Los Cabildos asumen la representación ordinaria en cada isla de la Administración autónoma, y ejecutan en su nombre, cualquier competencia que ésta no ejerza directamente a través de órganos administrativos propios






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títuloLos Cabildos asumen la representación ordinaria en cada isla de la Administración autónoma, y ejecutan en su nombre, cualquier competencia que ésta no ejerza directamente a través de órganos administrativos propios
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10. En materia de Caza, Actividades Clasificadas y Urbanismo: Decreto 63/1988 (art.2) y Decreto 153/1994 (art.2):

A) En materia de caza:

1. La expedición de licencias para el ejercicio de la caza.

2. La concesión de permisos para cazar en los terrenos de las Reservas y Cotos Nacionales de Caza, Cotos Sociales de la Caza y Zonas de Caza Controlada.

3. La tramitación y resolución de los expedientes sancionadores en materia de caza.

4. La adopción de las medidas conducentes a la protección, conservación, fomento y ordenado aprovechamiento de la riqueza cinegética insular y la aplicación de las medidas conducentes a la consecución de estos fines.

5. La titularidad y gestión de las granjas cinegéticas.

B) En materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas20,

C)

D)21
10.1 Dicha regulación ha de verse complementada, en materia de caza, con la colaboración con el Gobierno de Canarias exigida por la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias según la cual:
Articulo 21.- Los cabildos insulares, previo informe de los consejos insulares, podrán establecer planes insulares de caza como instrumento de planificación cinegética. Su finalidad será la de definir un marco de actuación general y un modelo de organización cinegética basados en la estructura y clasificación de los terrenos de la isla, así como contemplar actuaciones especiales cuya ejecución se concrete en el tiempo a través de unos objetivos específicos.

Los citados planes deberán remitirse antes de su aprobación a informe de la Consejería del Gobierno de Canarias competente en materia de medio ambiente y conservación de la naturaleza, quien deberá oír, a estos efectos, al Consejo Regional de Caza
Asimismo, corresponderá en esta materia a los Cabildos Insulares a tenor de esta Ley Territorial efectuar (artículo 30.2) las pruebas, sobre el conocimiento de la legislación cinegética, armas y artes, materiales empleados en la caza, distinción de las diversas especies de animales, ética y comportamiento del cazador y todas aquellas materias que se establezcan reglamentariamente.
10.2 Por su parte, relacionado con la materia urbanística, se ha de acudir asimismo al Decreto Legislativo Territorial 1/2000 de 8 de mayo según el cual a lo largo de su articulado corresponden a los CbI las siguientes:

  1. Formulación de los Planes Insulares de Ordenación.

  2. Formulación de los Planes territoriales parciales y aprobación definitiva en caso de que desarrollen Planes Insulares

  3. Emisión de informe sobre la adecuación del planeamiento general y especial municipal a las determinaciones del Plan Insular

  4. Llevanza del Registro de bienes protegidos por los catálogos municipales

  5. Propuesta de suspensión al Gobierno de Canarias del planeamiento municipal

  6. Emisión de informe de los proyectos de actuación territorial

  7. Sometimiento de los proyectos de actuación territorial a evaluación básica de impacto ecológico

  8. Resolución de expedientes de calificación territorial

  9. Constituciones de consorcios a efectos de la delimitación de áreas de protección integrada

  10. Declaraciones de situación legal de ruina cuando resulten afectadas edificaciones declaradas de interés histórico o artístico o en trámite de declaración

  11. Emisión de Órdenes de ejecución de obras de conservación o de intervención en caso de edificaciones protegidas.

  12. Auxilio y colaboración con los Ayuntamientos en el ejercicio de funciones urbanísticas.

  13. Declaraciones de caducidad de licencias urbabnísticas en caso de inactividad de los Ayuntamientos.

  14. Declaraciones de suspensión de eficacia de licencias por disconformidad sobrevenida con el planeamiento en caso de inactividad municipal.

  15. Declaraciones de suspensión de obras no amparadas por licencia en caso de inactividad municipal y a requerimiento de la Agencia de Protección del medio urbano y natural.

  16. Competencia para iniciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores, no disciplinarios, por las infracciones en materia de protección del medio ambiente y gestión y conservación de Espacios Naturales Protegidos cuya gestión le hubiere sido atribuida.

  17. La administración y gestión de los Parques Rurales, cuando no se opte por un Área de Gestión Integrada a través del correspondiente Patronato Insular de Espacio Natural protegido.

  18. Llevanza del registro y archivo de convenios administrativos urbanísticos de los que forme parte.

  19. Iniciativa para la declaración de áreas urbanas.

  20. Emisión de informe previo, preceptivo y vinculante en caso de municipios sin planeamiento.


11. En materia de Ocupación, Ocio y Esparcimiento: Decreto 155/1994 (art.2).
1. La gestión de las Oficinas Insulares de Información Juvenil.

2. El uso y gestión de los Albergues Juveniles y de las Instalaciones Campamentales, así como la dirección de las actividades.
Dicha atribución competencial debe complementarse con la establecida para los CbI por la Ley 7/2007, de 13 de abril, Canaria de Juventud a cuyo tenor (art.7):

  1. Corresponden a los Cabildos Insulares aquellas competencias en materia de juventud que les atribuyen la legislación de Régimen Local y legislación sectorial y las transferidas por la Comunidad Autónoma de Canarias.

  2. Elaborar, aprobar y, en su caso, modificar el Plan Insular Joven, en el marco de las directrices del Plan Canario Joven.

  3. Participar en la elaboración del Plan Canario Joven.

  4. Elaborar y gestionar los programas y acciones juveniles de ámbito insular, tanto los propios como los delegados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con la planificación global que realice la propia Comunidad Autónoma.

  5. Asistir y cooperar técnica, jurídica y económicamente a las entidades municipales en materia juvenil.

  6. Elaborar estudios y publicaciones que sean de interés para los jóvenes en el ámbito insular.

  7. Coordinar la información y documentación de interés para los jóvenes en el ámbito insular, garantizando la mejor difusión posible a través de las oficinas insulares de información juvenil.

  8. Fomentar la participación de los jóvenes, de forma prioritaria mediante el asociacionismo, sin excluir otras formas alternativas.

  9. Crear y autorizar los servicios de información juvenil en el ámbito insular, sin perjuicio del deber de comunicación de dicha creación o autorización, al objeto de su inclusión en el Censo de Información Juvenil.

  10. Establecer programas y acciones que faciliten la autonomía personal de los jóvenes, dirigidos de forma especial a los más desfavorecidos.

  11. Promover en la juventud, mediante diferentes actuaciones, hábitos de vida saludable y actitudes solidarias y de respeto a la diversidad.

  12. Inspeccionar las actividades de ocio y tiempo libre que se desarrollen en el ámbito insular, velando por el cumplimiento de la normativa vigente en la materia.

  13. La formación permanente y reciclaje de los recursos humanos con funciones en materia de juventud adscritos a las corporaciones insulares y municipales, en coordinación con los respectivos ayuntamientos.

  14. Cualquier otra establecida en virtud de norma de rango legal

12. En materia de Aguas terrestres y Obras Hidráulicas Decreto 158/1994 (art.2):
A) La Administración y gestión insular de las aguas terrestres, en los términos que a continuación se relacionan:

1. Con carácter general, y sin perjuicio de la ulterior concreción de funciones que, en particular, se contemplan en los apartados siguientes, corresponde a los Cabildos Insulares:

1.1. La gestión y control del dominio público hidráulico, así como de los servicios públicos regulados en la Ley Territorial 12/1990, de 26 de julio, de Aguas.

1.2. El otorgamiento de las concesiones, autorizaciones, certificaciones y demás actos relativos a las aguas.

1.3. La gestión y custodia del Registro y Catálogo de Aguas Insulares.

1.4. La policía de las aguas y sus cauces.

1.5. La instrucción de todos los expedientes sancionadores y resolución de los sustanciados por faltas calificadas como leves o menos graves.

1.6. La ejecución de los programas de calidad de las aguas.

1.7. La participación, en los términos previstos en la Ley, en la ordenación del dominio público hidráulico.

1.8. El control de la ejecución del planeamiento hidrológico y, en su caso, la revisión del mismo.

1.9. La ejecución de Actuaciones Hidrológicas.

1.10. Aplicación de la política de precios en materia de aguas y transporte del agua, en el marco previsto reglamentariamente por el Gobierno de Canarias.

1.11. Aprobación del acuerdo de constitución y Estatutos de la fusión, consorcio o agrupación de Comunidades de Usuarios.

1.12. Impulso de la constitución de Mancomunidades de municipios, consorcios o entidades análogas para la mejora de la gestión y protección de las aguas, singularmente en lo referente al abastecimiento y saneamiento de las poblaciones.

1.13. En general, todas las labores relativas a la administración de las aguas insulares no reservadas a otras Administraciones Públicas por la legislación sectorial de aguas o por las normas generales atributivas de competencias.
2. Planificación hidrológica.

2.1. Elaboración, aprobación inicial y provisional de los Planes Hidrológicos Insulares y de su revisión, así como aprobación y publicación de avance de los mismos a los efectos mencionados en la Ley.

2.2. Elaboración y aprobación inicial de Planes Parciales y Planes Especiales.

2.3. Informar, con carácter previo, en los procedimientos para la declaración de zonas de especial protección agraria establecidas en la Ley de Aguas.

2.4. Requerir información acerca de la titularidad de participaciones de las entidades mencionadas en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Aguas y del uso o destino del agua, a fin de elaborar Planes Hidrológicos.

2.5. Informar previamente los Planes Especiales que pudiera instaurar el Gobierno por razones de urgencia.
3. Protección del Dominio Público Hidráulico.

3.1. Declaración, con los efectos previstos en la Ley, de zonas sobreexplotadas o en riesgo de sobreexplotación; aprobación de las bases de la regularización de dichas zonas; aceptación de los programas de regularización voluntaria de las mismas; y elaboración y aprobación de los programas de regularización forzosa.

3.2. Establecimiento de los perímetros individualizados de protección de los recursos hidráulicos; autorización, dentro de los perímetros de protección, para la realización de obras de infraestructura, extracción de áridos, vertidos y cualquier otra actividad con capacidad de afectar sustancialmente a las aguas superficiales o subterráneas, sin perjuicio de otras autorizaciones que fueren procedentes.

3.3. Declaración de acuífero o porción del mismo en proceso de salinización.

3.4. Autorización, previa a cualquier otra, de obras que puedan variar el curso natural de las aguas por cauces por los que ocasionalmente discurran aguas pluviales.

3.5. Otorgamiento de autorización o concesión administrativa para la realización de obras en cauces integrados en el dominio público, en sus zonas de servidumbre, así como en las de policía que se especifiquen reglamentariamente o vengan determinadas en la Ley.

3.6. Efectuar el deslinde de cauces que se prevean o aprecien acciones capaces de proyectarse sobre el cauce o su zona de servidumbre y, en su caso, ejercer la potestad de recuperación de oficio para preservar la integridad del dominio público hidráulico superficial.

3.7. Autorización de toda actividad susceptible de provocar la contaminación o degradación del dominio público hidráulico y, en particular, el vertido de líquidos y productos susceptibles de contaminar las aguas superficiales y subterráneas.

3.8. Suspensión temporal de autorizaciones de vertido y modificación de sus condiciones, en los supuestos previstos legalmente, así como suspensión de actividades que den lugar a vertidos no autorizados.

3.9. Supervisión del cumplimiento de la prohibición de introducción y vertido a las redes de alcantarillado de sustancias o productos que dificulten la depuración o reutilización de las aguas y emanación de normas técnicas al efecto.

3.10. Asunción, directa o indirectamente y por razones de interés general y con carácter temporal, de la explotación de instalaciones de depuración de aguas residuales cuando no fuera procedente la paralización de actividades que produzcan vertido y se derivasen graves inconvenientes del incumplimiento de las condiciones autorizadas. 3.11. Velar por la protección de calidad de las aguas frente a la actividad de los entes y organismos públicos titulares de instalaciones de depuración de aguas residuales, subrogándose temporalmente, en su caso, en la gestión de dichas instalaciones.
4. Aprovechamiento del Dominio Público Hidráulico.

4.1. Otorgamiento de concesiones y autorizaciones para la captación, aprovechamiento y producción de agua, así como su renovación, modificación, reordenación y declaración de extinción.

4.2. Conocer de las transmisiones, totales o parciales, de la titularidad de concesiones sobre el dominio público hidráulico.

4.3. Establecimiento, atendiendo a lo dispuesto en la planificación, de clausulado de condiciones a los aprovechamientos derivados de derechos adquiridos sobre aguas y cauces públicos vigentes al tiempo de entrada en vigor de la Ley Territorial 12/1990, de 26 de julio, de Aguas.

4.4. Disposición sobre caudales de aguas sobrantes de concesiones administrativas.

4.5. Expropiación de depósitos de aguas notoriamente infrautilizados.

4.6. Declaración de reserva del agua con destino a los fines señalados en los Planes Hidrológicos, así como reservas cautelares en ausencia de previsión en dichos Planes.

4.7. Declaración, para la totalidad o parte de una isla, de la situación de emergencia por tiempo determinado, así como su prórroga periódica y ejecución de medidas ejecutivas cuya adopción venga amparada por la legislación vigente para tales supuestos y con las limitaciones en ella establecidas, sin perjuicio de las competencias de otras Administraciones Públicas.

4.8. Imposición de requisas de agua, en los límites y condiciones fijados por la normativa vigente, y sin perjuicio de las competencias de otras Administraciones Públicas.

4.9. Imposición de servidumbres forzosas resultantes de la planificación y actuaciones hidrológicas.

4.10. Explotación, en su caso, de aprovechamientos de agua.
5. Servicios públicos de transporte de agua y de producción industrial de agua.

5.1. Establecimiento, dentro del Plan Hidrológico, del servicio público de transporte del agua en la isla o en cualquiera de sus zonas.

5.2. Diseño de trazado y aprobación de las redes de transporte.

5.3. Establecimiento de las bases y otorgamiento de las concesiones de servicio público de transporte y autorización previa de su transmisión.

5.4. Imposición de servidumbres forzosas de acueducto en beneficio de la construcción de los canales incluidos en las redes insulares.

5.5. Autorización de nuevos canales o conducciones para el transporte de agua a terceros.

5.6. Tener conocimiento de los contratos que efectúen los concesionarios de las redes de transporte del agua, así como de los suministros efectuados sin contrato formal.

5.7. Fijación de los precios del transporte del agua.

5.8. Determinación de los depósitos a que debe ser transportada el agua que no haya de ser aprovechada o almacenada.

5.9. Autorización y concesión de instalaciones de plantas de producción industrial de agua para consumo, así como para la desalación u depuración de aguas.

5.10. Imposición de usos en la utilización de agua de producción industrial en los términos previstos en la Ley.

5.11. Garantizar el uso adecuado de las aguas depuradas sobrantes de instalaciones de plantas desaladoras y depuradoras.
6. Régimen económico del dominio público hidráulico y auxilios a obras hidráulicas y de regadío.

6.1. Fijación de los precios del agua, de acuerdo con los criterios establecidos por el Gobierno de Canarias, conforme al régimen de precios autorizados.

6.2. Determinación, previa autorización y, en su caso, coordinación con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de los precios máximos o de vigilancia especial para las transacciones de agua y para el transporte de agua entre los diversos puntos de la isla respectiva.

6.3. Aplicación de gravámenes por consumo excesivo, fuera de los módulos previstos, en el marco de la política de precios. 6.4. Gestión y recaudación de los cánones y exacciones previstas en los artículos 115 y 116 de la Ley Territorial 12/1990.

6.5. Convocatoria y resolución de concursos públicos para la concesión de auxilios a proyectos de obras hidráulicas de iniciativa privada, previo informe de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

6.6. Informar previamente al otorgamiento de auxilios para la realización de obras hidráulicas de iniciativa pública.
7. Régimen sancionador.

7.1. Instrucción de todos los expedientes sancionadores por infracciones previstas en la legislación sectorial de Aguas.

7.2. Imposición de sanciones por infracciones calificadas como leves o menos graves.

7.3. Exacción de las sanciones e indemnizaciones, a través de los procedimientos recaudatorios previstos para los ingresos públicos de Derecho Público.

7.4. Percepción del producto de las sanciones e indemnizaciones para su ingreso en la Caja del Consejo Insular de Aguas respectivo.
B) Corresponde igualmente a los Cabildos Insulares, en materia de obras hidráulicas, las competencias y funciones siguientes:

1. Conservación y policía de obras hidráulicas, a excepción de aquellas que sean de competencia municipal, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

2. La participación en la planificación, en los términos previstos en la Ley de Aguas, de obras hidráulicas de interés insular, así como la elaboración y aprobación de proyectos, ejecución y explotación de dichas obras de interés insular
Por su parte, la Ley 12/1990 de 26 de julio, de Aguas les atribuye las siguientes:

Artículo 6.- Las competencias y funciones administrativas de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de aguas serán ejercidas por:

a) El Gobierno de Canarias.

b) La Consejería competente del Gobierno.

c) Los Cabildos Insulares, en cuanto entidad a la que quedan adscritos administrativamente los Consejos Insulares de Aguas.22

d) Los Consejos Insulares de Aguas, que ejercerán en cada isla las funciones que la legislación general confía a los organismos de cuenca y las competencias que les otorga la presente Ley.
Artículo 8.- 1. Los Cabildos Insulares, en los términos de la legislación autonómica, asumen las siguientes competencias y funciones:

a) Conservación y policía de obras hidráulicas.

b) Administración insular de las aguas terrestres. c) Obras hidráulicas, salvo las que se declaren de interés regional o general.

Dichas competencias y funciones se ejercerán a través de los Consejos Insulares de Aguas.

2. Corresponde a cada Cabildo, en relación con su Consejo Insular, las siguientes competencias:

a) La elaboración y las aprobaciones inicial y provisional de sus Estatutos.

b) La aprobación del presupuesto.

c) La aprobación provisional del Plan Hidrológico Insular.

d) Nombrar a sus representantes en los órganos de gobierno del Consejo.
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