En Buenos Aires, a los 25 días del mes de Noviembre de dos mil diez, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones






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fecha de publicación04.07.2016
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En Buenos Aires, a los 25 días del mes de Noviembre de dos mil diez, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para conocer del recurso interpuesto en los autos "Molina Dionisia Yolanda c/Ancherek Eduardo Manuel y otro s/Daños y Perjuicios", contra la sentencia de fs. 301/311, el Tribunal se planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta el Dr. Sergio Gustavo Fernández dijo:

I. Que el señor juez de primera instancia dictó sentencia (conf. fs. 301/311) haciendo lugar a la demanda interpuesta por la señora Dionisia Yolanda Molina contra el Sr. Eduardo Manuel Ancherek, la Policía Federal Argentina y el Hospital General de Agudos Doctor Carlos G. Duránd tendiente a que se le abonasen los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de haber sido tomada como rehén por uno de los pacientes del nosocomio cuando llevaba a cabo su labor de enfermera.

Para así decidir, sostuvo -en lo que aquí interesa- que la relación que vinculaba a la actora con la Ciudad de Buenos Aires era de empleo público y los hechos acontecidos demostraban la infracción de la empleadora respeto de sus deberes de prevención y seguridad respecto de sus dependientes.

Por lo demás, agregó que no se había probado la culpa de la víctima y el hecho de que Ancherek fuera paciente del hospital y se encontrase internado demostraba que era un tercero por el cual la Ciudad debía responder.

En tal orden de ideas, concluyó en que resultaba aplicable la ley 24.557, cuyo artículo 39 -que no había sido impugnado de inconstitucional- vedaba a la parte actora el acceso a una reparación integral, por lo que solamente resultaba procedente el reconocimiento del rubro daño psicológico, ya que los hechos le habían generado una incapacidad psíquica del 25%.

Asimismo, dispuso que las sumas reconocidas debían devengar intereses moratorios a la tasa pasiva que determinan el Banco de la Nación Argentina y las costas se debían distribuir en el orden causado en proporción a la relación procesal trabada con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en atención a que la pretensión prosperó solo parcialmente y debían ser soportadas íntegramente por el Estado Nacional en la relación procesal trabada con la actora.

II. Que contra tal pronunciamiento la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Policía Federal Argentina y la parte actora interpusieron sendos recursos de apelación, a fs. 312, 315 y 316, respectivamente, los que fueron concedidos libremente (conf. fs. 313 y 319, respectivamente); expresando agravios la Policía Federal Argentina a fs. 325/326, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fs. 327/330 y la parte actora a fs. 334/336. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contestó el traslado del memorial de la demandante, quien, a su vez contestó los respectivos agravios del demandado mencionado.

III. Que la parte actora se agravia por entender que el a quo no responsabilizó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en orden a la reparación del daño moral, cuando el ataque se produjo en el ámbito del nosocomio municipal.

Agregó, que las sumas reconocidas debían ser actualizadas conforme la tasa activa, por cuanto que es la asumida por la mayoría de los fueros nacionales y que impide la licuación de su crédito.

Por lo demás, solicitó la aplicación del principio general de la derrota en materia de costas respecto del codemandado Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por cuanto que los daños ocurrieron bajo su ámbito y dependencia.

IV. Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se queja por entender que el hecho de que uno de los pacientes internados en el nosocomio tomara de rehén a la Sra. Molina fue un hecho fortuito y no se hallaba dentro de sus posibilidades preverlo. Máxime tendiendo en cuenta que se encontraba bajo la custodia de un efectivo de la Policía Federal Argentina.

Agregó que, al determinarse el porcentaje de incapacidad no se ha tomado en cuenta la estructura de base de la actora, como tampoco el hecho de que una semana después de haber acontecido los sucesos ya se había reincorporado a sus tareas, por lo que resulta arbitrario y subjetivo el porcentaje establecido en la pericial, por lo que solicitó que el Cuerpo Médico Forense realice una nueva pericia.

V. Que corresponde tratar en primer término el agravio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en tanto concierne a la determinación de su responsabilidad; y en este sentido se advierte que el fundamento jurídico del reclamo de la parte actora contiene en su fundamentación una asistemática invocación de regímenes normativos de distinta naturaleza (ley 24.557 y el Código Civil). Así, la actora manifiesta que el infortunio ocurrió en ocasión de la relación de trabajo -supuesto previsto en el art. 6 de aquella ley especial- para fundar la responsabilidad, pero recurre a las normas de derecho común para estimar los rubros reclamados y los montos pretendidos por cada uno de ellos.

De modo alguno puede admitirse la interferencia y aplicación fraccionada de sistemas normativos que se postula en la demanda. La ley 24.557 y las normas del Código Civil contemplan sistemas de reparación de perjuicios (tarifado la primera e integral el último) que son mutuamente excluyentes, de modo que la opción de uno de ellos obsta a la aplicación simultánea del otro (conf. CNAT Sala III, "Juárez, José Lauro c/ CNA ART SA s/ accidente-acción civil", del 30/05/07, causa N° 17.247/06).

Así, conforme los términos en que quedó trabada la litis, la ausencia de planteo de una cuestión federal constitucional por parte de la demanda respecto de las normas aplicables al caso resulta imposible de soslayar, pues determinan su falta de titularidad de un derecho subjetivo de contenido patrimonial que la habilite a invocar y probar su posible conculcación (conf. CNAT, Sala II "Pacheco Oscar Héctor c/ H.I.H. Interamericana ART s/ accidente acción civil", del 27/11/08, causa N° 26071/03).

Por lo demás, debo destacar que, atento lo dispuesto en los considerandos anteriores tampoco puede ser aplicable la doctrina que emana del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Aquino Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ Accidente - ley 9688" (A 2652 - XXXVIII, del 21/9/2004), por lo cual las cuestiones planteadas en la litis se resolverán conforme lo dispuesto en la ley especial.

VI. Que, así las cosas, es de señalar que no caben dudas respecto que la relación que existe entre la demandada Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la aquí actora es una relación de empleo y que los hechos ocurrieron durante el lapso en que la demandante cumplía sus labores en el nosocomio.

Sobre ello, debe señalarse que no puede prosperar el agravio del codemandado relativo a la ausencia de responsabilidad respecto de su empleada.

Ello es así, por cuanto aún cuando se tratase de un hecho ocasionado por un tercero por el cual no debe responder -un hecho fortuito llevado a cabo por un paciente que se encontraba bajo la custodia del personal policial-, la ley 24.557 determina la responsabilidad del empleador respecto de aquellos daños padecidos por sus empleados en forma "súbita y violenta ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo" (conf. artículo 6° inciso 1°), cuyo ámbito de aplicación se extiende a los empleados y funcionarios de la Municipalidad de Buenos Aires, actualmente el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (conf. artículo 2°, inciso 1, apartado a).

Así, pese a que la normativa no establece limitación alguna respecto de cuáles son las contingencias incluidas en su regulación, sino que por el contrario se dispone una fórmula genérica, es claro que se encuentran incluidos todos los daños ocurridos en ocasión del trabajo y es a partir de esa situación que la demandada se encuentra obligada respecto de la reparación pedida, lo cual conduce al rechazo de la queja articulada en cuanto al fondo de lo decidido.

VII. Que, respecto del agravio formulado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires referente a la arbitrariedad del porcentaje de incapacidad determinado en el informe pericial, cabe adelantar que no puede prosperar.

Ello es así, toda vez que si bien las normas procesales no confieren al dictamen del perito el carácter de prueba legal, cuando aquél comporta la necesidad de una apreciación específica del saber del perito que para desvirtuarlo resulta imprescindible la valoración de elementos que permitan advertir de modo fehaciente el error o el insuficiente aprovechamiento de los conocimientos científicos que debe poseer el experto por su profesión o título habilitante (conf. CNCom, Sala C, 16-5-1995, Equaner S.R.L. c/Manufactura de Fibras Sintéticas, L.L. 20-8-1998).

Tal circunstancia no ha ocurrido en autos, por cuanto el demandado en la expresión de agravios se limitó a reiterar el desacuerdo puesto de manifiesto en la impugnación de fs. 232, referente al grado de incapacidad determinado y a la personalidad de base de la actora, argumentos que solamente demuestran una mera discordancia, pues tal planteo ya había sido contestado por el especialista en las explicaciones de fs. 224/226, en base a fundamentos fácticos y técnicos que otorgan a las conclusiones vertidas -a los fines de sustentar el porcentual de incapacidad- pleno efecto convictivo (art. 477 del C.P.C.C.N.).

VIII. Que, en cuanto al agravio de la actora concerniente al alcance de la reparación respecto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, debe destacarse que el artículo 39 de la ley de riesgos de trabajo determina que el empleador deberá otorgar todas aquellas prestaciones establecidas en la ley 24.557 (conf. incisos 4° y 5°), quedando a ellas limitado su deber resarcitorio.

Así, en el artículo 14 de la ley se reconoce el derecho del empleado a percibir una indemnización de pago único, respecto de aquellas incapacidades que sean iguales o inferiores al 50% que se determina con ajuste a las pautas allí establecidas.

Por lo que la indemnización que dicho codemandado deberá abonar a la actora será aquella que surja de aplicar los parámetros fijados en dicho precepto, debiéndose tener en cuenta a tales efectos, el porcentaje de incapacidad determinado en la pericia psicológica realizada por la experta designada de oficio (conf. apartado a), del inciso 2° del citado artículo).

IX. Que, respecto de la tasa de interés aplicable, la actora sostiene que debe aplicarse tasa activa a los efectos de impedir la licuación del crédito y porque es la tasa aplicable en la mayoría de los fueros nacionales.

Sobre ello, debe adelantarse que el agravio no puede prosperar, por cuanto la determinación de la tasa pasiva respecto de los créditos reconocidos tiene su razón de ser en el criterio sostenido por la C.S.J.N., en reiteradas oportunidades, acerca de que a partir del 1° de abril de 1991 debe computarse la tasa de interés pasiva promedio que publica mensualmente el B.C.R.A. a fin de mantener incólume el contenido económico de la prestación (C.S.J.N. "Y.P.F. c/ Corrientes Pvcia. de y Banco de Corrientes s/ cobro de australes", del 3/3/92, "Ente Binacional Yaciretá c/ Misiones Pvcia. de s/ expropiación", del 19/5/92, entre otras), de conformidad con lo dispuesto en el decreto 941/91, el cual faculta a los jueces a aplicar la mencionada tasa.

X. Que, finalmente, respecto del agravio referente a la imposición de las costas de la primera instancia respecto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, atento a que la actora ha resultado sustancialmente vencedora, no se encuentra óbices para aplicar el principio general de la derrota, por lo que debe imponerse las costas a la codemandada vencida (art. 68 del C.P.C.C.N.).

Los Dres. Jorge Eduardo Morán y Luis M. Márquez adhieren al voto que antecede.

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve: rechazar los agravios expuestos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, admitir parcialmente los expuestos por la actora y declarar desierto el recurso interpuesto por la Policía Federal Argentina. Por ello, se confirma la sentencia apelada en lo principal que decide y se la modifica conforme lo dispuesto en los considerandos VIII y X. Las costas de ambas instancias deberán ser impuestas a la codemandada, quien resultó sustancialmente vencida en autos.

Se deja constancia que los Dres. Luis M. Márquez y Sergio Gustavo Fernández suscriben la presente conforme lo resuelto en la Acordada n° 21/09 de esta Cámara.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

JORGE EDUARDO MORÁN

LUIS M. MÁRQUEZ

SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ

SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 4

LIBRO DE SENTENCIAS

Registrado al N° 944 F° 1517/9 T° 1

ANTE MI

RODRIGO M. PARDO

PROSECRETARIO DE CAMARA

LUIS M. MÁRQUEZ

JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA

SALA CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO Nº 2

LIBRO DE SENTENCIAS

Registrado al Nº 884 Fº 1746/8 Tº 1

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