Tema 40: Modos de perder el dominio. El abandono. La renuncia de derechos reales. La pérdida del dominio en virtud de las adquisiciones “a non domino”






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-TEMA 40 DE DERECHO CIVIL-.

ARTS. A MEMORIZAR:
-CC: 6.2; 359; 395; 464; 610; 1659; 1955.
-LH: 34; 107.1.
-C. COM: 85
-Ley Patrimonio Administraciones Públicas, 3 nov. 2003: 17 y 18.1.
-Ley de Expropiación Forzosa: 54.5.


Luis Serrano. Valladolid-Marzo 2012.

Tema 40: Modos de perder el dominio. El abandono. La renuncia de derechos reales. La pérdida del dominio en virtud de las adquisiciones “a non domino”.

1-MODOS DE PERDER EL DOMINIO.
1.1- En cuanto a SU CONCEPTO:
Ha de iniciarse el tema que nos ocupa señalando que nuestro Código Civil no contiene una regulación sistemática sobre los modos de perder el dominio, ni tampoco enumera de forma unitaria las causas de extinción o pérdida de los demás derechos reales, a diferencia de lo que sucede con el art. 1.156 al referirse a las causas de extinción de las obligaciones. Por ello, la construcción sistemática de esta materia civil tiene un origen doctrinal y jurisprudencial. Así, podemos definir los modos de perder el dominio, en sentido amplio, como “aquellos hechos y actos jurídicos previstos por la Ley como causa eficiente de que el dominio o el derecho real sobre cosa ajena de que se trate, deje de pertenecer a un sujeto determinado”. En el Código Civil las causas de extinción o pérdida se establecen de forma dispersa en relación a cada uno de los derechos reales; a título de ejemplo pueden citarse los arts. 460 y siguientes para la posesión, 513 en relación con el derecho de usufructo, el art. 529 respecto al uso y la habitación, y los arts. 546 y siguientes por lo que respecta a las servidumbres.
1.2- En cuanto a SUS CLASES:
1.2-A) Siguiendo a la doctrina civilista española mayoritaria podemos distinguir distintos criterios clasificatorios:


  • CASTÁN diferencia entre modos voluntarios e involuntarios de perder el dominio y demás derechos reales, según dependan o no de la voluntad del titular del derecho. Este autor cita como modos voluntarios: el abandono, la renuncia y la enajenación; y como involuntarios: la extinción de la cosa, la expropiación forzosa, la revocación y las adquisiciones “a non domino”.




  • Otros autores hablan de modos absolutos y modos relativos, según extingan el dominio con carácter “erga omnes” o solamente para su titular actual, pasando en este último caso el derecho extinguido a la esfera patrimonial de otra persona. Las causas de extinción absoluta de la propiedad y demás derechos reales pueden reducirse a dos: a) la destrucción material de la cosa que constituye el objeto sobre el que recae el derecho; b) y la destrucción jurídica de la misma, pasando a convertirse en “res extra commercium”. Las causas de extinción relativa o causas de transmisión pueden clasificarse en los siguientes grupos: a) transmisión del dominio o de un derecho real en virtud de una disposición de la Ley, entre las que podemos citar la accesión inmobiliaria, la prescripción adquisitiva o usucapión, y la confiscación (por ejemplo, a causa del comiso de las ganancias obtenidas por la comisión de un delito, según el art. 127 del Código Penal); b) en segundo lugar dentro de este grupo, hemos de hablar de la transmisión del derecho por efecto combinado de la Ley y de la voluntad del hombre al ejercitar una facultad legal, como la adjudicación producida por el desenvolvimiento de un procedimiento de apremio judicial o administrativo por causa de deudas del titular, por el ejercicio de un derecho legal de retracto, por el ejercicio por parte de la Administración de su facultad de expropiación forzosa, o como consecuencia del abandono o la renuncia; c) en tercer lugar, encontraríamos los actos voluntarios de transmisión del dominio u otro derecho real, que puede tener lugar en virtud de negocios jurídicos inter vivos o mortis causa, y con carácter oneroso o gratuito; d) por último, la pérdida del derecho puede tener por causa inmediata la destrucción jurídica del acto adquisitivo, como sucede cuando se decreta judicialmente la nulidad, revocación o resolución del negocio jurídico que propició la adquisición del dominio o derecho real.




  • Al constituir el abandono, la renuncia y las adquisiciones “a non domino” preguntas específicas dentro del tema, nos centraremos en este momento en la expropiación forzosa y en la revocación:


1.2 B) Por lo que respecta a LA EXPROPIACIÓN FORZOSA:
Podemos definir esta figura como “la privación del dominio o de otros derechos o intereses patrimoniales legítimos llevada a cabo de forma imperativa por la Administración en aras de una causa de utilidad pública o de interés social, previo pago de una indemnización al sujeto expropiado”. En el plano civil su regulación se recoge en los arts. 33 CE y 349 CC, así como en la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y su Reglamento de desarrollo, de 26 de abril de 1957. Aunque no constituya objeto específico de estudio en el presente tema, ha de destacarse brevemente que la institución de la expropiación forzosa posee también una dimensión estrictamente urbanística, ya que constituye uno de los tipos específicos de sistemas de actuación en la fase de gestión urbanística, como instrumento para llevar a cabo las previsiones del planeamiento (por ejemplo, en el desarrollo de una determinada unidad de actuación que tenga por fin la urbanización de terrenos y la construcción en los mismos de edificios destinados a viviendas, la expropiación a los propietarios primitivos de tales terrenos es uno de los posibles sistemas que contempla la Legislación Sustantiva en materia de Urbanismo, competencia de las Comunidades Autónomas). Como regulación programática, destaca la contenida en los arts. 29 a 35 el Texto Refundido de la Ley del Suelo, de 20 de junio de 2008, y en cuanto a las normas sobre inscripción (cuyo dictado es competencia exclusiva del Estado, por imposición del art. 149.1.8 CE), los arts. 22 a 42 del R.D 1093/1997, de 4 de julio, sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de los Actos de Naturaleza Urbanística, y el art. 32 del Reglamento Hipotecario, de 14 de febrero de 1947. Para un estudio más detallado de la dimensión urbanística de la expropiación forzosa nos remitimos a los temas correspondientes del temario.
El art. 33 de la CE establece que: 1. “Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las Leyes.
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las Leyes”.
Por su parte, el art. 349 CC dispone que: “Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por Autoridad competente y por causa justificada de utilidad pública, previa siempre la correspondiente indemnización.
Si no precediere este requisito, los Jueces ampararán y, en su caso, reintegrarán en la posesión al expropiado”.
a) En cuanto a los elementos subjetivos y objetivos de la expropiación: los sujetos intervinientes en un procedimiento expropiatorio son el expropiante, el expropiado y, eventualmente, el beneficiario de la expropiación. La expropiación forzosa sólo puede ser acordada por el Estado, la Comunidad Autónoma, la Provincia o el Municipio, sin que los particulares o los entes públicos no territoriales puedan ser titulares de la facultad expropiatoria. Distinto del expropiante es la figura del beneficiario de la expropiación, que el art. 3 REF define como “aquel sujeto que representa el interés público o social para cuya realización está autorizado a instar de la Administración expropiante el ejercicio de la potestad expropiatoria, y que adquiere el bien o derecho expropiado y paga el precio de la expropiación. En ocasiones, la posición del expropiante coincide con la del beneficiario, como en todo caso que la Administración expropia para sí misma, pero cuando ésta expropia en beneficio de un tercero aparece la figura del beneficiario. Finalmente, el expropiado es el titular de la cosa, derecho o interés patrimonial objeto de la expropiación, y quien soporta el ejercicio de las potestades expropiatorias.

El elemento objetivo de la expropiación vendría constituido, con arreglo al art. 1 LEF, por la propiedad privada y los derechos e intereses patrimoniales legítimos por lo que, dada la amplitud de la fórmula legal, sólo quedan fuera de la misma los derechos personales y familiares.
Por otro lado, la “causa expropiandi” está específicamente tasada en el nº 3 del art. 33 CE y en la propia LEF, siendo la utilidad pública o el interés social. La causa de la expropiación ha de concretarse e individualizarse en cada procedimiento expropiatorio, de forma que cada expropiación queda vinculada al destino invocado como causa expropiatoria. Para el caso de que el bien expropiado se destine a un uso o servicio distinto del que motivó inicialmente la expropiación, el art. 54.1 LEF prevé un derecho de reversión a favor del sujeto o sujetos expropiados, en virtud del cual éstos pueden readquirir el objeto expropiado previa restitución de la indemnización percibida, actualizada conforme a la evolución del índice de precios al consumo en el período comprendido entre la fecha de iniciación del expediente de justiprecio y la de ejercicio del derecho de reversión. El reflejo registral de tal derecho se regula en el apartado 5º del mismo art. 54 LEF, que señala que: “En las inscripciones en el Registro de la Propiedad del dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles adquiridos por expropiación forzosa se hará constar el derecho preferente de los reversionistas frente a terceros posibles adquirentes para recuperar el bien o derecho expropiados de acuerdo con lo dispuesto en este artículo y en el siguiente, sin cuya constancia registral el derecho de reversión no será oponible a los terceros adquirentes que hayan inscrito los títulos de sus respectivos derechos conforme a lo previsto en la Ley Hipotecaria”. No obstante, existen algunos supuestos tasados legalmente en que queda excluido el derecho de reversión a favor del expropiado, como sucede en el caso de que la afectación al fin que justificó la expropiación o a otro declarado de utilidad pública o interés social se prolongue durante 10 años desde la terminación de la obra o el establecimiento del servicio. En relación con la expropiación forzosa de carácter urbanístico, los derechos de reversión y de retasación, así como los supuestos en que los mismos quedan excluidos, se regulan en el art. 35 del TR de la Ley del Suelo, de 20 de junio de 2008, correspondiendo su estudio en profundidad a otros temas del programa, a los que nos remitimos.
b) En lo relativo a los efectos de la expropiación: el bien o derecho expropiado se adquiere libre de cargas por el expropiante o beneficiario, aunque eventualmente se permite la conservación de algún derecho real sobre el objeto expropiado en la medida que resulte compatible con el nuevo destino que haya de darse al mismo y existiera acuerdo entre el expropiante y el titular del derecho. Por último, como fases administrativas diferenciadas dentro del procedimiento expropiatorio pueden señalarse las siguientes:


  • La declaración de utilidad pública o interés social al que haya de afectarse el bien o derecho expropiado.




  • El acuerdo del órgano competente de la entidad expropiante sobre la necesidad concreta de ocupar el bien.




  • La determinación del justiprecio.




  • El pago del justiprecio y la ocupación del objeto expropiado.


1.2 C) Por lo que se refiere a LA REVOCACIÓN DE LOS DERECHOS REALES:

a) Empezando por su concepto y ámbito: el titular del pleno dominio puede ver extinguido su derecho por virtud de la rescisión, revocación o resolución del acto determinante de su adquisición. En un sentido amplio, todos estos casos podrían encuadrarse en un concepto expansivo de lo que se entiende por “revocación”, aunque en un sentido más estricto este término sólo se aplica a aquellos actos jurídicos que habiéndose perfeccionado en el momento de su nacimiento, se resuelven con posterioridad por una causa de ineficacia sobrevenida. Según esta concepción restringida, pueden ser estimadas como causas de revocación en nuestro Ordenamiento Jurídico:


  • La condición a que el transmitente puede sujetar la adquisición del dominio o derecho real, sea ésta suspensiva o resolutoria.




  • La revocación de donaciones por incumplimiento de condiciones o cargas, contemplada en el art. 647 CC.




  • Y la revocación de donaciones por ingratitud o por supervivencia o superveniencia de hijos, a que se refieren los arts. 644 y 648 del mismo Código.


No obstante, podemos encontrar posiciones doctrinales que aún restringen más el ámbito de aplicación de esta figura; así, FUENMAYOR circunscribe el supuesto de la revocación de la propiedad a aquellos casos en los que se dé un cambio de voluntad del transmitente que se materializa a través del ejercicio de una potestad reconocida por la Ley, con lo que reduce los casos de revocación del dominio a los supuestos taxativos de ingratitud sobrevenida en las donaciones.
b) En cuanto a sus clases: la revocación de los derechos reales puede ser real u obligacional o personal, según que la extinción del dominio o derecho real en el adquirente y su recuperación para el enajenante opere ipso iure, o bien a través de una obligación tendente a dicho fin, de manera que al revocante sólo se le atribuye un derecho de crédito dirigido a la readquisición de la cosa (por lo que en el caso de que apareciera un subadquirente que reuniese los requisitos contemplados por el art. 34 LH éste se convertiría en un tercero hipotecario protegido por la fe pública registral, sin que pudiera verse afectado por la revocación ejercitada por el transmitente inicial respecto del adquirente-subtransmitente). En el caso de la que la causa de la revocación constase inscrita en el Registro de la Propiedad (por ejemplo, en el caso de que la propiedad de una finca se hubiese adquirido en virtud de donación sujeta a una condición resolutoria reflejada en el asiento de inscripción), los subadquirentes sí se verían afectados por la eventual revocación ejercitada por el transmitente, como resulta del contenido del art. 37.2 LH
Desde otro punto de vista, la revocación puede ser “ex tunc” o “ex nunc”, según produzca su efecto con carácter retroactivo al momento de la transmisión, o sólo lo despliegue desde el momento mismo en que acontezca la revocación. Con carácter general, la revocación real produce efectos retroactivos, extendiéndose éstos al momento inicial en que se perfeccionó la transmisión posteriormente revocada.
c) En lo relativo a sus efectos: la revocación, cuando tiene carácter real, destruye la enajenación aún en perjuicio de un tercer adquirente, a salvo las reglas especiales sobre adquisiciones “a non domino”, que son objeto de estudio pormenorizado en el último epígrafe del tema que nos ocupa.
2-EL ABANDONO.
2.1-Por lo que respecta a SU CONCEPTO Y RÉGIMEN JURÍDICO:
Tanto en la doctrina civilista como en la Jurisprudencia se ha venido identificando ocasionalmente las figuras del abandono y de la renuncia. No obstante, algunos autores han tratado de establecer líneas diferenciales entre ambas, y así describen el abandono como el acto material de dejación de la posesión de una cosa con intención de perder su dominio, en tanto que la renuncia sería un acto formal, una declaración de voluntad solemne que pretende la abdicación de la titularidad de un derecho. Otra parte de la doctrina sitúa la diferencia entre estas dos figuras jurídicas en el objeto sobre el que despliegan sus efectos, pues consideran que el abandono se estaría refiriendo al dominio y la renuncia a los derechos reales limitados en cosa ajena (“iura in re aliena”). Como concepto doctrinal pacífico, podemos definir el abandono como “la dejación de la posesión de una cosa por parte de su dueño con intención de perder su dominio”, y su naturaleza propia es la de un acto jurídico unilateral, ya que el abandono es consecuencia inmediata del ejercicio de la facultad dispositiva inherente a la titularidad del dominio, sin que exista más acto volitivo o de voluntad que el manifestado por la persona que abandona un objeto con ánimo de ver extinguido su derecho sobre el mismo. Por todo ello, los requisitos de capacidad necesarios que han de concurrir en el abandonante son la capacidad para disponer y el pleno poder de disposición sobre la cosa.
Profundizando un poco en el origen histórico de la figura jurídica que nos ocupa, ha de recordarse que en el Derecho Romano el abandono recibía el nombre de “derelictio”, y que la doctrina romanista y civilista ha ido evolucionando hasta concluir que son dos los elementos constitutivos del abandono o derrelición: a) uno de carácter subjetivo, el animus derelinquendi, que consiste en la voluntad de renunciar la propiedad de la cosa; b) y otro de carácter objetivo, el corpus derelictionis, que sería el abandono material de la posesión de la cosa.
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