Reflexiones en torno a la trascendencia del principio de Estado de Derecho en el Derecho procesal penal






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Proceso penal y Constitución.

Reflexiones en torno a la trascendencia del principio de Estado de Derecho en el Derecho procesal penal


Luis Miguel Reyna Alfaro*
I. Introducción.
El desarrollo doctrinario, legislativo (ordinario y constitucional) y jurisprudencial del Derecho procesal penal ha propiciado el redescubrimiento de una serie de principios y garantías consustanciales a la actuación de los órganos encargados de la administración de justicia penal. La conjunción de estos principios y garantías permiten afirmar la materialización y concreción del derecho al debido proceso, de naturaleza constitucional y supranacional.
Muchos de los derechos, principios y garantías que conforman el derecho al debido proceso, tienen reconocimiento constitucional. Este reconocimiento constitucional de algunos de estos derechos, principios y garantías se vincula con la relación conflictiva que suele existir entre el proceso penal y los derechos fundamentales1, que ha motivado que el legislador constitucional haya optado por resolver esos conflictos en propia sede constitucional. De allí que se aluda en la actualidad a una “relación mutuamente necesaria” entre Constitución y Derecho procesal2, que se sostenga que el Derecho procesal penal es un “derecho constitucional reglamentado”3 o que se subraye el carácter limitador del Derecho penal que tiene la Constitución política4.
Se puede decir que el respeto de los derechos fundamentales fijados por la Constitución política en el ámbito del proceso penal sirve como baremo para establecer el carácter liberal o autoritario de un Estado5. Por eso no es de extrañar que GOLDSCHMIDT sostuviera “la estructura del proceso penal de una nación no es sino el termómetro de los elementos corporativos o autoritarios de una constitución”6, que Claus ROXIN haya descrito al Derecho procesal penal como “el sismógrafo de la Constitución del Estado”7 y que el profesor MUÑOZ CONDE destaque el carácter “directamente ideológico” que tiene el Derecho procesal penal debido a que “cualquier opción que se adopten en sus instituciones fundamentales refleja inmediatamente una determinada imagen del individuo, del Estado y de la sociedad”8,9.
La importancia de ésta relación entre Constitución y proceso penal si se toma en consideración el importante papel –más allá de los defectos de algunas de sus resoluciones- asumido por el supremo interprete de la Constitución. Merced a la labor del Tribunal Constitucional el papel de la Constitución del Estado ha dejado de ser simbólico para aproximarse a la realidad10.
II. El principio de Estado de Derecho como principio rector.
1. Cuestiones Introductorias.
Aunque no existe un expreso reconocimiento constitucional de este principio, es de común opinión el hecho de que la idea de Estado de Derecho aparece como una fuente de interpretación y de identificación de los derechos fundamentales11.
En el Derecho público, como resalta BACIGALUPO, parece existir consenso en que –al menos de momento- no es posible encontrar una respuesta segura en relación al contenido y significado del modelo de Estado de Derecho12.
Frente a esta imposibilidad de fijar una identificación cerrada del Estado de Derecho se recurre a considerar a este modelo estatal mas como un principio directivo que encuentra concreción en cada situación o ámbito específico13. El Tribunal Constitucional Federal Alemán ha configurado los rasgos del principio de Estado de Derecho como principio directivo: “El principio de Estado de Derecho pertenece a los principios generales y a las ideas directrices, que influyeron la totalidad de la imagen preconstitucional de la cual partió el legislador, que no se ha compactado en un principio legal especial, en la medida que no ha sido precisado y moldeado en preceptos particulares de la Constitución escrita, ni está contenido en mandatos y prohibiciones de rango constitucional, determinados de manera detallada, sino que es un principio constitucional que requiere una concreción dependiendo de las condiciones materiales”14. Esto quiere decir que el modelo de Estado de Derecho debe también encontrar concreción en cada ámbito específico del ordenamiento jurídico y por ello encontrar concreción en el Derecho penal material y formal.
Ahora, tampoco es que cada disposición del ordenamiento jurídico penal suponga necesariamente una concreción del Estado de Derecho como principio directivo. Por ejemplo15, cuando el legislador decida incriminar una determinada conducta en salvaguarda de un determinado interés jurídico o cuando decide estructurar la cuestión de la participación de modo unitario o diferenciado, ello no supone que esas decisiones concreten la idea de Estado de Derecho pues aunque en algún caso puedan ser decisiones tomadas utilizando el referente de la Constitución, ello no supone que todas las decisiones de política legislativa en materia penal sean modos de concreción del principio de Estado de Derecho.
El principio de Estado de Derecho encuentra concreción en el Derecho penal a través de aquellos principios penales que se refieren a “la previsibilidad de la acción represiva por el ciudadano y a los límites de dicha acción”16; es decir, aquellos referidos al valor seguridad jurídica: Los principios de legalidad, culpabilidad, proporcionalidad y de non bis in ídem.
2. La seguridad jurídica como elemento consustancial del Estado de Derecho.
La seguridad jurídica, a pesar de ser considerado un valor consustancial a la idea de Estado de Derecho, no ha sido un tema de análisis recurrente por parte de la doctrina17. Es cierto que se trata de un valor connatural al Estado de Derecho18, pero no se ha explicado con suficiencia las razones de tal consustancialidad.
La relación íntima que vincula a la seguridad jurídica con la noción de Estado de Derecho se ubica en la propia naturaleza del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es “aquel en el que los ciudadanos pueden calcular anticipadamente qué ocurrirá en el futuro en un sentido específico; es decir, cómo se comportarán otros individuos y como lo hará el Estado”19. Esta idea del Estado de Derecho enlaza con una exigencia social fundada en la necesidad de contar con orientaciones y pautas seguras que permitan una toma de decisiones (individuales y colectivas) más previsible y segura.
El Tribunal Constitucional Federal alemán ha señalado a este respecto: “El postulado de la seguridad jurídica, inmanente al principio del Estado de Derecho, exige que el ciudadano puede prever las posibles intervenciones del Estado en su contra, y que pueda comportarse en forma correspondiente”20.
De modo bastante similar, el Tribunal Constitucional peruano, en sentencia del 30 de abril de 2003 (Exp. N° 0016-2002-AI/TC) ha indicado respecto al principio de seguridad jurídica: “El principio de la seguridad jurídica forma parte consubstancial del Estado Constitucional de Derecho. La predecibilidad de las conductas (en especial, las de los poderes públicos) frente a los supuestos previamente determinados por el Derecho, es la garantía que informa a todo el ordenamiento jurídico y que consolida la interdicción de la arbitrariedad...”.
3. La utilidad del principio Estado de Derecho.
Esta fuera de toda discusión en la actualidad el hecho de que es el Derecho penal –material y formal- la esfera del orden jurídico que requiere de mayores niveles de garantía frente a cualquier posible arbitrariedad desde el Estado21.
Pero esta constatación nada dice sobre la capacidad de rendimiento de la idea de Estado de Derecho frente a esta misión de garantía a favor del Derecho punitivo y de los ciudadanos en relación al Derecho penal, por ello es que se llega a decir que la noción de Estado de Derecho “no garantiza desde luego la mejor justicia posible”22.
Entonces ¿De qué sirve el concepto Estado de Derecho si no es para la realización de una mejor justicia? La utilidad de una estricta sujeción a los parámetros fijados por la idea de Estado de Derecho se encuentran en la garantía política que supone su utilización, como herramienta contra cualquier posible instrumentalización del Derecho penal material y formal. Esta instrumentalización del Derecho penal (y procesal penal) – frente a la cual el principio de Estado de Derecho se opone- se manifiesta en las contiendas políticas, en donde el sucesor trata de destruir políticamente –a través del Derecho penal- al sucedido y viceversa. Mediante el principio de Estado de Derecho y la división de poderes implícita a tal principio es posible conseguir una limitación del ejercicio del ius puniendi estatal a los órganos constitucionalmente legitimados para ello.
La idea de Estado de Derecho permite pues una utilización racional del Derecho penal (realizado a través del Derecho procesal penal) por parte de la administración de justicia, frente a la posible contingencia de un poder político (ejecutivo y legislativo) ansioso de valerse del ius puniendi estatal para acabar con sus opositores políticos o de utilizar al sistema penal con fines políticos.
Del primer caso (utilización del ius puniendi para acabar con sus opositores políticos) tenemos muchos ejemplos en nuestro pasado reciente. El pasado y el actual régimen político se han valido del Sistema penal para derrotar o diezmar las fuerzas de sus opositores políticos; del mismo modo, la oposición política ha recurrido también a la justicia penal para afectar al régimen de turno.
Del segundo caso, la victimología parece ser campo de prueba de tales estimaciones. El discurso de protección de los derechos de las víctimas ha sido siempre un argumento constante de los políticos en las contiendas electores23, al punto de sostenerse la existencia de una “victimagógia24.
La utilidad del principio del Estado de Derecho se pone en evidencia frente a un cada vez más usual “desplazamiento del centro de gravedad de la normativa penal hacia el poder ejecutivo”25. Este desplazamiento de los procesos de criminalización primaria (formación de la ley penal) desde el Poder Legislativo hacia el Poder Ejecutivo se manifiesta mediante la arremetida y casi predominio que tienen en la actualidad las leyes penales originadas en el ejecutivo a través de la concesión de facultades legislativas a este poder del Estado. Hay que recordar que nuestro propio Estatuto penal encuentra su origen en este tipo de facultades.
Asimismo, aunque con menor intensidad, el desplazamiento del que hablamos se manifiesta en las denominadas leyes penales en blanco en donde la normativa que complementa la tipicidad suele provenir del Poder Ejecutivo. Lo mismo ocurre en los ámbitos en donde el Derecho penal se muestra subsidiario del Derecho Administrativo, sobre todo en los casos de subsidiariedad de acto, en donde la relevancia penal de una conducta queda supeditada a una decisión administrativa, proveniente del Poder Ejecutivo.
El principio de Estado de Derecho es de utilidad también para enfrentar el “desplazamiento del centro de gravedad de la normativa penal hacia el poder ejecutivo” en los procesos de criminalización secundaria, es decir, en el momento de aplicación de la ley penal por parte del Juez. Si partimos de la idea de que la Constitución aparece como fuente principal de inspiración del operador de justicia penal, pues en ella se traducen en plenitud los valores reconocidos por el contrato social y que el legislador ordinario no puede -o no quiere- plasmarlos en la legislación común26, la utilización y respeto del principio de Estado de Derecho sirve para realizar el principio de división de poderes, de independencia de la administración de justicia y asimismo garantizar el derecho a contar con un juez imparcial, legitimando al propio Estado27. Puede idea puede expresar también a sentido inverso: El proceso penal aparece como un mecanismo de protección de la Constitución y del Estado de Derecho28.
Es el carácter dinámico que –como observamos- tiene la idea de Estado de Derecho el que lo afianza como principio directivo del orden jurídico y que exige –por otra parte- una continua verificación de su vigencia y respeto. El Tribunal Constitucional ha indicado al respecto: “El Estado democrático de Derecho está, pues, sujeto a un plebiscito de todos los días” (S.T.C. del 29 de enero de 2004, Exp. N° 015-2001-AI/TC y 016-2001-AI/TC). Esto es absolutamente lógico pues –como precisa RUBIO CORREA- “el Estado social y democrático del Derecho no es una cosa que existe. Por el contrario, está en continuo hacerse: solo existe si en cada circunstancia funciona como tal”29.
4. El principio de interdicción de la arbitrariedad en el ámbito del Derecho procesal penal.
Todo lo antes indicado nos coloca frente a lo que se conoce como principio de interdicción de la arbitrariedad que –a decir de Marcial RUBIO CORREA- “tiene el significado de prohibir el uso arbitrario del poder dentro del Estado y del Derecho”30 y cuya aplicación en el ámbito del Derecho procesal penal supondría ”la interdicción de la arbitrariedad en el ejercicio del poder penal estatal”31.
El Tribunal Constitucional peruano, en Sentencia del 05 de julio de 2004 (Exp. N° 0090-2004-AA/TC), alude al principio de interdicción de la arbitrariedad del modo siguiente: “De allí que desde el principio del Estado de Derecho, surgiese el principio de interdicción de la arbitrariedad, el cual tiene un doble significado: a) En un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como el reverso de la justicia y el derecho; b) En un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como lo carente de fundamentación objetiva; como lo incongruente y contradictorio con la realidad que ha de servir de base a toda decisión...”.
III. El debido proceso legal (formal y material) y proceso penal.
La justicia penal, al comprometer uno de los valores más preciados del ser humano -como es la libertad- y por suponer la confrontación más intensa que tiene el ciudadano con el Poder del Estado32, debe encontrarse rodeada de aquellas garantías que avalen su afectación sólo en los casos estrictamente necesarios, es decir, en aquellos donde se halla comprobado judicialmente la culpabilidad del agente y que se satisfagan a su vez los requerimientos de merecimiento y necesidad de pena. Siempre que éste conjunto de garantías concurra en el proceso penal estaremos ante el denominado "debido proceso"33.
La garantía del “debido proceso”, conforme precisa MIXÁN MASS: "es una célebre conquista político- jurídica lograda en el siglo XIII y hoy al finalizar el siglo XX es toda una categoría del conocimiento jurídico positivizada en el Derecho internacional público sobre Derechos Humanos, así como en muchas Constituciones políticas y en la mayoría de los Códigos procesales correspondientes"34.
El origen histórico del derecho al debido proceso o, en términos ingleses, due process of law, se encontraría en el “law of the land” al que alude la Carta Magna de 1215 inglesa, cuyos componentes esenciales venían dados por el habeas corpus, el juicio por iguales y otros derechos procesales35.
En efecto, la Carta Magna (Cap. XXXIX 39) precisaba: “ningún hombre libre podrá ser arrestado, detenido o preso, o desposeído de su propiedad, o de alguna forma molestado, y no iremos en su búsqueda, ni mandaremos prenderlo, salvo en virtud de enjuiciamiento legal de sus pares y por la ley de la tierra”. Con esta declaración, hecha por los barones de Normandia, buscaba poner un límite al abuso y arbitrariedad del Rey Juan sin tierra.
El debido proceso y el derecho fundamental a tenerlo se encuentran positivizados tanto en el ámbito de normas de derecho internacional público, en sede constitucional, como en la legislación interna de Derecho penal formal y resulta consecuencia –como indica GARCÍA MORILLO- “de la reserva al Estado del monopolio del uso legítimo de la fuerza”36. Lógico, si el Estado quiere reservarse el derecho de utilizar la fuerza contra sus ciudadanos, debe al menos crear las condiciones para que estos actúen dentro de márgenes mínimos de libertad.
El debido proceso puede conceptualizarse como “un derecho complejo que entraña un conjunto de garantías constitucionales”37 que se realizan a lo largo del proceso. Esta definición compatibiliza con las propuestas conceptuales proporcionadas por la doctrina del Tribunal Constitucional que alude al debido proceso como: “derecho genérico hacia cuyo interior se individualizan diversas manifestaciones objetivamente reconocidas en la Constitución” (S.T.C., del 19 de enero de 2001, Exp. N° 0665-2000-HC/TC); como: “aquel derecho que tiene toda persona o sujeto justiciable de invocar al interior del órgano jurisdiccional el respeto a un conjunto de principios procesales” (S.T.C., del 09 de abril de 1999, Exp. N° 0612-1998-AA/TC); también como: “el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deban aplicarse a todos los casos y procedimientos existentes en el Derecho” (S.T.C., del 24 de marzo de 2003, Exp. N° 426-2003-AA/TC); finalmente como: “garantía procesal compuesta por un conjunto de principios y presupuestos procesales mínimos que debe reunir todo proceso para asegurar al justiciable la certeza, justicia y legitimidad de su resultado” (S.T.C., del 29 de enero de 2003, Exp. N° 2940-2002-HC/TC); y que concilian a su vez con los desarrollos jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: El debido proceso legal es “el derecho de toda persona de ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad a la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra o para la determinación de los derechos de carácter civil, laboral, fiscal u otro cualquiera” (Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso “Genie Lacayo vs. Nicaragua”, § 74).
Siendo –como se observa- un derecho genérico, complejo que engloba y viabiliza la realización de diversas garantías constitucionales de orden procesal, tiene también categoría de derecho fundamental38. Su condición de derecho fundamental le otorga ese doble cariz de derecho subjetivo y derecho objetivo39.
Aunque en sus orígenes el principio del "due process of law" ("debido proceso legal") implicaba únicamente sujeción a la legalidad, actualmente, a partir de la evolución del pensamiento político- jurídico y de la experiencia histórica, dicho principio ha adquirido relevancia axiológica, dejando de lado exigencias meramente formales en busca de "que la actuación procedimental esté siempre comprometida con aplicar con justicia el Derecho justo, evitando en todo tiempo y lugar la práctica del disvalor, impidiendo la infracción o distorsión de los principios de la 'administración de Justicia'"40. Por eso en la actualidad se suele distinguir entre debido proceso formal y debido proceso material41.
El debido proceso formal supone el conjunto de garantías con que cuenta el justiciable durante todo proceso. El debido proceso material supone –a partir del debido proceso formal- la realización del valor justicia a través de criterios de razonabilidad42 y proporcionalidad que permiten a su vez la realización del principio de no arbitrariedad43.
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