En la ciudad de La Plata, a tres días del mes de noviembre del año dos mil catorce, a las 30 horas, se reúnen en acuerdo ordinario los Señores Jueces de la






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III.- Condiciones de detención de los niños, niñas y adolescentes en el territorio de la Provincia de Buenos Aires.

De la información adquirida por distintas vías, se ha comprobado la situación en que se encuentran distintos dispositivos del sistema de responsabilidad penal juvenil provincial, que aún cuando resulte en algunos aspectos parcial, da acabada cuenta de sus falencias. No obstante, y en atención al alcance colectivo de la presentación en estudio, hemos de distinguir de acuerdo por los derechos denunciados como conculcados.

1) Derecho a la vida, a la integridad psicofísica y a la salud:

El “derecho intrínseco a la vida” del niño (art. 6.1 C.D.N.), es un derecho humano que admite varias aristas concurrentes y coetáneas, como lo son el derecho a la supervivencia y al desarrollo (art. 6.2 C.D.N.), y “al disfrute del más alto nivel posible de salud” (art. 24.1 C.D.N.). Nuestra Corte Suprema de Justicia nacional reconoció, en similar sintonía, que el derecho a la vida comprende a la salud (“Baricalla de Cisilotto, María del C. vs. Nación Argentina”, Fallos 310:112, consid. 4º) y que “la integridad corporal es un derecho de la misma naturaleza” (“Saguir y Dib, Claudia G.”, Fallos 302:1284, consid. 8º). El derecho a la salud de las personas “está íntimamente relacionado… con el principio de la autonomía personal (art. 19 de la Constitución Nacional), toda vez que un individuo gravemente enfermo no está en condiciones de optar libremente por su propio plan de vida –principio de autonomía-” (“Asociación Benghalensis y otros c/ Ministerio de Salud y Acción Social – Estado Nacional s/ Amparo ley 16986”, Fallos 323:1339, del dictamen del Procurador General). De allí que se justifique su tratamiento conjunto en esta sentencia.

A nivel estadual, el art. 36 inc. 8º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires declara que “la provincia garantiza a todos sus habitantes el acceso a la salud en los aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos;…; promueve la educación para la salud; la rehabilitación y la reinserción de las personas tóxico-dependientes. El medicamento por su condición de bien social integra el derecho a la salud…”.

A fin de brindar el contenido sobre lo que discurrirá este resolución, debe observarse, en primer lugar, que el art. 12.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, propendiendo al “sano desarrollo de los niños” (art. 12.2.a) P.I.D.C.P.). Por su parte, y en la materia especializada, es menester recordar que el Comité de los Derechos del Niños de la Organización de las Naciones Unidas, interpretando el arriba citado art. 24 C.D.N., considera el derecho del niño a la salud como un “derecho inclusivo que no sólo abarca la prevención oportuna y apropiada, la promoción de la salud y los servicios paliativos, de curación y de rehabilitación, sino también el derecho del niño a crecer y desarrollarse al máximo de sus posibilidades y vivir en condiciones que le permitan disfrutar el más alto nivel posible de salud, mediante la ejecución de programas centrados en los factores subyacentes que determinan la salud. El enfoque integral en materia de salud sitúa la realización del derecho del niño a la salud en el contexto más amplio de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos” (Observación General Nº 15 (2013), “Sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud (art. 24)”, párr. 2).

La importancia en la vida de niños, niñas y adolescentes de la salud en su evolución y formación, también ha sido destacada por el Comité de los Derechos del Niño al expresar que “la adolescencia es un período caracterizado por rápidos cambios físicos, cognoscitivos y sociales, incluida la madurez sexual y reproductiva; la adquisición gradual de la capacidad para asumir comportamientos y funciones de adultos, que implican nuevas obligaciones y exigen nuevos conocimientos teóricos y prácticos. Aunque en general los adolescentes constituyen un grupo de población sano, la adolescencia plantea nuevos retos a la salud y al desarrollo debido a su relativa vulnerabilidad y a la presión ejercida por la sociedad, incluso por los propios adolescentes para adoptar comportamientos arriesgados para la salud. Entre estos figura la adquisición de una identidad personal y la gestión de su propia sexualidad. El período de transición dinámica a la edad adulta es también generalmente un período de cambios positivos inspirados por la importante capacidad de los adolescentes para aprender rápidamente, experimentar nuevas y diversas situaciones, desarrollar y utilizar el pensamiento crítico y familiarizarse con la libertad, ser creativos y socializar” (Observación General Nº 4 (2003), “La salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño”, párr. 2).

La regla 26.2 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, dispone que “los menores confinados en establecimientos penitenciarios recibirán los cuidados, la protección y toda la asistencia necesaria –…, sicológica, médica y física- que puedan requerir debido a su edad, sexo y personalidad y en interés de su desarrollo sano”. Concretando aún más el derecho a la salud en el ámbito de internación, la regla 49 de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, establece que “todo menor deberá recibir atención médica adecuada, tanto preventiva como correctiva, incluida atención odontológica, oftalmológica y de salud mental, así como los productos farmacéuticos y dietas especiales que hayan sido recetados por un médico”.

Sentado lo expuesto, debo hacer notar que la parte requerida en autos, la Secretaría de Niñez y Adolescencia, ha informado (v. fs. 314 de estos actuados), que “todos los Establecimientos dependientes de la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil cuentan con servicio de Emergencias Médicas. Sin perjuicio de ello, existe personal de enfermería y profesional médico que presta servicios en distintos dispositivos”. Más allá de las proyectadas reformas denunciadas por esa parte, lo expuesto no se condice, en general, con los datos relevados. Es cierto que algunos de los centros de alojamiento de jóvenes cuentan con personal sanitario –enfermeros y, en algunos casos, médicos, y con mayor presencia, psicólogos-, pero esta no es la situación habitual constatada. Aparece como cumplido sólo el examen médico de ingreso, llevado a cabo en el período de integración, según lo normado por la Resol. Nº 370 del Ministerio de Desarrollo Social en coincidencia con la regla 50 de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad.

Debo señalar que resulta de la información colectada que al resolverse el habeas corpus tramitado por ante el Juzgado de Responsabilidad Penal Nº 1 del Departamento Judicial de La Plata a cargo de la Dra. Blanca Esther Lasca, causa nº 145/2012, caratulada “Roberto Cipriano García, Director General de Promoción y Protección de Derechos del Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria s/ Habeas corpus a favor de los jóvenes alojados en el Centro Cerrado Almafuerte” –con resolución de fecha 3 de setiembre de 2012, comprendiendo el lapso analizado en esta acción constitucional-, se acogió parcialmente el mismo, entre otras razones, debido a la deficitaria atención médica recibida por los jóvenes allí alojados.

Se verificó la carencia de personal médico, de enfermería y de odontología en el Centro Cerrado de Dolores –visita realizada por personal de este Tribunal de Casación con fecha 26 de setiembre de 2013-, en el Instituto “Valentín Vergara” –informes del Observatorio Permanente de Cárceles e Instituciones de Encierro creado por resolución de la Defensoría General del Departamento Judicial de Bahía Blanca nº 7/07, conforme fuera relevado en la visita llevada a cabo el 23 de setiembre de 2013- donde también se menciona que no se posee un sistema privado de emergencias médicas contratado; de igual modo se informó respecto del Centro Cerrado para Adolescentes de Merlo -informes recabados en las visitas institucionales dispuestas por la Suprema Corte provincial para el período 2011-2013, y las consideraciones expuestas por los miembros de la Defensa Pública especializada del Departamento Judicial de Morón-. En éste último caso, se comprobó que tampoco se posee una ambulancia equipada para traslados de urgencia, necesaria por la cantidad de internos, ni con un rodado propio que permita suplirla. La medicación con la que cuentan es sólo para afecciones leves. También en el Centro de Contención de Mercedes, la Defensoría General departamental informó, con fecha 4 de noviembre de 2013, la carencia de atención médica y psicológica.

El Centro de Recepción de Malvinas Argentinas fue visitado por el Secretario de la Presidencia y la Auxiliar Letrado Relatora de este Tribunal de Casación, el día 12 de setiembre de 2013, y se observó en lo que hace a la atención médico-sanitaria, que la misma resultaba deficiente, careciendo de atención odontológica. Durante la visita, uno de los jóvenes, Walter (15 años) se hallaba con la cara hinchada por una dolencia de este tipo, explicando a los funcionarios “que es la muela y que no lo sacan, ahora está muy hinchado. Ayer le dieron calmante. Que lo vio la enfermera de acá. Que hay que hacer bondi para que saquen, que tiene la muela destruida”. En la visita llevada a cabo por los mismos funcionarios al Centro de Recepción de Lomas de Zamora, se verificó un constante reclamo de asistencia odontológica por la frecuencia de dolencias de esta índole entre los jóvenes allí alojados.

El Comité de Seguimiento Departamental durante el período 2012-2013, advirtió que el Centro de Recepción de Mar del Plata carecía de atención psicológica y psiquiátrica, además de contar con un botiquín insuficiente.

Respecto de la situación del Centro de Recepción de La Plata, fueron presentados distintos habeas corpus por parte de los Defensores del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil departamentales, denunciándose hacia fines de 2011, la provisión de psicofármacos para que los jóvenes concilien el sueño, sin prescripción médica, y posteriormente, la falta de atención médico-sanitaria de 22 jóvenes, seis de ellos no punibles.

En un informe de visita de la Defensa Oficial al Centro Cerrado COPA, se denunció que de los treinta y nueve (39) jóvenes internados, catorce (14) se encontraban medicados con inductores de sueño. De acuerdo con el informe psiquiátrico que acompañara la presentación, el cuarenta por ciento (40 %) de los jóvenes evaluados requerían una terapia farmacológica con benzodiazepinas por plantear problemas para conciliar el sueño sin un diagnóstico por patología psiquiátrica que lo ameritara. En relación al Centro de Contención de Batán, tramitó durante el período 2012-2013, un habeas corpus colectivo correctivo en causa 281/12 ante el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1, a cargo de la Sra. Jueza Dra. Silvina Darmandrail, interpuesto por los Defensores Oficial de dicha jurisdicción, ante un constatado agravamiento de las condiciones de detención. Entre otras denuncias, se mencionó la falta de abordaje de las adicciones y de controles médico-sanitarios y acceso indiscriminado a psicofármacos en un circuito clandestino. Incluso la mencionada Magistrada del fuero especializado, en su nota dirigida a esta Sede con motivo de estas actuaciones, manifiesta la inexistencia de un sitio de internación de jóvenes con trastornos psiquiátricos o para el tratamiento de las adicciones.

Por último, debe agregarse que la Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Azul, Dra. Mariana Irianni, observó en su visita al Hogar “Monseñor Marengo” de Azul -de tipificación convivencial-, según lo manifiesta en el oficio dirigido a este Tribunal, que la mayoría de los niños se hallan medicados por dolencias psiquiátricas o neurológicas, agregando que se ha constatado un incremento de niños con tales enfermedades en la jurisdicción, no contando el Hospital de Niños zonal con médicos especializados en la materia.

De la información recabada en el marco de estas actuaciones puede observarse un déficit en la atención médico-sanitaria de los jóvenes alojados en establecimientos dependientes de la Secretaría de Niñez y Adolescencia provincial. Aún cuando no resulta la situación extensiva a todos los dispositivos de internación, si es alarmante la frecuencia inusitada de los reclamos y denuncias sobre este tópico. El art. 37 inc. c) de la Convención sobre los Derechos del Niño dispone que “todo niño privado de la libertad será tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad”, de lo que surge su derecho a recibir atención médica adecuada durante su estancia en el centro, como lo ha señalado el Comité de los Derechos del Niño (Observación General Nº 10 (2007), “Los derechos del niño en la justicia de menores”, párr. 89). En igual sentido, se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay” -sent. 2/9/2004, párr. 159-, haciéndose eco de la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, y en el fallo dictado contra nuestro país, “Mendoza y otros vs. Argentina” –sent. 14/5/2013-, párrs. 189 y 190.

Las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de la Libertad, reconocidas por el Estado Provincial a través del art. 10 de la ley 13.298, disponen que “todo centro de detención de menores deberá tener acceso inmediato a instalaciones y equipo médicos adecuados que guarden relación con el número y las necesidades de sus residentes, así como personal capacitado en atención sanitaria preventiva y en tratamiento de urgencias médicas. Todo menor que esté enfermo, se queje de enfermedad o presente síntomas de dificultades físicas o mentales deberá ser examinado rápidamente por un funcionario médico” (regla 51). De este modo, aparece con claridad la obligación estatal de contar, en cada uno de tales establecimientos, sin importar el número de jóvenes allí alojados, de personal con capacitación sanitaria que permita afrontar una situación de emergencia médica, no obstante el posterior traslado del enfermo o accidentado a un nosocomio o centro hospitalario. No obstante, ello se ve incumplido con cierta generalidad.

Incluso para efectivizar este derecho del niño, el personal de mención debe contar con elementos y medicación variada y en cantidad suficiente, además de tener la posibilidad de que, con la rapidez del caso, se pueda trasladar al joven a un lugar de mayor especialidad (ambulancia propia o servicio privado abonado por el Estado).

Se denunció en varios centros la provisión de psicofármacos a los niños y niñas, sin prescripción, diagnóstico y control médico, generalmente como inductores de sueño, lo que viola flagrantemente la regla 55 de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de la Libertad: “Sólo se administrará medicamentos para un tratamiento necesario o por razones médicas y, cuando se pueda, después de obtener el consentimiento del menor debidamente informado. En particular, no se deben administrar para obtener información o confesión, ni como sanción o medio de reprimir al menor… La administración de cualquier fármaco deberá ser siempre autorizada y efectuada por personal médico autorizado”.

Otro déficit denunciado es la falta de tratamiento de las adicciones –alcohol, estupefacientes- que presentan muchos de los jóvenes internados. El programa GABA (Grupos de Autoayuda Bonaerense) de la Secretaría de Prevención y Atención de las Adicciones del Estado provincial no ha llegado a todos los establecimientos, ni todos los niños y niñas pueden acceder libremente a los Centros de Provinciales de Atención de las Adicciones (C.P.A.). Debo hacer notar, sobre este punto, que es necesario arbitrar los medios y recursos para cubrir esta exigencia médica de manera completa a nivel de todos los dispositivos de detención, con personal especialmente calificado a tales efectos. Se inobserva, de lo contario, el deber impuesto al Estado por la regla 55 de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad.

Debe insistirse que es prioritario garantizar a los niños privados de su libertad una asistencia de salud completa, integral y eficaz, que asegure que la detención que sufren “no destruirá sus proyectos de vida” (C.I.D.H., casos “Niños de la calle (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala”, sent. 19/9/1999, párr. 156; “Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay”, párr. 161).
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