Jueces en democracia. Reflexiones prudentes sobre el estado de derecho en españA






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REAL ACADEMIA ASTURIANA DE JURISPRUDENCIA

JUECES EN DEMOCRACIA. REFLEXIONES PRUDENTES SOBRE EL ESTADO DE DERECHO EN ESPAÑA

DISCURSO DE INGRESO DE

BENIGNO PENDÁS GARCÍA

(Académico honorario)

Oviedo, 23 de marzo de 2015

Sr. Presidente,

Sras. y Sres. Académicos:

Es un gran honor para mí ingresar hoy como Académico honorario en esta docta e ilustre Corporación. Siempre he tenido por ciertas las palabras de Jorge Luis Borges: “la patria de un hombre es su infancia”. Si la infancia del gran Antonio Machado son “recuerdos de un patio de Sevilla”, la mía se corresponde con aquellos largos veranos familiares en la Villa de Salas, lugar de origen de mis padres y abuelos, depósito para las emociones juveniles de un asturiano nacido en Barcelona por razón de los avatares profesionales de mi querido padre (q.e.p.d.). Veranos largos e intensos: fiesta del Viso y excursión al Río Narcea en Cornellana; visitar al anciano padrino en Luarca; contemplar el arte prerrománico en el Naranco; incluso (¡gran aventura!) perseguir a las piraguas entre Arriondas y Ribadesella. Procuro que mis hijos Pablo y Álvaro, nacidos ya en Madrid, conserven ese vínculo con las raíces familiares. Ayuda mucho, sin duda, que Gemma sea natural de León, reeditando así en el seno familiar esa feliz conjunción astur-leonesa que aportó tantas cosas buenas a la historia de España.

Saben ustedes que el apellido Pendás procede de un hermoso “pueblín” muy cercano a nuestra Covadonga. Me permito por ello una primera reflexión. Asturias, los asturianos, cuenta/contamos con una personalidad indiscutible. En palabras de Valentín Andrés Álvarez, el gran economista, ilustre antecesor mío en la medalla número diez de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, “en el principio fue la manzana”. Sin embargo, nada nos resulta más ajeno que cualquier exclusivismo localista y aldeano. Somos de nuestro pueblo y también asturianos y (¡cómo no!) españoles, los primeros de todos, y naturalmente europeos y universales hasta el fin del mundo, si y cuando nos hace falta. Las identidades plurales enriquecen al ser humano. El “parroquialismo”, dicen nuestros vecinos británicos, limita y empobrece el espíritu. Ojalá esta lección sea asumida por todas y cada una de las gentes de esta gran nación histórica llamada España, mejor cuanto más unida y más rica cuanto más plural. Una nación “por la que vale la pena luchar”, como dijo don Felipe de Borbón en su discurso del Teatro Campoamor, el último como Príncipe de Asturias en 2013 durante la hermosa ceremonia de entrega de los Premios de la Fundación ahora ya Princesa de Asturias, acaso el mayor éxito de esta tierra en el final del siglo XX y el tiempo trascurrido del XXI. Desde hace ya dieciocho años, tengo el honor de formar parte de los Jurados de estos Premios de máximo prestigio internacional, y me consta la ilusión que nos embarga cuando se funden en un solo acto tantas emociones y tantos sentimientos.

Asturias, señoras y señores académicos, es tierra de grandes liberales. En ellos me reconozco y con ellos me identifico. Es hora, por tanto, de recuperar un “jovellanismo activo”, como reclamaba el 19 de marzo de 2011 ese gran jurista y español, Aurelio Menéndez, que forma parte de la selecta nómina de honorarios en esta distinguida Corporación. En una Tercera de ABC, bajo el rótulo “Presencia de Jovellanos”, recordaba el ilustre mercantilista a ese “español de todas las Españas”, modelo de ejemplaridad y rectitud, “desde el nacimiento en el Gijón de su alma hasta su fallecimiento en Puerto de Vega”. No puedo olvidar, faltaría más, a mi admirado José María Queipo de Llano y Ruiz de Sarabia, conde de Toreno, tan vinculado con el concejo de Salas, el diputado más joven de las Cortes de Cádiz, hasta el punto de que fue preciso otorgarle una dispensa especial para que pudiera tomar posesión de su cargo ya que todavía no contaba veinticinco años, la edad mínima exigida. Si damos un salto en el tiempo, quiero mencionar con el mayor afecto en este año de su centenario a Torcuato Fernández-Miranda y Hevia, protagonista al más alto nivel jurídico y político de nuestra Transición democrática, esa “hazaña primordial” (si se me permite la cita de Mircea Eliade), momento fundacional de la España contemporánea. Don Juan Carlos, ahora Don Felipe, la Corona en fin como símbolo de la Nación y el Estado. Un régimen político pluralista, con un generoso sistema de autonomías territoriales. En suma, una democracia a la altura de los tiempos, con sus grandezas y sus servidumbres, igual de buena e igual de mala, si se quiere, que las de nuestros vecinos y socios en la Unión Europea. He aquí las señas de identidad de la España de nuestros días, que el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y Consejero Nato de Estado que les habla siente como propias en la doble condición rousseauniana de hombre y de ciudadano. Me honra haber dedicado lo mejor de mi vida profesional a la defensa de esta España constitucional que, bajo el texto de la ley de leyes de 1978, ha sido, es y será un éxito, por mucho que pretendan impedirlo unos cuantos desleales y no pocos oportunistas. Este es, creo, el compromiso firme de una abrumadora mayoría de la sociedad española, sin distinción por el lugar de origen o las ideologías políticas.

Cumplidas así estas deudas de memoria y gratitud hacia todos ustedes, procede abordar el contenido propio de este discurso de ingreso bajo el epígrafe “Jueces en democracia”, una reflexión desde mi condición de jurista y de estudioso de la Ciencia Política acerca de algunos problemas que afectan a la raíz de nuestro Estado de Derecho.

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Jueces y política1. Tampoco esta vez hay nada nuevo bajo el sol. Busquemos algún antecedente significativo. Estamos en la Roma (todavía) republicana, siglo I a.C., en plena formación del futuro Imperio que acelera la crisis de la res publica dominada por los patricios. Vamos a utilizar al mejor de los guías, Theodor Mommsen, tan notable historiador como escritor brillante, según prueba el Premio Nobel de Literatura2. Época posterior a la muerte de Sila, en pleno dominio de los oligarcas. Cuenta el historiador alemán que la pésima administración de justicia a cargo de tribunales senatoriales era objeto de quejas incesantes. Entre otras razones, porque “era imposible obtener la condena de un hombre influyente” o porque “el colega sentía simpatía por su colega”. Había muchos acusados de corrupción y múltiples escándalos odiosos que obligaron al Senado a plantear medidas contra la venalidad de los jueces. Sin embargo, “como puede suponerse, la deliberación duró lo que duraron los rumores, para luego abandonar por completo este asunto”. Concluye Mommsen, un “liberal” que prefirió interrumpir su historia en tiempos de César para no hacerse cómplice de la deriva autoritaria de la civitas romana: “la mala administración de justicia engendraba las más deplorables consecuencias”.

Un salto en el tiempo y nos detenemos en Montesquieu, autor indiscutible de la versión clásica sobre la división de poderes, en especial sobre el Poder Judicial. En De l`esprit des lois (1748) se proclama la célebre doctrina sobre la necesidad de que el poder frene al poder3 . También la exigencia absoluta de que el Judicial esté separado del Ejecutivo y el Legislativo. Suele olvidarse que el presidente (hereditario) del Parlamento de Burdeos prefiere que los jueces no formen un “estado” o “profesión”, sino que procedan del pueblo y sean temporales y no permanentes. Es la vieja imagen de la democracia ateniense, plasmada en los jurados de ciudadanos. Lo más conocido y lo más significativo a nuestros efectos: “De esta manera, el poder de juzgar, tan terrible para los hombres, se hace invisible y nulo”. Y reitera poco más adelante: “De los tres poderes de que hemos hablado, el de juzgar es, en cierto modo, nulo”. Las consecuencias políticas son de sobra conocidas: el juez se limita a pronunciar las palabras de la ley. En sentido amplio, el positivismo jurídico tiene por objetivo principal limitar (anular, incluso) el poder político de la noblesse de robe en Francia, con sus poderosos Parlamentos judiciales, demolidos por la pluma implacable de Voltaire. O, en la misma línea, reducir la influencia de los lawyers ingleses, refugiados en los intersticios del Common Law, bajo la autoridad –por esos mismos años– de sir William Blackstone y sus Commentaries, objeto de crítica feroz, y no es casualidad, por parte del positivista Jeremy Bentham y sus discípulos. Bentham , por cierto, fue objeto de mis primeros desvelos como investigador, en una tesis doctoral donde llamo la atención sobre su influencia en muchos próceres asturianos. Una y otra vez ocurre lo mismo: Gneo Flavio arrancó a los pontífices romanos el libro de las fórmulas y lo entregó al pueblo. Dicho en términos lapidarios, la ley contra el Derecho, ya que el viejo Derecho fue responsable de su propia ruina, por causa de su defensa ciega de intereses estamentales. Frente a ellos, la ley llegaba con fuerza irresistible, como expresión de la “voluntad general” rousseauniana para proclamar el triunfo de los ciudadanos libres e iguales contra los prejuicios, falacias y ficciones premodernas.

Pero aquí hablamos de política, al margen de tecnicismos legales. Estado de Derecho, principio de legalidad, seguridad jurídica, todos y cada uno de los conceptos que configuran la modernidad en el mundo del Derecho tienen un origen muy determinado: la desconfianza durante la Revolución francesa hacia los jueces provenientes del Antiguo Régimen. El maestro García de Enterría ha escrito páginas luminosas sobre el significado de las primeras leyes revolucionarias, que marcan para siempre la evolución del Derecho público4. La famosa Ley de 16/24 de agosto de 1790 (todavía integrada en el “bloque de la constitucionalidad”, dos siglos largos después) estableció de forma tajante la separación entre funciones administrativas y judiciales y prohibió a los jueces troubler las actividades de los agentes públicos. Se trataba de poner en su sitio a aquellos Parlamentos judiciales (como el que Montesquieu presidió en su día) capaces de hacer frente nada menos que al Rey Absoluto y dispuestos ahora a dar la batalla contra la Revolución5. Aparte de consecuencias jurídicas muy significativas, por ejemplo la creación del Conseil d´Etat para ejercer la jurisdicción contencioso-administrativa, importa aquí extraer una lección política: la neutralidad del Poder Judicial debe predicarse de su ejercicio, mediante las garantías que sean adecuadas, sin exigir una imposible asepsia ideológica a los jueces y magistrados.

Para no recargar en exceso el capítulo de ejemplos, me limito a mencionar otro más, al máximo nivel. El origen, designación presidencial y examen parlamentario de los magistrados del Tribunal Supremo de los Estados Unidos son el mejor ejemplo, desde el juez Marshall a los últimos nombramientos de Barack Obama. Por lo demás, el contraste entre los hearings en el Senado norteamericano de los candidatos y las comparecencias estrictamente formales en nuestras Cámaras de los futuros magistrados ya consensuados por los partidos es fiel reflejo de que se puede trasplantar la letra de las leyes, pero no su “espíritu”. Al fin y al cabo, eso lo aprendimos del gran Montesquieu… En efecto, las instituciones importadas, carentes de arraigo social, malviven arrinconadas en los márgenes de la vida social y solo gozan de buena salud en los programas de oposiciones. Si me permiten un ejemplo ajeno por completo a la política, piensen en el régimen económico matrimonial de participación (artículos 1411 y siguientes del Código Civil), introducido con la mejor voluntad por la Ley 11/1981, hoy prácticamente en desuso.

En el caso de España, hay un diagnóstico coincidente: la Justicia sufre males endémicos y alguno de ellos se percibe como irresoluble por la opinión pública. Ante todo, las dilaciones excesivas, en contraste con el derecho constitucional reconocido por el artículo 24. Una resolución tardía es ineficiente en el orden civil, administrativo o laboral y es fuente de injusticias notorias en el ámbito penal. El prestigio de nuestra judicatura depende, por tanto, de su capacidad para satisfacer la demanda social de una respuesta rápida y razonable a las pretensiones de los litigantes o al ejercicio del ius puniendi del Estado. Porque una sociedad activa y dinámica genera conflictos que deben ser resueltos con arreglo a la ley o encauzados por vías de mediación o arbitraje que todavía son insuficientes. De hecho, si la Justicia funciona bien, aporta certeza al mundo del crédito y evita la parálisis durante años del dinero prestado en garantías, fianzas, cauciones e instrumentos análogos. La justicia es rentable, sin duda. No solo es cuestión de recursos materiales y personales o de medios tecnológicos, ni siquiera de buenas leyes procesales que sustituyan a modelos anticuados. Todo eso es importante, faltaría más. Pero el problema que perturba la imagen de los jueces en nuestras democracias inquietas consiste, pura y simplemente, en la sospecha (a veces fundada) de politización. En este punto vamos a concentrarnos ahora.

Ante todo, conviene acotar el ámbito material. Salvo casos muy aislados, nadie cuestiona la imparcialidad de jueces y magistrados en la jurisdicción civil, contencioso-administrativa o social. La clave está en los procesos penales y especialmente en el ámbito de la instrucción. Luego hablaremos de la justicia constitucional, con problemas específicos y técnicamente al margen del Poder Judicial en nuestro sistema jurídico. Vamos ahora con la respuesta judicial contra la corrupción, cáncer de la democracia porque daña el fundamento mismo de la legitimidad del sistema. Los datos son muy preocupantes6. Pero también es cierto que los jueces españoles, aplicando un sistema hipergarantista, lento pero seguro, son capaces de enjuiciar a políticos de todos los partidos y a financieros relevantes, sin olvidar a personajes muy conocidos de la vida social. Al margen de tópicos alimentados por intereses muy determinados, hay justicia en nuestra democracia, aunque nos queda todavía un largo camino por recorrer para alcanzar los niveles de calidad deseables.

El Poder Judicial es la seña de identidad de una democracia genuina y su fracaso hace imposible vivir en un Estado de Derecho7. Nada hay más perturbador en nuestro lenguaje social que la referencia habitual a jueces “conservadores” y “progresistas”, como si un tribunal fuera (adaptando a Clausewitz) la continuación de la política por otros medios. El ya citado Montesquieu quedaría perplejo ante el fenómeno de los “jueces estrella”, una auténtica contradicción en los términos. He aquí el mayor reto de nuestra democracia, al margen de pasiones partidistas o intereses coyunturales. Porque, como dice el artículo 117 de la Constitución, jueces y magistrados deben estar sujetos exclusivamente al imperio de la ley, única garantía de su independencia.

La experiencia tras muchos años de democracia ha sido muy negativa en este punto, sin perjuicio de que una inmensa mayoría de jueces ha cumplido y cumple sus delicadas funciones con el máximo rigor y discreción. Pero cualquier ciudadano que se asome a los medios de comunicación conoce el nombre y las andanzas de al menos una docena de titulares de órganos jurisdiccionales, casi siempre unipersonales y prácticamente todos en el ejercicio de labores de instrucción penal. Con solo una pizca de exageración, puede decirse que los nuevos poderes del Estado democrático son, a veces en (fecunda) conexión, el periodista de investigación y el juez de instrucción. A propósito del más famoso de todos, Baltasar Garzón, he hablado alguna vez del “juez Hércules”, tomando en préstamo una conocida expresión de Ronald Dworkin, muy utilizada por los filósofos del Derecho.

El daño causado al sistema judicial por estas aventuras mediáticas es difícilmente exagerable. La gente piensa que “los jueces” (una vez más: tomando la parte por el todo) son caprichosos, oportunistas y enemigos del sentido común. Algunos de ellos transmiten un desmedido afán de protagonismo, incompatible
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