En la ciudad de La Plata, a tres días del mes de noviembre del año dos mil catorce, a las 30 horas, se reúnen en acuerdo ordinario los Señores Jueces de la






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Por el cariz de las denuncias, debe resaltarse que los Sres. Jueces del Departamento Judicial de Azul, Dra. Mariana H. Irianni y Dr. Damián Pedro Cini, entre los meses de agosto y diciembre de 2013, mencionan que el Centro Cerrado “Leopoldo Lugones” ha disminuido su capacidad real debido a un incendio y fuga de jóvenes, con destrucción de cinco celdas del pabellón B, y que en las celdas y pabellones habilitados así como en los sanitarios se observó un gran deterioro general, faltante de revoque, pintura, mostrando vestigios del incendio ocurrido. Los ámbitos destinados a la recreación –según los Magistrados- muestran iguales deterioros.

En el Centro Cerrado de Jóvenes “Virrey del Pino”, visitado por funcionarios de la Presidencia de este Tribunal de Casación, se observó que el grupo electrógeno no funcionaba y que el establecimiento no posee gas natural, por lo cual recibe un suministro de gas licuado que en época invernal es usual que no se pueda reponer rápidamente, por lo que suelen pasar días sin el mismo. También se comprobaron falencias en el Centro Cerrado para Adolescentes de Merlo, tales como la inactividad de una caldera, baldosas faltantes y rotas en las habitaciones, desperfectos en las instalaciones eléctricas y desagües. En el Centro Cerrado COPA, se comprobó la ausencia de luces de emergencia y déficit en materia de higiene. En relación al mismo, cabe consignar que tramitó un habeas corpus a favor de diecisiete (17) jóvenes allí alojados por la falta de agua caliente, que al momento de la interposición, databa de dos meses, debido a la rotura de la caldera.

En relación al Centro de Contención de Tandil, según lo informara a esta Sede la Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Azul, Dra. Mariana Irianni, su capacidad real fue reducida por cuanto una de la habitaciones fue destinada al economato “pues el mismo no solo tenía filtraciones y humedad sino ‘nidos de ratas’”, según surge del informe del Comité Departamental Azul, Expte.SDH Nº 64/10 agregado a estos autos, de febrero de 2013. En la oportunidad de concretarse esta visita, una sola habitación era destinada para que durmieran todos los niños y uno de ellos dormía en un colchón en el piso. Los colchones no eran ignífugos al momento de llevarse adelante la visita de control y se hallaban en muy mal estado.

Respecto de la Unidad n° 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense con asiento en la ciudad de La Plata, el Sr. Defensor del Fuero Penal Juvenil platense, Dr. Ricardo Berenguer, comprobó y denunció la ausencia de paneles de vidrio que amparen a los jóvenes del frío.

En el memorial de la Secretaría de Niñez y Adolescencia provincial (fs. 318/319), se informan trabajos de refacción y mantenimiento llevados a cabo en el Centros Cerrado de Lomas de Zamora –donde se requirió la conexión de gas natural-, Pablo Nogués, Malvinas Argentina, Eva Perón y Legarra, la refacción de la unidad sanitaria y de las habitaciones del Centro Cerrado de Mujeres de Merlo, de la cubierta superior del Centro Cerrado El Castillito, de la calefacción y calderas de los Centros COPA y Pellegrini. También se señala que se encuentra en funcionamiento el Centro Cerrado Carlos Ibarra, una moderna construcción recientemente inaugurada. Aún así, la situación deficitaria indicada aún no ha sido completamente solucionada, a pesar de los ingentes trabajos llevados a cabo desde ese organismo.

4) Condiciones de seguridad de los dispositivos de detención ante incendios:

A la gravedad constatada respecto de la situación edilicia, de mantenimiento e higiene, cabe apuntar que la grave situación de inseguridad ante un incendio como puede observarse de lo detallado. Recuerdo que en nuestro país, la falta de seguridad y capacitación del personal de los establecimientos carcelarios ante fenómenos ígneos, ha concluido en varios luctuosos sucesos, entre los que cabe mencionar –entre los tantos ocurridos en el territorio bonaerense- el sucedido el 5 de mayo de 1990 en la Unidad N° 1 “Lisandro Olmos” que costó la vida de treinta y cinco internos, o el incendio que ocasionó, el 15 de octubre de 2005, el fallecimiento de treinta dos detenidos de la Unidad N° 28 sita en la localidad de Magdalena.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo “Badín, Rubén y otros c/ Buenos Aires, Provincia de s/ Daños y perjuicios” (Fallos 318:2002), que traigo expresamente a colación por tratarse de una sentencia dictada en el marco de la causa iniciada contra el Estado provincial debido al mencionado incendio de la Unidad Penal N° 1 del Servicio Penitenciario Bonaerense, dijo: “… un principio constitucional impone que las cárceles tengan como propósito fundamental la seguridad y no el castigo de los reos detenidos en ellas, proscribiendo toda medida ‘que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija’ (art. 18 de la Constitución Nacional)… Aunque la realidad se empeña muchas veces en desmentirlo, cabe destacar que la cláusula tiene contenido operativo. Como tal impone al Estado, por intermedio de los servicios penitenciarios respectivos, la obligación y responsabilidad de dar a quienes están cumpliendo una condena o una detención preventiva la adecuada custodia que se manifiesta también en el respeto de sus vidas, salud e integridad física y moral”.

La seguridad, como deber primario del Estado, no sólo importa resguardar los derechos de los ciudadanos frente a la delincuencia sino también, como se desprende del citado art. 18, los de los propios penados, cuya readaptación social se constituye en un objetivo superior del sistema y al que no sirven formas desviadas del control penitenciario” (consid. 3°). Las palabras del Superior Tribunal de la Nación son plenamente aplicables a la situación en estudio.

El estado general de los establecimientos de alojamiento de niños y niñas privadas de su libertad en la Provincia de Buenos Aires es deficitaria, poniendo en crisis lo establecido por las Reglas de las Naciones Unidad para la Protección de los Menores Privados de Libertad al respecto: “… El diseño y estructura de los centros de detención para menores deberán ser tales que reduzcan al mínimo el riesgo de incendio y garanticen una evacuación segura de los locales. Deberá haber un sistema eficaz de alarma en los casos de incendio, así como procedimientos establecidos y ejercicios de alerta que garanticen la seguridad de los menores…” (regla 32). Sobre este último aspecto –advierto-, nada ha respondido la Secretaría de Niñez y Adolescencia en su memorial presentado con posterioridad a la realización de la audiencia del art. 412 del C.P.P.

En las visitas realizadas a los Centros Cerrado de Jóvenes “Virrey del Pino” y COPA, se observó que los matafuegos existentes tenían sus cargas vencidas. Igual deficiencia se advirtió en el Centro de Contención de Tandil, donde se adujo la falta de presupuesto para recargar los extintores. Respecto del Centro Cerrado para Adolescentes de Merlo, sólo se relevaron cinco extinguidores de incendio –en mayo de 2012 se comprobó que estaban con la carga vencida-, careciendo el lugar de bomberos, ni de sistema de prevención alguno o plan de evacuación. El edificio tampoco cuenta con la aprobación de las autoridades en este aspecto, como no surge de la información colectada que sí la posean otros establecimientos.

Otra faltante generalmente resaltada por los distintos informes merituados, es la de colchones ignífugos, lo que mejoraría la seguridad de los niños ante posibles incendios.

La deficiencia observada respecto de las condiciones de seguridad ígnea, la falta de personal capacitado, de planes de prevención y evacuación, así como la carencia de instrumentos idóneos y eficaces para hacer frente a un foco de incendio, pone de manifiesto una alarmante situación altamente peligrosa para los niños, niñas y adolescentes en contexto de encierro, e implican –al menos- una negligencia grave del Poder Ejecutivo provincial violatoria de los arts. 4.1 en función del 1.1 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cfme. “Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay”, párr. 179). Como tiene dicho el Más Alto Tribunal del Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos, “la condición de garante del Estado con respecto al derecho a la integridad personal le obliga a prevenir situaciones que pudieran conducir, por acción u omisión, a la afectación de aquél” (“Mendoza y otros vs. Argentina”, párr. 191).

Una vez más con palabras de la Corte nacional, que hago mías: “Si el Estado no puede garantizar la vida de los internos ni evitar las irregularidades que surgen de la causa de nada sirven las políticas preventivas del delito ni menos aún las que persiguen la reinserción social de los detenidos. Es más, indican una degradación funcional de sus obligaciones primarias que se constituye en el camino más seguro para su desintegración y para la malversación de los valores institucionales que dan soporte a una sociedad justa” (“Badín, Rubén y otros c/ Buenos Aires, Provincia de s/ Daños y perjuicios” cit., consid. 9°; en idéntica línea, S.C.J.B.A., C. 87.463, sent. 27/6/2012).

5) Alimentación.

El art. 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (arts. 31 y 75 inc. 22º C.N.) reconoce el derecho de toda persona “a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”, mientras que en el inciso 2 de la misma disposición, se reconoce “el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre”.

En la normativa especial, debe indicarse que el art. 24, inc. 2, aps. c) y e) de la Convención sobre los Derechos del Niño estatuye la obligación del Estado de asegurar alimentación de niños y niñas, como forma de preservar su desarrollo en condiciones dignas de vida. Esta obligación estatal supone, en los casos de jóvenes privados de su libertad, una obligación adicional debida a su “posición especial de garante”, lo que importa además la toma de medidas en tal sentido, orientadas por la calidad de sus destinatarios en pleno evolución y su interés superior (C.I.D.H., “Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay”, párr. 160) Las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, en esta senda, prescribe que “todos los centros de detención deben garantizar que todo menor disponga de una alimentación adecuadamente preparada y servida a las horas acostumbradas, en calidad y cantidad que satisfagan las normas de la dietética, la higiene y la salud y, en la medida de los posible, las exigencias religiosas y culturales. Todo menor deberá disponer en todo momento de agua limpia y potable” (regla 37).

Sobre el punto en tratamiento, en su memorial (v. f. 312), la Secretaría de Niñez y Adolescencia manifestó que la alimentación suministrada a los internos en los establecimientos de su ámbito, “ha sido objeto de consultas a profesionales especializados en la materia –nutricionistas-, respondiendo a las necesidades de desarrollo y crecimiento propias de la niñez, estableciéndose el menú especial en aquellos casos en que resulte necesario en virtud de las demandas de salud de los jóvenes”. En la actualidad, refieren seguidamente, la provisión de alimentos se encuentra en manos de empresas privadas contratadas por licitaciones públicas y privadas.

Empero, en la información recibida por este Tribunal, la atención alimentaria de los niños y niñas privadas de su libertad aparece deficitaria en varios de los dispositivos de esa Secretaría de Niñez y Adolescencia, y aún en el Servicio Penitenciario.

En el ya varias veces mencionado habeas corpus tramitado por ante el Juzgado de Responsabilidad Penal Nº 1 del Departamento Judicial de La Plata respecto de la situación del Centro Cerrado Almafuerte, durante el año 2012, se constató la deficiente alimentación recibida por los jóvenes allí alojados. También en los Centros Cerrados COPA y Gambier, la Defensa Oficial platense encontró problemas en la provisión alimenticia, pese a que el suministro del último se encuentra concesionado.

En el caso del Centro Cerrado “Leopoldo Lugones” de Azul, el Sr. Juez de Garantías del Joven Nº 1 departamental, Dr. Damián Pedro Cini, hacia el mes de agosto de 2013, relató la insuficiencia de los alimentos que recibían los niños, expresando algunos que “a veces se quedan con hambre”. En la visita al Centro de Recepción de Malvinas Argentinas, el 12 de setiembre de 2013, algunos de los jóvenes allí alojados manifestaron reclamos referentes a la calidad de la alimentación –Gastón y Alexis (15 y 16 años) dijeron que “a veces [les dan de comer] ñoquis todos crudos”-.

El Comité de Seguimiento Departamental durante el período 2012-2013, comunicó que en el Centro de Recepción de Mar del Plata, la alimentación era preparada por personal del lugar y por jóvenes internos (no por empresas contratadas al efecto), habiéndose puesto en riesgo a mediados del año 2013 por falta de pago a los proveedores, por lo que se recurrió a donaciones para lograr proveer adecuadamente de todas las comidas diarias. De manera similar, el Centro de Contención de Mercedes y el Centro de Contención de Tandil, durante el 2013 sufrieron una reducción de los fondos destinados a su funcionamiento que incidió principalmente en la alimentación de los jóvenes.

La situación informada respecto de estos tres centros de detención no se corresponde con lo expresado por la Secretaría de Niñez y Adolescencia sobre la tercerización en materia alimentaria. De lo contrario, la merma de los fondos que se reciben para el mantenimiento y funcionamiento no deberían reflejarse en una pérdida en la cantidad y calidad de los alimentos que se suministran diariamente a los niños.

Por último, y en la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense se relevaron problemas en la alimentación en la Unidad n° 18, donde el gramaje de comida para los jóvenes había descendido de trescientos ochenta gramos (380 gs.) a ciento ochenta gramos (180 gs.), según informaran representantes de la Defensa Pública platense.

Aún cuando es cierto que en algunos de los establecimientos no se constataron déficits alimentarios, en general, la situación dista de ser la ideal teniendo en consideración las consecuencias dañosas que psíquica y físicamente acarrea una alimentación deficiente.

6) Educación y actividades recreativas y culturales:

La educación de los niños y niñas, en nuestro país, posee jerarquía constitucional al reconocer el art. 14 de la Carta Magna federal el derecho de aprender, y al poner en manos del Congreso de la Nación en virtud del art. 75 inc. 19, el desarrollo de una política educativa con base en los valores democráticos y la no discriminación.

El art. 28.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 75 inc. 22º C.N.), también contempla el derecho del niño a la educación encaminada al desarrollo de “la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades” (art. 29.1.a) C.D.N.); a inculcar “el respeto de los derechos humanos” (art. 29.1.b) C.D.N.), de la familia y de la cultura propia y ajena (art. 29.1.c) C.D.N.) y del medio ambiente (art. 29.1.e) C.D.N.), y a “preparar al niño para asegurar una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los seos y amistades entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena” (art. 29.1.d) C.D.N.).

Esta obligación del Estado asumida respecto de todos lo niños, impone mayores recaudos respecto de quienes, por hallarse en conflicto con la ley penal, se hallan recluidos en dispositivos de detención que los aleja del grupo familiar que puede procurarles su educación. Así es que existe una obligación estatal para que “todo menor en edad de escolaridad obligatoria… [reciba] una enseñanza adaptada a sus necesidades y capacidades y destinada a prepararlo para su reinserción en la sociedad. Además, siempre que sea posible, tiene derecho a recibir formación para ejercer una profesión que lo prepare para un futuro empleo” (Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 10 (2007), “Los derechos del niño en la justicia de menores”, párr. 89).

Las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de la Libertad, aplicables a los casos que venimos analizando, establecen que “todo menor en edad de escolaridad obligatoria tendrá derecho a recibir una enseñanza adaptada a sus necesidades y capacidades y destinada a prepararlo para su reinserción en la sociedad”, debiendo impartirse, dentro de lo posible fuera del establecimiento de detención (regla 38). Es deber estatal, además, facilitar y alentar la continuación de los estudios una vez superada la escolaridad obligatoria (regla 39) y brindar al joven interno la posibilidad de “recibir formación para ejercer una profesión que lo prepare para un futuro empleo” (regla 42).

En su ámbito de vigencia, la ley 13.634, en el art. 81 establece que “durante el período de privación de libertad, incluso para la preventiva, serán obligatorias las actividades socio-pedagógoicas”; mientras que el art. 83 inc. 2º reconoce el derecho de todo niño en un contexto de encierro a “recibir escolarización y capacitación”.

En nuestra Provincia de Buenos Aires, la escolaridad obligatoria comprende desde la sala de cuatro años de edad, hasta la finalización del Nivel Secundario inclusive, tal como lo disponen los arts. 16 inc. b) y 20 de la Ley Provincial de Educación nº 13.688. Esta norma, en su art. 50, estipula que “la Educación que se desarrolla en contextos de encierro es aquella que, en los términos definidos en el artículo 46º de la presente Ley, está destinada a garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a través de formas adecuadas a las necesidades y particularidades de las personas que se encuentren en instituciones de régimen cerrado, así como los hijos que convivan con ellas, para promover su formación integral y desarrollo pleno. El ejercicio de este derecho no admite limitación ni discriminación alguna y será puesto en conocimiento de todas las personas, en forma fehaciente, desde el momento de su ingreso a la institución”.

Para el logro acabado de tales finalidades, la regla 41 de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de la Libertad, dispone que “todo centro de detención deberá facilitar el acceso de los menores a una biblioteca bien provista de libros y periódicos instructivos y recreativos que sean adecuados; se deberá estimular y permitir que utilicen al máximos los servicios de la biblioteca”. Vale destacar que el Centro Cerrado “Leopoldo Lugones” de Azul, además de brindar enseñanza primaria, secundaria y de oficios (plomería, carpintería, huerta y computación), posee una biblioteca para uso de los estudiantes y de toda la población juvenil.

En su memorial, el Secretario de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires refiere, en orden a la “educación formal”, que ella es competencia de la Dirección General de Cultura y Educación (f. 320 de este incidente), con cita expresa de la Ley 13.688. Y ello así, porque la materia educativa en el Estado bonaerense es garantizada por la Dirección General de Cultura y Educación, cuya responsabilidad es “indelegable”, quedando bajo su amparo la organización e implementación de “la educación obligatoria y la formación profesional de todas las personas que viven en instituciones de régimen cerrado. Para ello acordará y coordinará acciones, estrategias y mecanismos necesarios con las demás autoridades provinciales y/o nacionales, que serán responsables de disponer de espacios físicos y condiciones institucionales adecuadas para realizarla. Del mismo modo acordará y coordinará para garantizar el derecho a la educación en el nivel Superior y en otras Modalidades a través de sus propios organismos o con universidades” (art. 51).

La educación primaria y secundaria se presta en los dispositivos dependientes de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, tal como lo asegura la ley 13.688. No obstante y a pesar de los variados cursos que se desarrollan en cada uno de los establecimientos, tendientes a preparar a los jóvenes en distintos oficios o como parte de su realización en un ámbito cultural –generalmente en la modalidad de “talleres”-, fueron relevados distintos reclamos del personal de los establecimientos y de los internos por la discontinuidad de algunos de ellos por falta de recursos.

En el período determinado por esta acción de habeas corpus, en el Centro Cerrado “Almafuerte” de La Plata, se comprobó la carencia de insumos para proseguir la tarea de los talleres y problemas de continuidad de la enseñanza secundaria; en el Centro Cerrado de Jóvenes “Virrey del Pino” se reclamaron más talleres –hay uno de carpintería y una huerta- y otras actividades han cesado por falta de presupuesto y medios, y en el Centro de Recepción de Pablo Nogués se relevó disminución de tareas socioeducativas, y escasos talleres en el Centro de Contención de Batán.

Respecto del Centro Cerrado Gambier, la Defensa Pública constató el cese de toda actividad desde hacía un año en el área de cría de animales de tambo y producción de quesos, debido a la falta de insumos; y un reclamo por parte de los jóvenes de carencia de actividades que desarrollar durante el día. La Defensoría General del Departamento Judicial de Mercedes informó, en noviembre de 2013, la suspensión del taller de panadería por falta de insumos en el Centro de Contención de Mercedes.

En lo que respecta a las actividades recreativas y culturales, los establecimientos cerrados imponen condiciones que se distancian de la vida comunitaria extramuros, exigiendo que sean los encargados de los niños y niñas quienes asuman la responsabilidad de generar actividades de esta índole.

El art. 31.1 de la Convención de Derechos del Niño reconoce “el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes”, asumiendo el Estado su deber de respetar, promover y propiciar “oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad” de participar en estas actividades.

El Comité de los Derechos del Niño se ha pronunciado sobre la importancia de estos aspectos de la vida de los niños, en la Observación General Nº 17 (2013), “Sobre el derecho del niño al descanso, el esparcimiento, el juego, las actividades recreativas, la vida cultural y las artes (artículo 31)”.

El juego y la recreación –observa el organismo internacional- son esenciales para la salud y el bienestar del niño y promueven el desarrollo de la creatividad, la imaginación y la confianza en sí mismo y en la propia capacidad, así como la fuerza y las aptitudes físicas, sociales, cognitivas y emocionales. El juego y la recreación contribuyen a todos los aspectos del aprendizaje, son una forma de participar en la vida cotidiana y tienen un valor intrínseco para los niños, por el disfrute y el placer que causan. Las investigaciones demuestran que el juego es también un elemento central del impulso espontáneo hacia el desarrollo y desempeñan un papel importante en el desarrollo del cerebro, especialmente en la primera infancia. El juego y la recreación promueven la capacidad de los niños de negociar, restablecer su equilibrio emocional, resolver conflictos y adoptar decisiones. A través de ellos, los niños aprenden en la práctica, exploran y perciben el mundo que los rodea, experimentan con nuevas ideas, papeles y experiencias y, de esta forma, aprenden a entender y construir su posición social en el mundo” (párr. 9).

La participación en la vida cultural de la comunidad es un elemento importante del sentido de pertenencia del niño. Los niños heredan y experimentan la vida cultural y artística de su familia, comunidad y sociedad y, a través de ese proceso, descubren y forjan su propio sentido de identidad y, a su vez, contribuyen al estímulo y la sostenibilidad de la vida cultural y las artes tradicionales” (párr. 11).

Por último, el descanso y el esparcimiento son tan importantes para el desarrollo del niño como la nutrición, la vivienda, la atención de salud y la educación. Sin suficiente descanso, los niños carecen de energía, motivación y capacidad física y mental para una participación o aprendizajes provechosos. La denegación del descanso puede tener un efecto físico y psicológico irreversible en su desarrollo, salud y bienestar. También necesitan esparcimiento, o sea, un tiempo y un espacio exento de obligaciones, entretenimientos o estímulos en que puedan comportarse de manera tan activa o inactiva como deseen” (párr. 13).

Sobre el punto, es dable señalar que en algunos establecimientos los jóvenes reclamaron por mayores actividades recreativas. En el Centro Cerrado “Almafuerte” de La Plata, se verificó judicialmente la falta de recreación y esparcimiento al aire libre durante la tramitación del habeas corpus interpuesto por el Comité contra la Tortura y en la visita institucional de mayo de 2013. En el Centro Cerrado de Mar del Plata, según se corroboró en la tramitación de otra acción de habeas corpus impulsada por la Defensa Oficial marplatense, no existía una programación de actividades recreativas. En el Centro Cerrado Gambier, los jóvenes reclamaron ante la carencia de actividades que desarrollar durante el día.

Pero el ocio forzado es el verificado en aquellos lugares donde se somete a los jóvenes al encierro total –“engome”-, con la consabida angustia y detrimento físico y psíquico, del que ya hicimos referencia en el apartado dedicado al trato cruel e inhumano, como ha sido denunciado respecto del Centro de Recepción de Lomas de Zamora –con una ausencia total de actividades recreativas- y varios de los dispositivos del Departamento Judicial de La Plata.

Ante el relevamiento detallado, no es posible sostener el adecuado cumplimiento en el territorio bonaerense de la ley 13.634, que en su art. 83, incs. 3 y 7, reconoce el derecho de los niños privados de su libertad a “realizar actividades culturales, deportivas y de recreación” y a “tener acceso a la luz solar y al aire libre el máximo tiempo posible de la jornada”.

Teniendo en cuenta la finalidad de reinserción social, el Comité de los Derechos del Niño ha indicado que “el medio físico y los locales para menores” deben permitir la realización de prácticas deportivas, artísticas y de esparcimiento (Observación General Nº 10 (2007), “Los derechos del niño en la justicia de menores”, párr. 89). De igual modo, la regla 47 de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, establece: “Todo menor deberá disponer diariamente del tiempo suficiente para practicar ejercicios físicos al aire libre si el clima lo permite, durante el cual se proporcionará normalmente una educación recreativa y física adecuada. Para estas actividades, se pondrán a su disposición terreno suficiente y las instalaciones y el equipo necesarios. Todo menor deberá disponer diariamente de tiempo adicional para actividades de esparcimiento, parte de las cuales deberán dedicarse, si el menor así lo desea, a desarrollar aptitudes en artes y oficios. El centro de detención deberá velar porque cada menor esté físicamente en condiciones de participar en los programas de educación física disponibles. Deberá ofrecerse educación física correctiva y terapéutica, bajo supervisión médica, a los menores que la necesiten”.

Es más, los reclamos no debieron existir si se hubiera cumplido con las cuatro horas diarias como mínimo de actividades recreativas y una hora diaria de prácticas deportivas, que cada niño debe tener según lo dispone la Resolución Nº 370/12 del Ministerio de Desarrollo Social vigente en la materia.

Los déficits son alarmantes, indicándose incluso que los niños alojados en el Centro de Recepción de La Plata carecen por completo de actividades al aire libre, por lo cual el Sr. Defensor Oficial ante el Fuero Penal Juvenil platense requiriera su clausura.
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