Los Cabildos asumen la representación ordinaria en cada isla de la Administración autónoma, y ejecutan en su nombre, cualquier competencia que ésta no ejerza directamente a través de órganos administrativos propios






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La Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, artículo 10, indica que corresponde a los ayuntamientos, en el ámbito regulado por la misma las siguientes competencias:

1) La aprobación de ordenanzas y reglamentos sobre actividades y espectáculos públicos, sin perjuicio de la competencia normativa atribuida al Gobierno de Canarias para el desarrollo de la presente ley, y a los cabildos insulares.

2) La tramitación y resolución, en su caso, de los instrumentos de intervención previa previstos en la presente ley.

3) La emisión de informe de calificación en los procedimientos de licencias de actividades clasificadas, en aquellos supuestos que le atribuye la presente ley o, en el caso de delegación del cabildo insular correspondiente.

4) El ejercicio de las potestades de comprobación, inspección, sanción, revisión y demás medidas de control que afecten a las actividades clasificadas y espectáculos públicos, en los supuestos previstos en el apartado anterior

2.1.8.1.13.- Juventud:

Según la Ley 7/2007 de 13 de abril, Canaria de la Juventud, los Ayuntamientos canarios tienen atribuidas las competencias siguientes (art.8):

a) Participación en la planificación en los ámbitos autonómico e insular de las políticas de juventud.

b) El estudio y la detección de las necesidades juveniles en su ámbito territorial.

c) La elaboración de planes, programas y acciones juveniles de ámbito municipal, de acuerdo con la planificación lobal.

d) La gestión de las políticas de juventud que les correspondan como consecuencia de los convenios que suscriban a tal fin con la Comunidad Autónoma o los Cabildos Insulares.

e) La supervisión y coordinación de los programas y acciones juveniles en el ámbito municipal, de conformidad con las normas de coordinación que dicte el Gobierno de Canarias y el correspondiente Cabildo Insular, con la finalidad de alcanzar las previsiones de la planificación global.

f) El impulso de los respectivos Consejos de la Juventud Locales como órganos de consulta, asesoramiento y participación del colectivo joven en el diseño de las políticas de juventud de ámbito municipal que le son propias.

g) El fomento de la participación ciudadana en la prevención y resolución de los problemas juveniles detectados en su territorio.

h) La formación permanente y el reciclaje del personal con funciones en materia de juventud adscritos a estas entidades.

i) Cualquier otra establecida en virtud de norma de rango legal.

2.1.8.1.14.- Igualdad entre mujeres y hombres (genérica):

La Ley 1/2010, de 26 de febrero Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres, artículo 4, indica que serán principios generales de actuación de todos los poderes públicos de Canarias, en el marco de sus competencias los siguientes:

1. La igualdad de trato entre mujeres y hombres, que supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, en el ámbito educativo, económico, político, social, laboral y cultural, en particular, en lo que se refiere al empleo, a la formación profesional y a las condiciones de trabajo.

2. La igualdad de oportunidades mediante la adopción de las medidas necesarias para la eliminación de la discriminación y especialmente, aquellas que incidan en la creciente feminización de la pobreza.

3. El reconocimiento de la maternidad como un valor social, evitando los efectos negativos en los derechos de las mujeres, y la consideración de la paternidad en un contexto familiar y social de corresponsabilidad, de acuerdo con los nuevos modelos de familia.

4. El fomento de la corresponsabilidad, a través del reparto equilibrado entre mujeres y hombres de las responsabilidades familiares, de las tareas domésticas y del cuidado de las personas en situación de dependencia en cualquier circunstancia en que se encuentren ambos progenitores de matrimonio, separación, divorcio, nulidad o convivencia de hecho.

5. La adopción de las medidas específicas necesarias destinadas a eliminar las desigualdades de hecho por razón de sexo que pudieran existir en los diferentes ámbitos.

6. La especial protección del derecho a la igualdad de trato de aquellas mujeres o colectivos de mujeres que se encuentren en riesgo de padecer múltiples situaciones de discriminación o de exclusión.

7. La promoción del acceso a los recursos de todo tipo a las mujeres que viven en el medio rural y su participación plena, igualitaria y efectiva en la economía y en la sociedad.

8. El fomento de la participación o composición equilibrada entre mujeres y hombres en los distintos órganos de representación y de toma de decisiones.

9. El impulso de las relaciones entre las distintas administraciones, instituciones y agentes sociales sustentadas en los principios de colaboración, coordinación y cooperación, para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres.

10. La adopción de las medidas necesarias para eliminar el uso sexista del lenguaje, garantizar y promover la utilización de una imagen de las mujeres y los hombres fundamentada en la igualdad de sexos, en todos los ámbitos de la vida pública y privada.

11. El impulso de la efectividad del principio de igualdad en las relaciones entre particulares.

12. La incorporación del principio de igualdad de género y la coeducación en el sistema educativo y en cualquier modalidad de acción formativa.

13. El respeto a las diferencias, que debe ser potenciado por las administraciones, poniendo los medios necesarios para que el proceso hacia la igualdad de sexos se realice respetando tanto la diversidad y las diferencias existentes entre mujeres y hombres en cuanto a su biología, condiciones de vida, aspiraciones y necesidades, como la diversidad y diferencias existentes dentro de los propios colectivos de mujeres y hombres.

14. La integración de la perspectiva de género en todas sus políticas y acciones, de manera que establezcan en todas ellas el objetivo general de eliminar las desigualdades y promover la igualdad entre mujeres y hombres.

15. La transversalidad, principio que comporta aplicar la perspectiva de género en las fases de planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas llevadas a cabo por las administraciones públicas con la finalidad de eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres.

16. La obligación de diseñar, presupuestar y poner en marcha sistemas de protección, información y acompañamiento a todas las mujeres víctimas de la violencia de género, facilitando la coordinación de los distintos cuerpos y fuerzas policiales que operan en Canarias en el ejercicio de las funciones que legalmente les corresponden.

17. La coordinación, entendida como la ordenada gestión de competencias entre las administraciones públicas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, con la finalidad de lograr una mayor eficacia tanto en las políticas a aplicar como en la ejecución del presupuesto, donde se debe tender a su optimización y evitar la duplicidad de gastos para los mismos fine

2.1.8.1.15.- Empleo (genérica)

A tenor de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo modificada por Ley 3/2011, de 18 de febrero (art.21):

El Sistema de Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias queda integrado por el conjunto de las actividades, los servicios y las prestaciones desarrolladas por organizaciones o entidades públicas o privadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias para el desarrollo de la política de formación y empleo del Gobierno de Canarias.

Forman parte del Sistema de Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias el Servicio Canario de Empleo y la red de estructuras, medidas y acciones subvencionadas por el mismo para promover y desarrollar la política de empleo del Gobierno de Canarias. La red, a fin de lograr la eficiencia de esa política de empleo, quedará coordinada por el Servicio Canario de Empleo, el cual pondrá en marcha los instrumentos de cooperación con otras administraciones y entidades públicas o privadas para lograr que los recursos subvencionados por el Servicio funcionen conforme a criterios de coordinación para lograr la eficacia y eficiencia.

2.1.8.1.16.- Educación y formación permanente de personas adultas de Canarias (genérica)

De conformidad con la Ley 13/2003, de 4 de abril, de Educación y Formación permanente de personas adultas de Canarias (art.24) La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la colaboración del resto de las administraciones públicas y entidades privadas, garantizará la consecución de los fines, principios y objetivos previstos en esta Ley, así como el eficaz desarrollo de sus líneas programáticas

2.1.8.1.17.- Cooperación internacional (genérica)

Dispone la Ley 4/2009, de 24 de abril, Canaria de Cooperación internacional para el desarrollo que (art.22) “a instancia de las Entidades Locales se creará el Fondo Canario Local de Cooperación internacional al desarrollo con el fin de fortalecer las acciones de cooperación que se realicen en la Comunidad autónoma y aumentar la eficiencia de los recursos locales destinados a este fin”

Dicha Ley debe complementarse con la reciente Ley 2/2014 de 25 de marzo de la acción y del servicio exterior del Estado que prevé la posibilidad de que las Entidades Locales puedan celebrar acuerdos internacionales administrativos en ejecución y concreción de un tratado internacional, siempre y cuando sea previsto expresamente por el propio Tratado, el cual les atribuya competencia para ello y verse sobre materias de su competencia.

2.1.8.2.- ¿CUALES SON LOS SERVICIOS MINIMOS OBLIGATORIOS PARA LOS MUNICIPIOS EN CANARIAS ATENDIENDO AL NÚMERO DE HABITANTES?

2.1.8.2.1 Según el Artículo 26.1.a LBRL:

1) Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:

a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.
Desaparece el servicio de control de alimentos y bebidas, el cual, a tenor de la Disposición Transitoria Tercera a partir del 30 de junio de 2014, pasará a ser desempeñado por la Comunidad Autónoma Por lo tanto, los municipios canarios deberían prestar solo estos servicios declarados obligatorios dejando de prestar el de control de alimentos y bebidas. Ahora bien, ha de tenerse en cuenta que el artículo 47 de la Ley Territorial 11/1994 de 26 de julio, de ordenación sanitaria de Canarias les atribuye en materia de salud pública, entre otros apartados, “el control sanitario de la distribución y suministro de alimentos, bebidas y demás productos, directa o indirectamente relacionados con el uso o consumo humano, así como los medios de su transporte

2.1.8.2.1.2 Según el Artículo 26.1.b LBRL:

b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.

Sin embargo respecto al tratamiento de residuos, la Ley estatal 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (art.12.5) establece:

Corresponde a las Entidades Locales, o a las Diputaciones Forales cuando proceda:

a) Como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios en la forma en que establezcan sus respectivas ordenanzas en el marco jurídico de lo establecido en esta Ley, de las que en su caso dicten las Comunidades Autónomas y de la normativa sectorial en materia de responsabilidad ampliada del productor. La prestación de este servicio corresponde a los municipios que podrán llevarla a cabo de forma independiente o asociada.

b) El ejercicio de la potestad de vigilancia e inspección, y la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias.

c) Las Entidades Locales podrán:

1.º Elaborar programas de prevención y de gestión de los residuos de su competencia.

2.º Gestionar los residuos comerciales no peligrosos y los residuos domésticos generados en las industrias en los términos que establezcan sus respectivas ordenanzas, sin perjuicio de que los productores de estos residuos puedan gestionarlos por sí mismos en los términos previstos en el artículo 17.3. Cuando la entidad local establezca su propio sistema de gestión podrá imponer, de manera motivada y basándose en criterios de mayor eficiencia y eficacia en la gestión de los residuos, la incorporación obligatoria de los productores de residuos a dicho sistema en determinados supuestos.

3.º A través de sus ordenanzas, obligar al productor o a otro poseedor de residuos peligrosos domésticos o de residuos cuyas características dificultan su gestión a que adopten medidas para eliminar o reducir dichas características o a que los depositen en la forma y lugar adecuados.

4.º Realizar sus actividades de gestión de residuos directamente o mediante cualquier otra forma de gestión prevista en la legislación sobre régimen local. Estas actividades podrán llevarse a cabo por cada entidad local de forma independiente o mediante asociación de varias Entidades Locales.
No obstante lo anterior, debe de precisarse que, sin perjuicio de que la competencia resulta claramente atribuida a los Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, al referirse el precepto genéricamente a las EELL, se incluyen en esta denominación a los CbI y llevarse a cabo la prestación del servicio público a nivel insular, como se ha apuntado más atrás, por razones de eficacia y eficiencia, así como desde el punto de vista ecológico.

2.1.8.2.1.3. Artículo 26.1.c LBRL:

c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.

Ya no aparece la genérica “prestación de servicios sociales” sino sólo las urgentes. En este sentido, dicha modificación ha de ponerse en relación con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley de Racionalización según la cual con fecha 31 de diciembre de 2015 “las Comunidades autónomas asumirán la titularidad de las competencias que se preveían como propias del Municipio relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social”. Ahora bien, a tenor del apartado 4 de dicha Disposición Transitoria ello “se entiende sin perjuicio de la posibilidad de las Comunidades Autónomas de delegar dichas competencias en los Municipios, Diputaciones provinciales o entidades equivalentes” de conformidad con lo dispuesto en el art. 27.

Ello ha de ponerse en relación con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Territorial 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales según el cual, entre otros extremos, corresponde a los Ayuntamientos, en el marco de lo dispuesto en la legislación básica de régimen local34, lo siguiente:

  1. Participación en el proceso de planificación de los servicios sociales que afecten al ámbito municipal o comarcal.

  2. Estudio y detección de las necesidades en su ámbito territorial.

  3. Elaboración de los planes y programas de servicios sociales dentro del termino municipal, de acuerdo con la planificación global realizada por la comunidad autónoma.

  4. Gestionar los servicios sociales comunitarios de ámbito municipal.

  5. Gestionar los servicios sociales especializados de ámbito municipal.

  6. Gestionar las funciones y servicios que le sean delegados o concertados por la comunidad autónoma de Canarias o los cabildos insulares.

  7. Supervisar y coordinar, en el municipio, los servicios sociales municipales con los de la iniciativa privada del mismo ámbito, de conformidad con las normas de coordinación que dicte la comunidad autónoma, con la finalidad de alcanzar las previsiones de la planificación general.

  8. Gestionar prestaciones económicas y colaborar en lo que reglamentariamente se establezca en la gestión de las prestaciones económicas y subvenciones de los cabildos y la comunidad autónoma en lo que se refiere a servicios sociales en su ámbito municipal.

  9. Coordinación de los servicios sociales municipales con los otros sectores vinculados al campo del bienestar social.

  10. Fomento de la participación ciudadana en la prevención y resolución de los problemas sociales detectados en su territorio.

  11. Fomento y ayuda a las iniciativas sociales no lucrativas que se promuevan para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio.

  12. Formación permanente y reciclaje del personal de los servicios sociales de estas corporaciones.

Dada la restricción operada en la Ley 27/2013, en materia de servicios sociales, y relacionando con lo que indica el artículo 13 de la ley territorial canaria, no todos los servicios sociales que hasta la fecha se vienen prestando por los municipios canarios tendrían cobertura normativa a excepción de los servicios comunitarios previstos en las letras a) y e) del Art. 6.3 de la ley canaria conceptuados como servicios sociales o comunitarios (nivel primario del sistema) y que a continuación se transcriben:

a) Información, valoración y orientación: tendrán por objeto prestar información, orientación y asesoramiento a los ciudadanos, en relación con los derechos y recursos sociales existentes, para la resolución de las necesidades que planteen, así como la recogida de información orientada hacia una posterior planificación, además de aclarar la procedencia, en su caso, de las prestaciones aplicables en materia de servicios sociales.

e) Prospección y detección de situaciones individuales o colectivas de marginación o de riesgo de la misma, y consiguiente acción preventiva, asistencial o rehabilitadora.

Especial relevancia podría tener para los municipios de menos de 20.000 habitantes la desaparición del servicio de ayuda a domicilio, que se contiene en el apartado c) del artículo 6.3 de la Ley territorial y que dada la remisión normativa a la legislación de régimen local que hace esa Ley, en coherencia con los términos del 26 LBRL en la nueva redacción, no podrían ser prestados por los municipios que no alcanzasen dicha cifra de población.

En esta misma materia, sin embargo, ha de tenerse en cuenta que conforme a la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores (art.12.2) corresponden a los Ayuntamientos canarios las siguientes competencias (sin remisión normativa a los términos de la legislación básica) “En particular, corresponden a los ayuntamientos canarios, a través de los servicios básicos de asistencia social o de los órganos y unidades administrativas que se determinen en sus normas orgánicas, las competencias siguientes:

a) El establecimiento y gestión de servicios de atención, información y asesoramiento a los menores y a las familias.

b) La recogida de datos y la realización de estudios y estadísticas sobre las necesidades de los menores y familias del término municipal, sin perjuicio de las competencias de otras Administraciones Públicas. c) La promoción de las actividades y actuaciones que redunden en la formación de los menores, facilitando el conocimiento y ejercicio de los derechos que les reconoce y garantiza el ordenamiento jurídico.

d) La constitución de unidades administrativas o servicios específicos de atención a los menores.

e) La creación y gestión de unidades de atención inmediata y permanente a los menores.

f) La creación y fomento de escuelas de información y formación de quienes ejerzan o puedan ejercer funciones parentales y de los menores.

g) La detección de situaciones de riesgo para los menores, en coordinación con los centros y unidades escolares y sanitarias de su ámbito territorial.

h) La adopción, en colaboración con los consejos escolares, de las medidas necesarias para garantizar la escolarización obligatoria.

i) La declaración de la situación de riesgo, adoptando las medidas necesarias para la protección de los menores.

j) La asunción de la guarda provisional de los menores a solicitud de las personas que tienen la potestad sobre los mismos, en los medios y centros de titularidad municipal, hasta que se adopte una resolución por el órgano autonómico competente.

k) La gestión de las prestaciones económicas destinadas a la población municipal, de acuerdo con las previsiones de los convenios que suscriban a tal fin con la Administración autonómica o con el cabildo insular.

l) Las que deriven o se relacionen con las anteriores que dimanen de las funciones de información, promoción, detección, prevención e integración sociofamiliar de los menores, aun cuando no estén específicamente previstas en esta ley.

m) Cualesquiera otras que se contemplan en esta ley o se les atribuyan por el ordenamiento jurídico

Respecto a protección civil, ha de tenerse en cuenta que la Ley 2/1985 de 21 de enero de Protección civil otorga a las Corporaciones Locales la potestad sancionatoria en esta materia lo cual resulta paradójico si no se presta el servicio. En este apartado, resulta preciso mencionar que si muchos de los Ayuntamientos canarios por su población no tuviesen competencias en esta materia, resultaría forzado el mantenimiento de este servicio sin soporte competencial.

Sin embargo, esta materia podría tener encaje en la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias la cual indica que “El Gobierno de Canarias y las corporaciones locales están obligadas a coordinar sus actuaciones a los fines establecidos en la presente Ley, para lo cual deben facilitarse cuanta información sea precisa a fin de que los cuerpos de policía y otros servicios de seguridad y emergencias colaboren eficazmente” En este sentido, el artículo 2 de dicho texto legal indica como actuaciones las siguientes:

a) El estudio, análisis y evaluación de las situaciones de riesgo y conflicto que pudieran alterar los derechos, libertades y bienes de las personas, así como el patrimonio común.

b) La adopción de las medidas de prevención y protección necesarias para evitar o reducir la posibilidad de los daños o alteración de la seguridad pública.

c) La elaboración e implantación de programas de concienciación ciudadana en materia de seguridad pública.

d) La colaboración y coordinación, en el Sistema de Seguridad y Emergencias de Canarias.

e) La captación de la participación ciudadana.

f) La transparencia y el suministro de información a los medios de comunicación en función de las necesidades del servicio y sin perjuicio del deber de secreto profesional y de la reserva que requiera la eficacia de las investigaciones

Respecto a la competencia para la construcción y mantenimiento de las instalaciones deportivas de uso público, nos podemos preguntar ¿que pasaría con las instalaciones deportivas que han construido y mantienen los municipios de menos de 20.000 habitantes? ¿tendrían que dejar de prestar ese servicio y le correspondería al CbI?. La respuesta estriba en que por una parte, la división en el artículo 26 por habitantes, de las competencias propias del artículo 25, significa que se trata de una obligación legal mínima de su prestación. Por otra parte, el precepto en su apartado 1 abre con un “…deberán prestar…”, el articulo 25.1.l) atribuye a los municipios la prestación de la promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre, con lo cual resulta perfectamente asumible por los municipios, el mantenimiento de su prestación, al tratarse de una competencia propia.

2.1.8.2.1.4.- Artículo 26.1.d LBRL:

d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano.

Ha de reseñarse que en la redacción anterior del apartado, aparecía “protección del medio ambiente”. Ahora se utiliza la expresión genérica “medio ambiente” pero restringido al urbano entendiéndose por éste, según la Nota del Ministerio, lo relativo a los parques y jardines públicos, la gestión de los residuos sólidos urbanos y la protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. Ahora bien, ello en nuestro ámbito territorial, ha de ponerse en relación con la Ley Territorial 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias cuyo artículo 10 bajo la rúbrica “Competencias de los municipios” indica lo siguiente:

Corresponde a los ayuntamientos, en el ámbito regulado por la presente ley:

1) La aprobación de ordenanzas y reglamentos sobre actividades y espectáculos públicos, sin perjuicio de la competencia normativa atribuida al Gobierno de Canarias para el desarrollo de la presente ley, y a los cabildos insulares.

2) La tramitación y resolución, en su caso, de los instrumentos de intervención previa previstos en la presente ley.

3) La emisión de informe de calificación en los procedimientos de licencias de actividades clasificadas, en aquellos supuestos que le atribuye la presente ley o, en el caso de delegación del cabildo insular correspondiente.

4) El ejercicio de las potestades de comprobación, inspección, sanción, revisión y demás medidas de control que afecten a las actividades clasificadas y espectáculos públicos, en los supuestos previstos en el apartado anterior

cuestiones_________________________________________________________________

2.1.8.2.- ¿QUE COMPETENCIAS LES ATRIBUYE A LOS MUNICIPIOS COMO PROPIAS LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS POR MEDIO DE SU LEGISLACIÓN DE REGIMEN LOCAL?

La Ley 7/2015 de 1 de abril de Municipios de Canarias, es promulgada en desarrollo de la legislación básica del estado en materia de régimen local, a virtud de la habilitación prevista en el Estatuto de Autonomía35. Las competencias municipales se encuentran recogidas en el Capítulo II del Título I de la misma, aunque en el art. 4, desarrolla el reconocido constitucionalmente, principio de la garantía institucional de la autonomía local, se enumeran los criterios del régimen competencial de los mismos en base a:

a) La necesariedad de que se atribuya gestión por los municipios de los asuntos públicos de interés vecinal.

d) La atribución de las competencias que permitan hacer efectiva esa participación.

e) La facultad de los municipios para conformar y ejecutar una política municipal propia y diferenciada en el marco de tales competencias y participar en la configuración de las políticas sectoriales, insulares y autonómicas, que les afecten.

Dicha atribución competencial llevada a cabo por el legislador sectorial autonómico deberá ajustarse a los siguientes principios (arts. 5 a 9):


    1. Garantía de la autonomía municipal.

    2. Máxima proximidad.

    3. Igualdad de la ciudadanía en el acceso a los servicios públicos.

    4. Suficiencia financiera y estabilidad presupuestaria.

  1. descentralización,

  2. ausencia de duplicidad administrativa y

  3. eficiencia,

Las técnicas de atribución competencial usadas son la transferencia como propias y las delegadas por el Estado, la CCAA y los Cabildos Insulares.
La Ley determina ya como propias a transferir a los municipios canarios (art.11) las siguientes materias:


    1. Actividades clasificadas y espectáculos públicos.

    2. Consumo.

    3. Cultura.

    4. Deportes.

    5. Educación.

    6. Empleo.

    7. Fomento y promoción del desarrollo económico y social municipal en el marco de la planificación autonómica.

    8. Igualdad de género.

    9. Juventud.

    10. Medio ambiente.

    11. Patrimonio histórico.

    12. Protección civil y seguridad ciudadana.

    13. Sanidad.

    14. Servicios sociales.

ñ) Transportes.

    1. Turismo.

    2. Urbanismo.

    3. Vivienda.

En cuadro comparativo con las garantizadas por el LRBRL:


LRBRL

Ley 7/2015

a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.
b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.

c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.

d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.
e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.

g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.

h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.

i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.

j) Protección de la salubridad pública.

k) Cementerios y actividades funerarias.

l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.

m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.
ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.


Urbanismo

Vivienda
Medio ambiente

Actividades clasificadas y espectáculos públicos.


Servicios sociales.

Protección civil y seguridad ciudadana.
Transportes.
Turismo.
Deportes.
Cultura.
Educación.

Fomento y promoción del desarrollo económico y social municipal en el marco de la planificación autonómica
Consumo.

Empleo.

Igualdad de género.

Juventud.

Patrimonio histórico.

Sanidad.

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