Por la cual se organiza el sistema de educación superior y se regula la prestación del servicio público de la educación superior”






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El Título III del Proyecto de Ley se refiere a La Formación y la Comunidad Académica. Está integrado por tres capítulos.

El Capítulo I, además de señalar cuáles son los campos de acción de la Educación Superior, aborda los programas académicos, regula los niveles de formación de grado: técnico profesional, tecnológico y profesional universitario; y postgrado: especialización, maestría y doctorado. Incorpora disposiciones que refuerzan la autonomía de las instituciones para crear programas académicos en las distintas modalidades de la educación y por ciclos de formación, así como las faculta para definir los requisitos de ingreso a los programas que integran su oferta y para reconocer saberes y competencias a los estudiantes que los acrediten para que puedan continuar sus estudios de formación o conseguir su titulación.

El Capítulo II fija directrices para el área institucional de Bienestar. Así, las instituciones deben destinar un porcentaje de su presupuesto (por lo menos el 2%) a proyectos y estrategias definidas en el marco de una política de bienestar, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los estudiantes, los docentes y el personal administrativo. Esta política debe tener en cuenta el reconocimiento de la diversidad étnica, cultural, social y económica. Corresponde al Consejo Nacional de Educación Superior CESU determinar sus lineamientos.

Finalmente, el Capítulo III define el Régimen Estudiantil y establece como obligación de las Instituciones de Educación Superior proporcionar a sus estudiantes todos los servicios académicos, tecnológicos y de infraestructura física que exijan su formación. Les exige, además, contar con un reglamento estudiantil en el que se estipulen los derechos y deberes de los estudiantes, así como los canales de expresión y comunicación de que disponen sus estudiantes.

El Título IV del Proyecto de Ley incorpora al marco normativo del servicio de Educación Superior una novedosa regulación sobre Investigación e Innovación, como actividades que reconoce de trascendental importancia para la economía y el conocimiento del país, y que el proyecto pretende impulsar mediante su instauración como función esencial de las Instituciones de Educación Superior y criterio de evaluación de la calidad educativa. También particulariza factores que contribuyen al fomento de la investigación y, en esa lógica, define las instancias y establece los mecanismos para la articulación del sector con el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación, el Sistema General de Regalías y demás entidades estatales, nacionales, regionales y extranjeras, así como hace explícitos los propósitos y alcances de dicha articulación.

El Título V del Proyecto de Ley se refiere al Sistema de Calidad de la Educación Superior y está integrado por tres capítulos.

El Capítulo I define los principios y objetivos que rigen el Sistema de Calidad de la Educación Superior y los instrumentos con los que se verificará su realización en las instituciones y los programas que ofrezcan.

El Capítulo II establece objetivos y alcances del Sistema de Calidad de la Educación Superior: Aseguramiento, Acreditación, Evaluación y Fomento. Constituye un marco de organización y funcionamiento que le da elementos al Estado para hacer exigible la calidad de la oferta educativa, medir sus impactos e implementar procesos de mejoramiento. Precisa objetivos y actividades que conducen a garantizar el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y académicas de la oferta de educación superior por parte de las instituciones y los programas, y las orienta hacia el logro de la excelencia y el reconocimiento de la calidad en los niveles nacional e internacional.

El Capítulo III regula las funciones de Inspección y Vigilancia con la minucia que requiere el otorgamiento de toda prerrogativa estatal de esta naturaleza, y le atribuye su ejercicio al Ministerio de Educación Nacional con el concurso de sus organismos asesores. Define con claridad el procedimiento y las sanciones y medidas correctivas que puede imponer el Ministerio a las Instituciones de Educación Superior en caso de que, en la prestación del servicio, incumplan las disposiciones consagradas en la ley o en sus propias normas institucionales.

El Título VI del Proyecto de Ley se refiere a las relaciones en el Sistema de Educación Superior y de éste con el entorno. Está integrado por cuatro capítulos.

El Capítulo I da cuenta de la organización de los quehaceres de las diversas entidades, instituciones del sector educativo y otras instancias de participación local y regional, en el marco del Sistema de Educación Superior. Ordena al Gobierno establecer mecanismos que propicien la articulación de la educación superior con los niveles de básica y media, y formación para el trabajo y desarrollo humano. Permite la celebración de alianzas entre las Instituciones de Educación Superior y otras entidades para el desarrollo de programas académicos y las actividades que las soportan y fomentará aquellas que vayan dirigidas a atender jóvenes de poblaciones vulnerables o de regiones de baja oferta, tipo los Centros Regionales de Educación Superior-CERES-. Erige a la Educación Superior como un actor del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y, en consecuencia, le asigna al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS el rol de organismo consultivo del Ministerio de Educación Nacional. Precisa el papel del SENA en la educación superior y la función que cumple, junto con el ICETEX, en la atención de población vulnerable.

El Capítulo II comprende la Extensión de las Instituciones de Educación Superior como una función sustantiva en el marco de la responsabilidad social. Para darle el realce que le corresponde, ordena a las instituciones la estructuración de planes, programas y proyectos que respondan a solicitudes específicas de la sociedad, bajo criterios claros de evaluación y seguimiento.

El Capítulo III se ocupa del proceso de Internacionalización, entendido como un cometido que exige políticas que hagan posible la inserción de la Educación Superior colombiana en el contexto global. Señala a las instituciones de educación superior su deber en la búsqueda de la excelencia, y hace énfasis en la formación con estándares internacionales, el desarrollo de competencias en lengua extranjera y el reconocimiento de títulos. Insta a poner en práctica acciones que conduzcan a la movilidad de docentes, estudiantes e investigadores, el intercambio tecno científico y la consolidación de redes.

El Capítulo IV define los órganos asesores del Ministerio de Educación Nacional. Clarifica su composición, precisa sus funciones y establece procesos de selección efectivos y transparentes. Los órganos asesores son: el Consejo Nacional de Educación Superior CESU; el Consejo Nacional de Acreditación CNA, y la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CONACES.

El Título VII del Proyecto de Ley se refiere al Régimen Financiero. Está integrado por tres capítulos.

El Capítulo I aborda el régimen financiero de las Instituciones de Educación Superior estatales y establece la composición de sus ingresos y su patrimonio, así como el mecanismo con que la Nación y las entidades territoriales trasferirán recursos para su funcionamiento e inversión. Establece el compromiso asumido por el Gobierno Nacional de acrecer los aportes del Presupuesto General de la Nación, de los entes territoriales y del Sistema General de Regalías y, además, dispone de recursos adicionales para el Ministerio de Educación Nacional que serán distribuidos entre las instituciones de educación superior estatales.

El Capítulo II trata sobre derechos pecuniarios y complementarios, que son los recursos propios que las Instituciones de Educación Superior obtienen del ejercicio de su labor de formación, y los criterios con que deberán ser fijados o incrementados. Atiende también lo relacionado con el pago de la matrícula por parte de los estudiantes cuando adquieren un crédito económico para financiar sus estudios.

El Capítulo III determina otras fuentes de financiación para la Educación Superior. En esa dirección, otorga facultades al Gobierno para transformar el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior FODESEP en una sociedad de economía mixta de carácter nacional y, a través de la creación de fondos, dota al sistema de mecanismos para que las Instituciones de Educación Superior financien proyectos de inversión en infraestructura, con una línea de redescuento para el mejoramiento de la calidad, a través de recursos de crédito provistos por FINDETER y con respaldo del Fondo Nacional de Garantías. En cuanto al financiamiento de los estudiantes, fortalece al ICETEX con recursos que mantienen los subsidios de matrícula otorgados a estudiantes de bajos recursos y grupos étnicos; establece estímulos a la excelencia académica de los estudiantes en condición de vulnerabilidad y crea un fondo para promover la permanencia de los estudiantes en la educación superior mediante la ampliación de los subsidios de manutención.

Por último, el Título VIII del Proyecto de Ley recoge Otras Disposiciones y Disposiciones Transitorias, recupera los estímulos tributarios contemplados en el régimen vigente y a favor de las Instituciones de Educación Superior, así como los que se otorgan a quienes financien estudios a sus trabajadores., y le asigna al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el cometido de diseñar un instrumento para que parte de la renta gravable de las Instituciones de Educación Superior organizadas como sociedades por acciones se destine al mejoramiento de la calidad, el otorgamiento de becas y la financiación de créditos en la Educación Superior.

VIII. IMPACTO FISCAL DEL PROYECTO.

Con los mecanismos contenidos en esta iniciativa, el Gobierno Nacional espera fortalecer como nunca antes el presupuesto de las instituciones de educación superior públicas, inyectando recursos nuevos del Presupuesto General de la Nación. En total se estima que los recursos explícitamente contemplados en el proyecto de Ley, ascienden a 423.5 mil millones de pesos corrientes para el periodo 2012-2014.

Las estrategias de financiamiento a la demanda, correspondientes a los subsidios de sostenimiento, matrícula y tasa de interés otorgados a través del ICETEX, están contempladas ya en el plan operativo de inversiones (POAI) y por tanto no generarían impacto fiscal.

Finalmente, se estiman recursos necesarios por 606.5 mil millones de pesos, los cuales no están explícitamente contenidos en el articulado, pero que se consideran necesarios para el desarrollo de las estrategias como la creación del fondo de permanencia, la realización de los proyectos de fortalecimiento de infraestructura física y tecnológica de las instituciones, a través de la banca de fomento y los proyectos de fortalecimiento a la calidad.

1 El Observatorio Laboral para la Educación es un sistema de información que permite dar señales sobre el ingreso promedio y la vinculación laboral de todos los graduados de la educación superior

2 www.colombiaaprende.edu.co/reformaeducacionsuperior

3 No. 4, Propuesta Foro Permanente; No. 5, Propuesta ACIET.

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