En la ciudad de La Plata, a tres días del mes de noviembre del año dos mil catorce, a las 30 horas, se reúnen en acuerdo ordinario los Señores Jueces de la






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A la primera cuestión, el señor Juez Dr. Sal Llargués, dijo:

La respuesta a esta primera cuestión habrá de ser afirmativa.

Como lo ha expresado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva nº 17, “Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño” (2002), “los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos –menores y adultos- y tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado” (párr. 54; C.I.D.H., caso “Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay”, sent. 2/9/2004, párr. 147). De modo que niños, niñas y adolescentes son titulares de los mismos derechos y garantías establecidos a favor de los adultos, más los derechos establecidos en atención a sus calidades específicas.

En este derrotero, el art. 37 inc. d) de la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho de todo niño o niña, privados de su libertad, a “impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial”. Norma que de modo amplio reconoce el derecho del niño privado de su libertad a cuestionar u objetar las razones de su encarcelamiento, por cualquier medio idóneo (cfme. Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 10 (2007), “Los derechos del niño en la justicia de menores”, parág. 84) -incluidos medios impugnativos -, lo que queda sumamente claro al no mencionar a un “tribunal superior”. De igual manera, esta garantía ha sido estatuida por el art. 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en función de su art. 19, extendida a los niños y jóvenes.

El art. 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por su lado –cuya aplicación a los niños y niñas, en función de su art. 19, ha sido destacada por la Corte Interamericana en la citada O.C. Nº 17, párr. 95-, dispone que “toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.

A ello, debe adunarse que por las características propias de la situación planteada por el Sr. Defensor Oficial del Fuero de Responsabilidad Juvenil que inicia estos autos, la denunciada violación de derechos de un gran grupo de jóvenes privados de su libertad, la vía idónea no puede ser otra que el habeas corpus colectivo para restaurar y garantizar “derechos de incidencia colectiva en general” conforme lo normado por el art. 43 de la Constitución Nacional.

La denunciada situación de agravamiento de las condiciones de detención de niños, niñas y jóvenes alojados en dependencias de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires y del Servicio Penitenciario Bonaerense, ubicadas en todo el territorio estadual, ponen de relieve la necesidad de que este Tribunal adopte “medidas específicas” (arts. 4 C.D.N. y 19 C.A.D.H.; C.I.D.H., O.C. Nº 17, párr. 98) para restaurar –de ser ello verificado- los derechos cercenados, con lo que se impone –por consiguiente- excepcionar el estricto conocimiento recursivo que por la ley procesal penal se atribuye a estos estrados casatorios (arts. 20 inc. 1º, 417 y 450 del C.P.P.).

Siguiendo los lineamientos expuestos por la pluma de mi distinguido colega el Dr. Horacio Daniel Piombo en la causa n° 52.115 “Detenidos en la U.P. n° 9 de La Plata s/ Habeas Corpus Colectivo”, se denuncia en autos una situación de interés o gravedad institucional puesto que prima facie se verifica la existencia de un supuesto de incidencia colectiva por afectar a un número indeterminado de personas con vulneración de derechos constitucionales, según la añosa doctrina sentada en la causa n° 3.493 “Oteiza” (arts. 18, 31, 43, últ. párr. y 75 inc. 22 C.N.; 11 y 20 inc. 1 Const. Pcial., 405 y ccdtes., C.P.P.).

Así lo ha puesto de resalto la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el recordado precedente “Verbitsky, Horacio s/ Habeas corpus” del 5 de mayo de 2005 (Fallos 328:1146), al sortear el escollo de la no recepción constitucional expresa de esta modalidad de habeas corpus. Si la Carta Magna federal reconoce el amparo de incidencia colectiva, ante pretensiones como la planteada en autos, “con igual o mayor razón la Constitución otorga las mismas herramientas a un bien jurídico de valor prioritario y del que se ocupa en especial, no precisamente para reducir o acotar su tutela sino para privilegiarla” (consid. 16°). “… debido a la condición de los sujetos afectados y a la categoría del derecho infringido, la defensa de derechos de incidencia colectiva puede tener lugar más allá del nomen juris específico de la acción intentada”, puesto que es menester tener en consideración “además de la letra de la norma, la finalidad perseguida y la dinámica de la realidad” (consid. 17°).

En igual sentido, y tomando nota de la jurisprudencia federal arriba mencionada, debo recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa P. 103.299 “Comisión Provincial por la Memoria y Comité contra la Tortura. Habeas corpus colectivo” –sent. 23/07/2008-, estableció la competencia originaria de este Cuerpo en materia de habeas corpus colectivos, compatibilizando la hermenéutica del art. 43 de la Constitución Nacional “con las reglas de orden local destinadas a habilitar con el mayor rendimiento y efectividad posible el encausamiento de este tipo de reclamos, en pos de garantizar adecuadamente el acceso a la jurisdicción”.

No puedo dejar de recordar sobre la cuestión de competencia que abre este Acuerdo, que en la causa n° 38.517, “Jóvenes alojados en Centro de Recepción de Lomas de Zamora”, desde este otero hemos expresado –y reeditado en la causa n° 52.115 “Detenidos en la U.P. n° 9 de La Plata s/ Habeas Corpus Colectivo” arriba citada- que “conforme al artículo 8 de la Declaración Universal de 1948 toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes contra los actos violatorios de los derechos fundamentales que le son otorgados por la Constitución o por la ley, por lo que cabe abrir la vía del habeas corpus colectivo cuando las condiciones de detención que imperan exhiben, entre otras, sobrepoblación, hacinamiento, falta de higiene, mala alimentación, carencia de atención médica, odontológica y psicológica adecuadas, y otras circunstancias que perjudican el normal desarrollo vital…”.

Por otra parte, se denuncia que derechos y garantías constitucionales han perdido vigencia como consecuencia del accionar arbitrario de la administración, con sustento en deficitarias medidas jurisdiccionales. Lo cual, hace menester que este Tribunal incursione en la materia a fin de no contrariar la magna tarea impuesta a los Magistrados bonaerenses en línea con lo preceptuado por el art. 57 de la Constitución provincial.

Concluyo entonces; este Tribunal de Casación Penal es formal y materialmente competente para conocer en la presente acción constitucional de habeas corpus colectivo.

Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada, el señor Juez Dr. Piombo, dijo:

Adhiero al voto del doctor Sal Llargués.

Conforme con los precedentes que cita el distinguido colega, esta sede ha refirmado su competencia para entender en supuestos que, como en el presente, se denuncian afectados derechos y garantías de personas a las que puede categorizarse como un colectivo vulnerable.

A la luz de las previsiones del art.43 de la Constitución Nacional, 20 de la Constitución Provincial, 8 y 25 de la CADH, afectado el ejercicio de algún derecho incorporado a las declaraciones internacionales o la frustración de sus garantías por parte de órganos del Estado, corresponde abrir esta Sede en su carácter de órgano jurisdiccional superior en materia penal, dado que se plantea una cuestión que incide en el bloque de legalidad suprema, amén de afectar las relaciones exteriores de la Nación en la medida en que aparece comprometida la responsabilidad internacional del Estado argentino en relación al sistema Americano de protección de los derechos humanos.

Voto, en consecuencia, por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada, el señor Juez Dr. Natiello, dijo:

Adhiero al voto del Dr. Sal Llargués, en igual sentido y por sus fundamentos, haciendo míos también los agregados vertidos por el Dr. Piombo en su pronunciamiento de segunda nominación.

Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez Dr. Sal Llargués, dijo:

I.- Marco normativo:

La acción constitucional de habeas corpus colectivo presentada por el Sr. Defensor Oficial del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil platense merece un detenido estudio por el cariz de los derechos denunciados como violados, del mismo modo que las respuestas de la requerida Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires. También la vasta documentación relevada desde esta Judicatura merece un escrutinio serio y preciso, lo que devendrá en el dictado de una decisión justa.

El lente a través del cual debe ponderarse todo este amplio espectro de información, es el diseño impuesto para el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y para sus dispositivos de internación, por las normas especiales que regulan la materia, en particular por la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 75 inc. 22º C.N.), y por las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores –Reglas de Beijing-, Resol. Nº 40/33 de la Asamblea General; las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de la Libertad, Resol. Nº 45/113 de la Asamblea General, y las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad), Resol. Nº 45/112, que ha suscripto nuestro país y que a nivel local encuentran su reconocimiento y ámbito de aplicación a través del art. 10 de la ley 13.298 de Promoción y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

La protección integral y completa de los derechos y garantías constitucionales de los niños y jóvenes bonaerenses, tiene su consabido reconocimiento en el art. 36 incs. 2 y 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, donde se expresa que “todo niño tiene derecho a la protección y formación integral, al cuidado preventivo y supletorio del Estado en situaciones de desamparo y a la asistencia tutelar y jurídica en todos los casos”, y que “los jóvenes tienen derecho al desarrollo de sus aptitudes y a la plena participación e inserción laboral, cultural y comunitaria”.

Además, y tal como lo hemos consignado en la cuestión primera de este decisorio, son importantes y profusos los informes, opiniones consultivas, observaciones generales y jurisprudencia de organismos internacionales y nacionales, que dan contenido y especificidad a las normas arriba indicadas. En el ámbito específico de los dispositivos de detención juvenil dependientes de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, se halla vigente la Resolución Nº 370 del Ministerio de Desarrollo Social de fecha 12 de julio de 2012, de “Adecuación de los regímenes de convivencia y normativos de las instituciones cerradas”, “herramienta fundamental para el trabajo de los operadores de niñez en contextos de encierro, que brinda pautas claras de proceder en un marco jurídico acorde a los compromisos de Derechos Humanos asumidos” (del memorial presentado por la Secretaría de Niñez y Adolescencia, fs. 313 de estos actuados).

Con este marco, y teniendo siempre en consideración que los niños y niñas poseen todos los derechos humanos que corresponden a todos los seres humanos y los derechos especiales derivados de su condición (C.I.D.H., Opinión Consultiva nº 17, “Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño” (2002), párr. 54; C.I.D.H., caso “Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay”, sent. 2/9/2004, párr. 147).), y el interés superior del niño (art. 3 C.D.N.), corresponde que este Tribunal ingrese al conocimiento del objeto de fondo del habeas corpus colectivo incoado.

Además, es relevante para todo el análisis que se propone desde los derechos denunciados en la acción constitucional de incidencia colectiva en estudio, poner el énfasis en la insoslayable posición de garante que posee el Estado in totum respecto de todas las personas que se encuentran legalmente privadas de libertad (C.I.D.H., “Neira Alegría y otros vs. Perú”, sent. 19/1/1995, párr. 60; C.I.D.H., “Mendoza y otros vs. Argentina”, sent. 14/5/2013, párr. 188; ; C.S.J.N., “Badín, Rubén y otros c/ Buenos Aires, Provincia de s/ Daños y perjuicios”, Fallos 318:2002; consid. 3°; S.C.J.B.A., C. 87.463, “Z., N.B.”; T.C.P.B.A., Sala I, causa n° 52.115 “Detenidos en la U.P. n° 9 de La Plata s/ Habeas Corpus Colectivo”), y que corresponde al “Poder Judicial tiene el deber atinente a verificar la existencia de vulneración de derechos y garantías de las personas internadas en dependencias estatales” (causa n° 52.115 “Detenidos en la U.P. n° 9 de La Plata s/ Habeas Corpus Colectivo”, citada).

II.- Los dispositivos de detención de niños, niñas y adolescentes dispuestos de conformidad con la ley 13.634:

Los dispositivos destinados a cumplir las medidas restrictivas de la libertad para niños, niñas y adolescentes dispuestos por la ley 13.634, son organizados por la Resolución 172/2007 del Ministerio de Desarrollo Social del siguiente modo:

a) Centros de Referencia: establecimientos en cada Departamento Judicial, de atención ambulatoria, para el cumplimiento de medidas cautelares o sancionatorias alternativas a la restricción o privación de la libertad ambulatoria, ordenadas por los tribunales competentes en el marco de un proceso penal seguido a personas menores de edad. Poseen funciones de evaluación, atención y/o derivación de los jóvenes a programas desconcentrados en municipios u organizaciones de la comunidad.

En el territorio provincial existen veintiún (21) Centros de Referencia.

b) Centros de Recepción: establecimientos de régimen cerrado, para el cumplimiento de la detención y de medidas preventivas de privación de libertad ordenadas por los tribunales en el marco de un proceso penal; con funciones de evaluación de los jóvenes a quienes se haya impuesto una medida judicial cautelar o sancionatoria, restrictiva o privativa de la libertad ambulatoria, y de derivación a establecimiento adecuado.

En la actualidad, funcionan cinco (5) Centros de Recepción en la provincia de Buenos Aires: La Plata, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Mar del Plata y Bahía Blanca. Actúan como “recepción jurisdiccional” los Centros Cerrados de Dolores y Leopoldo Lugones de Azul y como recepción y cerrado el Centro para Mujeres de Merlo.

c) Centros de Contención: establecimientos de régimen abierto o de semilibertad (art. 80 ley 13.634) para el cumplimiento de medidas cautelares o sancionatorias restrictivas de la libertad ambulatoria ordenadas por la autoridad judicial competente.

Existen actualmente doce (12) Centros de Contención.

d) Centros Cerrados: establecimientos de régimen cerrado para el cumplimiento de medidas privativas de la libertad ordenadas por la justicia en el marco de un proceso penal.

Funcionan once (11) Centros Cerrados en territorio bonaerense.

De conformidad con la información suministrada por la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires –v. f. 145 de este incidente-, el sistema de responsabilidad penal juvenil brindaba al 13 de setiembre de 2013, contención y tratamiento a un total de tres mil cuatrocientos sesenta y dos (3.462) jóvenes, discriminados de la siguiente manera: quinientos cincuenta y nueve (559) jóvenes residentes en centros de recepción, centros cerrados y de contención; y dos mil novecientos tres (2903) en centros de referencia.

En el oficio remitido por las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense hacia el mes de abril de 2012, surge que se hallaban detenidos 142 jóvenes a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. En el similar de fecha 27 de setiembre de 2013 –v. fs. 166- se da cuenta que dicho organismo aloja doscientos cuarenta y un (241) personas privadas de la libertad a disposición de los jueces del Fuero especializado, en las siguientes unidades carcelarias destinadas al alojamiento exclusivo de jóvenes adultos: Unidad nº 45 de Melchor Romero, Unidad nº 47 de San Martín y Unidad nº 54 de Florencio Varela. Asimismo, funcionan pabellones anexos de alojamiento para jóvenes adultos en la Unidad nº 1 de Lisandro Olmos, Unidad nº 3 de San Nicolás, Unidad nº 4 de Bahía Blanca y Unidad nº 9 de La Plata.

Durante el período analizado se ha concretado un proceso de reconversión de las plazas de los establecimientos semiabiertos en cerrados.

El C.O.P.A., y el Legarra eran centros abiertos con una capacidad de veinticuatro (24) y veintidós (22) plazas, respectivamente, y hoy son centros cerrados.

Durante el año 2013, el centro de contención socioeducativo Duplex de La Plata y el Carlos Pellegrini se convirtieron al régimen cerrado de detención; el primero en la modalidad pre-egreso –ahora, “Centro Cerrado Pre Egreso Eva Perón” y el segundo, como anexo al Centro Legarra.
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