Ley orgánica del ministerio público de la defensade la nacióN






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EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS

DE LA NACIÓN ARGENTINA, REUNIDOS EN CONGRESO,…

SANCIONAN CON FUERZA DE

LEY:

LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSADE LA NACIÓN

Título I

Principios Generales y resguardos institucionales

  1. Función principal. El Ministerio Público de la Defensa es una institución de defensa y protección de derechos humanos que garantiza el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral, en casos individuales y colectivos, de acuerdo a los principios, funciones y previsiones establecidas en la presente ley. Promueve toda medida tendiente a la protección y defensa de los derechos fundamentales de las personas, en especial de quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.

  2. Independencia y autonomía funcional. El Ministerio Público de la Defensa goza de independencia y autonomía funcional, sin sujeción a instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura.

  3. Autarquía financiera. El Ministerio Público de la Defensa cuenta con autarquía financiera de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Constitución Nacional. En orden a ello, tendrá crédito presupuestario propio, el que será atendido con cargo al Tesoro Nacional y con recursos propios.

  4. Organización funcional. El Ministerio Público de la Defensa se estructura jerárquicamente a fin de cumplimentar sus funciones específicas y para el diseño y ejecución de políticas sobre defensa pública y acceso a la justicia. La unidad de actuación no afectará la autonomía y especificidad propia del desempeño de los defensores públicos ni podrá perjudicar a los asistidos o defendidos. Las recomendaciones generales e instrucciones particulares que se dicten en el ámbito del servicio de defensa pública tendrán como finalidad asegurar su ejercicio efectivo y adecuado.

  5. Principios específicos. Los integrantes del Ministerio Público de la Defensa desarrollarán su actividad de acuerdo a los siguientes principios:

  1. Protección jurídica. En sus diversos ámbitos de desempeño, cumplirán e instarán a hacer cumplir la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de derechos humanos, las leyes, las reglamentaciones, los protocolos de actuación y toda disposición para la protección y defensa de la persona, en especial, el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad o sujetas a discriminación estructural, el que estará sujeto a un diligenciamiento preferencial.

  2. Interés predominante del asistido o defendido. Actuarán, en cumplimiento de diversos objetivos de acuerdo a su competencia funcional, promoviendo la accesibilidad al servicio y procurando dar satisfacción prioritaria a las necesidades concretas del asistido o defendido.

  3. Intervención supletoria. Cesarán su participación cuando la persona asistida ejercite su derecho a designar un abogado particular o asuma su propia defensa, en los casos y en la forma que las leyes autorizan, salvo los supuestos de intervención por mandato legal o previsión del servicio de defensa pública.

  4. Reserva. Deberán guardar reserva de los asuntos que lleguen a su conocimiento, cuidando de no afectar a terceros, y de conformidad con las previsiones específicas.

  5. Transparencia e información pública. Garantizarán la transparencia de su actividad, informarán mediante lenguaje sencillo y práctica desformalizada las disposiciones y criterios que orientan su actuación y los resultados de su gestión, preservando los diversos derechos que puedan encontrarse en juego. La información que resulte de interés público deberá ser accesible a través de la página de internet oficial.

  6. Gratuidad e intervención. Los servicios que presta el Ministerio Público de la Defensa son gratuitos para quienes se encuentren abarcados por las condiciones requeridas en la presente ley y su reglamentación.

El Ministerio Público de la Defensa establecerá los criterios objetivos y subjetivos de limitación de recursos económicos o vulnerabilidad que habiliten la provisión del servicio de defensa pública más allá de los casos en los que correspondiere su intervención obligada.

Los jueces dispondrán la percepción de honorarios por parte del Ministerio Público de la Defensa, si correspondiera en virtud de esta ley y demás normativas.

  1. Difusión de derechos y del modo de ejercitarlos. El Ministerio Público de la Defensa desarrollará programas y actividades permanentes sobre el acceso al derecho y a la justicia y establecerá mecanismos para su interacción efectiva con distintos sectores sociales, a cuyo efecto podrá participara organismos públicos y privados involucrados con la defensa y protección de derechos, mediante la colaboración interinstitucional y el trabajo en red.

  2. Relaciones con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El Ministerio Público de la Defensa se relacionará con el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

La relación con el Poder Legislativo se efectuará mediante una Comisión Bicameral cuya composición y funciones fijará el Congreso Nacional. En oportunidad de la inauguración del período de sesiones ordinarias de dicho cuerpo legislativo, el Defensor General de la Nación le remitirá a la Comisión Bicameral un informe detallado de lo actuado por los órganos bajo su competencia, el cual deberá contener una evaluación del trabajo realizado en el ejercicio, un análisis sobre la eficiencia y problemática del servicio, y propuestas concretas sobre las modificaciones o mejoras que éste requiera.

El Ministerio Público de la Defensa será consultado en oportunidad de analizarse y debatirse proyectos de ley o reglamentación de su incumbencia.

Título II

Estructura del Ministerio Público de la Defensa

Capítulo 1

Órganos del Ministerio Público de la Defensa

  1. Integración y funciones. Integran el Ministerio Público de la Defensa:

  1. la Defensoría General de la Nación, en su carácter de órgano superior, administra y gestiona la provisión del servicio de defensa pública, garantiza su prestación efectiva y adecua, diseña y ejecuta sus políticas públicas. Es la sede de actuación del Defensor General de la Nación;

  2. las Defensorías Públicas, Tutoría Pública y Curaduría Pública son responsables primarias de la representación y asistencia en casos ante diversos fueros e instancias;

  3. el Consejo Asesor del Ministerio Público de la Defensa es el órgano consultivo del Defensor General de la Nación.

  1. Órgano Nacional de Revisión de Salud Mental. Remisión. Miembros del Ministerio Público de la Defensa. El Órgano Nacional de Revisión de Salud Mental, creado por la Ley N° 26.657 y su reglamentación en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, tiene como función protegerlos derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud mental. Los representantes del Ministerio Público de la Defensa que lo integren serán designados por el Defensor General de la Nación, en virtud de su especialidad.

Capítulo 2

Defensoría General de la Nación

  1. Titularidad. Estructura. La Defensoría General de la Nación es dirigida por el Defensor General de la Nación e integrada por magistrados, funcionarios y empleados según sus diversos deberes funcionales.

La Defensoría General de la Nación se estructura de la siguiente manera:

  1. Una Oficina de Administración General y Financiera;

  2. Secretarías Generales de Superintendencia y Recursos Humanos; Capacitación y Jurisprudencia; Política Institucional; y Coordinación;

  3. una Asesoría Jurídica;

  4. una Auditoría y Control de Gestión;

  5. área de Comunicación Institucional;

  6. área de Prensa y Difusión;

  7. área Informática;

  8. áreas de Colaboración:

  1. cuerpo de peritos, consultores técnicos e investigadores;

  2. intérpretes lingüísticos;

  3. laboratorio;

  4. programa de atención de problemáticas sociales y relaciones con la comunidad;

  5. programa para la aplicación de instrumentos de derechos humanos;

  6. otros programas y comisiones relacionados con temáticas vinculadas con sectores vulnerables, en especial detenidos; víctimas de violencia institucional; niños, niñas y adolescentes; migrantes; refugiados y solicitantes de refugio; género; derechos económicos, sociales y culturales; diversidad cultural; personas con discapacidad; adultos mayores; mecanismos alternativos de resolución de conflictos; trata de personas;

  7. grupos de abordaje territorial para sectores sociales desaventajados;

  8. bancos de datos sobre materias de incumbencia.

El Defensor General de la Nación podrá crear todo otro órgano que resulte necesario para el cumplimiento de los fines institucionales.

  1. Asistencia y patrocinio jurídico a víctimas de delitos. La Defensoría General de la Nación establecerá, conforme los requisitos que determine la reglamentación, un programa de asistencia técnica y patrocinio jurídico a quien solicite constituirse en el proceso penal como querellante particular y, eventualmente, como actor civil, y que por la limitación de sus recursos económicos o vulnerabilidad hicieran necesaria la intervención del Ministerio Público de la Defensa.

Capítulo 3

Defensorías, Tutoría y Curaduría Pública

  1. Titularidad. Estructura. Cada Defensoría Pública y unidades de Tutoría Pública y Curaduría Pública, tendrán un titular que será el superior jerárquico de los funcionarios y empleados a su cargo.

Si en virtud de disposiciones legales, gestión de casos o cualquier otra situación resulta re exigible establecer modelos de cobertura del servicio en base a unidades funcionales con una coordinación centralizada, o fuere recomendable la constitución de equipos de trabajo entre diversos magistrados, funcionarios o empleados de la defensa pública, la modalidad a adoptarse deberá asegurar el número de colaboradores con dependencia directa del titular de que se trate.

Capítulo4

Consejo Asesor del Ministerio Público de la Defensa

  1. Conformación. El Consejo Asesor del Ministerio Público de la Defensa está conformado por :

  1. un defensor público de la Defensoría General de la Nación elegido por el Defensor General de la Nación;

  2. un defensor público del interior del país con rango no inferior a juez de cámara elegido por sorteo público;

  3. un defensor público con actuación en la Ciudad de Buenos Aires con rango no inferior a juez de cámara elegido por sorteo público;

  4. un defensor público con rango no inferior a juez de primera instancia elegido por sorteo público;

  5. un Tutor o un Curador Público elegido por sorteo público;

  6. un representante de una Organización no Gubernamental con amplio reconocimiento en temas de administración de justicia y protección de derechos;

  7. un representante de un colegio público de abogados.

La duración en el cargo será de DOS (2) años. La reglamentación dispondrá lo pertinente sobre los aspectos de su funcionamiento y elección de miembros, que deberán sesionar al menos DOS (2) veces al año y en toda ocasión que fueran convocados por el Defensor General de la Nación, quien presidirá el Consejo.

  1. Funciones específicas. El Consejo Asesor del Ministerio Público de la Defensa tiene las siguientes funciones:

  1. asesorar al Defensor General de la Nación sobre el servicio de defensa pública y las necesidades de expansión;

  2. proponer vías de acción respecto a las recomendaciones generales del Defensor General de la Nación;

  3. evacuarlas consultas que le realice el Defensor General de la Nación.

Título III

Prestación del servicio de Defensa Pública

Capítulo 1

Integración del Ministerio Público de la Defensa

  1. Integrantes. El Ministerio Público de la Defensa estará integrado por:

  1. Magistrados:

  1. Defensor General de la Nación;

  2. Defensores Generales Adjuntos;

  3. Defensores Públicos Oficiales y Defensores Públicos de Menores e Incapaces ante las Cámaras de Casación;

  4. Defensores Públicos de Coordinación;

  5. Defensores Públicos Oficiales de la Defensoría General de la Nación, Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en lo Penal Nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en lo Penal Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en lo Penal Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en lo Penal de Menores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en la Ejecución de la Pena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Defensores Públicos Oficiales ante la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo;

  6. Defensores Públicos de Menores e Incapaces de Instancia Única en lo Penal Nacional y Federal y Defensores Públicos de Menores e Incapaces ante los Tribunales de Segunda Instancia;

  7. Defensores Públicos Oficiales ante los Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Defensores Públicos Oficiales Federales del interior del país;

  8. Defensores Públicos Oficiales Adjuntos de la Defensoría General de la Nación, Defensores Públicos de Menores e Incapaces de Primera Instancia, Defensores Públicos Oficiales ante los Jueces y Cámaras de Apelaciones, Defensores Públicos Oficiales en las Relaciones de Consumo y Defensores Públicos Oficiales ante los Juzgados Federales de Ejecuciones Fiscales Tributarias;

  9. Tutores y Curadores Públicos;

  10. Defensores Auxiliares de la Defensoría General de la Nación.

  1. Defensores Públicos Coadyuvantes;

  2. otros Funcionarios y Empleados Administrativos y de Maestranza.

Capítulo 2

Deberes y garantías para la gestión de casos de la Defensa Pública

  1. Deber esencial. Los integrantes del Ministerio Público de la Defensa deberán gestionar sus casos de manera eficiente, en forma permanente y continua, propendiendo a una defensa técnica efectiva y adecuada.

  2. Autonomía e independencia técnica. Se garantizará la autonomía e independencia técnica de quien gestione casos de la defensa pública. Los integrantes del Ministerio Público de la Defensa procurarán canalizar las indicaciones del asistido o defendido en la búsqueda de la solución que más lo favorezca, actuando según sus criterios profesionales.

Deberá fundamentar las presentaciones judiciales que realice su asistido o defendido, salvo que fueren notoriamente improcedentes, en cuyo caso se lo hará saber.

No podrá obligar a sus asistidos o defendidos a la elección de alternativas o procedimientos que dependan de la voluntad de aquéllos.
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