En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los días del mes de Julio de Dos Mil Quince, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la






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En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los días del mes de Julio de Dos Mil Quince, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: "E. T. N. L. DE C/ H. A. DE P. SA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", respecto de la sentencia de fs. 592/600, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?
Practicado el sorteo resultó que la votación debía
realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores BEATRIZ AREÁN - CARLOS CARRANZA CASARES- CARLOS ALFREDO BELLUCCI-
A la cuestión planteada la Señora Juez de Cámara Doctora Areán dijo:
I. La sentencia de fs. 592/600 desestimó la excepción de prescripción. Asimismo, rechazó la demanda con costas a la vencida. Reguló los honorarios a los profesionales intervinientes.
Contra dicho pronunciamiento se alzó la demandada a fs. 605 y la parte actora a fs. 609, siendo concedidos los recursos a fs. 606 y a fs. 614, primer párrafo.
La primera expresó agravios a fs. 659/661, los que fueron respondidos a fs. 674/677. Se queja porque el juez a-quo rechazó la excepción opuesta oportunamente al entender que en el caso deben aplicarse a la prescripción de la acción las reglas que rigen en materia de responsabilidad contractual.
El segundo expuso sus quejas a fs. 663/672, las que merecieron réplica a fs. 679/684. Ataca el fallo definitivo en tanto entiende que el colega de grado no consideró la obligación de seguridad que pesaba en cabeza de la demandada en su carácter de organizadora y fiscalizadora de la actividad turfística. Cuestiona la indebida valoración probatoria efectuada por el juez a quo respecto del expediente ofrecido como prueba informativa y venido ad effectum videndi et probandi y la imposición de costas.
II. Según se relata es el escrito inicial, el actor es propietario del stud haras "L.J." y del SPD "El P.", ejemplar macho de pelaje alazán. Ganó cuatro carreras durante 2002 y 2003. La última tuvo lugar el 6 de agosto de 2003 en el H. de P., sobre 1800 metros, sorprendiendo a propios y ajenos por su excelente rendimiento.
A todo esto, el 16 de noviembre de 2002 se había corrido el premio "G.", en el que también ganó "E P.", pero le fue denegado ese puesto, siendo sancionado con suspensión y pérdida de premios.
Los análisis de orina practicados con posterioridad por el L. Q. del CeNARD demostraron que se habían encontrado reacciones químicas que eran demostrativas de que animal había corrido con un tratamiento terapéutico no autorizado, incurriendo en doping.
El 23 de noviembre de 2002 las autoridades de la entidad citaron al cuidador A., requiriendo su presencia a efectos de proponer un nuevo análisis químico, bioquímico o veterinario sobre las muestras recogidas.
El 6 de diciembre de 2002 se labró ante notario un acta de recepción y apertura de muestras con la presencia del cuidador del equino, de la que surge la confirmación del resultado originario.
Finalmente, el 23 de diciembre de ese año, la C. de C. dictó la Resolución distanciando al equino en el marcador y suspendiéndolo de acuerdo con lo dispuesto con el art. 36, inciso XIII del Reglamento General de C., conforme copia obrante en los autos promovidos por el propio A., o sea el cuidador también sancionado, que tengo a la vista y con resultado negativo en ambas instancias.
Sostiene el actor que a su petición posterior de realizar un ADN, la Comisión de Carreras le admitió el ejercicio de esa facultad "sin reconocer hecho o derecho alguno" y al solo efecto de dar mayores garantías y transparencia al procedimiento.
Efectuada la extracción de sangre, el ADN arrojó resultado negativo.
III.Como no queda muy en claro cuál es la naturaleza de la responsabilidad que aquí está en juego, a fin de no caer en las lamentables contradicciones en que incurre el juez de grado, que darían basamento a decretar la nulidad de la sentencia, y máxime porque en apenas unos días entrará a regir el nuevo Código Civil y Comercial que se ha inclinado por tratar en forma conjunta a la responsabilidad contractual y la extracontractual, obviaré el tema de la prescripción. Además, tal omisión aparece como inoperante, porque arribaré a igual resultado que la anterior instancia, aunque por un camino totalmente diferente.
IV. La Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos es un Organismo creado en 1883 por Ley Nº 3.313 bajo el nombre de Lotería de Beneficencia, con la finalidad de atender los problemas más inmediatos de los sectores necesitados de la población mediante el otorgamiento de subsidios y contribuciones a la Sociedad de Beneficencia.
En 1946, simultáneamente con la Oficialización de los Casinos, por Decreto Nº 7.865/46, se aprobó la denominación de Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, a fin de adecuarla a las nuevas funciones de explotación, manejo y administración de los Casinos y Salas de Juego de azar.
Posteriormente, con el dictado de la Ley Nº 18.226 de 1969, se modificó el régimen de la Institución, ya que la pasar a depender del Ministerio de Bienestar Social, el destino de los recursos provenientes del juego fue orientado a atender programas de acción social de gran envergadura, quedando entonces con sentido muy restringido la expresión "beneficencia". Asimismo, las explotaciones incorporadas por esa época, como el Prode, la oficialización de La Quiniela y el Hipódromo Argentino, determinaron la necesidad de adecuar el nombre a la flexibilidad necesaria para incluir, suprimir o modificar los distintos juegos que se explotan.De ahí surgió Lotería Nacional (LNSE) como un ente federal regulador de los juegos de azar y casinos de la República Argentina que opera bajo la figura de Sociedad del Estado (ley 22.868).
Por Decreto 292/1992 se dispuso que el Ministerio de Salud y Acción Social llamara a concurso público internacional, dentro de los treinta días, para conceder la explotación del "Hipódromo Argentino". Y así se llega a constituir la aquí demandada HAPSA.
Ahora bien, la Comisión de Carreras es el órgano de fiscalización, juzgamiento y apelación en las materias regladas en el Reglamento General de Carreras. Tiene este cuerpo normativo vigencia en todas las reuniones de carreras, y se considera que conocen sus disposiciones y se someten a ellas: a) todas aquellas personas que inscriban, hagan correr un caballo o sean partícipes en la propiedad del animal b) los concurrentes o apostadores al Hipódromo y c) las personas que, por sus actividades con esta explotación, estén relacionadas con LNSA.
Los dueños de caballos que desean ser reconocidos como propietarios de caballerizas deberán solicitarlo mediante formularios destinados al efecto, debiendo acreditar solvencia moral y económica, acompañando declaración jurada de bienes o informe bancario, y ofrecer además presentación y referencias firmadas por un miembro de la Comisión de Carreras o de dos miembros de las comisiones directivas de determinadas entidades, como el J. C. de B. A.
Una vez cumplidos los requisitos mencionados, la Comisión de Carreras se reserva a su exclusivo criterio, de acuerdo con los antecedentes que obran en su poder, el reconocimiento de propietarios de caballerizas.
A su vez, en lo que hace al procedimiento a seguir para control, terminada la carrera los veterinarios oficiales extraerán orina o cualquier otro material a los caballos que se clasifiquen en los cinco primeros puestos de las pruebas clásicas del Grupo I, al primero y segundo en las demás carreras, al igual que sus yuntas como así también a cualquier otro participante que se considere conveniente.El Laboratorio Químico practicará el análisis del frasco, el resultado se clasificará como negativo o positivo. Se considerará positivo cuando en las reacciones se haya observado la presencia de sustancias o elementos extraños en el material en análisis, con excepción de aquellos medicamentos autorizados. Si el resultado fuera positivo se citará al cuidador para asistir a la apertura del "frasco control".
En los análisis positivos, en los que el Laboratorio Químico demuestre la presencia de drogas como narcóticos, estimulantes, adrenérgicos, anestésicos, hipnóticos, anticonvulsivantes o antiepilépticos, ya se trate de un caballo que haya corrido, como de uno retirado, el entrenador como responsable directo, será sancionado con la pena de suspensión. A su vez, el caballo cuyo análisis resultara positivo, según las investigaciones químicas practicadas, podrá ser suspendido, pudiendo llegarse a su descalificación para intervenir en competencias hípicas. En caso de que haya actuado, será distanciado a los efectos del premio del puesto que ocupó en el final de la prueba y el valor en efectivo que le hubiera correspondido se asignará al que haya ocupado en el marcador la colocación siguiente, quedando aquél fuera del mismo y perdiendo el propietario todo derecho al premio.
V. En el caso de autos se han cumplido los pasos reseñados en el Reglamento General de Carreras estrictamente, en primer lugar, con el informe del laboratorio de control de doping, que arrojó el resultado de que se da cuenta a fs. 674.
En segundo lugar, con el correspondiente al contra análisis de fs, 681/683, que confirma el hallazgo de teofilina en la orina del equino.
Además, a fs. 682 en el informe analítico de control se consigna que el frasco no presentaba signos externos de manipulación, lo que fue consentido por todos los presentes en el acto.
Y en tercer lugar, según el acta notarial de fs. 684, a solicitud del dueño del caballo, se reservaron 20 cm3 de la orina en un frasco para peticionar una prueba de ADN, que fue aceptado por H.en las condiciones estrictas que surgen de la resolución dictada al efecto y que son claramente demostrativas de la excepcionalidad de la medida.
Si bien el informe del laboratorio G. dio resultado negativo del ADN de "E P." y la muestr a, son importantes las aclaraciones expuestas a fs. 806, con respecto a la degradación del material que puede generar el congelado y descongelado de esa muestra, así como la insuficiencia del material genético, lo que daría lugar a ausencia de alelos en alguno de los locus genéticos analizados. En el caso no existen registros precisos del tiempo en que la muestra permaneció descongelada.
Finalmente, el dictamen de la Universidad de C.D., solicitado por el actor, se ve corroborado por el de la S. R. A. de fs. 913/914, sosteniendo que los resultados obtenidos no son concluyentes como para emitir una conclusión final. Ambas entidades coinciden en que, si el congelamiento no es inmediato, pueden aparecer bacterias contaminantes, generando imprecisiones y afectando la calidad del ADN obtenido.
VI. "Es deber de la parte que deduce una pretensión fundamentarla mediante una prolija y circunstanciada relación de los antecedentes fácticos a los que se imputa el efecto jurídico que se persigue y demostrar que se ha verificado la situación de hecho descripta por la norma invocada como fundamento de su petición" (Conf. Corte Sup., 30/5/1995, JA 1999-I-síntesis).
La carga de la prueba es el peso que tienen las partes de activar las fuentes de prueba para que manifiesten los hechos que fueran afirmados, de manera convincente, en el proceso, a través de los medios probatorios y sirve al Juez en los procesos dispositivos como elemento que sustituye su convicción ante prueba insuficiente, incierta o faltante (Conf. Falcon, Enrique M., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, T. III, pág.149).
El fundamento del onus probandi debe encontrarse en un viejo aforismo, por el cual "lo normal se entiende que está probado, lo anormal se prueba", por tanto, quien invoca algo que rompe el estado de normalidad, debe probarlo ("affirmanti incumbit probatio"). Al que afirma poseer una nueva verdad sobre el tema le incumbe la carga de su prueba.
A diferencia de lo que ocurría en el derecho Romano, por aplicación del art. 15 del Cód. Civil "Los jueces no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes". El juez no podría entonces, sin faltar a su deber, permanecer en suspenso entre el sí y el no, y emitir una decisión al solo objeto de declarar que no sabe decidirse, de modo que "aun cuando los resultados de las pruebas no hayan sido tan exhaustivos y decisivos para eliminar de su conciencia toda duda, no puede salir del compromiso con un non liquet, y debe siempre emitir un juicio de certeza, sobre los hechos controvertidos" (Conf. Calamandrei, Piero, El juez y el historiador, en Estudios sobre el proceso civil, trad. de Sentís Melendo, 1945, pág. 116).
Por otra parte, el juzgador al momento de dictar la sentencia definitiva puede encontrarse frente a dos situaciones muy diversas: que la actividad probatoria desplegada por una o por ambas partes le genera la convicción sobre la existencia o inexistencia de los hechos controvertidos; o uno o más de esos hechos no han sido probados, o lo han sido insuficientemente. Frente al primer supuesto, resulta indiferente determinar sobre cuál de las dos partes recaía, en concreto, la carga de la prueba. Si el juez, en cambio, se encuentra ante la segunda situación, no puede abstenerse de emitir un pronunciamiento que concretamente actúe o deniegue la actuación de la pretensión procesal. Debe decidirse en uno u otro sentido y le está vedada la posibilidad de obviar tal decisión con fundamento en la incertidumbre que arroja la falta o la insuficiencia de prueba.De allí que, frente a tales contingencias, debe contar con ciertas reglas que le permitan establecer cuál de las partes ha de sufrir las consecuencias perjudiciales que provoca la incertidumbre sobre los hechos controvertidos de suerte tal que el contenido de la sentencia resulte desfavorable para la que, no obstante haber debido aportar la prueba correspondiente, omitió hacerlo (Conf. Palacio, Lino E., "Derecho Procesal Civil", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1992, T, IV, pág. 362 y sigs.).
Según el sistema adoptado por el art. 377 del Código Procesal, la parte que afirma la presencia de un hecho controvertido tiene a su cargo el "onus probandi". Se considera como tal aquel hecho conducente, pertinente, útil, que incide con suficiente importancia en el curso de la litis, siendo su prueba necesaria porque dependiza la verificación y convicción que el juez puede alcanzar (Conf. Gozaíni, Osvaldo, "El acceso a la justicia y el derecho de daños", en Revista de Derecho de Daños-II, Ed. Rubinzal Culzoni, pág. 192).
No interesa la condición de actora o demandada asumida por cada parte ni la naturaleza aislada del hecho sino los presupuestos fácticos de las normas jurídicas, cada una de ellas tiene la carga de probar las menciones de hechos contenidas en las normas con cuya aplicación aspira a beneficiarse, sin que interese el carácter constitutivo, impeditivo o extintivo de tales hechos.
Superadas las teorías fundadas en el principio "onus probandi incumbit actori", cobró especial relevancia entre nosotros la teoría de Rosenberg, por la cual "Una norma únicamente puede aplicarse cuando la tipicidad hipotética abstractamente formulada y hecho su presupuesto por la ley, se ha convertido en realidad concreta y debe omitirse su aplicación cuando en caso de controversia el magistrado no ha logrado plena convicción". Por lo tanto, cada parte tiene la carga probatoria sobre la existencia de los presupuestos de hecho de las normas esenciales para el buen resultado de su pretensión (Conf. Rosenberg, "La carga de la prueba", Ejea, Buenos Aires, 1956, pág.91).
La carga de la prueba no supone ningún derecho del adversario sino un imperativo del propio litigante. Es una circunstancia de riesgo, que consiste en que quién no prueba los hechos que debe probar, pierde el pleito si de ello depende la suerte de la litis (Conf. CNCiv, Sala H, 04/04/2003, DJ 07/04/2004, 889¸id. Sala J18/04/1996 LA LEY 1996-D, 867, (38.905-S)
Aquí las partes han tenido la oportunidad y los medios de probar todo lo debatido, excepto la pretensión actoral de convencer acerca de la alteración de la muestra tomada para concluir con el efecto del doping. No lo ha logrado, sencillamente, porque no tenía razón.
Coincido plenamente con los argumentos suministrados por el juez en el considerando IV de la sentencia del proceso que tramitara por ante la justicia federal, a los que me remito y doy por reproducidos en homenaje a la brevedad.
Por todas las razones expuestas y exclusivamente por ellas, propongo confirmar la sentencia apelada en tanto rechaza la demanda en todas sus partes, con costas de alzada al actor vencido por el fondo de la cuestión litigiosa; y en el orden causado, con relación a la sustanciación del recurso de apelación en lo atinente a la excepción de prescripción, no mencionada en la parte resolutoria (arts. 68 y 71 del Código Procesal).
Los Señores Jueces de Cámara Doctores Carranza Casares y Bellucci votaron en igual sentido por análogas razones a las expresadas en su voto por la Dra. Areán. Con lo que terminó el acto.
Buenos Aires, de Julio de 2015.
Y VISTOS:
Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se resuelve confirmar la sentencia apelada en todas sus partes, exclusivamente por los fundamentos contenidos en el voto preopinante. Costas en esta instancia a la actora vencida por el fondo de la cuestión y en el orden causado respecto de la sustanciación de la apelación por la prescripción. II.- En atención a la calidad, extensión y mérito de la labor profesional desarrollada, al monto del proceso y a lo establecido por los arts. 6, 7, 9, 37, 38 y conc. de la ley 21.839 y la ley 24.432, se confirman -por considerarlos ajustados a derecho- los honorarios regulados a fs. 600vta. en favor de los letrados y apoderados de las partes. Por las labores de alzada, referidas a la sentencia, se fija la remuneración del Dr. V. en ($.) y la de los Dres. P. y C., en ($.), en conjunto. Regístrese, notifíquese por Secretaría al domicilio electrónico denunciado, conforme lo dispone la Ley 26.685 y acordadas 31/11 y 38/13 de la CSJN, oportunamente cúmplase con la acordada 24/13 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
BEATRIZ AREÁN
CARLOS CARRANZA CASARES
CARLOS ALFREDO BELLUCCI

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