Los Cabildos asumen la representación ordinaria en cada isla de la Administración autónoma, y ejecutan en su nombre, cualquier competencia que ésta no ejerza directamente a través de órganos administrativos propios






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13. El Decreto 159/1997 en materia de Prestación de servicios especializados de prevención; de ejecución de las medidas de amparo que se establecen en la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores; y asesoramiento y cooperación técnica, jurídica y económica a las entidades municipales de acuerdo con lo establecido en la legislación de régimen local (art.2):

a) La participación en la formación y elaboración de los planes y programas autonómicos de atención a los menores.

b) La aprobación de los planes y programas de atención a los menores de ámbito insular, de acuerdo con las determinaciones de los planes y programas autonómicos.

c) La gestión de los centros y servicios públicos de acogida de carácter insular o supramunicipal y de los que tengan incidencia en la población insular.

d) La prestación de los servicios especializados de atención al menor.

e) La coordinación y supervisión de los centros y servicios de atención al menor gestionados por los Ayuntamientos, sin perjuicio de las competencias de la Administración autonómica.

f) El asesoramiento técnico y jurídico a los servicios municipales de atención a los menores.

g) La cooperación económica para garantizar la efectiva prestación de los servicios municipales de atención a los menores, especialmente de aquéllos con menor capacidad financiera.

h) La prestación de cualesquiera otros servicios y la gestión de los medios que precisen una intervención de carácter insular o supramunicipal.

i) La promoción del conocimiento de los derechos de los menores y de las actuaciones y actividades que redunden en la formación integral de los mismos.

j) La participación en la elaboración de los programas de formación permanente y perfeccionamiento de los profesionales que desempeñen trabajos de atención a los menores y de normalización de las metodologías, funciones, conceptos y lenguaje utilizable en los informes y propuestas relativos a la atención integral a los menores, así como de los protocolos de intervención.

k) La gestión y ejecución de las medidas de promoción que les encomiende la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

l) Las que se deriven o relacionen con las anteriores y que integren las funciones y competencias que se contemplan en el apartado 1º de este artículo.

m) Cualesquiera otras que se le asignen en la Ley 1/1997, de 7 de febrero, o se le atribuyan por el ordenamiento jurídico.

2. Los Cabildos Insulares asumen la ejecución, informe y seguimiento de las medidas y de los menores a los que se han de aplicar, así como la formulación a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias de las propuestas de modificación, de baja, de traslado o las que sean convenientes en interés del menor.
Dicha previsión ha de complementarse, por remisión normativa por lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Territorial 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores según la cual corresponden a los CbI las siguientes competencias:

a) La participación en la formación y elaboración de los planes y programas autonómicos de atención a los menores.

b) La aprobación de los planes y programas de atención a los menores de ámbito insular, de acuerdo con las determinaciones de los planes y programas autonómicos.

c) La gestión de los centros y servicios públicos de acogida de carácter insular o supramunicipal y de los que tengan incidencia en la población insular.

d) La prestación de los servicios especializados de atención al menor.

e) La coordinación y supervisión de los centros y servicios de atención al menor gestionados por los ayuntamientos, sin perjuicio de las competencias de la Administración autonómica.

f) El asesoramiento técnico y jurídico a los servicios municipales de atención a los menores.

g) La cooperación económica para garantizar la efectiva prestación de los servicios municipales de atención a los menores, especialmente de aquéllos con menor capacidad financiera.

h) La prestación de cualesquiera otros servicios y la gestión de los medios que precisen una intervención de carácter insular o supramunicipal.

i) La promoción del conocimiento de los derechos de los menores y de las actuaciones y actividades que redunden en la formación integral de los mismos.

j) La participación en la elaboración de los programas de formación permanente y perfeccionamiento de los profesionales que desempeñen trabajos de atención a los menores y de normalización de las metodologías, funciones, conceptos y lenguaje utilizable en los informes y propuestas relativos a la atención integral a los menores, así como de los protocolos de intervención.

k) La gestión y ejecución de las medidas de promoción que le encomiende la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

l) Las que se deriven o relacionen con las anteriores y que integren las funciones y competencias que se contemplan en el apartado 1º de este artículo, aun cuando no se prevean específicamente en la presente ley.

m) Cualesquiera otras que se le asignan en esta ley o se le atribuyan por el ordenamiento jurídico.
También debe complementarse con lo establecido en la Ley 9/1998, de 22 de julio, sobre prevención, asistencia e inserción social en materia de drogodependencias

Artículo 33.- Competencias de las islas.

Sin perjuicio de las demás competencias que el ordenamiento vigente les atribuye, corresponde a las islas a través de los cabildos insulares, como órganos de gobierno y administración de las islas, desempeñar en su ámbito territorial, las siguientes competencias: 1. La aprobación de Planes Insulares sobre Drogas, elaborados en coordinación y de acuerdo con los criterios y directrices del Plan Canario sobre Drogas, que incluyan programas de prevención e integración social, así como de información, orientación y motivación de drogodependientes a través de los centros de acción social. En cualquier caso, la elaboración de los Planes Insulares sobre Drogas debe asegurar, mediante la coordinación de los servicios de los municipios de menos de 20.000 habitantes, la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio insular de las competencias y responsabilidades mínimas señaladas en el artículo 34, apartado 2. 2. El apoyo técnico y económico en materia de drogodependencias a los municipios de menos de 20.000 habitantes, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión.

1. La aprobación de Planes Insulares sobre Drogas, elaborados en coordinación y de acuerdo con los criterios y directrices del Plan Canario sobre Drogas, que incluyan programas de prevención e integración social, así como de información, orientación y motivación de drogodependientes a través de los centros de acción social.

En cualquier caso, la elaboración de los Planes Insulares sobre Drogas debe asegurar, mediante la coordinación de los servicios de los municipios de menos de 20.000 habitantes, la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio insular de las competencias y responsabilidades mínimas señaladas en el artículo 34, apartado 2 de la Ley 9/1998)

2. El apoyo técnico y económico en materia de drogodependencias a los municipios de menos de 20.000 habitantes, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión.
14. En materia de servicios forestales, vías pecuarias y pastos; protección del medio ambiente y gestión y conservación de espacios naturales protegidos: Decreto 111/2002 (art.2).
a) Llevar y mantener actualizado el Catálogo de montes de utilidad pública.

b) Elevar propuesta de resolución al órgano competente del Gobierno de Canarias sobre declaración de utilidad pública de los montes, inclusión o exclusión del Catálogo, declaración de unidad mínima de monte y declaración de montes protectores.

c) Autorizar las ocupaciones temporales en los Montes Públicos Catalogados y el establecimiento en ellos de servidumbres de cualquier clase o naturaleza.

d) Incoar, tramitar y resolver los procedimientos de deslinde y amojonamiento de montes catalogados, así como la inscripción de éstos en el Registro de la Propiedad.

e) Autorizar los aprovechamientos forestales en montes públicos y de propiedades particulares y adjudicación de los correspondientes a montes cuya titularidad haya sido transferida a los Cabildos Insulares.

f) Incoar, tramitar y resolver los procedimientos de agrupación y concentración de fincas forestales, así como de los procedimientos para la determinación de las distancias mínimas que han de respetar las plantaciones forestales con fincas colindantes.

g) Autorizar la quema de rastrojos, residuos o malezas en fincas agrícolas y forestales.

h) Autorizar trabajos de mejora de la cubierta vegetal forestal y reforestación en montes particulares y públicos.

i) Autorizar todo tipo de actividades en montes públicos tales como romerías, publicitarias y otras análogas.

j) La prevención y lucha contra incendios forestales y la concesión de autorizaciones previstas en la Ley y Reglamento de Incendios, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra j) del artículo 6 del presente Decreto.

k) Declarar zonas de repoblación obligatoria.

l) Autorizar los cambios de uso de terrenos forestales en agrícolas.

m) La investigación, inspección, incoación, tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores por infracción de la normativa reguladora de la materia de servicios forestales, vías pecuarias y pastos, que han sido objeto de transferencia en los apartados anteriores, sin perjuicio de la facultad de cada Cabildo Insular de incorporarse mediante convenio a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

n) Cualquier otra función que en materia de servicios forestales, vías pecuarias y pastos no esté expresamente reseñada en los apartados anteriores.



En materia de protección del medio ambiente:

1. La conservación, protección y mejora de la flora y fauna, así como conservación, preservación y mejora de sus hábitats naturales; en particular:

a) El mantenimiento y la gestión de los viveros para el control y cultivo de ejemplares de la flora.

b) El mantenimiento y la gestión de los centros de recuperación para la recogida y atención sanitaria de los especímenes heridos de la fauna silvestre, tanto terrestres como marinos.

c) El levantamiento de los cadáveres de los cetáceos en coordinación con las administraciones locales y autonómicas.

d) La formulación, tramitación y elevación al órgano competente del Gobierno de Canarias para su aprobación definitiva de los planes de conservación de las Especies Vulnerables y los Planes de Manejo de las Especies de Interés Especial, ligadas al territorio insular.

2. La protección y restauración del paisaje natural.

3. La vigilancia y control de las aguas continentales, en cuanto se refiere a la riqueza piscícola, así como la expedición de licencias para el ejercicio de la pesca en dichas aguas y de permisos para la pesca en Cotos de Pesca. A estos efectos, se entiende por aguas continentales todos los manantiales, charcos, lagunas, acequias, embalses, canales, balsas y arroyos, ya sean dulces, salobres o saladas.

4. La ejecución de la política recreativa y educativa en la naturaleza, así como la divulgación e información ambiental, en particular, la autorización de acampadas.

5. La utilización y gestión de las áreas educativas y de exhibición de las instalaciones relacionadas con la vida silvestre.

6. La expedición de Cédulas Ambientales, y el mantenimiento y actualización de los Catálogos de las Áreas de Sensibilidad Ecológica.

7. La declaración básica de impacto ecológico.

8. La investigación, inspección, incoación, tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores por infracción de la normativa reguladora de la materia de medio ambiente que han sido objeto de transferencia en los apartados anteriores, sin perjuicio de la facultad de cada Cabildo Insular de incorporarse mediante convenio a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

9. Cualquier otra función relativa a la protección del medio ambiente estrictamente imprescindible para la ejecución de las funciones anteriores.
En materia de gestión y conservación de Espacios Naturales Protegidos:

1. La gestión y conservación de los Espacios Naturales de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, y de las áreas naturales canarias pertenecientes a la Red Natura 2000, en virtud de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, con excepción de los Parques Nacionales; en particular:

a) La aplicación del régimen de usos establecidos en los instrumentos de planeamiento de los Espacios Naturales Protegidos.

b) La gestión y administración de equipamientos de uso público ubicados en Espacios Naturales Protegidos o en sus áreas de influencia socioeconómica, concediendo las autorizaciones necesarias para acceder a su utilización.

c) La autorización para circular por las pistas de los Espacios Naturales Protegidos formando caravanas, tanto las que se organicen con ánimo de lucro como las que tengan fines recreativos, de esparcimiento, culturales o de cualquier otra clase y que no conlleven finalidad de lucro, así como autorización para la celebración de pruebas deportivas de competición o entretenimiento en las pistas o carreteras de los Espacios Naturales Protegidos.

d) La emisión del informe preceptivo previo a las autorizaciones, licencias o concesiones administrativas u otros títulos habilitantes que se otorguen en el suelo rústico incluido en Espacios Naturales Protegidos o en sus zonas periféricas de protección.

e) La investigación, inspección, incoación, tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores por infracción de la normativa reguladora en materia de medio ambiente que han sido objeto de transferencia en los apartados anteriores, sin perjuicio de la facultad de cada Cabildo Insular de incorporarse mediante convenio a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

f) La elaboración, aprobación y ejecución de los programas específicos de actuación previstos en los instrumentos de planeamiento de los Espacios Naturales Protegidos.

2. Cualquier otra función que conlleve el ejercicio de la gestión y conservación de Espacios Naturales Protegidos no expresamente reseñada en los apartados anteriores.
Todo lo anterior conlleva la potestad de planificación en el ámbito insular (art. 5 del Decreto).
15. En materia de servicios sociales especializados a personas mayores, minusválidos y mujeres: Decreto 113/2002 (art.2):
1. La potestad de organización y prestación de los servicios de ámbito insular correspondientes a las áreas de personas mayores y minusválidos.

La citada potestad comprende la ejecución de las siguientes actuaciones:

a) Elaborar y aprobar directrices e instrucciones en las materias transferidas dentro del marco jurídico de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) Gestionar los servicios y centros de atención social de personas mayores y de personas con minusvalías.

c) Conceder, con informe preceptivo y no vinculante de la Administración de la Comunidad Autónoma, las autorizaciones de apertura y funcionamiento de los centros de mayores y minusválidos de titularidad pública y/o privada radicados en su ámbito insular, informando de ello al Departamento de la Comunidad Autónoma competente en materia de servicios sociales a efectos de la oportuna inscripción en el Registro de ámbito autonómico regulado en el Capítulo V del Decreto 63/2000, de 25 de abril.

d) Gestionar, en el ámbito insular, un Registro de Entidades, Centros y Servicios de Atención a Personas Mayores, sin perjuicio de la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias para gestionar el Registro de ámbito autonómico referido en el apartado anterior.

e) Aprobar, cuando se adecúen a la normativa en vigor, los Reglamentos de Régimen Interno de los centros y servicios de atención a personas mayores y minusválidos.

f) Autorizar la creación de centros ocupacionales para minusválidos, en los términos previstos por las disposiciones vigentes de la Comunidad Autónoma.

g) Concertar, con entidades públicas o privadas, la reserva y ocupación de plazas residenciales para personas mayores y para personas con minusvalía.

h) Vigilar y exigir el cumplimiento de las condiciones y requisitos de los centros objeto de transferencia, sin perjuicio de la competencia de inspección y control, y de la potestad sancionadora que la continuará ostentando la Comunidad Autónoma de Canarias.

i) Tramitar, valorar y resolver las solicitudes de ingreso de usuarios a plazas en centros de atención social, propias o concertadas, de atención a las personas mayores y a personas con minusvalía, así como las peticiones de acceso temporal y estancias diurnas.

j) Gestionar, de forma propia o concertada, los programas de integración destinados a las personas mayores y a personas con minusvalía.

k) Ejercer, en la forma establecida por la legislación civil, las funciones de guarda y protección de las personas y bienes de los mayores y/o minusválidos cuando por sentencia judicial le fuera asignada a la Comunidad Autónoma de Canarias la tutela legal de tales personas.

l) Ejecutar los Planes y Programas Autonómicos, en su ámbito territorial, con participación del Gobierno de Canarias en su financiación, tanto en las inversiones como en el mantenimiento, conforme a lo que se establezca en los correspondientes Convenios Sectoriales, sin perjuicio de la coordinación general que corresponderá al mismo.

m) Colaborar financieramente con los Ayuntamientos y entidades privadas sin ánimo de lucro en la gestión de servicios sociales especializados para mayores y minusválidos.

2. La organización y prestación de los servicios correspondientes a los centros y servicios de atención a mujeres con problemática específica.

La referida competencia comprende:

a) Tramitar, valorar y resolver las solicitudes de ingreso en los centros objeto de la presente transferencia.

b) Prestar la asistencia que se ofrece en los centros y servicios de atención a mujeres con problemática específica.

c) Aprobar las normas internas de funcionamiento de los centros.

d) Cumplir y hacer cumplir la normativa vigente para la prevención de la violencia contra las mujeres.
Por su parte, en esta materia la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias les atribuye a los CbI, en su artículo 12, las siguientes:

  1. Participación en el proceso de planificación de los servicios sociales que afecten al ámbito insular.

  2. Programar los servicios especializados en el ámbito insular, de conformidad con la planificación regional.

  3. Gestionar los servicios especializados de ámbito insular, las prestaciones propias y los servicios y las prestaciones descentralizadas por otras Administraciones Públicas.

  4. Gestionar las prestaciones de los servicios sociales que les correspondan como consecuencia de los conciertos que suscriban a tal fin.

  5. La supervisión y coordinación de los servicios especializados en el ámbito insular, de conformidad con las normas de coordinación que dicte el Gobierno de Canarias con la finalidad de alcanzar las previsiones de la planificación general.

  6. A fin de llevar a cabo actuaciones de prevención y reinserción social, los Cabildos prestarán asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los responsables públicos o de iniciativa privada, de los servicios sociales especializados en el ámbito insular.

  7. Proporcionar apoyo informativo y estadístico en las tareas planificadoras y ordenadoras del Gobierno de Canarias.

  8. Formación permanente y reciclaje del personal de los servicios sociales adscritos a estas instituciones

Dichas competencias han de ser relacionadas además con las contenidas para las Administraciones públicas en la Ley 4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias, según su artículo 14:

Las Administraciones Públicas de Canarias, dentro del ámbito de su competencia territorial, desarrollarán complementariamente con las entidades de voluntariado y como colaboración con la labor que éstas llevan a efecto, el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Impulsar campañas de sensibilización, información y fomento del voluntariado, utilizando entre otras posibles vías las difusiones a través de los medios de comunicación social.

b) Informar sobre los recursos existentes en la comunidad relacionados con la acción voluntaria.

c) Promover investigaciones y estudios sobre voluntariado.

d) Colaborar con las entidades de voluntariado y cualquier entidad privada en la organización de cursos de formación y perfeccionamiento, tanto de carácter genérico como específico, para las personas voluntarias.

e) Promover intercambios formativos y culturales con voluntarios y entidades de voluntariado de otras nacionalidades españolas y extranjeras.

f) Potenciar el reconocimiento público de la labor desarrollada por las entidades de voluntariado.

g) Asegurar que en los programas educativos definidos bajo la competencia del departamento correspondiente, se potencie la formación en los valores inherentes al compromiso de solidaridad y cooperación de toda actuación voluntaria.

h) Participar en la financiación de proyectos de iniciativa social en régimen de voluntariado en las distintas áreas de interés social contempladas en el artículo 6 de esta Ley.

i) Prestar asesoramiento jurídico y administrativo a las entidades de voluntariado.

j) Cualquier otra acorde con su naturaleza
También deben relacionarse con las atribuidas por la Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género) que atribuye a los CbI, en su artículo 45 las siguientes:

  1. La planificación, coordinación y supervisión de los centros y servicios, de carácter público y privado, ubicados en la respectiva isla, en el marco de las directrices y criterios fijados por el Gobierno de Canarias y la planificación general.

  2. La prestación de servicios y gestión de los recursos de apoyo, alojamiento y acogida, dependientes del respectivo cabildo, ya se trate de centros propios, concertados con particulares o adscritos por los municipios para su gestión por los cabildos insulares, en régimen de colaboración.

  3. La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica de los responsables públicos o de iniciativa privada, de los servicios y centros que integran el sistema.

  4. Las demás atribuidas por el Decreto 113/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones a los cabildos insulares en materia de servicios sociales especializados a personas mayores, minusválidos y mujeres, en cuanto sean de aplicación a esta materia

2.1.5.- OTRAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS COMO TRANSFERENCIA POR LA LEGISLACION TERRITORIAL SECTORIAL SIN CONEXIÓN CON DECRETOS DE TRANSFERENCIAS PREVIOS
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