Por la cual se organiza el sistema de educación superior y se regula la prestación del servicio público de la educación superior”






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Fuente. MEN. * Recursos presupuestados.

Para fortalecer su financiación, las universidades públicas recibieron en 2010 recursos adicionales de la Nación del orden de los $142.000 millones, destinados a ampliación de cobertura, al fomento de la educación superior y recursos destinados a través de Colciencias para proyectos de investigación de las Universidades Públicas.

Por otro lado, las instituciones de educación superior que son establecimientos públicos del orden nacional y aquellas que se descentralizaron en virtud del artículo 20 de la ley 790 de 2002, reciben también aportes del Presupuesto General de la Nación para funcionamiento e inversión. Para 2011 estas instituciones recibirán recursos por 43.475 millones de pesos.

V. PARTICIPACIÓN ACADÉMICA Y CIUDADANA


El Proyecto de Ley recoge el debate público en torno a la propuesta del Gobierno


Desde su campaña, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, se compromete a trabajar por una Colombia unida, educada, justa e íntegra. Por ello al inicio de su mandato señala la importancia de la educación como motor de crecimiento e instrumento fundamental para reducir la desigualdad y la pobreza.

Con base en esta orientación, la política educativa durante los próximos años está orientada a mejorar la calidad de la educación en todos los niveles, haciendo de éste un propósito nacional en el que participen de manera activa todos los colombianos. La meta es una educación de calidad con la cual sea posible hacer la diferencia en materia de oportunidades para las poblaciones más pobres y generar las ventajas que necesitan no sólo los individuos sino la sociedad colombiana en su conjunto para alcanzar la prosperidad y el sueño común de vivir en paz.

A través del Plan Sectorial Educación de Calidad, el Camino para la Prosperidad, el Gobierno busca generar las condiciones para que se dé un verdadero cambio en la educación superior, que se traduzca en el mejoramiento significativo de la calidad y la investigación; en mejores condiciones de acceso y graduación, principalmente para los jóvenes de menores recursos económicos; en un incremento constante de los recursos destinados al sector; en una educación pertinente en lo regional y competitiva en lo internacional, y en una gestión educativa basada en el buen gobierno.

Parte primordial de la materialización de esta política está determinada por la reforma a la educación superior, una transformación sentida como necesidad por el sector educativo, el sector productivo, las organizaciones sociales, los usuarios del sistema, los ciudadanos y el Gobierno, quienes vienen expresando sus necesidades y orientando los derroteros desde el 2006, cuando se formula el Plan Decenal de Educación. El debate vuelve a la escena con la construcción del proyecto de reforma a la educación superior y confirma lo trascendental que resulta para el país llevar a cabo este proceso.

Plan Decenal de Educación 2006–2016

El proyecto de reforma a la educación superior da respuesta al mandato ciudadano plasmado en el Plan Decenal de Educación 2006-2016, el cual responde a un ejercicio de participación que reúne las voces de cerca de 30.000 colombianos para identificar las prioridades del sector para esta década.

Dentro de las prioridades que señala el Plan y que han sido tenidas en cuenta en el proyecto, se encuentra la necesidad de alcanzar un sistema en donde se articulen distintas instancias y dimensiones del sector: el desarrollo de la ciencia con la docencia; los campos de la producción económica con el currículo y con la investigación; la ciencia con la tecnología y la información. Son algunos de los requerimientos que hacen explícita la urgencia de un sistema de educación superior integral.

Se retoman, así mismo, aspectos relacionados con el fortalecimiento de la ciencia y el mejoramiento de la calidad de la educación y de las condiciones para garantizar la cobertura a todos los ciudadanos. Temas que están acompañados de la necesidad expresa de buscar alternativas de financiación para incrementar los recursos dirigidos al sector.

El Proyecto de Ley concreta estas y otras prioridades esbozadas en el Plan Decenal y desarrolla, igualmente, un marco normativo para que las instituciones de educación superior puedan responder con transparencia a su compromiso con la sociedad.

Diálogo nacional para la reforma a la educación superior

El 10 de marzo de 2011 el Presidente Juan Manuel Santos presentó a la comunidad académica y al país una propuesta para reformar la educación superior de Colombia. El borrador se sometió a un debate público amplio y abierto entre marzo y septiembre. Las múltiples discusiones, orientadas por representantes del sector –rectores, directivos de asociaciones y agremiaciones– y con el Ministerio de Educación como interlocutor, facilitaron profundizar en la propuesta y avanzar en la construcción colectiva de un marco jurídico para la educación superior.

La reflexión se ha dado en distintos escenarios y momentos, promovidos por el Gobierno Nacional, por organizaciones del sector, por las mismas instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

A través de Diálogos sectoriales, los organismos asesores del Ministerio de Educación Nacional (Consejo Nacional de Acreditación CNA, Consejo Nacional de Educación Superior CESU, Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CONACES) discutieron los componentes de la reforma y entregaron sus conclusiones al Ministerio.

En forma paralela, el Ministerio de Educación promovió la realización de 24 foros nacionales con la participación de más de 4.300 personas entre directivos, profesores, estudiantes, representantes del sector productivo y organizaciones sociales, que tuvieron como escenarios las instituciones de educación superior públicas y privadas; y dos foros internacionales, uno sobre reformas educativas en el mundo y otro sobre inversión privada en educación superior. Los dos foros permitieron compartir experiencias y opiniones de expertos de organismos como UNESCO; el Banco Mundial, OCDE y países como Corea, Francia, Alemania, España, Holanda, Argentina, Chile y Brasil, entre otros.

El Portal Educativo Colombia Aprende habilitó el Foro Virtual2, que abrió un debate permanente en línea en torno a cuatro aspectos de la reforma: objetivos, temas, subtemas y artículos. A través de este espacio participaron más de 140.000 personas.

La Ministra de Educación, María Fernanda Campo, presentó a rectores, docentes y estudiantes de la educación superior la propuesta del Gobierno en el marco de diversos eventos, organizados por la misma comunidad académica, que, a su vez, abrió canales de debate en sus instancias internas.

Así mismo, se discutió la propuesta en encuentros organizados por organizaciones sociales y partidos políticos.

El Gobierno se reunió en múltiples oportunidades con, entre otros, la Junta Directiva de Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, con los rectores del Sistema de Universidades Estatales, la Red de Instituciones Técnicas y Tecnológicas Estatales, otras asociaciones como la Asociación Colombiana de Instituciones Privadas ACIUP, la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Tecnológica ACIET, ACICAPI, el Foro Permanente para la Educación Superior, la Junta de FODESEP y rectores de las Instituciones Acreditadas.

Con el fin de mantener informado al país sobre los avances en la formulación de la propuesta, el Gobierno llevó a cabo dos teleconferencias, que se transmiten por el canal institucional con enlace virtual a la página del Ministerio de Educación Nacional y con participación directa a través de líneas telefónicas y correos electrónicos.

De estas diversas maneras se presentaron al Gobierno propuestas que fueron sometidas a discusión hasta llegar a acuerdos que enriquecieron la propuesta para llegar al Proyecto de Ley que aquí se presenta3.

Los aportes del Nacional fueron consolidados y sistematizados por el Centro de Investigación y Formación en Educación CIFE, de la Universidad de los Andes. Dentro de la documentación recibida se encuentran 317 participaciones consignadas a través del Foro Virtual y 44 documentos de propuestas al articulado4.

VI. PRINCIPALES APORTES DEL PROYECTO DE LEY


Con el Proyecto de Ley, la educación superior avanza hacia un sistema articulado e inclusivo que genera mayores oportunidades


El Proyecto de Ley que se presenta al Congreso de la República actualiza la normatividad vigente e incorpora una serie de disposiciones que le permiten al sector de la educación superior consolidarse como un Sistema articulado, con actores y responsabilidades claramente definidos. Plantea la educación superior como un derecho y un bien público basado en el mérito y la vocación. Responsabiliza al Estado de su calidad y del fomento al acceso y a la graduación de los estudiantes.

Durante los últimos años, distintos organismos, entidades e instancias han venido transformándose y llevando a cabo acciones aisladas que están relacionadas con la educación superior e inciden en su desarrollo. El Proyecto de Ley los reconoce, reúne y define su roles, funciones, particularidades y formas de participación y de articulación con los otros actores.

El Proyecto desarrolla los principios y fines del Sistema, y el mandato constitucional de la autonomía.

Un Sistema de Educación Superior estructurado fortalece, entre otros aspectos, el mejoramiento continuo de la calidad de la educación superior, apuesta central del país para ponerse a tono con el contexto de desarrollo de la región y del mundo. Por esto, el Proyecto plantea la consolidación de un sistema de calidad con cinco elementos definitivos: el aseguramiento de la calidad, la acreditación de alta calidad, el fomento, la evaluación y la inspección y vigilancia.

Teniendo en cuenta que la ampliación de cobertura con calidad requiere de importantes recursos, el Proyecto de Ley amplía y flexibiliza los aportes de la nación y de las entidades territoriales y abre la posibilidad a nuevas fuentes de recursos públicos a través del Sistema Nacional de Regalías.

Hoy la financiación de la educación superior proviene de recursos públicos, del valor de la matrícula que pagan los estudiantes, de servicios que prestan las instituciones y, con una participación muy baja, de donaciones. Estos recursos son insuficientes para cubrir las necesidades del sector, que cada día van en aumento por las exigencias de calidad y las demandas de cobertura.

Por un lado, el Proyecto plantea un incremento del 3% sostenido hasta al 2022 de los aportes de la Nación que serán distribuidos por el Ministerio de Educación Nacional entre las instituciones de educación superior estatales y un incremento adicional a los aportes que depende del crecimiento de la economía. Adicionalmente, la posibilidad de aportes provenientes del Sistema Nacional de Regalías para inversión física en educación. Así mismo se prevén recursos muy importantes para investigación e innovación provenientes del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se nutre con el 10% de las regalías (cerca de un billón de pesos anuales).

Otra de las transformaciones significativas que introduce el Proyecto de Ley es que, en adelante, en el país sólo existirían instituciones de educación superior, algunas de las cuales, aquellas que cumplan unas condiciones especiales de calidad y se vayan acercando a las llamadas universidades de talla mundial, podrán denominarse Universidades. Con ello, entrega a las instituciones de educación superior, en el marco de la autonomía, la facultad de organizar su oferta académica en los niveles que consideren que están en capacidad de ofrecer. Corresponde al Estado verificar, a través del Sistema de Calidad, que efectivamente pueden hacerlo.

El Proyecto de Ley es exigente con las instituciones de educación superior en cuanto les hace un llamado a que permanezcan en alerta frente a su entorno para dar respuestas preventivas y soluciones oportunas a los problemas del país y de las comunidades. Es riguroso también en cuanto les obliga, como formadoras de los ciudadanos de este país, a ser el modelo a seguir en transparencia, ética y comportamiento.
VII. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO DE LEY

El Proyecto de Ley que se somete a consideración del Congreso de la República pretende organizar un Sistema Nacional de Educación Superior abierto, dinámico, incluyente y participativo, y establecer un marco jurídico preciso y sostenible sobre las condiciones de la prestación del servicio público de Educación Superior.

Para ello se ha diseñado un proyecto integral compuesto por ocho (8) Títulos y 163 artículos, cuyo contenido se describe a continuación:

El Título I se refiere al Sistema de Educación Superior. Está integrado por dos capítulos.

El Capítulo I comprende las disposiciones generales, definiciones, fines, conformación y principios que regirán el ejercicio y los alcances del derecho a la Educación Superior y la prestación del servicio. Tiene además dos propósitos fundamentales: orientar el accionar del Sistema de Educación Superior y, a la vez, servir de marco para la posterior interpretación y aplicación de la Ley. En cuanto a los principios, el proyecto enuncia a cuáles deberá responder el Sistema de Educación Superior: excelencia académica; ética; transparencia; equidad y accesibilidad; pluralismo; participación; pertinencia y responsabilidad social; eficacia; eficiencia y moralidad administrativa.

El Capítulo II, por su parte, hace expreso el reconocimiento y respeto al mandato constitucional de la autonomía de que gozan las Instituciones de Educación Superior en el desenvolvimiento de su misión y lo desarrolla al reafirmar que tendrán facultades para determinar su orientación ideológica; dotarse de su propia organización interna; darse sus estatutos; desarrollar los planes de estudio y programas académicos, formativos, científicos y culturales que consideren pertinentes, y administrar sus recursos económicos.

El Título II del Proyecto de Ley se refiere a la Prestación del Servicio Público de la Educación Superior. Está integrado por cinco capítulos.

El Capítulo I se ocupa de precisar que sólo las Instituciones de Educación Superior legalmente constituidas y autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional podrán prestar el servicio. Así mismo previene a las Instituciones de Educación Superior que la oferta de programas académicos está condicionada a la obtención del Registro Calificado, conforme a la capacidad institucional debidamente verificada por el Sistema de Aseguramiento de la Calidad y establece los objetivos que deben cumplir. Este mismo Capítulo clasifica las instituciones, de acuerdo con el origen de los recursos, en estatales, privadas o mixtas.

Los Capítulos II al IV regulan y prevén todo lo relacionado con la creación y el funcionamiento de estas instituciones, incluidas las de naturaleza especial y la oferta de formación complementaria en las escuelas normales superiores.

Del Capítulo II debe destacarse el hecho de que unifica la naturaleza de las Instituciones de Educación Superior estatales, al disponer que con la entrada en vigencia de la Ley todas serán entes autónomos y, por esa vía, que las que actualmente están organizadas como establecimientos públicos puedan en adelante independizar su patrimonio y elaborar y administrar su presupuesto, en beneficio de un real ejercicio de la autonomía de que gozan las Instituciones de Educación Superior. El Artículo 27 de este Capítulo deberá tener el tratamiento que corresponde a una Ley Orgánica, por cuanto reforma la estructura orgánica del Estado.

Por último, el Capítulo V se refiere a la Transparencia, Eficiencia y Buen Gobierno en las Instituciones de Educación Superior, y en el propósito de hacer efectivos tales cometidos en la prestación del servicio les fija, en un marco de respeto de la autonomía universitaria, la obligación de constituir un Consejo Superior o un órgano de dirección y gobierno equivalente, y de contar con un Consejo Académico encargado de la dirección académica de la institución. Así mismo, dada su condición de prestadoras de un servicio público, les impone a las instituciones de educación superior el deber de ejercer buenas prácticas de gestión y proporcionar a la sociedad información veraz y oportuna a través del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES.
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