Historia social y política de la educación argentina






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Escuela Normal Superior N° 7 "José María Torres"

Profesorado de Educación Primaria

Historia social y política de la educación argentina

Trabajo Final

Las ideas liberales ayer y hoy en la educación argentina: debates sobre el sistema educativo”

Profesora: Alejandra Martinetto

Turno: Vespertino

Año: 1er cuatrimestre 2012

Introducción

Con el presente trabajo nos proponemos analizar cuáles fueron las ideas liberales que conformaron, en gran medida, lo que hoy en día es nuestro sistema educativo nacional y cuáles fueron sus consecuencias.

Para esto, reflexionaremos sobre la influencia que tuvieron tanto las corrientes liberales en la sanción de la Ley 1420, durante la conformación del Estado Nación, y las corrientes neoliberales en la formulación de la Ley Federal de Educación durante los noventa.

Partimos de la idea de que existe una gran vinculación entre las leyes educativas sancionadas en Argentina y la concepción del “Estado neoliberal” como ideología hegemónica impuesta en nuestro país.

Comenzaremos explicitando qué entendemos por las corrientes liberales en el debate sobre la construcción del sistema educativo, para luego avanzar sobre las ideas neoliberales en educación mostrando cuál fue su influencia en el aparato educativo con la sanción de la Ley Federal de Educación impuesta con el menemismo.
Desarrollo

El debate realizado en 1884 sobre lo que más tarde sería la Ley 1420 fue, principalmente, una discusión entre el sector católico y el sector liberal. Los primeros planteaban que la educación debía estar en manos de la Iglesia y que el Estado debía tener un rol subvencionista. Las tendencias liberales, en cambio, sostenían que la educación debía estar en manos del Estado y que la función de éste era la de proveedor: debía crear las escuelas, proveer los docentes, financiarlas, crear los planes de estudios. Además, sostenían que debía ser gratuita, gradual y laica. Sin embargo, esta postura no era homogénea: había dos facciones dentro de ésta que, si bien compartían las bases, discrepaban en cuanto al nivel educativo que debía ser financiado, ya que no existían los recursos suficientes para financiar a todos los niveles. Una de las posiciones influenciadas por el pensamiento de Sarmiento, y representada en el debate por el senador Leguizamón, planteaba que el financiamiento debía estar orientado a la educación primaria porque consideraban que ésta era homogeneizadora, alfabetizadora, civilizadora y preparadora de la vida industrial, es decir, que le adjudicaban a la educación una función de tipo económica. Además esta debía ser apta para todas las clases sociales, esto es que todos debían tener acceso, sin distinción de sexos y desde los dos años. Por otro lado, se encontraba la facción influenciada por la postura de Mitre y Avellaneda, representados por Joaquín V. González. Éstos planteaban que debía financiarse la educación media y superior, pues sostenían que la educación primaria debía quedar en manos de la familia, en el ámbito privado. Esta postura reflejaba el carácter elitista de la educación, asimismo como su función política, ya que consideraban que ésta debía estar destinada a formar los futuros funcionarios estatales de la vida política.

Finalmente, se proclama victoriosa la postura sarmientista y, como resultado, se decreta la Ley 1420. Ésta apunta al financiamiento de la educación primaria donde se desarrollaría el carácter moral, intelectual y físico de los niños bajo principios de higiene, homogeneizadora, destructora de vicios, financiada y administrada por el Estado, de forma gradual, gratuita y laica. Sin embargo, esta ley no prohíbe la educación en instituciones que no dependan del Estado ni tampoco prohíbe la educación religiosa. Aunque sí establece la existencia de la inspección de las distintas provincias destinada a corregir los errores de la educación. En consecuencia, se crea el Consejo Nacional de educación encargado de la dirección facultativa y de la administración, el cual propone que exista un presupuesto general de los gastos de educación común.

En pocas palabras, la ley 1420 junto con la Ley Avellaneda (de enseñanza universitaria), la Ley Láinez (sobre la creación de escuelas rurales, mixtas, infantiles y elementales en todas las provincias que lo requirieran, garantizando los recursos económicos para poder hacerlas efectivas) y el decreto de Mitre de creación de colegios nacionales en territorio provincial, constituyeron el sistema educativo argentino.

Entre la promulgación de la Ley 1420 del año 1884 y la sanción de la Ley Federal de Educación en 1993, no hubo otras leyes que transformaran la organización del sistema educativo de manera radical. Sin embargo, nos parece trascendente mencionar algunos hechos sobre las políticas educativas a lo largo de los años, que creemos que fueron importantes antes de que se sancione la Ley Federal de Educación.

La Ley Federal no se pone en plena vigencia de un día para el otro, sino que a partir de 1955 se inicia específicamente el largo proceso de transferencia de los servicios nacionales de educación a la provincias. De esta manera, empezaron a considerarse los diferentes factores como futuros problemas en caso de que se llevara a cabo la transferencia de los servicios educativos: los recursos, los derechos del personal implicados en los traspasos y la recomendación del gradualismo de las transferencias, comenzando por las provincias de mayores recursos. Como explica Paviglianiti: “El Gobierno Federal se había hecho cargo de la dirección y financiamiento de una importante proporción de la educación primaria, a través de las escuelas en los territorios nacionales y de su participación provincial […] A partir de los años 1955-1960 comienza a cuestionarse el rol del Gobierno Federal como prestador de los servicios sociales que garanticen el cumplimiento de los derechos a la educación y a la salud. Si bien estas tendencias y propuestas ya existían, no constituyeron de hecho las políticas públicas que se ejecutaron desde el Gobierno Nacional. Las nuevas políticas tenderán a trasladar el peso de la responsabilidad del sector público a las provincias y municipios más como un medio de descargar del presupuesto nacional el peso de la atención de los gastos sociales que como un nuevo proyecto de redefinición de la organización Federal del país” (Paviglianiti, 1991: 42-43).

Durante la dictadura de Onganía se anuló la Ley Lainez, con lo cual se impidió la creación de nuevos establecimientos en territorio provincial; sólo se podía conservar los que ya existían al momento.

Nos parece interesante aportar algunos datos estadísticos que permitan demostrar la distribución de la matrícula del nivel pre-primario. Mientras que en el año 1955 la matrícula a cargo del Gobierno Nacional era del 36,3 %, a cargo de las provincias estaba el 33,4 % y en manos de la gestión privada, el 30,3 %. Asombrosamente, en 1987 el Gobierno Nacional tenía bajo su jurisdicción el 2,5 % mientras que bajo la jurisdicción provincial se encontraba el 66,6 % de la matrícula, y en el sector privado se encontraba el 30,9 %.

Durante la década del ‘70 se produce una fuerte crisis provocada por la suba del petróleo, que generó un alboroto económico en Argentina que se manifestó en la problemática de la deuda externa y en la crisis fiscal del estado. Esta crisis del Estado benefactor hizo que la inversión estatal en educación pública decayera. Para restaurar el desarrollo económico, los préstamos del FMI y los préstamos de ajuste estructural del Banco Mundial fueron implementados en Argentina.

Podemos decir que la concepción político-ideológica neoliberal que está sustentando esta visión, es un ataque al Estado de Bienestar por el gasto que le generan las políticas de asistencia e intervención pública. Por lo cual, desde esta teoría se sostenía que la libertad del mercado puede solucionar por sí misma los problemas sociales, ya que al no haber libertad económica, no hay ninguna libertad.

Como podemos ver con el proceso de transferencia de las escuelas, del Gobierno Nacional a las provincias, que comienza en 1955, culmina con la sanción de la Ley Federal de Educación en 1992. En el texto “La descentralización educacional. Sobre la transferencia de establecimientos”, Héctor Bravo recupera el artículo 1 de la Ley de transferencia, en el cual se explica, que a partir del 1ero de enero de 1992 el Poder Ejecutivo de la Nación, va a transferir a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires los servicios educativos así como también las facultades y funciones sobre los establecimientos privados establecidos. Quedando exceptuadas las escuelas superiores normales y los institutos superiores, tanto oficiales como particulares (Bravo, 1994: 35)

Según Bravo, se puede ver como una de las consecuencias el debilitamiento de los poderes locales ya que hay “un avance de la Nación en el aumento de sus recursos financieros paralelamente con la disminución de los correspondientes recursos provinciales. Aquí el criterio prevaleciente parece ser que todo lo que da ganancia se vende y todo lo que significa gasto se transfiere a las provincias. Coincidentemente – según denuncia formulada en la Cámara de Diputados de la Nación -, ha disminuido el envío de fondos a las jurisdicciones locales.” (Bravo, 1994: 40-41)

Bravo también explica que “tras el proclamado federalismo se esconde una definida política de subsidiariedad del Estado en materia de educación […] tal política de subsidiariedad (conduce) a una privatización creciente del servicio educativo público u oficial, tras una etapa de municipalización. Así estaríamos ante el peligro de una ulterior transferencia del sector partícular o privado, con lesión a los principios de gratuidad y laicidad de la enseñanza, al tiempo que se favorecería la formación de elites.” (Bravo, 1994: 43-44). Podemos reconocer que, dentro de las concepciones neoliberales, en lugar de considerar que todos los hombres son iguales y que, por lo tanto, tienen los mismos derechos a acceder a la educación, consideran a los hombres como producto de una desigualdad natural, lo que quiere decir que no todos los hombres son iguales, por lo cual, no todos llegan en la sociedad a ocupar los mismos lugares.

La Ley Federal responsabiliza a los padres y a las familias, en un primer momento, de la educación. Por otro lado, no hace referencia a la noción de ciudadano integral, que participa crítica y autónomamente de los procesos políticos y sociales, constructores de la democracia. Además, promueve un individuo competente, eficiente y consumidor, con orientación hacia el mundo del trabajo y la producción. De esta manera, propicia una formación básica (en aritmética, lectoescritura, comprensión de textos, interpretación del entorno y participación en trabajos grupales) proyectando como producto del sistema educativo “un buen trabajador disciplinado y acrítico”.

Para cerrar, nos parece pertinente citar nuevamente a Bravo: “con el abandono de la responsabilidad educativa por parte del Estado y la cesión de ésta al sector privado correría riesgo los principios de universalización, democratización y gratuidad de la enseñanza, lo que significaría un desmedro para el desarrollo Nacional y la suerte de la democracia” (Bravo, 1994: 63)


Conclusión

A modo de conclusión, vemos que lo analizado sobre la LFE coloca, por distintos motivos, en mejores condiciones a la educación privada. Esto hace que la educación pública sea desplazada, provocándole un continuo deterioro. Una vez más, el sistema educativo se convierte en un instrumento reproductor de la estratificación social, que estaría al servicio de los intereses de la clase hegemónica, al sostener medidas que no hacen más que perjudicar a las familias que viven en condiciones de pobreza.

Además, las medidas impulsadas por el neoliberalismo en el ámbito educativo no se podrían haber generalizado si no estuviera instalado en la sociedad un discurso sobre la supuesta mejor calidad de los servicios educativos privados y sobre la, también supuesta, incapacidad e imposibilidad que tienen las burocracias estatales de hacer eficientes las prestaciones públicas, entre ellas las educativas.

Por otro lado, la Ley Federal atenta contra una concepción del Estado donde éste debería garantizar la educación, ya que consideramos que este es un derecho y no un servicio. En cambio, esta ley presenta una concepción de educación en la cual los individuos compiten entre sí en un mercado donde los hombres son esencialmente desiguales.

Es importante cuestionarnos sobre el alto grado de fragmentación que se da en el interior de nuestro sistema educativo como consecuencia de la implementación de la LFE. Ya que, mientras que éste busca defender su carácter de apertura, unidad y universalidad bajo el lema de la “igualdad de oportunidades” podemos hacer constar que en nuestro actual sistema existen tantos segmentos educativos como segmentos sociales hay.

Por último, nos parece pertinente citar una conclusión de Miryam Feldfeber con la que acordamos: “En este nuevo escenario, el desafío de las políticas educativas, en el marco de procesos de distribución social, pasa por implementar políticas tendientes a la construcción de la igualdad y no a la reducción de la pobreza. Políticas pensadas desde, para y por la igualdad, lo que en modo alguno significa homogenidad; políticas basadas en el respeto por el otro, en tanto sujeto de derechos, políticas tendientes a la construcción de una sociedad más justa y de un proyecto de emancipación social que permita definir otros horizontes y que habilite otro presente y otro futuro para todos” (Feldfeber, 2006: 5)
Bibliografía

ALBERGUCCI, Roberto (1995): “Organización de la Educación pública”. En: Ley Federal y transformación educativa. Troquel, Buenos Aires.

BRAVO, Héctor Félix (1994): La descentralización educacional. Sobre Transferencia de establecimientos. (Selección) CEAL, Buenos Aires.

FELDFEBERG, M. (2006): De la ley “Federal” a la Ley “Nacional”. ¿Nuevas garantías para el derecho a la educación? En: Revista: Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales N° 64, UBA.

LORENZO, Ana (1997): “El cambio de estructura del sistema educativo: cincuenta razones para la oposición”. En: El relámpago. Cuaderno temático N° 1. Foro para una pedagogía latinoamericana. Buenos Aires.

PAVIGLIANITI, Norma (1991). Neoconservadurismo y educación. Un debate silenciado en los 90. (Selección). Libros del Quirquincho. Buenos Aires.
Leyes

Ley 1420 (1884)

Ley Avellaneda

Ley Federal de Educación (1993)

Ley Láinez

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