Por la cual se organiza el sistema de educación superior y se regula la prestación del servicio público de la educación superior”






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OBJETIVOS DEL PROYECTO



El mundo ha reconocido en la educación uno de los factores clave para el bienestar y desarrollo de las sociedades. Por ello, las políticas públicas puestas en marcha en Colombia durante los últimos años han estado orientadas a garantizar a todos los ciudadanos el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología y a la cultura a través de la educación. Los resultados han sido significativos, especialmente en cobertura. Estos logros han provocado transformaciones sociales, generado expectativas de la sociedad en los procesos de formación y nuevas exigencias al sistema educativo.

Nuestro país ha trabajado de manera decidida en crear las condiciones para garantizar a todos los colombianos el ingreso a la educación, particularmente en los niveles de preescolar, básica y media. Esta intención se hace explícita en la Constitución Política de 1991 en su artículo 67, donde se reconoce que: “la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”.
Este aumento en las oportunidades educativas para los jóvenes ha traído de manera positiva un incremento acelerado en el número de bachilleres que se gradúan al año, que pasó de 414.424 en 2002 a 625.446 en 2010, con una participación cada vez mayor de jóvenes con origen en familias de estratos uno, dos y tres. La proyección de bachilleres al 2019 es cercana a un millón. Estos jóvenes se constituyen en la legión para construir el presente y futuro del país. Para hacerlo, reclaman al Estado, en el marco del mandato constitucional, la garantía de acceder a una formación profesional de calidad.

Aún cuando el acceso a la educación superior se ha incrementado de forma importante, la tasa de cobertura pasó del 24% en 2002 al 37% en 2010, muchos jóvenes, más de tres millones en los últimos ocho años, no han tenido la oportunidad de ingresar o han tenido que dejar sus estudios a medio camino.
Tanto el Gobierno como la sociedad en general han depositado su esperanza en la apropiación del conocimiento y el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, a los cuales se accede especialmente mediante la educación superior, nivel de formación que debe acercar y comprometer a los ciudadanos con la sociedad a la cual pertenecen.
Estos cuatro factores –conocimiento, ciencia, tecnología e innovación- son los pilares para alcanzar un crecimiento económico sostenido y poder enfrentar un sistema económico mundial, caracterizado por una mayor complejidad tecnológica y una orientación hacia la producción de bienes y servicios.
La respuesta a este planteamiento está en la capacidad que tenga el país para desarrollar a plenitud el potencial y la creatividad de cada persona como ser humano, como ciudadano que contribuye a la convivencia y como fuente de bienestar, desarrollo e innovación. Así mismo, en la capacidad que tenga para hacer de los talentos colectivos la principal herramienta para la competitividad.
Tales propósitos sólo se harán realidad si existe una política pública que garantice que la educación superior es un derecho, una estrategia de desarrollo y un deber en el cual están comprometidos el Estado, los gobiernos, las familias y personas, las instituciones y los sectores económicos, políticos y sociales, como lo establece la Constitución Política de Colombia en su Artículo 67, tercer inciso: “El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación”. Igualmente, si existe un sistema que articule a todos los actores del sector, a través del cual se puedan hacer viables y sostenibles los mandatos de dicha política.
Nuestro país cuenta con la Ley 30 de 1992, “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”. Esta Ley, a punto de cumplir 20 años, nace pocos meses después de la Constitución de 1991 y modifica el Decreto Ley 80 de 1980. Gracias a ella se desarrollan aspectos fundamentales como el principio de autonomía universitaria, el estatuto orgánico y de funcionamiento de las instituciones de educación superior públicas y privadas. De igual forma, se establece una regulación respecto a los organismos asesores de la educación superior, y se promueve la estructura del Sistema Nacional de Acreditación y el Sistema Nacional de Información.
En cuanto a financiación, se garantiza el sostenimiento de las universidades estatales mediante aportes anuales crecientes, tomando como base los recursos girados por la Nación y las entidades territoriales en 1993. Por otra parte, se dispone de unos recursos adicionales sujetos al crecimiento de la economía que se otorgan anualmente a las universidades para mejoramiento de la calidad. Sin embargo, esta garantía de aportes anuales crecientes se establece únicamente para las universidades, dejando por fuera cerca del 60% de las instituciones de educación superior estatales: las instituciones universitarias, las instituciones tecnológicas y las instituciones técnico profesionales. Además, dado el incremento sostenido del número de estudiantes en la mayoría de las instituciones y el aumento de costos destinados al mejoramiento de la calidad, los aportes estatales son hoy insuficientes.
En términos generales, los postulados de la Ley 30 han permitido a las instituciones de educación superior colombianas alcanzar con gran esfuerzo importantes logros en el desarrollo de sus actividades misionales. Éstos se traducen en un incremento de la cobertura; en un aumento del gasto público en educación; en el mejoramiento de la calidad del sector y el posicionamiento del sistema en materia de evaluación y acreditación de la calidad.
Sin embargo, las exigencias del país y la realidad que impone el nuevo contexto nacional e internacional hacen necesario volver a pensar el sistema de educación superior en un marco normativo más ágil, flexible y moderno.
Uno de los retos que se ha planteado el Gobierno del Presidente de la República Juan Manuel Santos es fortalecer la educación superior. Para conseguirlo, el énfasis de la política educativa se dirige al mejoramiento de la calidad, al cierre de brechas con un enfoque regional, a la pertinencia para la innovación y la prosperidad, y a la eficiencia en la gestión y uso de los recursos.
El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 señala a la educación como “el instrumento más poderoso para reducir la pobreza y el camino más efectivo para alcanzar la prosperidad”. Reconoce, a su vez, en la innovación un factor central para el fortalecimiento de todas las esferas, tanto en lo económico como en lo social.
El Gobierno ha asumido el compromiso de ofrecer oportunidades a los miles de jóvenes colombianos en condiciones de inequidad social o económica para que puedan acceder a una educación superior de calidad. La meta en estos cuatro años es alcanzar el 50% de cobertura en educación superior mediante la generación de 646.000 nuevos cupos, con una cobertura del 75% de los municipios a través de oferta pertinente y de calidad y una disminución de la deserción interanual al 9%.
El Gobierno considera que para cumplir con las metas que se ha propuesto y situar al país en una senda de crecimiento, se debe avanzar en la consolidación de un sistema de educación superior coherente, articulado y financiado con fuentes diversas de recursos, a través de, entre otras estrategias, la actualización de la normatividad y la regulación de este bien y servicio público.
Por las anteriores razones, el Presidente Juan Manuel Santos presenta al Honorable Congreso de la República de Colombia el “Proyecto de Ley por la cual se organiza el Sistema de Educación Superior y se regula la prestación del servicio público de la educación superior”. El proyecto que hoy se entrega es el resultado de un proceso de discusión y construcción colectiva en el que han participado la comunidad académica y actores de la vida nacional, entre los que se destacan el sector productivo y la sociedad civil organizada.

II. REFERENCIAS HISTÓRICAS Y JURÍDICAS


Hacia una Política de Estado para la Educación Superior


El desarrollo de la educación superior colombiana ha tenido momentos significativos que responden al interés de la sociedad por este sector y a las necesidades del mismo frente a los avances del conocimiento.

Durante la segunda mitad del siglo XX hay un desarrollo importante de la educación superior en el país. En la década del 50 se crean el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior ICETEX (1950), primera institución de crédito educativo en el mundo; el Fondo Universitario Nacional FUN (1954), encargado de distribuir los recursos financieros entre las universidades públicas y privadas auxiliadas por el Estado; el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA para formación técnica y laboral (1957); y la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN (1957), que agrupa universidades públicas y privadas y en la cual el Gobierno delega en ese momento la inspección y vigilancia del sector.

Un suceso de gran importancia para la educación superior, y en general para toda la educación en el país, es la creación en 1968 del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES, al que se transfieren las funciones de fomento, control y vigilancia de la educación superior. Años más tarde, la institución desarrolla y aplica las Pruebas de Estado o Exámenes del ICFES como requisito para el ingreso a la educación superior, las cuales se han convertido en una herramienta de gran alcance para la evaluación y en un indicador de la calidad de la educación básica y media.

En 1979 el Congreso de la República, a través de la Ley 8, otorga facultades extraordinarias al Gobierno Nacional para legislar sobre educación superior. Con base en ellas, emite los Decretos 80, 81, 82, 83 y 84 de 1980.

El Decreto 80 define y organiza el sistema de educación superior: establece sus principios, objetivos generales y modalidades; la organización, el gobierno, el estatuto del personal docente y las normas sobre la administración del presupuesto y del personal de las instituciones oficiales; fija condiciones específicas sobre las instituciones privadas, y formula disposiciones comunes como el régimen estudiantil y la inspección y vigilancia.

El Decreto 81 se ocupa de la reorganización del ICFES. El Decreto 82 se concentra en la Universidad Nacional de Colombia; y el 83, en los Colegios Mayores. Junto con otros 18 decretos complementarios, el Gobierno establece un marco normativo para la educación superior en Colombia.

Finaliza el siglo con uno de los acontecimientos de mayor incidencia en las transformaciones de la educación superior colombiana: La Constitución Política de 1991.

Marco constitucional

La Constitución Política de 1991 consagra la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra (Art. 27); reconoce la educación como un derecho de las personas y como un servicio público que tiene una función social y estipula que corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos (Art. 67). En este mismo Artículo, establece que la educación es responsabilidad del Estado, de la sociedad y de la familia.

Constitucionalmente queda consagrado que la educación es un servicio público que puede ser prestado por el Estado o por particulares, caso en el cual, la ley establecerá las condiciones para la creación y gestión de las instituciones de educación (Arts. 67 y 68). El Artículo 69 de la Carta garantiza la autonomía universitaria y establece que las universidades podrán darse sus estatutos, según la Ley. En consecuencia, le corresponde al Congreso de la República, de acuerdo con sus facultades constitucionales, establecer la configuración legislativa para expedir las normas que regirán la prestación del servicio público educativo, así como expedir las disposiciones generales con arreglo a las cuales las instituciones de educación superior pueden darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos.

Así mismo, ordena al Estado crear mecanismos financieros para hacer posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior y fortalecer la investigación científica en las universidades oficiales y privadas (Art.69).

Desarrollos al mandato constitucional

En la Ley 30 de 1992 el Legislativo plasma los fundamentos constitucionales de la educación superior. La Ley 30, “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”, nace de la necesidad de ir más allá de lo estipulado en el Decreto Ley 80 de 1980 y es el resultado de un proceso de concertación en el que participan representantes del sector educativo y del Gobierno.

La Ley define los principios orientadores de la educación superior; los objetivos de este nivel y de las instituciones de educación superior, y los campos de acción y programas académicos.

Organiza la estructura  institucional del sector: establece como órganos rectores al Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Nacional de Educación Superior CESU, y como órgano ejecutivo al ICFES. Crea al CESU con funciones propositivas de coordinación, planificación, recomendación y asesoría. El ICFES conserva sus funciones de inspección, vigilancia y control.

Crea el Sistema Nacional de Acreditación, con el fin de mejorar la calidad de la educación superior a través de un proceso de autoevaluación continua. Como resultado de la Ley, en 1994 se funda el Consejo Nacional de Acreditación, CNA, que se encarga de orientar este sistema. El CNA inicia labores en 1995 y un año después publica la primera versión de los  Lineamientos para la Acreditación, complementada en 2001 con los Lineamientos para la Acreditación Institucional.

Fija, igualmente, la creación del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior.

La norma clasifica las instituciones de educación superior de acuerdo con los programas que pueden ofrecer y limita su oferta: las Instituciones Técnicas Profesionales pueden ofrecer programas técnico profesionales; las Instituciones Universitarias y Escuelas Tecnológicas, programas profesionales y especializaciones (por excepción, maestrías y doctorados); y las Universidades, todos los programas. Quedan por fuera de la clasificación las Instituciones Tecnológicas, las cuales son incorporadas después con la Ley 115 de 1994, y son autorizadas para desarrollar programas tecnológicos y técnicos profesionales.

La Ley 30, además, ofrece las garantías legales para el ejercicio de la autonomía y el gobierno universitario. Amparadas en el concepto de autonomía, las instituciones pueden nombrar sus directivas, regirse por sus propios estatutos y crear, organizar y desarrollar programas académicos. Para el caso de las universidades estatales, la autonomía incluye aspectos presupuestales.

Con la Ley 30 se garantiza la asignación regular de recursos para las universidades públicas, dado que hasta el año 1992, éstos eran limitados y estaban sujetos a la intermediación política que las instituciones realizaran ante el Congreso de la República. Con ella se fijaron recursos económicos crecientes, destinados al funcionamiento y a la inversión de estas instituciones. También, fue posible la ampliación del crédito estudiantil para matrícula y sostenimiento, y la asignación de becas para programas prioritarios del Estado.

Articulación del Sistema

El siglo XXI comienza con el interés del sector por formular una política de Estado para la educación superior. En el año 2000, motivado por el Ministerio de Educación Nacional y el ICFES,  el sector expresa sus puntos de vista alrededor de la “Movilización Nacional para el Desarrollo de la Educación Superior”.  Una de las ideas propuestas en esta jornada participativa fue la creación de registros básicos para los programas académicos, que se otorgarían previo cumplimiento de unas condiciones mínimas de calidad, de carácter obligatorio. Este requisito empieza a ser exigido en 2001 a los programas de las áreas de la Salud e Ingeniería y a maestrías y doctorados (Decreto 916 de 2001).

En el desarrollo de las políticas de articulación del sistema educativo y de fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica, el Gobierno abre un nuevo camino a la educación con la normatividad que facilita transitar entre los niveles de educación media y superior. La Ley 749 de 2002, “Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior en las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica”, precisa la definición de las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas, su vocación e identidad, y establece la facultad para que éstas puedan desarrollar programas hasta el nivel profesional a través de los ciclos propedéuticos, en las áreas de Ingenierías, Tecnologías de la Información y Administración.

El interés por consolidar la institucionalidad del sector toma un nuevo rumbo en 2003 cuando, mediante el Decreto 2230, se reestructura el Ministerio de Educación Nacional y se crean dos viceministerios, el de Educación Preescolar, Básica y Media y el de Educación Superior, los cuales deben trabajar de manera interrelacionada e impulsar la articulación del sistema educativo en todos sus niveles.

En esta estructura, se trasladan al Viceministerio de Educación Superior las funciones de fomento, inspección y vigilancia, y la responsabilidad de orientar el nivel terciario de la educación para que impulse los niveles que le preceden y propicie así el ingreso y permanencia de los estudiantes en la educación superior. Al mismo tiempo, responda a las necesidades del país en su proceso de desarrollo con una oferta de programas pertinentes de formación avanzada e investigación.

Al asumir el Ministerio de Educación Nacional las funciones del ICFES, se estructura el engranaje para garantizar los procesos de mejoramiento y excelencia de la educación superior.

El Decreto 2566 de 2003 establece las condiciones mínimas de calidad para la oferta de programas de educación superior y crea la Comisión Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad (CONACES), con el propósito de verificar su cumplimiento.

CONACES es una instancia asesora del Gobierno que se apoya en la comunidad académica a través de ocho salas: seis Salas por áreas del conocimiento (Ingenierías, Matemáticas y Ciencias Físicas; Ciencias de la Salud; Ciencias Biológicas, Agronomía, Veterinaria y afines; Educación; Economía, Administración, Contaduría y afines; Humanidades y Ciencias Sociales); una Sala de Instituciones, y una Sala de Doctorados y Maestrías, esta última compuesta por los coordinadores de las salas de área.

Los miembros de estas salas son académicos designados por el CESU entre candidatos presentados por la comunidad académica, con reconocimiento en el sector, experiencia en docencia e investigación y dominio del tema de la educación superior en sus diferentes niveles y tipologías.

El registro y las condiciones de calidad se reglamentan en la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1295 de 2010.

Así mismo, se fortalece el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) para promover la excelencia a través de la Acreditación de Alta Calidad de programas e instituciones, y se implementan, a partir de 2004, un conjunto de sistemas de información especializados, que proveen al sector de información actualizada para la toma de decisiones: Sistema Nacional de la Información de la Educación Superior, SNIES; Sistema de Información de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, SACES; Sistema para la Prevención de la Deserción en Educación Superior, SPADIES, y Observatorio Laboral para la Educación.

En cuanto al ICETEX e ICFES, siguen vinculados al Ministerio de Educación Nacional y contribuyen de forma directa a sus objetivos centrales. El ICETEX se transforma, mediante la Ley 1002 de 2005, en una entidad financiera de naturaleza especial y el ICFES, a través de la Ley 34 de 2009, se convierte en una entidad pública descentralizada del orden nacional especializada en servicios de evaluación de la educación en todos sus niveles y en apoyar al Ministerio en la realización de los exámenes de Estado, la investigación y la generación de información pertinente y oportuna sobre los factores que inciden en la calidad educativa y en su mejoramiento.
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