Resumen: La eficacia de las políticas públicas en relación con la atención a los adultos dependientes por discapacidad ha sido objeto de un intenso análisis durante la última década, tanto en España como en otros países.






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Los permisos laborales para cuidadores de adultos en España

Carers’ Leave in Spain
Jesús Rogero-García

Universidad Autónoma de Madrid

jesus.rogero@uam.es
Resumen: La eficacia de las políticas públicas en relación con la atención a los adultos dependientes por discapacidad ha sido objeto de un intenso análisis durante la última década, tanto en España como en otros países. El foco se ha centrado, generalmente, en la prestación de servicios financiados, al menos en parte, por las administraciones públicas, así como en las transferencias económicas directas a los cuidadores familiares. Uno de los aspectos menos conocidos y escasamente potenciados desde el ámbito público han sido los permisos laborales para cuidadores familiares. Este trabajo persigue 1. Conocer la incidencia de los permisos para el cuidado de personas adultas en España. 2. Identificar los factores que se relacionan con un uso más elevado de estos permisos, y 3. Observar qué grupos sociales y laborales encuentran más dificultades para su utilización. Para ello, se utiliza información procedente de la Encuesta sobre el uso de los permisos parentales en España (2012). Se analiza una muestra de 896 personas entre 25 y 60 años que cuidan o han cuidado de adultos dependientes, de los cuales 29 han hecho uso de algún tipo de permiso para el cuidado de adultos (3,2%). Se constata una utilización minoritaria de este recurso, especialmente de las excedencias. El uso de estos permisos aumenta entre las mujeres, entre quienes tienen empleos más estables y cuando la persona dependiente tiene un mayor grado de dependencia. Los permisos parentales tienen aún un amplio margen para extenderse en España, especialmente entre los varones y entre quienes ocupan posiciones menos ventajosas en el mercado de trabajo.
Palabras clave: Cuidado de adultos, conciliación, reducciones de jornada, excedencias.



  1. Introducción


Desde hace un par de décadas, las instituciones europeas han dado pasos significativos en el desarrollo y puesta en práctica de políticas públicas en relación con el cuidado. Entre las medidas adoptadas, los permisos laborales para el cuidado familiar se han extendido de forma particular en los últimos años en la mayoría de países europeos, aunque su regulación y su uso difieren significativamente entre unos y otros (Moss, 2011:35). Estos permisos consisten en ausentarse un tiempo del lugar de trabajo, con el objetivo de cuidar de algún familiar dependiente por enfermedad o discapacidad.
Los permisos parentales abarcan a los que se disfrutan para cuidado de hijas e hijos y a los que se toman para atender a familiares adultos1. Sin embargo, la denominación no es la misma en español y en inglés. En los textos en lengua inglesa (por ejemplo, la mayoría de informes de la UE y de la OCDE) se utiliza el concepto de permiso parental leave para aludir a las licencias destinadas al cuidado de niños y niñas únicamente, mientras los permisos para cuidado de familiares adultos que, por razón de enfermedad o discapacidad, requieren ser atendidos durante algún periodo de tiempo, se conocen como permisos para cuidadores (carers’ leave). Los permisos para el cuidado de adultos cuentan con un desarrollo normativo diferente del que se aplica para el cuidado de niñas y niños, tanto en el caso español como en el resto de países europeos, y no cuentan con ninguna directriz europea y difieren significativamente en su aplicación (EPEC, 2011; OECD, 2011; Bettio y Verashchagina, 2012).
Las previsiones demográficas europeas para las próximas décadas auguran un incremento del número de personas mayores debido, básicamente, al aumento de la esperanza de vida y a la llegada de la generación del baby boom a la jubilación y a la vejez, lo cual descompensará la proporción de mayores y de jóvenes (Hessel y Keck, 2009:4; EUROSTAT, 2009:73). Por ello, cabe prever que en un futuro no lejano se generará una mayor demanda de cuidado familiar (Durán, 2012:444; Bettio y Verashchagina, 2012:62), especialmente en sociedades con escaso desarrollo de los servicios públicos e insuficiencia de medidas conciliatorias. Todo lo cual enfatiza la dimensión de este fenómeno como uno de los aspectos clave de la organización social de cara al futuro, y exige medidas adaptadas desde el ámbito público.
Por otra parte, las metas europeas por la igualdad de oportunidades y la cohesión social han llevado las políticas públicas de conciliación a las agendas de los gobiernos en la mayor parte de los países europeos. Al respecto, se ha puesto de manifiesto la desigualdad de género en relación con el reparto del cuidado familiar así como en la participación laboral. Las mujeres son mayoría entre los cuidadores informales y con mayor sufren a menudo consecuencias sobre su empleo por ese motivo (Hessel y Kerck, 2009:19; Lero et ál, 2009:39; Bettio y Verashchagina, 2012:107). En este contexto, los permisos parentales para el cuidado de adultos se postulan como un instrumento necesario para abordar la prestación de cuidados en el ámbito familiar así como un recurso para facilitar la participación de mujeres y hombres en el empleo, para promover una dedicación equilibrada de ambos géneros en el mercado de trabajo y la corresponsabilidad en el ámbito doméstico.
A pesar de ello, frente al desarrollo que han tenido en Europa las medidas para conciliar la vida laboral y familiar destinadas al cuidado de niños y niñas, se observa un relativo retraso en aquellas centradas en el cuidado de adultos, entre ellas los permisos parentales (OECD, 2011:123). Este retraso se explica, en parte, por la prioridad que las instituciones europeas y los diferentes países han concedido al reemplazo demográfico, de manera que el mantenimiento del empleo, sobre todo femenino, no fuera incompatible con índices de fecundidad satisfactorios (CES, 2012:57). Entre los argumentos que se esgrimen figuran que, mientras es posible prever las necesidades de cuidado y la duración que requiere la población infantil, no ocurre lo mismo con las de la población adulta, pues con frecuencia son imprevisibles e indeterminadas temporalmente (Hessel y Keck, 2009:3).
El interés por conocer el alcance y desarrollo de los permisos para el cuidado de personas dependientes se produce en un contexto de mayor sensibilidad social hacia las necesidades de cuidado de la población adulta dependiente. El derecho a cuidar y el derecho de las personas a ser cuidadas se plantean actualmente como derechos de ciudadanía (Mestheneos y Triantafillou, 2005:37; Pautassi, 2007, 2010), lo cual implica la obligación de garantizar el acceso de las personas necesitadas a servicios de salud en condiciones de igualdad2, así como proveer de recursos destinados a tal fin, entre los que se hallan los permisos laborales para el cuidado de familiares. El reconocimiento del cuidado como un derecho implica que el afrontamiento de esta actividad trasciende el ámbito familiar, para ser considerado un asunto social que compete a los poderes públicos y a las organizaciones, incluidas las empresas. Los permisos para cuidadores persiguen garantizar el derecho a cuidar de los familiares en situación de dependencia, en determinadas circunstancias. A pesar de su soporte normativo (Ley, 39/99, LOI 7/2007), su uso está escasamente implantado en España, por lo que resulta relevante conocer las causas que limitan su uso, así como observar sus efectos sobre el desempeño y la trayectoria profesional de los ocupados (Lero et al., 2009; EUROFOUND, 2011). Es preciso, por tanto, conocer la opinión de quienes hacen uso de este recurso, pero también de quienes, siendo potenciales beneficiarios, no llegan a utilizarlos.

A pesar del crecimiento de los estudios sobre dependencia de adultos y políticas públicas, no se ha encontrado ninguna investigación publicada que analice de manera específica el alcance de los permisos parentales para el cuidado de adultos. Este artículo persigue contribuir a cubrir estas carencias, a través delos siguientes objetivos: 1. Conocer la incidencia de los permisos para el cuidado de personas adultas en España. 2. Identificar los factores que se relacionan con un uso más elevado de estos permisos y 3. Observar qué grupos sociales y laborales encuentran más dificultades para utilizar estos permisos.

2. Los permisos parentales en la relación empleo-familia
El estudio del cuidado de adultos desde la perspectiva de los permisos parentales es muy reciente, sobre todo, teniendo en cuenta que el debate y los análisis sobre conciliación de la vida laboral y familiar, centrado en el cuidado de menores, cuentan ya con más de dos décadas de existencia. Entendida la conciliación como un proceso bidireccional en la relación entre empleo y vida familiar (Lero, et al., 2009; Eurofound, 2010), pueden establecerse dos líneas principales de observación en este campo (Hessel y Keck, 2009:14):
La primera contempla las consecuencias que las responsabilidades de cuidado familiar suponen para el desempeño laboral. La dedicación a tareas de cuidado requiere compromiso y absorbe tiempo, lo que a menudo deriva en estrés y presión, sobre todo cuando se compatibiliza con una actividad laboral. En este sentido, la Second European Quality of Life Survey (EQLS) (2007), refleja la presión que sienten los cuidadores familiares que combinan su trabajo con el empleo. Desde esta perspectiva, que contempla la influencia de la familia en el empleo se destaca que un 28% de los ciudadanos europeos considera que gasta demasiado tiempo con su familia, siendo algo menor esa cifra (25%) entre los entrevistados de los países mediterráneos. En España, otros estudios han indicado que el 61% de los cuidadores experimentó efectos negativos del cuidado en la esfera profesional o económica (Rogero, 2010). El impacto que la dedicación al cuidado tiene sobre la participación en el empleo ha sido analizado por distintos autores y organismos europeos. Los datos al respecto arrojan que entre el 7% y el 21% de los cuidadores empleados europeos redujo su tiempo de trabajo para cuidar, y que en torno a un 10% abandonó su empleo por el mismo motivo (Bettio y Verashchagina, 2012:109). En España, cerca de 300.000 personas entrevistadas por el INE en 2010 dijeron que no trabajaban, no buscaban empleo o bien trabajaban a tiempo parcial por hacerse cargo regularmente de personas dependientes (INE, EPA, Módulo sobre conciliación, 2010)3.
La segunda línea de aproximación teórica analiza de qué manera las condiciones laborales y familiares afectan el modo en que los individuos afrontan el cuidado familiar. Desde este enfoque -work to family conflict- la EQLS (2007) muestra la percepción que los ciudadanos europeos tienen acerca de las dificultades que provoca la elevada dedicación al empleo, en términos de tiempo, así como el cansancio que provoca el trabajo remunerado, lo que limita la dedicación a tareas y responsabilidades familiares. En ambos casos los entrevistados de los países mediterráneos se encuentran entre los europeos occidentales que más se sienten presionados por el tiempo que dedican al empleo, así como por el cansancio que el trabajo remunerado genera, lo que les añade dificultades para abordar los compromisos domésticos (EUROFOUND, 2010:47). En este sentido, los permisos parentales aparecen como un instrumento para reducir la presión laboral y facilitar la compatibilidad con el cuidado familiar, además de disminuir o neutralizar las repercusiones negativas del cuidado sobre la trayectoria laboral (Ben-Galim, 2009:186; Hessel y Keck 2009:15). Resulta esencial, por tanto, evaluar los efectos que una medida como los permisos laborales puede tener para mejorar la calidad de vida de los cuidadores y de las personas cuidadas.
Si bien la utilización de permisos remite a un derecho al alcance de la población ocupada, los efectos de su disfrute son ambivalentes en el ámbito de la relación laboral4. Las ausencias temporales por reducción de jornada o por excedencias pueden perjudicar la estabilidad y las expectativas de empleo individuales, especialmente cuando se trata de permisos de larga duración; más aún cuando la cultura empresarial española es poco flexible en la ordenación de los tiempos de trabajo (Meil et al, 2007) y cuando algunos directivos consideran que la presencia en el lugar de trabajo es un indicador de compromiso de los trabajadores con la empresa. En el caso de los permisos para el cuidado de niños, se ha observado que, una vez finalizado, algunos ocupados se sienten penalizados por diferentes causas: perciben un parón en su carrera, pierden responsabilidades, salario e incluso pérdida del empleo.

3. Los condicionantes del uso de los permisos
No todos los ocupados con responsabilidades de cuidado acceden por igual a los permisos. Existen tres tipos de condicionantes que influyen en la utilización de permisos parentales: legales, relacionados con el contexto laboral y de carácter individual.
En primer lugar, la legislación estipula las condiciones específicas en las que se puede acceder a este recurso. Al respecto, hay que atender a: (1) los requisitos laborales de acceso (tipo de contrato, antigüedad en el empleo, etc.), (2) los requisitos familiares (qué tipo de relación ha de existir entre cuidador y persona dependiente), (3) el grado de remuneración durante el permiso (si se remunera o no, qué proporción del salario, quién tiene la obligación de afrontar el coste, etc.), (4) la duración (extensión mínima y máxima) y (5) la garantía y el grado de protección del puesto de trabajo previo al permiso. En España, la Ley 39/1999 amplía los permisos reservados únicamente para el cuidado de “disminuidos físicos o psíquicos”, que se convierten en permisos de un año de excedencia para el cuidado de un “familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida”. Pueden ser utilizados por empleados con al menos un año de antigüedad en la empresa. Con posterioridad, la Ley 3/2007 amplia la duración de la excedencia a dos años y establece la garantía de cobertura a efectos de prestaciones de la Seguridad Social durante el primer año. En el caso de las reducciones de jornada se considera como cotizada la jornada completa durante el primer año a los mismos efectos5.
En la mayoría de países europeos, la legislación contempla el derecho a tomar días libres o ausentarse del puesto de trabajo durante un periodo de tiempo, como permisos de media o larga duración, que exceden a los 30 días por año (Bettio y Verashchagina, 2012:111-114). En el marco europeo, quizá lo más destacable es la diversidad de situaciones que presentan, ya que las legislaciones nacionales afectan al acceso a los permisos (según tipo de relación del cuidador con la persona atendida y el tipo de empleo, etc.) y a las condiciones en que se toman (duración máxima, remuneración, etc.). Además de los permisos de larga duración para cuidadores de adultos y los destinados al cuidado de menores con alguna enfermedad grave, ambos vigentes en España, algunos países (Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Suecia y Noruega) cuentan además con permisos para afrontar cuidados paliativos de familiares con distinto grado de parentesco que, según los países, admiten distinta duración y remuneración (EPEC, 2011:34). Los permisos para cuidadores (carers’ leave) o excedencias no están remunerados en Alemania (duración máxima 6 meses al año), Francia (máximo de 3 meses) ni en Holanda (30 días al año), al igual que en España. Por el contrario, Bélgica admite permisos de hasta 260 días al año con una remuneración del 22% del salario aportado por el sistema público; Dinamarca cuenta con un permiso de hasta seis meses al año que remunera con aproximadamente la mitad del salario en el sector privado y el 100% en el público; Finlandia reconoce un permiso de hasta 12 meses con una remuneración que representa entre el 70 y el 80% de la prestación por desempleo, condicionado por la antigüedad, el sector y el tipo de empleo; Italia, al igual que España cuenta con un permiso de hasta dos años, remunerado sólo en determinados casos, y Suecia reconoce un permiso de hasta cien días al año parcialmente retribuido (EPEC, 2011; Bettio y Verashchagina, 2012).
El segundo tipo de condicionantes que, junto con los legales, influye en la utilización de permisos parentales, es son los laborales. Existen sectores en los que las condiciones normativas de los permisos son diferentes a la generalidad. En el caso español existen regulaciones diferentes a la estatal en algunas regiones, algo que también ocurre para el caso de los permisos para el cuidado de niños (Lapuerta, 2013). En Reino Unido, por ejemplo, se ha observado que los trabajadores ubicados en posiciones más favorables de la jerarquía laboral (sector público, trabajadores a tiempo completo y con ingresos elevados) tienden a disfrutar más de los permisos remunerados que los peor posicionados (sector privado, trabajadores a tiempo parcial, en centros pequeños y con ingresos más bajos), que disfrutan en mayor medida de permisos no remunerados (Ben-Galim, 2009: 189).Las investigaciones sobre el uso de permisos parentales para el cuidado de niños demuestran que son los ocupados con menores ingresos y con empleos temporales los que menos utilizan los permisos parentales (Lapuerta, 2011).
El tercer grupo de condicionantes del uso de permisos son de carácter individual. En primer lugar, el nivel de dependencia de la persona demandante de cuidado… En segundo lugar, el vínculo con la persona dependiente, además de ser una restricción legal, es un condicionante fundamental para tomar la decisión de solicitar un permiso. En tercer lugar, el género… En cuarto lugar, la toma de permisos (o la reducción de las horas de trabajo, ver según cita) aumenta cuando se carece de otros apoyos para el cuidado en la red más cercana, ya que a medida que se reduce la red de potenciales cuidadores aumenta la concentración de las tareas de atención en una sola persona (Rogero y Rosenberg, 2011).
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