Los Cabildos asumen la representación ordinaria en cada isla de la Administración autónoma, y ejecutan en su nombre, cualquier competencia que ésta no ejerza directamente a través de órganos administrativos propios






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De dicha comparativa se puede concluir que solo en las materias de Consumo, Empleo, Igualdad de género, Juventud, Patrimonio histórico y Sanidad se añaden a las previstas en la legislación básica estatal. El alcance de las competencias a transferir a los municipios, dado que su enunciado es muy escueto y genérico, dependerá del legislador autonómico solo limitado por los principios de los citados arts. 4 y 5.
Respecto a la delegación, el legislador autonómico, solo sujeta su atribución a la conveniencia de llevarse a cabo su ejercicio en el ámbito municipal (art. 10.2)36 , mediante la prosecución de una mayor eficiencia en la gestión y evitar las duplicidades administrativas.
2.1.9.-COMPETENCIAS DE LOS CABILDOS INSULARES EN LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES.-

El artículo 26.2 LRBRL incorpora como nueva redacción lo siguiente:

2. En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes servicios:

a) Recogida y tratamiento de residuos.

b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.

c) Limpieza viaria.

d) Acceso a los núcleos de población.

e) Pavimentación de vías urbanas.

f) Alumbrado público.

Dado que en las islas existen municipios que tienen menos de 20.000 habitantes, la coordinación se dará respecto a ellos por cada CbI.

Para coordinar la citada prestación de servicios la Diputación propondrá, con la conformidad de los municipios afectados, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la forma de prestación, consistente en:

la prestación directa por la Diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas.

Para reducir los costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera.

Cuando el municipio justifique ante la Diputación que puede prestar estos servicios con un coste efectivo menor que el derivado de la forma de gestión propuesta por la Diputación provincial o entidad equivalente, el municipio podrá asumir la prestación y coordinación de estos servicios si la Diputación lo considera acreditado.

Cuando la Diputación o entidad equivalente asuma la prestación de estos servicios repercutirá a los municipios el coste efectivo del servicio en función de su uso. Si estos servicios estuvieran financiados por tasas y asume su prestación la Diputación o entidad equivalente, será a ésta a quien vaya destinada la tasa para la financiación de los servicios.
La ley 7/2015 dedica el capítulo III del Título I (art. 12) a desarrollar esta asistencia, distinguiendo entre:


    1. Municipios de más de 20.000 habitantes en los que la asistencia y cooperación es voluntaria y a solicitud de estos.

    2. Municipios de menos de 20.000 habitantes, a los que se les otorgará un plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la Ley, para manifestar si tienen voluntad de prestación de los servicios de los servicios de tratamientos de residuos y prevención y extinción de incendios que, en caso de no existir esa manifestación expresa, los prestará el CbI.37


En consecuencia como expresaba el profesor G. Trujillo38 no se debe olvidar que los sujetos político-territoriales que comparten el poder político del Estado, son las CCAA, aunque ni la regulación constitucional, ni la estatutaria, impiden contar con los CbI para el logro de los fines de la CCAA y la prestación de los servicios públicos a través de los CbI.

2.2 INICIDENCIA DE LA LEY 27/2013 EN EL HECHO INSULAR. LA CC AA DE BALEARES.-

2.2.1.- REGIMEN JURIDICO DE LOS CONSEJOS INSULARES EN LA CC AA DE BALEARES:

En la CCAA de Baleares, los Consejos Insulares (en adelante CnI) son considerados en su EA como una pieza más de su sistema institucional autonómico, al mismo nivel que los poderes principales de la misma, a diferencia del EA de Canarias (art. 8.1 del EACan) que no les otorga tal relevancia de poder autonómico39. En consecuencia, se les tiene como instituciones de la CCAA a los efectos de ejercicio competencial de las asumidas por el EA:

Artículo 61. Los Consejos Insulares

1. Los Consejos Insulares son las instituciones de gobierno de cada una de las islas y ostentan el gobierno, la administración y la representación de las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, así como de las islas adyacentes a éstas.

2. Los Consejos Insulares gozarán de autonomía en la gestión de sus intereses de acuerdo con la Constitución, este Estatuto y lo establecido en las leyes del Parlamento.

3. Los Consejos Insulares también son instituciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
La última reforma de dicho EA (L. O. 1/2007 de 28 de febrero) ha profundizado de tal manera en la descentralización interna de la CCAA que congela en el nivel estatutario las competencias que, con carácter de propias deben ejercer dichos CnI:

Artículo 70. Competencias propias

Son competencias propias de los Consejos Insulares, además de las que les vengan atribuidas por la legislación estatal, las siguientes materias:

1. Urbanismo y habitabilidad.

2. Régimen local.

3. Información turística. Ordenación y promoción turística.

4. Servicios sociales y asistencia social. Desarrollo comunitario e integración. Política de protección y atención a personas dependientes. Complementos de la Seguridad Social no contributiva. Voluntariado social. Políticas de atención a las personas y a los colectivos en situación de pobreza o necesidad social.

5. Inspección técnica de vehículos.

6. Patrimonio monumental, cultural, histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico y paisajístico en su ámbito territorial, y depósito legal de libros.

7. Actividades clasificadas. Parques acuáticos. Infracciones y sanciones.

8. Tutela, acogimiento y adopción de menores.

9. Deporte y ocio. Fomento y promoción de las actividades deportivas y de ocio.

10. Transportes terrestres.

11. Espectáculos públicos y actividades recreativas.

12. Agricultura, ganadería y pesca. Calidad, trazabilidad y condiciones de los productos agrícolas y ganaderos y de los productos alimenticios que de ellos se derivan.

13. Ordenación del territorio, incluyendo el litoral.

14. Artesanía. Fomento de la competitividad, la capacitación y el desarrollo de las empresas artesanas. Promoción de productos artesanales. Creación de canales de comercialización.

15. Carreteras y caminos.

16. Juventud. Diseño y aplicación de políticas, planes y programas destinados a la juventud.

17. Caza. Regulación, vigilancia y aprovechamiento de los recursos cinegéticos.

18. Cultura. Actividades artísticas y culturales. Fomento y difusión de la creación y la producción teatral, musical, cinematográfica y audiovisual, literaria, de danza y de artes combinadas. Promoción y animación socio-cultural.

19. Museos y archivos y bibliotecas de titularidad autonómica, en su ámbito territorial. Conservatorios de música, servicios de bellas artes, hemerotecas e instituciones similares, de ámbito insular.

20. Políticas de género. Conciliación de la vida familiar y laboral. Mujer.

A la entrada en vigor del presente Estatuto de Autonomía se transferirán las competencias atribuidas como propias a los Consejos Insulares, mediante Decreto de traspaso acordado en Comisión Mixta de Transferencias.
Así como prescribe (articulo 71 EA40) las que podrán recibir por medio de delegación o transferencia mediante ley sectorial, para el ejercicio de la función ejecutiva y la gestión, ello significa que en las anteriores asume también la función normativa reglamentaria de desarrollo de la legislación del Parlamento balear y la que correspondería a los poderes de la CCAA de fijar las políticas propias (artículo 73 EA41).

El resto de las competencias estatutarias se ejercerán por la administración propia de la CCAA sin perjuicio de la posible encomienda o delegación a los CnI y los municipios (articulo 80 EA)
Cuestiones________________________________________________________________
2.2.2.- ¿CUALES SON LAS COMPETENCIAS PROPIAS DE LOS CONSEJOS INSULARES ATRIBUIDAS POR LA LEGISLACION BASICA DE REGIMEN LOCAL?:

Como administración local, (art. 141.4 CE) el régimen competencial de los CnI (denominados entidad equivalente en la poco afortunada denominación de la Ley42) ha de partir de lo dispuesto en el artículo 7 de la vigente Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (de acuerdo con la modificación operada por la Ley 27/2013 de 27 de diciembre43 , de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local).

No obstante la Disposición Adicional 16ª.2 establece que 2. La aplicación de esta Ley a los Consejos Insulares de las Illes Balears se realizará en los términos previstos en su legislación específica y con estricta sujeción a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

De dichas modificaciones se pueden extraer las siguientes consecuencias:

  1. Las competencias de los CnI son propias o atribuidas por delegación.

  2. Las propias sólo podrán ser determinadas por Ley (lo que incluye las previstas en la legislación básica del estado pero también las transferidas por la legislación autonómica) y se ejercerán en régimen de autonomía y bajo su propia responsabilidad, si bien atendiendo a la debida coordinación con las demás Administraciones.

  3. El Estado y la CCAA de Baleares podrán delegarles el ejercicio de sus competencias. La delegación de competencias estatales o autonómicas en los CnI debe ir acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria, su duración no será inferior a los cinco años y la Administración que delega se reservará los mecanismos de control precisos para asegurar la adecuada prestación del servicio delegado.

Si la CCAA de Balares delega competencias, o suscribe convenios de colaboración con los CnI que impliquen obligaciones financieras o compromisos de pago a cargo de la CCAA, será necesario que ésta incluya una cláusula de garantía del cumplimiento de estos compromisos, consistente en la autorización a la Administración General del Estado a aplicar retenciones en las transferencias que les correspondan por aplicación de su sistema de financiación.

Fuera de las propias o delegadas, podrán ejercer competencias “distintas44” a las anteriores (art.7.4 LRBRL) cuando se den los siguientes requisitos, por no existir para los CnI la clausula general del articulo 25.1 cuando se den los siguientes requisitos:


  • Que no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal45.

  • Que no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio con otra Administración Pública

En desarrollo de lo anterior la NOTA INFORMATIVA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE 4 DE MARZO DE 2014 establece los requisitos procedimentales para que se dé la posibilidad de ejercicio de competencias “distintas”, consistente en la emisión de informes necesarios, vinculantes y previos en los términos siguientes:

  • Informe necesario y vinculante de la Administración competente por razón de la materia y en el que se señale la inexistencia de duplicidades.

  • Informe necesario y vinculante de la administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. En el caso de Baleares la emisión de dicho informe le corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Estos informes son vinculantes, por lo que si del primero se deduce que el ejercicio de la competencia en cuestión, no es sostenible para el CnI o del segundo, que existe duplicidad en la prestación de los servicios, el CnI deberá de dejar de ejercer la competencia en cuestión

Por tanto, habrá que entender que tras la entrada en vigor de la LRSAL (el 31 de diciembre de 2013) las Entidades Locales municipales ya no podrán seguir ejerciendo competencias que no les hayan sido atribuidas ya sea como propias (por ley) o como delegadas, salvo que concurran los requisitos establecidos en el artículo 7.4 de la LRBRL. Esto conllevará la consecuencia de un incremento de la responsabilidad de coordinación y en su caso de ejercicio de competencias que hasta ahora desarrollaban los municipios, por los CnI. El resultado será la prestación directa o mediante formulas de gestión compartida como consorcios, mancomunidades u otras formulas.

En dicha NOTA el nuevo marco competencial de los CnI sería el siguiente:
-Las competencias propias del art. 36.1

-Las que le transfieran, deleguen o encomienden el Estado o su CCAA

- Coordinación en la prestación de determinados servicios obligatorios en municipios con población inferior a 5.000 y 20.000 habitantes cuando estos no procedan a su prestación (art 26.2 y 3).

- La cláusula residual del art. 7.4., esto es competencias autoatribuidas46.

-Otras funciones recogidas en los artículos 13.5, 27.2 y 116 bis.3
En suma entiendo que de una interpretación armónica de los artículos 2.1, 7.2 y 3, así como el 25.1 para los municipios, todos de la LBRL, las competencias denominadas como propias de los entes locales, incluidos los CnI, son: i) todas aquellas que se atribuyen por la ley básica de régimen local, ii) las que enuncie las leyes de desarrollo de este régimen en cada CCAA, iii) la legislación sectorial ya sea estatal o autonómica. Solo las ejercidas en régimen de iniciativa propia o autoatribución, las distintas, deberían cumplimentar los requisitos del apartado 4 del artículo 747. Entendiendo para los municipios que el apartado 2 del artículo 25, se refiere a competencias mínimas y el 26 a garantía de prestación de servicios públicos mínimos en función del número de habitantes48.
2.2.3.- CUALES SON LAS NOVEDADES COMPETENCIALES INTRODUCIDAS POR LA LRSAL
En consecuencia, ordenado por apartados del precepto, las novedades introducidas en el articulado de la LRBRL son:
En el Artículo 36.1.b
Se adiciona la prestación a los servicios de Secretaría e Intervención a los Municipios de menos de 1.000 habitantes-

Ha de entenderse incluido en este apartado, la asistencia letrada y de asesoría jurídica, técnica y económica a prestar por los CI a los ayuntamientos de su isla a través de un servicio de asistencia y asesoría, en los procedimientos administrativos judiciales en los que aquéllos sean parte, previa solicitud de estos y sin coste alguno para los municipios.

En el Artículo 36.1.c

Se adiciona a partir del término “supracomarcal” toda la redacción posterior. Ello supone que los CI deberán asumir la prestación del servicio de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Si ya lo vienen asumiendo para todos municipios de su isla, deberán consolidar su prestación ahora por ministerio de la ley, con la necesaria armonización de su coste (Ordenanza de Tasa).

En el caso del servicio prevención y extinción de incendios, aunque debe de prestarse por los municipios de más de 20.000 habitantes, asumiendo el CI el de los municipios con número de habitantes inferior a esa cifra como en el caso anterior, por economía de escala, dimensión, orografía y ubicación de espacios naturales en los municipios canarios debería efectuarse tal prestación, preferentemente a nivel insular.

En el Artículo 36.1.e
Se trata de un nuevo texto. En este sentido, estas funciones de coordinación en materia económica-financiera, a tenor del 116. bis, se darán en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del de deuda pública o de la regla de gasto.
En el Artículo 36.1.f
Se trata, también, de la incorporación a la ley básica de un nuevo texto, mediante el cual el CI deberá asumir la asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria voluntaria y ejecutiva, además del apoyo a la gestión financiera en los municipios de las islas de población inferior a 20.000 habitantes49.

En este apartado ha de tenerse en cuenta la aclaración que hace el 26.3 (en la nueva redacción) indicativa de que la asistencia se dirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los servicios mínimos, lo que significa que la asistencia se convertirá en subrogación en la prestación.

En el Artículo 36.1.g

Es una nueva incorporación normativa que, en materia de contratación centralizada y al objeto de no ocasionar una sustracción de la competencia municipal de contratación (a tenor de lo dispuesto en el R.D.L- 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el TRLCSP) podría realizarse mediante la incorporación a los Pliegos reguladores de los expedientes de contratación promovidos por el CI, de una previsión expresa relativa a la posibilidad de que los Ayuntamientos se adhieran a los mismos promoviendo un ahorro generalizado en la licitación al aumentarse el objeto contractual, o en su caso, que se publicara una Instrucción con Pliegos-Tipo. Todo ello sin perjuicio de una posible encomienda voluntaria de los municipios al CI para que llevase a cabo determinadas contrataciones para todos ellos

En el Artículo 36.1.h

Otra nueva adición que supone que el CI asumirá el seguimiento de los costes efectivos50 de los servicios prestados por los municipios de la isla (el texto legal se ha olvidado en este apartado de las islas puesto que sólo habla de provincia) independientemente de su población, puesto que no se limita. Dicho seguimiento podrá desembocar en la colaboración en la gestión eficiente, preludio de la actuación prevista en el art. 116 bis LRSAL. Teniendo consecuencias ello en la elaboración del plan insular de cooperación de obras y servicios y el otorgamiento de subvenciones del Estado y la CCAA. (artículo 36.2.a).
En el Artículo 36.1.i
Se tendrá que comprobar por cada CI si el Servicio de Salud de Illes Balears se está encargando de la totalidad del mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios de menos de 5.000 habitantes o si por el contrario, hay algún Ayuntamiento que lo esté prestando. En todo caso, las Leyes de Salud de Illes Balears (Ley 5/2003, de 4 de abril, arts. 47 y 48) y de Salud Pública de Illes Balears (Ley 16/2010, de 28 de diciembre, arts. 15 y 16) no atribuyen ninguna competencia en este sentido a los CI ni a los Ayuntamientos.

Ha de tenerse en cuenta para todos los apartados este artículo, la distinción en los supuestos de asistencia y coordinación, de los supuestos de prestación efectiva (ejemplo, el tratamiento de residuos, la prevención de incendios, la administración electrónica o la contratación centralizada donde el CI no asiste ni coordina, sino directamente debe prestar).

Se observa que la reforma de la LRSAL en ningún momento prevé la delegación de competencias de los CI a los municipios, es mas la nueva redacción del artículo 27 ha suprimido el inciso “y otras entidades locales” como si esa técnica de atribución de funciones no existiera, cuando como se verá, es utilizada por la legislación autonómica de desarrollo de régimen local y la sectorial.
2.2.4.- MARCO COMPETENCIAL DE LOS CONSEJOS INSULARES COMO ENTES LOCALES EN LA LEGISLACION AUTONÓMICA.-

Los artículos 2 y 4 de la Ley 8/2000 de 27 de octubre, de Consejos Insulares indica la naturaleza de esas EELL como constitutivas de: el gobierno, la administración y la representación de las islas de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, y de las islas adyacentes corresponderán a los consejos insulares, que gozarán de autonomía para la gestión de sus intereses.

Asimismo, conforme a lo establecido en su EA son al mismo tiempo instituciones de la CCAA y administraciones locales, remitiendo a la legislación básica del Estado para la delimitación de sus competencias en tanto tales (artículo 23): 1. Los consejos insulares ejercen las competencias que les atribuyan las leyes del Estado y de la comunidad autónoma, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía y la legislación básica del Estado.

Las competencias podrán ser atribuidas a los CnI mediante transferencia o delegación (art. 27/, por medio de una Ley del Parlamento Balear y lo serán simultáneamente a los tres consejos insulares (art. 28), como regla general. Ello no obstante, previamente a la aprobación de la ley correspondiente, cada Consejo deberá pronunciarse sobre la aceptación o el rechazo de la competencia, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 51.2, por ello, se podrá observar que, si en algunas normas de transferencia no aparecía Mallorca fue por no aceptación de la transferencia de la competencia por su CI.

cuestiones_________________________________________________________________

2.2.5. ¿QUE COMPETENCIAS OSTENTAN LOS CONSEJOS INSULARES TRANSFERIDAS COMO PROPIAS POR LA LEGISLACION TERRITORIAL DE REGIMEN LOCAL?

El régimen actual de competencias transferidas no ha resultado afectado, partiendo de lo que indica la LRSAL en su Disposición Adicional 16ª 2. Por lo que en puridad, todo dependerá de si el ejercicio de las competencias transferidas supone afección o no a estos principios.

Consolidada su posición como ente local, el punto de partida del proceso de consolidación de los CnI como instituciones de la CCAA lo constituyen la primera Ley Territorial 5/1989, de 13 de abril, de Consejos Insulares, la Ley 6/1994, de 13 de diciembre, de Atribución de Competencias a los Consejos Insulares, y la Ley 8/2000, de 27 de octubre, de Consejos Insulares.

El Parlamento de las Islas Baleares en aplicación del artículo 3951 del Estatuto de Autonomía ha aprobado como leyes de atribución de competencias a los Consejos Insulares de Menorca y de Eivissa y Formentera52 y al Consejo Insular de Mallorca53, las siguientes:

  1. La Ley 9/1990, de 20 de junio, de Atribución de Competencias a los Consejos Insulares en Materia de Urbanismo y Habitabilidad.

  2. 2. La Ley 8/1993, de 1 de diciembre, de Atribución de Competencias a los Consejos Insulares en Materia de Régimen Local.

  3. 3. La Ley 9/1993, de 1 de diciembre, de Atribución de Competencias a los Consejos Insulares en Materia de Información Turística.

  4. 4. La Ley 12/1993, de 20 de diciembre, de Atribución de Competencias a los Consejos Insulares en Materia de Servicios Sociales y Asistencia Social.

  5. 5. La Ley 13/1993, de 20 de diciembre, de Atribución de Competencias a los Consejos Insulares en Materia de Inspección Técnica de Vehículos.

  6. 6. La Ley 6/1994, de 13 de diciembre, de Atribución de Competencias a los Consejos Insulares en Materia de Patrimonio Histórico, de Promoción Sociocultural, de Animación Sociocultural, de Depósito Legal de Libros y de Deportes.

  7. 7. La Ley 8/1995, de 30 de marzo de Atribución de Competencias a los Consejos Insulares en Materia de Actividades Clasificadas y Parques Acuáticos, Reguladora del Procedimiento y de las Infracciones y Sanciones.

  8. 8. La Ley 3/1996, de 29 de noviembre, de Atribución de Competencias a los Consejos Insulares de Menorca y de Eivissa y Formentera en Materia de Ordenación Turística.

  9. Ley 8/1997, de 18 de diciembre , de Atribución de Competencias a los Consejos Insulares en Materia de Tutela, Acogimiento y Adopción de Menores.

  10. Ley 13/1998, de 23 de diciembre ) , de Atribución de Competencias a los Consejos Insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera en Materia de Transportes Terrestres.

  11. Ley 7/1999, de 8 de abril , de Atribución de Competencias a los Consejos Insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera en Materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

  12. Ley 8/1999, de 12 de abril , de Atribución de Competencias a los Consejos Insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera en Materia de Agricultura, Ganadería, Pesca y Artesanía.

  13. Ley 2/2001, de 7 de marzo , de Atribución de Competencias a los Consejos Insulares en Materia de Ordenación del Territorio.

  14. Ley 14/2001, de 29 de octubre , de Atribución de Competencias a los Consejos Insulares en Materia de Servicios Sociales y de Seguridad Social.

  15. Ley 16/2001, de 14 de diciembre , de Atribución de Competencias a los Consejos Insulares en Materia de Carreteras y Caminos.

3. El Consejo Insular de Formentera asume también, dentro su ámbito territorial, el ejercicio de la función ejecutiva y de gestión en las materias de transportes terrestres y de agricultura, ganadería y pesca, la competencia sobre las cuales fue delegada al Consejo Insular de Ibiza y Formentera mediante las disposiciones siguientes:

a) Ley 13/1998, de 23 de diciembre, de Atribución de Competencias a los Consejos Insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera en Materia de Transportes Terrestres.

b) Ley 8/1999, de 12 de abril, de Atribución de Competencias a los Consejos Insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera en Materia de Agricultura, Ganadería, Pesca y Artesanía.
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