En la ciudad de La Plata, a tres días del mes de noviembre del año dos mil catorce, a las 30 horas, se reúnen en acuerdo ordinario los Señores Jueces de la






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7) Cantidad y capacitación del personal de los dispositivos de detención:

La especialidad de la materia juvenil así como la calidad de personas en plena evolución como lo son los niños y niñas en conflicto con la ley penal, exigen una capacitación específica en los operadores y agentes del sistema de responsabilidad penal juvenil, y de los funcionarios y empleados que cumplen funciones en los establecimientos de detención. Cuando la Convención sobre los Derechos del Niño exige el trato humano y digno de los niños privados de su libertad “de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad” (art. 37.c), impone al Estado la capacitación profesional del personal destinado a los dispositivos de detención para la aplicación “de políticas y prácticas especiales a favor de los menores” (Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 10 (2007), párr. 85).

Categóricamente, las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, establecen que “el personal deberá recibir una formación que le permita desempeñar eficazmente sus funciones, en particular la capacitación en sicología infantil, protección de la infancia y criterios y normas internacionales de derechos humanos y derechos del niño, incluidas las presentes Reglas. El personal deberá mantener y perfeccionar sus conocimientos y capacidad profesional asistiendo a cursos de formación en el servicio que se organizarán a intervalos apropiados durante toda su carrera” (regla 85).

De la información recolectada por este Tribunal, se destaca el régimen de progresividad en los términos de la ley 24.660 instaurado en el Centro Cerrado de Jóvenes “Virrey del Pino”, el que a pesar de su novedad y beneficios, se ve obstaculizado por la carencia de personal suficiente para desarrollarlo.

En la misma línea, se denunció falta de personal con capacitación específica en el Centro Cerrado de Mar del Plata, según resulta de las actas de visitas institucionales del Comité de Permanente de Seguimiento de esa jurisdicción judicial, que durante el plazo 2011-2012. Sólo se exigió para el ingreso de los agentes, estudios secundarios completos. De igual modo sucedió con el Centro de Recepción de Mar del Plata, donde los empleados del lugar mencionaron que no se les exigió más que el titulo de estudios secundarios para ser operador de minoridad y que recibieron “algún curso de capacitación” luego de la clausura del Centro.

Las Defensorías Generales de Bahía Blanca, San Martín y Mar del Plata denunciaron la falta de personal capacitado en el Instituto “Valentín Vergara, en el Centro de Recepción de Pablo Nogués y en el Centro de Contención de Batán, respectivamente. La Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Azul, Dra. Mariana Irianni, dio cuenta en sus visitas institucionales de que el personal del Centro de Contención de Tandil es insuficiente.

Con relación al personal de los dispositivos de detención dependientes de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, este organismo provincial de rango ministerial, informó en su memorial –v. fs. 312/313- que el mismo reúne las condiciones exigidas por la ley 10.430 de Empleo Público Provincial, y seleccionado y capacitado a través de la Dirección de Educación y Capacitación de esa Secretaría. También recibieron cursos del Instituto Provincial de la Administración Pública y cumplen sus tareas siguiendo las normas establecidas por la Resolución Nº 370 del 12 de julio de 2012 del Ministerio de Desarrollo Social de “Adecuación de los regímenes de convivencia y normativos de las instituciones cerradas”.

Durante el desarrollo de la audiencia llevada a cabo de conformidad con el art. 412 del Código Procesal Penal bonaerense, el Subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil, Dr. Carlos M. Corrales, puso de manifiesto que en virtud de las jubilaciones de parte del personal de esa Secretaría, se va a producir un recambio de suma importancia y un ingreso de agentes de niñez con mayor capacitación. Así, en el memorial también se da cuenta de la gestión que se está desarrollando para la asignación de cien nuevos cargos, y se justifica en “el desgaste prematuro” de la función, que los agentes de niñez sean más proclives a las licencias médicas, por estrés laboral, ausentismos y otras situaciones que obstaculizan los programas desarrollados en los distintos centros (fs. 313/314).

Se videncia de lo reseñado un déficit en la preparación e idoneidad de parte de los operadores de niñez, lo cual permite afirmar una inobservancia de la citada regla 85 de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de las Personas Privadas de Libertad, además del quebrantamiento de la obligación estatal impuesta por el art. 10 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o degradantes, de informar y capacitar a funcionarios públicos encargados de la aplicación de la ley para hacer cesar prácticas de este tipo.

8) Financiamiento y mantenimiento económico de los establecimientos privativos de la libertad:

Ha sido un tópico subrayado en distintos informes relevados por esta Sala casatoria, la carencia de recursos económicos con los cuales hacer frente a los gastos necesarios para el funcionamiento de cada uno de los dispositivos de detención de niños y niñas en conflicto con la ley penal, así como los distintos programas que se desarrollan en los mismos.

En el Centro Cerrado “Leopoldo Lugones” de Azul, por ejemplo, el Juez de Garantías del Joven Dr. Cini, denunció carencia de fondos de la institución, y de la información suministrada por el Comité de Seguimiento Departamental durante el período 2012-2013, la falta de recursos propios –hacia mediados de 2013- puso en riesgo el pago de los proveedores del Centro de Recepción de Mar del Plata, por lo que se recurrió a donaciones para lograr proveer adecuadamente de todas las comidas diarias.

En el Centro de Contención de Mercedes, la Defensoría General de Mercedes informó una reducción de los fondos destinados a su funcionamiento, lo cual incidió principalmente en la alimentación de los jóvenes en la que se ha reducido la cantidad de carne. Del mismo modo, una reducción similar de recursos del Centro de Contención de Tandil, se vio reflejada en la cantidad y calidad de la alimentación.

Más allá de lo señalado, es correcta la observación de la Secretaría de Niñez y Adolescencia –v. f. 317- de que las denominadas “cajas chicas” son fondos destinados a cada uno de los establecimientos para hacerse cargo de gastos de urgencia, eventualidades o de menor cuantía (hasta $ 2.000), y que todos los gastos de funcionamiento y atención de la población juvenil se hace a través de fondos centralizados mediante licitaciones públicas o privadas.

Sin embargo, la realidad ha superado con creces las necesidades que deben afrontar los centros, debiendo en muchos casos afrontar insuficiencias tan básicas como la alimentación que, muchas veces, no logra cumplir con las exigencias de calidad y cantidad para el grupo de jóvenes internados.

Resulta primordial generar mecanismos de pagos de mayor rapidez y, de resultar imprescindible, aumentar los fondos destinados en los términos del art. 78 de la ley de Administración Financiera como “caja chica”.

8) Registro de niños y niñas detenidos y la creación del cargo de Jefe de Despacho en los contextos de encierro:

Durante la audiencia realizada de conformidad con el art. 412 del Código Procesal Penal, el accionante –Sr. Defensor Oficial del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de La Plata, Dr. Julián Axat della Croce- propuso que el recientemente creado Registro de Procesos del Niño, dependiente de la Procuración General ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, asiente el lugar de alojamiento de cada niño privado de libertad y sus variaciones.

También, el nombrado representante de la Defensa Pública bonaerense sugirió la creación y puesta en funcionamiento de la figura y cargo de Jefe de Despacho en los dispositivos dependientes de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, de manera similar a los que cumplen sus tareas en los establecimientos carcelarios del Servicio Penitenciario Bonaerense.

En ambos casos, se señaló la necesidad de acentuar la información sobre los niños, niñas y adolescentes en contexto de encierro, y del acceso a personal capacitado para ejercer sus derechos a ser oídos en el marco de los procesos que se les siguen (arts. 12 C.D.N. y 3 ley 13.634), y para resguardar el pleno ejercicio de sus derechos.

Ambas peticiones contaron con el beneplácito de todos los intervinientes en la audiencia, y nada hay que me lleve a pensar lo contrario.

Por ello, es menester recomendar a la Procuración General ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que se estime la posibilidad de llevar a cabo ambos pedidos.

IV.-

El art. 40.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño –y lo repite con algunas variantes que no cambian su sentido el art. 6 de la ley 13.634- establece “el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y que éste asuma una función constructiva en la sociedad”.

Las condiciones de detención de niñas, niños y adolescentes verificadas en centros de detención dependientes de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, y del Servicio Penitenciario Bonaerense, distan mucho de lo preceptuado por la normativa nacional e internacional en la materia, imponiendo a los jóvenes a situaciones de trato inhumano –detalladas supra- que este Tribunal no puede convalidar. Resulta, por ello, imprescindible que en la magna tarea que la Constitución delega a esta Judicatura, se acoja la acción constitucional de habeas corpus colectivo interpuesta por la Defensa Oficial del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil que dio origen a estos actuados.

Por lo expuesto, voto por la afirmativa.
A la misma segunda cuestión planteada, el señor Juez Dr. Piombo, dijo:

1.Mi adhesión al voto líder será en lo general, dejando constancia de mi acuerdo con la mayoría de los postulados que lo ilustran, pasando a revisar lo particularizado con relación a cada ítem.

2. A manera de síntesis previa, paso a trazar algunas coordenadas que marcan mi pensamiento tanto respecto de la contestación a esta cuestión como a las que siguen.

a) Yendo de las bases intelectuales a las conclusiones, advierto que el tema lo tenemos que resolver a la luz de nuestros bloques de constitucionalidad y de legalidad. Las declaraciones internacionales tendrán la fuerza de los tratados cuando sean aprobadas según el procedimiento propio, previsto en la Carta Magna Federal. La remisión que leyes o decretos hagan a su contenido no las convertirá “per se” en normas internacionales de jerarquía preferente a la de las leyes, sino en parte de la preceptiva que las incorporan. Es que nuestro Derecho federal ha previsto un modo de relacionarse con el Derecho internacional que originalmente impone filtrar todos sus contenidos en el marco de la intervención popular democrática propia del Poder Legislativo. Hoy en día se otorga supremacía al Derecho internacional, según lo señalado por nuestra Corte Suprema de Justicia; pero sólo en aquellos casos en que los preceptos se han convertido en costumbre internacional o resultan ser usos consagrados por la unánime práctica internacional. La punición de los crímenes contra la Humanidad es muestra patente de ello.

La formación de un “soft law”, esto es, el conjunto de anhelos cristalizado en declaraciones, proyectos y principios vertidos en el marco de conferencias internacionales, siguen siendo un conjunto de buenos propósitos, en la medida que no se convierta en “hard law” (acuerdos, convenios), aprobados y ratificados, o transformados en prácticas universalmente seguidas. O sea que no nos obligan directamente, aun cuando puedan servir de norte permanente para el accionar de las Autoridades administrativas o del Poder Judicial.

De manera que la enmarcación de reglas y comportamiento debe estar referido, por cierto que primariamente, al bloque de Constitucionalidad federal y provincial, formado el primero por el texto de la Carta Magna acompañado, en un grado inferior en la medida que no pueden alterar la parte dogmática, de los Convenios y Declaraciones referidas a Derechos Humanos ritualmente aprobados, operando, en una grada inferior el resto del Derecho convencional internacional. Y luego, recién luego, las declaraciones internacionales concernientes a la reglamentación y determinación de tales derechos en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes.

d) Así las cosas, y sentado el trámite excogitado por quien interpone la acción, igualmente por quienes las han mejorado y por aquellos que se presentan como partes informales coadyuvantes (“amicus curiae”), es el propio del hábeas corpus, debemos atenernos a su trámite, objetivos y efectos, sin que pueda sustituir a una acción de implantación apical, enmarcada por su excepcional importancia en la competencia originaria del más alto Tribunal provincial, como es la acción declarativa de inconstitucionalidad. Aunque esto vale centralmente para lo que el primer voto ataca más adelante, acoto esta cuestión por ser de primordial importancia. O sea que sin debate, en el marco de una acción sumarísima, ausente el contradictor adecuado, cabe abstenerse de declaraciones de inconstitucionalidad en un contexto en el cual se aspira a influir con generalidad en la condición de los jóvenes internados en los institutos de menores bonaerenses.

e) Para resolver una acción que se halla circunscripta a la determinación de la existencia de un desmejoramiento de las condiciones de detención, es preciso que en materia de niños, niñas y adolescentes, foro central resulta alzaprimar los derechos constitucionales a la educación y a resguardar la salud, con sus consectarios de integridad física y psíquica, resguardando a la persona de todo maltrato que no sea una sanción legalmente establecida.

Así las cosas, observo que las violaciones denunciadas y corroboradas por los informes que se han glosado a las actuaciones presentan un panorama de similares características a las que se hallan sometidas un grupo considerable de personas, mayores de edad, afectados por patologías mentales.

Empero, las personas menores de edad separados de la convivencia de su familia han determinado un plus cualitativo cuando se hallan en esa situación, y que es nada más y nada menos que la pauta con la que se ha de entender todas las políticas públicas a ellas destinadas, concretamente el interés superior de ese estamento social. El hecho de que el Estado Argentino se encuentre obligado mediante la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño ha traído como corolario la necesidad de revisar normas internas, instituciones y prácticas que dificultan u obstaculizan su aplicación. Posiblemente las prácticas institucionales e institucionalizadas configuren la cuestión más difícil de adecuar a los paradigmas que, como el explicitado, integran desde el pasado siglo (1989), el cartabón de obligaciones internacionalmente asumidas.

Ya en su informe del año 2002, el Comité recomendaba:

“…20. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 4 de la Convención, el Comité alienta al Estado Parte a que:

a) Revise las políticas económica y social y la asignación de recursos presupuestarios para que se atribuya el máximo de recursos disponibles a la promoción y protección de los derechos del niño en los ámbitos nacional, provincial y municipal, especialmente en las esferas de la salud, la educación, el bienestar social y la seguridad, tal como se recomendó anteriormente (ibíd.,párr. 16);

b) Determine la cantidad y la proporción de recursos que se dedican a los niños en los planos nacional y local para evaluar los efectos de los gastos realizados en la esfera de la infancia….”.



“…28. El Comité recomienda al Estado Parte que:

a) Integre adecuadamente los principios generales de la Convención, enunciados en los artículos 2, 3, 6 y 12, en todas las leyes que atañan a los niños;

b) Aplique esos principios en todas las decisiones políticas, judiciales y administrativas, así como en los proyectos, programas y servicios, que afecten a los niños;
c) Aplique esos principios al planificar y formular políticas en todos los niveles, así como en las medidas que adopten las instituciones de bienestar social, salud y educación, los tribunales y las autoridades administrativas

no discriminación…”

A su vez, al efectuar las observaciones al Estado argentino, en el año 2010, el Comité recomendó:

“…22. … al Estado parte que, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Convención, adopte todas las medidas apropiadas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para garantizar que se asignen recursos presupuestarios suficientes a los servicios destinados a los niños y que se preste especial atención a la protección de los derechos de los niños de los grupos y provincias desfavorecidos, especialmente los niños indígenas y los niños que viven en la pobreza. En particular, y conforme a las recomendaciones del Comité resultantes de su día de debate general sobre "Recursos para los derechos del niño – Responsabilidad de los Estados", el Comité alienta al Estado parte a:

a) Seguir aumentando el nivel de la inversión social manteniendo a la vez su sostenibilidad;

b) Proteger el presupuesto para la infancia y el presupuesto social contra cualquier perturbación externa o interna, como las situaciones de crisis económica, los desastres naturales u otras situaciones de emergencia, a fin de mantener la sostenibilidad de las inversiones…”

.

“…Difusión, capacitación y sensibilización

25. Si bien celebra los esfuerzos del Estado parte para difundir la Convención, preocupa al Comité el poco conocimiento de la Convención y de sus protocolos facultativos que se tiene en muchas provincias. También le preocupa que la Convención y sus protocolos facultativos aún no se hayan traducido a los idiomas de las poblaciones indígenas. Lamenta asimismo la falta de conocimiento de la Convención entre los cuadros técnicos y profesionales que trabajan con niños, pero destaca que muchas universidades han empezado a incorporar los derechos del niño en sus programas.

26. El Comité recomienda al Estado parte que incremente sus esfuerzos para lograr que se conozcan mejor la Convención, los protocolos facultativos y la legislación nacional sobre la protección integral del niño, incluso traduciéndolos a los idiomas de las poblaciones indígenas. También recomienda que se intensifique la capacitación adecuada y sistemática de todos los grupos profesionales que trabajan para niños o con ellos, como los maestros, los trabajadores de la salud, los asistentes sociales, el personal de las instituciones dedicadas al cuidado de niños y los agentes del orden. A este respecto, el Comité recomienda que se incluya la enseñanza de los derechos humanos en los planes de estudio oficiales de todos los niveles de educación y

en las actividades de capacitación…”.



5. El Comité insta enfáticamente al Estado parte a reformar el sistema de justicia juvenil para adaptarlo a la Convención, pero le recomienda que prosiga e intensifique sus esfuerzos para que el principio general del interés superior del niño se incorpore debidamente en todas las disposiciones legales, así como en las decisiones judiciales y administrativas y en todos los programas, servicios y políticas que afecten a los niños.

El Comité también insta al Estado parte a abstenerse de utilizar el principio del interés superior del niño al decidir de la privación de libertad supuestamente como medio para "proteger" a los niños, en vez de incrementar las garantías de los derechos del niño…”.

Pasando a otro andarivel, procurando de consuno un mejor cumplimiento de lo que aquí se resuelve, mociono la producción de experticias contables por la Asesoría Pericial de Tribunales que determinen, establecimiento por establecimiento donde se alojan niños y menores con causas penales, teniendo sólo en cuenta las necesidades mínimas para mantener en funcionamiento cada uno de ellos, ameritando las prestaciones básicas que deben suministrar (alojamiento, alimentación, servicios básicos de gas, electricidad y agua corriente, educación primaria y secundaria y recreación, qué monto mínimo dinerario mensual sería indispensable para mantener su normal funcionamiento; cantidad que actualizada por los índices inflacionarios, siempre dará idea, al contrastarla con la efectivamente gastada por el Ejecutivo, si presupuestariamente coloca en condiciones de cumplir con sus objetivos al establecimiento de que se trata. Previamente, se procederá a un procedimiento de desagregación presupuestaria para ubicar concretamente el cometido del perito el cual también verificará en las rendiciones de cuentas si, en los grandes rubros, el dinero se ha gastado en los ítems consignados.

Por último, y en relación a la creación de nuevas funciones de control en el seno de los establecimientos que alojan a niños, niñas y adolescentes con el cargo de “Jefes de Despacho” bajo la órbita del Ministerio Público provincial, estimo que son suficientes para ello las visitas e inspecciones de los magistrados del fuero penal juvenil, así como de los defensores allí destacados, sin necesidad de tener que crear un apéndice burocrático más para la supervisión de lo que ocurre en dichos institutos. Con esto, me aparto del voto del Dr. Sal Llargués.

Voto parcialmente por la afirmativa.
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