capitales y la asociación ilícita.

Nadal suma dos condenas firmes: dos años y siete meses por Maquillaje y cuatro años más por el caso Voltor. Tiene pendientes del Supremo por el amaño en la venta de Can Domenge cuatro años más. Como Munar, está imputado en el cohecho de este último caso, así como en varios sumarios más. (VOLVER)
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