2) Ley de Violencia Familiar de la Provincia de Córdoba (9283) –Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (26. 061)-Convención sobre los Derechos del Niño Régimen comunicacional






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fecha de publicación16.03.2017
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VIOLENCIA FAMILIAR Y CONCULCACIÓN AL RÉGIMEN COMUNICACIONAL
Los hijos son titulares del derecho a seguir siendo los hijos de sus padres

aun cuando éstos no sigan siendo marido y mujer”.

WAGMAISTER, Adriana M1

Julia Rossi, Valeria Angélica Michel, María Guadalupe Morales Barrionuevo

E-mail: juliarossi2003@yahoo.com.ar, valeriamichel_78@hotmail.com, mguadamorales@hotmail.com
Sumario: -1) Introducción. 2) Ley de Violencia Familiar de la Provincia de Córdoba (N° 9283) –Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (N° 26.061) -Convención sobre los Derechos del Niño - Régimen comunicacional. 3) Efectos en el niño. 4) Conclusión

  1. Introducción

En el presente nos proponemos revelar el conflicto de intereses que se visualiza en la práctica del Juzgado de Violencia Familiar al momento de establecer medidas preventivas entre los miembros de la pareja parental, cuando quedan involucrados sus hijos menores de edad y son utilizados por sus padres como “rehenes”. Asimismo nuestra finalidad es mostrar como los padres pueden, con su accionar arbitrario, conculcar el régimen comunicacional de sus hijos menores de edad, cuando se ha producido la ruptura de la pareja, existen situaciones de violencia familiar, y se han dictado medidas cautelares en el marco de la ley de Violencia Familiar, tales como exclusión del hogar, restricción de acercamiento y comunicación, entre otras. Indagaremos sobre cuáles serían las estrategias a los fines de respetar el derecho del niño a tener una adecuada comunicación con aquel con quien no convive.

2) Ley de Violencia Familiar de la Provincia de Córdoba (9283) –Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (26.061)-Convención sobre los Derechos del Niño - Régimen comunicacional.

La Ley provincial 92832, tiene por objeto la prevención, detección temprana, atención y erradicación de la Violencia Familiar, siendo los bienes jurídicos tutelados la vida, la integridad física, psicológica, económica, sexual, la libertad y la promoción del desarrollo psicoemocional de todo el grupo familiar. Procura la obtención de una respuesta satisfactoria del sistema Judicial y Administrativo, a los fines de la protección de los bienes jurídicos tutelados. Prevé la adopción de medidas cautelares tales como la exclusión del agresor del domicilio, restricción de la presencia del mismo en los lugares frecuentados por la víctima, prohibición de comunicarse, relacionarse o desarrollar cualquier conducta similar con ella, a los fines expuestos. Las mismas tienden a disminuir o hacer cesar la escalada de violencia entre los sujetos involucrados, romper el ciclo de la violencia (acumulación de tensión, luna de miel, golpe y reiteración del ciclo).

La Convención sobre los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional atento lo dispuesto por el art. 75 inc. 22 de la nuestra Carta Magna, reconoce expresamente el derecho del niño cuyos padres estén separados a mantener contacto con ambos. Este es un derecho fundamental de la niñez, cuyo único límite está dado por su superior interés (Art. 9 inc. 3 y 10 inc. 2 C.D.N.). En su art. 3 dispone que “en todas las medidas concernientes a los niños que adopten las instituciones públicas, privadas, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, deberá atenderse primordialmente el interés superior del niño.” De acuerdo a la redacción de la norma y de su ubicación dentro del texto de la Convención se lo eleva a un rango de “principio general del derecho” y “pauta básica de interpretación” en el sistema jurídico de la niñez y adolescencia.

La Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo objeto principal es “bajar” a nivel legal el contenido de la C.D.N., define el Interés Superior del Niño en su art. 3 al establecer: “A los efectos de la presente ley se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley”, debiéndose respetar en aras de su concreción, criterios tales como, su condición de sujeto de derecho, su derecho a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta, el respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio de vida familiar, social y cultural, su edad, grado de madurez, capacidad y demás condiciones personales, el equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común, su centro de vida.

El dilema que se plantea es cómo hacer efectivo el derecho que asiste al niño a mantener una adecuada, directa, plena y regular comunicación, con alguno de los miembros de la pareja parental, con quien no convive, cuando existen hechos de violencia entre ellos, mediando una medida cautelar dictada en el marco de la ley de Violencia Familiar, teniendo en cuenta que es un derecho fundamental de la niñez, cuyo único límite está dado por su superior interés. (Art. 9 inc. 3 y 10 inc. 2 de la C.D.N., art. 21 inc. a, d, e, Ley 9283, art. 3 Ley 26.061).

El Juez de Violencia Familiar no desconoce esta situación, procura resguardar a la pareja y al dictar las medidas cautelares les hace saber a sus destinatarios que estas lo son sin perjuicio del derecho de comunicación que asiste al niño y al padre con quien no convive. Asimismo les señala que deberán ocurrir por el procedimiento ordinario (Ley 7676), a los fines de fijar guarda, cuota alimentaria y régimen comunicacional adecuado a la problemática familiar, o modificar el ya existente. Por último, hasta tanto estos ocurran por el trámite señalado, interpela a quien ostenta la guarda, a designar a un tercero (generalmente de la familia extensa), a los fines de efectivizar la comunicación entre el no conviviente y el niño.

Sin embargo, a pesar de la intervención judicial, los miembros de la pareja parental en reiteradas oportunidades utilizan las medidas cautelares dictadas en el marco de la ley de Violencia Familiar, para soslayar deliberadamente el régimen comunicacional. Lo hacen con la intención de manipular al otro, de castigarlo, sin advertir que al daño se lo están haciendo a su propio hijo y será éste quien sufrirá las consecuencias. Cuando la pareja enfrenta una separación destructiva hay sentimientos de frustración, rabia, rencor que impiden a los padres comportarse como tales llegando a utilizar a sus hijos como instrumento o vehículo de sus propias emociones. De esta manera y, a veces, con el propósito de vengarse o de provocar en su ex pareja un grave sufrimiento, similar al que él o ella sienten, se atribuyen un derecho de propiedad sobre sus hijos que justifica toda acción que obstruya o impida el contacto o comunicación de estos con el padre no conviviente o bien, prefieren renunciar deliberadamente y en perjuicio de sus hijos, a las obligaciones que derivan de la responsabilidad parental. Así, los padres con su accionar abusivo interfirieren, obstruyen o niegan el normal y pleno desarrollo personal del niño, responsabilizándolo o haciéndolo partícipe de sus fracasos personales o de sus temores a la pérdida y al abandono, conductas que, llegan a configurar alguna forma de maltrato infantil susceptibles de producir en su hijo una perturbación psíquica, física o emocional que merece el correspondiente reproche jurisdiccional. Los mismos centrados en el conflicto de pareja y promovidos por sus individualidades, no logran llegar a acuerdos mínimos a los fines de tratar que la ruptura de la relación afecte, en la menor medida posible, a la parentalidad, olvidando, las más de las veces que aunque ellos ya no tengan un proyecto conjunto nunca dejarán de ser padres.3 “Es clásicamente una enfermedad de adultos que encuentra expresión en el niño”.4

3- Efectos en el niño

En el contexto descripto, la obstrucción o impedimento del régimen comunicacional tienen implicancias psicológicas para el niño, que se ven reflejadas en perturbaciones emocionales y conductuales. Los estudios realizados remarcan la idea de que los años de la primera infancia tienen un efecto preponderante en el desarrollo.

Es en interés del niño que mantenga contacto con ambos padres, ya que a través de su pleno ejercicio se garantiza, la coparentalidad. En este sentido, seguimos a Lluís Flaquer, quien define la coparentalidad como la colaboración responsable y efectiva de los padres y madres separados en las tareas de socialización, entendiendo que su ejercicio puede paliar en gran parte los efectos del divorcio para la vida y el destino de los hijos.5 Es así que cuando nos referimos al régimen comunicacional, como la contracara del derecho de guarda otorgada legalmente o de hecho, hacemos referencia al derecho que tiene el niño de mantener una adecuada comunicación, no sólo visitas, sino, entre otras supervisión, contacto directo y regular, acompañamiento a actos escolares, actividades deportivas, recreativas, lúdicas, visitas médicas, colaboración con las tareas escolares, presencia afectiva, y todo lo necesario para su pleno desarrollo. Es decir, el derecho del niño y el deber-derecho de quien no convive con él a acompañarlo en su crecimiento.

Por ello el régimen comunicacional debe ser establecido de modo tal que contemple, tanto el interés de los padres como el de los hijos, y aun cuando es al de estos últimos a los que hay que dar preeminencia, debe advertirse que el interés del niño requiere que no se desnaturalice la relación con sus padres. El niño es un sujeto de derecho en la relación paterno-filial y como tal la comunicación y contacto con ambos, constituye un derecho suyo y no sólo de sus progenitores. En realidad, sucede que el conflicto personal, en numerosos casos arrastra, en su inicio, a los padres a utilizar a los hijos como vehículo de sus frustraciones6. El padre o madre se justifican explicando que actúan por el bien del niño, con un propósito educativo, pero en realidad, ese niño molesta y necesitan destruirlo interiormente para protegerse. Molesta, porque ocupa un lugar particular en la problemática parental, o porque presenta una diferencia, su mera presencia revela y reactiva el conflicto de sus padres. 7

Es por lo hasta aquí dicho que si media una medida cautelar (orden de restricción de presencia y/o comunicación entre los progenitores) dictada en el marco de la ley de Violencia Familiar, la misma no alcanza al derecho que le asiste al niño y al padre con quien no convive a mantener una adecuada comunicación. Lo que sucede es que, en un sin números de casos de violencia entre los progenitores, la medida cautelar (restrictiva), se esgrime como impedimento a los fines de la efectivización del régimen comunicacional, pues sostienen que dicha medida protectoria no puede ser cumplida si, sobre quien pesa dicha restricción, ejercita el derecho de comunicación con el hijo con quien no convive. Afirman que a tales fines, necesariamente, debe haber un contacto entre ellos, sosteniendo la incompatibilidad de cumplimiento del régimen comunicacional y la orden restrictiva. En este sentido es de señalar que muchos padres manipulan el derecho de comunicación con la mayor cantidad de variables posibles, utilizan pretextos o excusas, para tener contacto con el otro progenitor y continuar controlándolo con disímiles finalidades. Lo negativo es que el niño se siente responsable de la situación, sin llegar a comprender que el problema es de los padres, aunque él sigue siendo objeto de disputa entre ellos. Toda esta situación provoca culpa, angustia y tristeza en el niño, generando mecanismos de defensa.

3- Conclusión

Por lo expuesto, cuando los padres atraviesan la separación de la pareja, y median entre ellos medidas cautelares dictadas en el marco de la ley violencia familiar, deberán comprender que las mismas sólo los alcanzan a ellos. Estas no pueden ni debe ser utilizada para conculcar el derecho del niño a tener contacto directo con aquel con quien no convive, ya que el régimen comunicacional es un derecho que goza de jerarquía constitucional, atiende al interés superior del niño y permite darle estabilidad al vínculo afectivo y emocional fortaleciendo el conocimiento personal mutuo y protegiendo los legítimos afectos que derivan de la relación paterno filial. El niño es un sujeto de derecho en dicha relación y como tal la comunicación y contacto con ambos padres, constituye un derecho suyo y no sólo de estos. El mantenimiento de la relación con el padre con quien el niño no convive, no solo es conveniente para el mejor desarrollo de la personalidad del hijo sino que, adquiere el carácter de una necesidad para la formación de su identidad y el aprendizaje de los roles sociales.

A los fines de la efectivización del régimen comunicacional, es importante que se designe a un tercero generalmente de la familia extensa para que realice la entrega y recepción del niño pues son estos quienes están en mejores condiciones para realizarlo. Asimismo, se torna indispensable iniciar los trámites por el procedimiento ordinario a los fines de acordar guarda, la cuota alimentaria y régimen comunicacional de acuerdo a la problemática familiar y la existencia de las medidas dispuestas o modificar el ya existente.

Se debe tener presente que si los padres no logran llegar a acuerdos mínimos y se mueven por sus propias individualidades, utilizando a los niños como vehículos de sus frustraciones, el daño, se lo están haciendo a sus propios hijos, y serán estos quienes sufrirán las consecuencias.

Por último, la conculcación al régimen comunicacional es una forma de maltrato infantil que merece el correspondiente reproche jurisdiccional.

Bibliografía

CARDENAS, Eduardo J. “ABC de los padres separados.” Artículo publicado por la Fundación Retoño para el crecimiento de los hijos de las familias en crisis. Buenos Aires, Argentina. www.legalmania.com.ar.

BERTOLDI DE FOURCADE, María V. y FERREYRA DE DE LA RUA, Angelina., “Régimen procesal del fuero de familia”, Ed, Depalma, Buenos Aires, 1.999, pág. 336

FLAQUER, Lluís. “La estrella menguante del padre”. Ed. Ariel S.A., Barcelona, 1999, pág. 88

HIRIGOYEN, Marie France, pág. 37.

MACHADO, Oscar A., citado por MEDINA, Graciela en “Visión Jurisprudencial de la violencia familiar”. Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2002, pág. 28.

WAGMAISTER, Adriana M., “Coparentalidad en el divorcio”, en Derecho de Familia, Libro Homenaje a la Profesora Doctora María Josefa Méndez Costa, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1991, pág. 201.

1 WAGMAISTER, Adriana M., “Coparentalidad en el divorcio”, en Derecho de Familia, Libro Homenaje a la Profesora Doctora María Josefa Méndez Costa, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1991, pág. 201.

2 Sancionada el 1-03-2006, publicada el 13-03-06, Decreto Reglamentario Nº 308 del 5-03 2007.

3 CARDENAS, Eduardo J. “ABC de los padres separados.” Artículo publicado por la Fundación Retoño para el crecimiento de los hijos de las familias en crisis. Buenos Aires, Argentina. www.legalmania.com.ar.


4 MACHADO, Oscar A., citado por MEDINA, Graciela en “Visión Jurisprudencial de la violencia familiar”. Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2002, pág. 28.

5 FLAQUER, Lluís. “La estrella menguante del padre”. Ed. Ariel S.A., Barcelona, 1999, pág. 88

6 BERTOLDI DE FOURCADE, María V. y FERREYRA DE DE LA RUA, Angelina., “Régimen procesal del fuero de familia”, Ed, Depalma, Buenos Aires, 1.999, pág. 336.

7 HIRIGOYEN, Marie France, “El acoso mora. El maltrato psicológico en la vida cotidiana”, Ed. Paidós, Buenos Aires, 2001, pág. 37.

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