Los Cabildos asumen la representación ordinaria en cada isla de la Administración autónoma, y ejecutan en su nombre, cualquier competencia que ésta no ejerza directamente a través de órganos administrativos propios






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2.1.5.1. En materia de protección de animales.-

Atribuidas por la Ley 8/1991, de 30 de abril de protección de los animales, en su artículo 22,:

En sustitución en su caso de los Ayuntamientos corresponderá a los Cabildos:


  1. Establecer y efectuar un censo de las especies de animales domésticos y de compañía que se determinen reglamentariamente

  2. Recoger, donar, esterilizar o sacrificar, cuando fuera preciso, los animales domésticos vagabundos, abandonados o entregados por su dueño o poseedor, directamente o mediante convenios con asociaciones de protección y defensa de los animales.

  3. Albergar a estos animales durante los períodos de tiempo señalados normativamente.

  4. Tramitar y, en su caso, resolver, los expedientes sancionadores previstos por esta Ley.

  5. Vigilar e inspeccionar los establecimientos de venta, guarda, adiestramiento, acicalamiento o cría de animales domésticos, directamente o mediante convenios con las Asociaciones de Protección y Defensa de los Animales

2.1.5.2. En materia de protección del patrimonio documental.-

Atribuidas por la Ley 3/1990 de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias (arts.15, 18 y 23):

  1. Planificación y coordinación, junto con la Comunidad Autónoma, de la organización y servicio de los archivos canarios de uso público y de los documentos constitutivos del Patrimonio Documental Canario

  2. Creación de los Archivos Generales Insulares

  3. Junto con el Gobierno de Canarias y los Ayuntamientos les corresponde:




    • Conservar y defender el Patrimonio Documental Canario, sin perjuicio de la colaboración exigible a los diferentes organismos y entidades de carácter público y a las personas privadas que sean propietarios o custodien parte de ese Patrimonio documental.

    • Velar para que los propietarios, conservadores y usuarios de los archivos y documentos constitutivos del Patrimonio Documental Canario respondan de las obligaciones y cargas que, según los casos, les correspondan y de las consecuencias de su incumplimiento.

    • Contribuir al mantenimiento de tales obligaciones y cargas mediante la concesión de ayudas, subvenciones o acceso a créditos especiales

  1. Junto con el Gobierno de Canarias favorecerán el conocimiento y la difusión del Patrimonio Documental Canario

  2. Junto con el Gobierno de Canarias establecerán los planes de edición de guías, inventarios, catálogos e índices de los documentos conservados en los archivos de uso público, sin perjuicio de la colaboración exigible a las instituciones de carácter público y a las personas privadas.

  3. Derecho de tanteo y retracto en caso de transmisión de patrimonio documental

  4. Autorización de salida de su sede de los bienes integrantes del patrimonio documental.

  5. Promover, junto con el Gobierno de Canarias, el depósito en archivos adecuados de fondos documentales cuando no estén amparados por las exigencias mínimas de conservación

  6. Incoación de expedientes sancionadores en materia de patrimonio documental


2.1.5.3. Pesca.-
Las atribuidas por el artículo 20.2 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias:

  1. Otorgar las concesiones y autorizaciones administrativas para el ejercicio de la actividad acuícola.

  2. La propuesta de ordenación insular del Plan Regional.

  3. La inspección y control de las explotaciones, tanto en relación con sus instalaciones como en sus métodos, condiciones técnico-sanitarias y de producción.

  4. Incoar, tramitar y resolver los procedimientos sancionadores por la comisión de infracciones administrativas previstas en esta Ley

2.1.5.4.-Sanidad
Atribuida por el artículo 46 la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias según la cual corresponde a los CbI:
1.- La ejecución de campañas de saneamiento zoosanitario, así como el control de las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

2. La participación, en los términos que se establezcan reglamentariamente, en los centros y establecimientos de su titularidad adscritos funcionalmente al Servicio Canario de la Salud, que serán gestionados por este Servicio.

3. La participación en el Consejo Canario de la Salud y en los Consejos de Dirección del Area de Salud y en el de Participación Hospitalaria
2.1.5.5.-Proteccion de consumidores y usuarios (genérica para todas las EELL):
Atribuidas por el artículo 46 de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias según la cual:
Artículo 46.- Competencias de las entidades locales.

1. Corresponde a las entidades locales velar por la protección y defensa de los consumidores y usuarios, en el ámbito de su territorio, con el alcance y contenido que les atribuye la presente Ley y el resto de las normas jurídicas que le sean de aplicación, y en concreto:

a) La información y educación de los consumidores y usuarios y el establecimiento de oficinas y servicios de información al consumidor y usuario.

b) La inspección de productos y servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado puestos a disposición del consumidor y usuario, para comprobar su origen e identidad, el cumplimiento de la normativa vigente en materia de precios, etiquetado, presentación y publicidad y los demás requisitos o signos externos que hacen referencia a sus condiciones de higiene, sanidad y seguridad.

c) Prestar las colaboraciones precisas, en los supuestos de crisis o emergencias que afecten a la salud, seguridad o intereses económicos de los consumidores y usuarios.

d) El ejercicio de la potestad sancionadora, por la comisión de infracciones de carácter leve o grave en materia de consumo, en relación con las empresas y establecimientos domiciliados en su ámbito territorial, siempre y cuando la infracción se haya cometido en el mismo y fuera conocida por sus propios servicios de inspección.

2. El ejercicio de las competencias tendrá que ser determinado por el correspondiente decreto u ordenanza

2.1.5.6. Otras atribuciones (en colaboración con otras administraciones):

2.1.5.6.1.- Empleo la Ley 12/2003, de 4 de abril, de Servicio Canario de Empleo, art. 10:

Los Consejos Insulares de Formación y Empleo son órganos del Servicio Canario de Empleo, en los que se garantizará la participación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, los cabildos insulares, los ayuntamientos comprendidos en el respectivo ámbito insular y los agentes económicos y sociales más representativos. Sus competencias serán:

a) Promover pactos territoriales a favor del empleo de ámbito supramunicipal o insular.

b) Ser informados sobre la evolución de la contratación laboral y sobre los resultados de los programas y medidas de fomento del empleo y de formación profesional ocupacional y continua desarrollados en la isla por el citado servicio, mediante la remisión de los datos por las unidades administrativas que tengan atribuidas esas funciones en cada isla.

c) Realizar el seguimiento y análisis del desarrollo de la contratación laboral en la isla.

d) Realizar el seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos en la aplicación de los diversos programas y medidas de fomento del empleo y de formación profesional ocupacional y continua desarrollados en la isla por el Servicio Canario de Empleo.

e) Recibir información de empresas, trabajadores y representantes sindicales sobre la situación de la contratación laboral en la isla, canalizando hacia los órganos correspondientes del Servicio Canario de Empleo los datos referidos, acompañados, en su caso, de las iniciativas, propuestas o sugerencias previstas en la letra f).

f) Realizar estudios y formular iniciativas, propuestas y sugerencias en orden a mejorar la situación de la contratación laboral en la isla y la eficacia de las medidas y programas desarrollados.

g) Emitir informes sobre planes o proyectos que les sean recabados por los órganos a que hace referencia el artículo 6 de esta Ley.

2.1.5.6.2.- Educación y formación permanente de personas adultas de canarias, Ley 13/2003, de 4 de abril, de educación y Formación permanente de personas adultas de Canarias, artículo 24:

La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la colaboración del resto de las administraciones públicas y entidades privadas, garantizará la consecución de los fines, principios y objetivos previstos en esta Ley, así como el eficaz desarrollo de sus líneas programáticas y actuaciones específicas.

2.1.5.6.3.- Igualdad entre mujeres y hombres, Ley 1/2010, de 26 de Febrero de Igualdad entre mujeres y hombres, artículo 4:

Para la consecución del objeto de esta ley, serán principios generales de actuación de los poderes públicos de Canarias, en el marco de sus competencias:

1. La igualdad de trato entre mujeres y hombres, que supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, en el ámbito educativo, económico, político, social, laboral y cultural, en particular, en lo que se refiere al empleo, a la formación profesional y a las condiciones de trabajo.

2. La igualdad de oportunidades mediante la adopción de las medidas necesarias para la eliminación de la discriminación y especialmente, aquellas que incidan en la creciente feminización de la pobreza.

3. El reconocimiento de la maternidad como un valor social, evitando los efectos negativos en los derechos de las mujeres, y la consideración de la paternidad en un contexto familiar y social de corresponsabilidad, de acuerdo con los nuevos modelos de familia.

4. El fomento de la corresponsabilidad, a través del reparto equilibrado entre mujeres y hombres de las responsabilidades familiares, de las tareas domésticas y del cuidado de las personas en situación de dependencia en cualquier circunstancia en que se encuentren ambos progenitores de matrimonio, separación, divorcio, nulidad o convivencia de hecho.

5. La adopción de las medidas específicas necesarias destinadas a eliminar las desigualdades de hecho por razón de sexo que pudieran existir en los diferentes ámbitos.

6. La especial protección del derecho a la igualdad de trato de aquellas mujeres o colectivos de mujeres que se encuentren en riesgo de padecer múltiples situaciones de discriminación o de exclusión.

7. La promoción del acceso a los recursos de todo tipo a las mujeres que viven en el medio rural y su participación plena, igualitaria y efectiva en la economía y en la sociedad.

8. El fomento de la participación o composición equilibrada entre mujeres y hombres en los distintos órganos de representación y de toma de decisiones.

9. El impulso de las relaciones entre las distintas administraciones, instituciones y agentes sociales sustentadas en los principios de colaboración, coordinación y cooperación, para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres.

10. La adopción de las medidas necesarias para eliminar el uso sexista del lenguaje, garantizar y promover la utilización de una imagen de las mujeres y los hombres fundamentada en la igualdad de sexos, en todos los ámbitos de la vida pública y privada.

11. El impulso de la efectividad del principio de igualdad en las relaciones entre particulares.

12. La incorporación del principio de igualdad de género y la coeducación en el sistema educativo y en cualquier modalidad de acción formativa.

13. El respeto a las diferencias, que debe ser potenciado por las administraciones, poniendo los medios necesarios para que el proceso hacia la igualdad de sexos se realice respetando tanto la diversidad y las diferencias existentes entre mujeres y hombres en cuanto a su biología, condiciones de vida, aspiraciones y necesidades, como la diversidad y diferencias existentes dentro de los propios colectivos de mujeres y hombres.

14. La integración de la perspectiva de género en todas sus políticas y acciones, de manera que establezcan en todas ellas el objetivo general de eliminar las desigualdades y promover la igualdad entre mujeres y hombres.

15. La transversalidad, principio que comporta aplicar la perspectiva de género en las fases de planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas llevadas a cabo por las administraciones públicas con la finalidad de eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres.

16. La obligación de diseñar, presupuestar y poner en marcha sistemas de protección, información y acompañamiento a todas las mujeres víctimas de la violencia de género, facilitando la coordinación de los distintos cuerpos y fuerzas policiales que operan en Canarias en el ejercicio de las funciones que legalmente les corresponden.

17. La coordinación, entendida como la ordenada gestión de competencias entre las administraciones públicas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, con la finalidad de lograr una mayor eficacia tanto en las políticas a aplicar como en la ejecución del presupuesto, donde se debe tender a su optimización y evitar la duplicidad de gastos para los mismos fines.

2.1.5.6.4.- En materia de cooperación internacional para el desarrollo, la Ley 4/2009, de 24 de abril, Canaria de Cooperación internacional para el desarrollo, Art. 22:

A instancia de las Entidades Locales se creará el Fondo Canario Local de Cooperación internacional al desarrollo con el fin de fortalecer las acciones de cooperación que se realicen en la Comunidad Autónoma y aumentar la eficiencia de los recursos locales destinados a este fin.

2.1.6.- EL NUEVO MARCO COMPETENCIAL DE LOS CBI, LA LEY 8/2015 DE 1 DE ABRIL .-

El art. 5 de la misma distingue, como se venía haciendo por las leyes anteriores, entre competencias propias como ente local isla y añade, con una expresión equivoca pues no puede referirse sino a la legislación básica del Estado: “…y las que le sean delegadas por otras administraciones públicas de acuerdo con lo establecido en la legislación de régimen local y en su legislación específica”. Pues el apartado 2 del mismo precepto enmarca las que les pueden ser delegadas como instituciones de la CCAA y el apartado 3 del art. 7 suma a las anteriores las delegables por los municipios de su isla, previendo al apartado 4 el ciclo inverso.

En el Capítulo II del Título I de la Ley, se desarrollan las competencias propias de los CbI como ente local del territorio-isla, en virtud de lo previsto en el art. 141.4 de la CE y art. 41 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la LRSAL.

En concreto el art. 8 traslada las competencias previstas en el art. 36 de la LRSAL para las Diputaciones y además el art 9 añade para la CC AA de Canarias:

Artículo 9.- Atribución de competencias propias a los cabildos insulares.

1. La Comunidad Autónoma de Canarias, al regular los diversos sectores de la acción pública sobre los que el Estatuto de Autonomía le atribuye potestad legislativa, y especialmente en las materias recogidas en el artículo 6 de la presente ley, atribuirá a los cabildos insulares la titularidad y el ejercicio de las competencias que de forma predominante satisfagan un interés insular.

2. La ley determinará con precisión las competencias propias que se atribuyen a los cabildos insulares, de forma que impida las duplicidades administrativas con las competencias de la Administración pública de la Comunidad Autónoma y con las atribuidas a otras administraciones públicas.

3. En aplicación del principio de suficiencia financiera, la atribución de nuevas competencias propias a los cabildos insulares, de acuerdo con lo previsto en este artículo, que supongan cargas económicas adicionales para los mismos, llevarán aparejados los correspondientes traspasos de medios en la forma prevista en esta ley para la transferencia de competencias.

Del precepto destaca el apartado 1, en el que el legislador autonómico mandata al legislador sectorial y al ejecutivo que, en caso de estar presente y ser preponderante el interés insular, sean atribuidas las competencias a los CbI, así en los apartados 2 y 3 el desarrollo del espíritu de la LRSAL referente a la evitación de duplicidades entre estos y la administración de la CCAA y el mantenimiento, en todo caso, de la suficiencia financiera en la atribución y ejercicio competencial.

En el art. 23 se establecen los criterios por los cuales se reservan al ejercicio de la administración propia de la CCAA, las competencias asumidas por la misma en su EEAA:

  1. Que la adecuada satisfacción del interés público afectado haga preciso el desempeño autonómico de las funciones que abarque la competencia.

  2. Que la naturaleza de la actividad o servicio impongan su prestación autonómica por afectar a dos o más islas,

  3. Por afectar al equilibrio interterritorial

  4. Por razones de igualdad y equidad entre los ciudadanos

  5. Por razones de igualdad y equidad entre las islas,

  6. Por su representatividad del archipiélago,

  7. Por razones sociales o económicas,

  8. Por cualquier otra causa establecida en el ordenamiento jurídico.

La atribución de competencias por parte de la CCAA a los Cabildos Insulares, siempre y cuando estos las acepten (art. 23.3) lo que conlleva la no exigencia de que sean atribuidas por igual a todas las islas, como si se exigía por la legislación anterior (Art. Ley 4/1990), se desglosa en la ley de la siguiente forma:
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