Tema 40: Modos de perder el dominio. El abandono. La renuncia de derechos reales. La pérdida del dominio en virtud de las adquisiciones “a non domino”






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2.2- En cuanto a SUS EFECTOS:
Podemos diferenciar éstos atendiendo a la diversidad del objeto abandonado:


  • Si el objeto que se abandona es un bien mueble, el mismo pasará a tener la consideración de “res nullius” y podrá ser adquirido por ocupación, como resulta del art. 610 CC, que dispone que: “Se adquieren por la ocupación los bienes apropiables por su naturaleza que carecen de dueño, como los animales que son objeto de la caza y pesca, el tesoro oculto y las cosas muebles abandonadas”. Se ha discutido tradicionalmente en este caso si la propiedad de la cosa mueble se pierde cuando queda abandonada o sólo cuando un tercero la adquiere por ocupación, lo cual puede tener importancia a efectos de concretar quién tiene la obligación de satisfacer indemnizaciones por daños causados a terceros por la cosa después de haber sido abandonada (la mayoría de autores entiende que en este caso sería el propietario inicial-abandonante quien tendría que responder de los daños producidos por la “res nullius”).




  • Si el objeto abandonado es un bien inmueble, éste se entiende adquirido desde luego por el Estado, con arreglo a lo dispuesto en el art. 17 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que comentaremos posteriormente.




  • Si el abandonante hace dejación de la cuota que le corresponde en un condominio, se operará un acrecimiento proporcional en las cuotas de los demás condóminos.




  • Por último, ha de tenerse en cuenta que los acreedores tienen posibilidad de impugnar el abandono que les resulte perjudicial a su derecho de crédito, como resulta de la aplicación combinada de los arts. 6.2 y 1291.3 CC. Tanto el abandono como la renuncia tienen como límites los establecidos en el propio art. 6.2 CC, que serán analizados pormenorizadamente en el siguiente epígrafe.


2.3-Como principales SUPUESTOS DE ABANDONO EN NUESTRO DERECHO:
a) El Código Civil utiliza en ocasiones de forma indistinta los términos “abandono” y “renuncia”; no obstante, podemos destacar como ejemplos más significativos los siguientes:


  • El art. 395, que dice que: “Todo copropietario tendrá derecho para obligar a los partícipes a contribuir a los gastos de conservación de la cosa o derecho común. Sólo podrá eximirse de esta obligación el que renuncie a la parte que le pertenece en el dominio”.




  • El art. 460.1, que señala que: “El poseedor puede perder su posesión por abandono de la cosa”.




  • O el art. 1659, que dispone que: “Cuando se proceda por acción real contra la finca acensuada para el pago de pensiones, si lo que reste del valor de la misma no fuera suficiente para cubrir el capital del censo y un 25 % más del mismo, podrá el censualista obligar al censatario a que, a su elección, redima el censo o complete la garantía, o abandone el resto de la finca a favor de aquél”.


b) Fuera del Código Civil destacan los supuestos regulados por los arts. 17 y 18.1 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, de 3 de noviembre de 2003, según los cuales: 1. “Pertenecen a la Administración General del Estado los inmuebles que carecieren de dueño.
2. La adquisición de estos bienes se producirá por ministerio de la ley, sin necesidad de que medie acto o declaración alguna por parte de la Administración General del Estado. No obstante, de esta atribución no se derivarán obligaciones tributarias o responsabilidades para la Administración General del Estado por razón de la propiedad de estos bienes, en tanto no se produzca la efectiva incorporación de los mismos al patrimonio de aquélla a través de los trámites prevenidos en el párrafo d) del artículo 47 de esta Ley.
3. La Administración General del Estado podrá tomar posesión de los bienes así adquiridos en vía administrativa, siempre que no estuvieren siendo poseídos por nadie a título de dueño, y sin perjuicio de los derechos de tercero.
4. Si existiese un poseedor en concepto de dueño, la Administración General del Estado habrá de entablar la acción que corresponda ante los órganos del orden jurisdiccional civil”.
Artículo 18.
1. “Corresponden a la Administración General del Estado los valores, dinero y demás bienes muebles depositados en la Caja General de Depósitos y en entidades de crédito, sociedades o agencias de valores o cualesquiera otras entidades financieras, así como los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro u otros instrumentos similares abiertos en estos establecimientos, respecto de los cuales no se haya practicado gestión alguna por los interesados que implique el ejercicio de su derecho de propiedad en el plazo de 20 años”.
3-LA RENUNCIA DE DERECHOS REALES.
El art. 6.2 CC preceptúa que: “La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros”. Esta norma hace referencia a dos fenómenos jurídicos inicialmente distintos: la exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos reconocidos por esa ley. Se trata de dos figuras distintas que coinciden con las que habitualmente se denominan “renuncia de ley” y “renuncia de derechos”. En este epígrafe haremos una breve exposición del régimen jurídico de la renuncia de derechos reales, la cual se puede definir como “el acto jurídico unilateral por el que el titular de un derecho real limitado abdica del mismo, sin intención de transmitir”.
La naturaleza jurídica del acto de renuncia es la de un acto de autonomía privada, pues es un negocio jurídico dispositivo, unilateral, no receptivo, normalmente no necesitado de la voluntad de la persona beneficiada por la renuncia y que pretende la extinción del derecho renunciado. Señala PEÑA que aún favoreciendo la renuncia del derecho real a quien fuera titular pleno de la cosa, ya que va readquirir la plenitud de sus facultades dominicales, sólo puede hablarse de renuncia en sentido estricto cuando se abdique del derecho real sin consideración al propietario, pues de lo contrario se trataría de una donación. Por su parte, el TRIBUNAL SUPREMO ha concluido en diversas ocasiones, como en la Sentencias de 30 de octubre de 2001 y 25 de noviembre de 2002, que no es admisible la renuncia tácita y que ésta no se presume, pues ha de ser clara, terminante e inequívoca y resultar de manifestaciones expresas hechas a tal fin.
La regulación legal de la renuncia de derechos aparece orientada en el art. 6.2 CC en sentido negativo o sancionador, ya que el acto de renuncia, en principio, carece de eficacia, y puede llegar a ser válido siempre que no tropiece con los límites establecidos en el propio precepto: interés público, orden público y perjuicio de terceros, que actúan como fronteras que condicionan la validez de los actos de renuncia. Un ejemplo de un supuesto en que los derechos de terceros actúan como límite del ejercicio del acto de renuncia de un derecho real lo encontramos en el art. 107.1 LH, según el cual: “Podrán también hipotecarse: El derecho de usufructo, pero quedando extinguida la hipoteca, cuando concluya el mismo usufructo por un hecho ajeno a la voluntad del usufructuario. Si concluyere por su voluntad, subsistirá la hipoteca hasta que se cumpla la obligación asegurada, o hasta que venza el tiempo en que el usufructo habría naturalmente concluido a no mediar el hecho que le puso fin”. Es decir, que si el titular de un derecho real de usufructo constituye un derecho de hipoteca sobre el mismo a favor de un tercero en garantía de cualquier obligación, no podrá con posterioridad renunciar unilateralmente a su derecho de usufructo en perjuicio del acreedor hipotecario, quién conservará intacto su derecho de hipoteca sobre el usufructo renunciado en tanto no transcurran los plazos a que se refiere el último inciso del art. 107.1 LH.
Dentro de la doctrina se han diferenciado distintas clases de renuncia, además de la renuncia abdicativa: a) así, puede también distinguirse una renuncia preventiva o manifestación de voluntad de no admitir un derecho que todavía no ha sido adquirido; b) también, una renuncia recognoscitiva, que define ROCA SASTRE como aquella por la que un sujeto separa de la esfera jurídica de su voluntad un derecho dudoso o controvertido; c) e incluso algunos autores como AMORÓS GUARDIOLA hablan de una renuncia liberatoria, como sería la que contempla el art. 395 CC, anteriormente explicado. Para que una persona pueda ejercitar un acto de renuncia ha de ostentar capacidad para disponer y poder de disposición sobre el derecho real que se renuncia, así como no transgredir ninguno de los límites marcados por el art. 6.2 CC.
Como efectos principales del acto de renuncia de un derecho real cabe citar los siguientes:


  • El titular del pleno dominio recupera la plenitud de facultades que integraban su derecho.




  • El renunciante, titular del derecho real en cosa ajena, pierde definitivamente el mismo.




  • Y, como ya hemos señalado con anterioridad, son de plena aplicación los límites impuestos por el art. 6.2 CC a la validez de la renuncia que, recordemos, vienen dados por el respeto al interés público, al orden público y a los derechos de terceros.


Como principales supuestos de renuncia que podemos encontrar a lo largo del articulado del Código Civil destacan la renuncia de los derechos de usufructo, uso y habitación, con arreglo a los arts. 513 y 529, así como la renuncia a las servidumbres, de conformidad con los arts. 544 y 546.5. Sin embargo, no ha de confundirse la renuncia abdicativa del derecho real con la renuncia a la prescripción ganada a que se refiere el art. 1935 CC; en este último caso, lo que se renuncia es la facultad de hacer valer de forma efectiva el derecho de usucapión, ya que el renunciante seguiría manteniendo la posición jurídica previa a la consumación de la usucapión y que propició la misma, lo que no ocurriría si la renuncia alcanzase al propio dominio u otro derecho real usucapido, en cuyo caso el derecho del renunciante se extinguiría de un modo total y absoluto.
4-LA PÉRDIDA DEL DOMINIO EN VIRTUD DE LAS ADQUISICIONES “A NON DOMINO”.
4.1-Empezaremos hablando de SU CONCEPTO Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA:
Por adquisición “a non domino” del dominio puede entenderse la adquisición hecha de persona que no es dueño de la cosa o que no podía transmitirla, situación que origina una relación jurídica en la que se diferencian los siguientes intervinientes:


  • El verdadero dueño o “verus dominus” de la cosa transmitida por otra persona que no tiene la condición de propietario.




  • El transmitente que en realidad no ostenta derecho dominical sobre la cosa transmitida, que tiene la condición de poseedor no dueño o “non dominus”.




  • Y el tercero que adquiere de quien no es dueño o “a non domino”, a quien la tradición romanista denomina “accipiens”.


La cuestión que se plantea en el esquema expuesto es determinar quién ha de considerarse como propietario una vez consumada la transmisión por un poseedor “non dominus”: si el nuevo adquirente o “accipiens” o, por el contrario, quien era el verdadero dueño de la cosa o “verus dominus”.
A continuación haremos una breve exposición de la evolución histórica que ha tenido la construcción jurídica de las adquisiciones “a non domino”, empezando por el tratamiento de las mismas por el DERECHO ROMANO, que estableció en este punto dos reglas muy claras desde el punto de vista jurídico: a) la primera, que nadie puede transmitir a otro más derechos de los que él tiene, lo que da lugar al viejo aforismo “nemo dat quod non habet”, por lo que si un poseedor “non dominus” transmite una cosa a un tercero que la adquiere de buena fe, el adquirente o “accipiens” ostenta una posesión que sólo se convertirá en dominio si concurren todos los requisitos legalmente necesarios para consumar la usucapión; b) la segunda regla era que el verdadero propietario podía ejercitar en cualquier momento la acción reivindicatoria contra todo poseedor que tuviera en su poder la cosa.
Estas reglas fueron posteriormente modificadas por el DERECHO GERMÁNICO, que distinguía un régimen jurídico diferenciado en el caso de los bienes muebles, estableciéndose que el propietario que hubiera perdido voluntariamente la posesión de la cosa mueble sólo podía exigir su devolución a quien se la entregó, pero no a un tercero que la hubiese adquirido de éste; en cambio, si el bien mueble hubiere salido de manos de su dueño por causas ajenas a su voluntad, es decir, si hubiera sido extraviado o robado, podía ser reivindicado por su dueño en cualquier momento.
Posteriormente, con ocasión de la labor CODIFICADORA acontecida en el siglo XIX, el art. 2.279 del Código Napoleónico consagra la protección al tercero adquirente de una cosa mueble con buena fe. Por su parte, el BGB alemán proclama en los parágrafos 932 y siguientes la irreivindicabilidad en los casos en que la pérdida de la posesión ha tenido lugar de forma voluntaria por parte del “verus dominus”, y el art. 1.153 del Código Civil italiano de 1942 reconoce como dueño al “accipiens” en caso de que haya adquirido con buena fe y en virtud de título bastante, con independencia de que la pérdida de la posesión de la cosa por parte del propietario fuese voluntaria o involuntaria. En nuestro Código Civil, como analizaremos posteriormente, existen diversas posturas sobre la interpretación que ha de darse al art. 464.
4.2- Con relación a la NATURALEZA JURÍDICA DE ESTAS ADQUISICIONES:
Suscita no pocas dificultades precisar cuál es la naturaleza del mecanismo a través del cual operan las adquisiciones “a non domino”, y entre las orientaciones doctrinales más destacadas cabe citar las siguientes:
A) En primer lugar, la teoría de la prescripción instantánea defendida, entre otros, por DEMOLOMBE, que sostiene que estas adquisiciones son una modalidad de usucapión caracterizada por no ser necesario el transcurso de un plazo para su consumación. Sin embargo, sus detractores arguyen que la expresión “prescripción instantánea” implica una contradictio in terminis, por cuanto el trascurso del tiempo es un requisito legal imperativo para que pueda consumarse la prescripción adquisitiva o usucapión.
B) Otra corriente estaría formada por aquellos autores que de defienden la teoría de la adquisición por disposición de la Ley, aunque dentro de la misma pueden distinguirse varias posiciones:


  • Así, VON THUR, y con él una parte mayoritaria de nuestra doctrina, considera que estaríamos en estos casos ante un modo de adquirir derivativo, al entender que la base de la adquisición es el aparente poder de disposición del “non dominus” transmitente y porque la cosa se adquiere con las cargas y gravámenes que pesaban sobre ella, por ser derechos reales inherentes a la cosa.




  • Otros autores como WINDSCHEID, ENNECERUS Y JORDANO BAREA, estiman que se trata de un modo de adquisición originario porque el derecho adquirido encuentra su causa de ser y su legitimación en una disposición de la Ley, y no en un inexistente derecho anterior.




  • No faltan tampoco posturas intermedias como las de MENGONI y FERRARA, que entienden que las adquisiciones “a non domino” son derivativas cuando entra en juego la apariencia legitimadora del transferente no dueño, y que serían originarias en los demás casos.


4.3- Por lo que respecta a las ADQUISICIONES “A NON DOMINO” EN NUESTRO DERECHO:
4.3- A) En cuanto a los BIENES INMUEBLES:
Las adquisiciones “a non domino” en el ámbito inmobiliario tienen lugar por el juego de la fe pública registral consagrada en el art. 34 LH, que dispone que: “El tercero que de buena fe adquiera a título oneroso algún derecho de persona que en el Registro aparezca con facultades para transmitirlo, será mantenido en su adquisición, una vez que haya inscrito su derecho, aunque después se anule o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en el mismo Registro.
La buena fe del tercero se presume siempre mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del Registro.
Los adquirentes a título gratuito no gozarán de más protección registral que la que tuviere su causante o transferente”.

Por tanto, para que se produzca la adquisición “a non domino” de un bien inmueble es necesario que concurran conjuntamente los siguientes requisitos fundamentales: que el accipiens o adquirente tenga la condición de tercero, que haya adquirido su derecho a título oneroso, con buena fe y de persona que conforme al Registro de la Propiedad tenga facultades para transmitirlo, y que además haya inscrito su adquisición. Es muy clarificadora la doctrina que sobre la interpretación de este precepto ha sentado el Pleno de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo en sus Sentencias de 5 de marzo y 7 de septiembre de 2007, aunque un estudio pormenorizado de esta materia excede del ámbito del presente tema, por lo que nos remitimos a los temas correspondientes de la parte de Derecho Hipotecario.
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