Legislación informativa vigente en Paraguay






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FORO DE PERIODISTAS PARAGUAYOS
Seminario taller ALERTA PERIODISTAS. Lo que todo reportero debe saber para protegerse en trabajos de investigación y coberturas de riesgo

Legislación informativa vigente en Paraguay
En este documento reunimos los instrumentos jurídicos que norman la libertad de expresión y de prensa en el Paraguay. En tal sentido, así como existen algunas normas que son vistas como atentatorias contra el derecho a la libre expresión, hay otras, con rango constitucional inclusive, que están consideradas muy modernas para un país que apenas lleva trece años de vida democrática.

En las sucesivas páginas se podrá valorar de qué manera se hallan salvaguardados los derechos ciudadanos de rectificación, de recibir información veraz y objetiva, y de recurrir ante la Justicia, en situaciones en que son vulnerados por la prensa la dignidad, el honor, la imagen y el prestigio de las personas.

Hecha esta aclaración, comenzaremos por exponer las disposiciones de la Constitución Nacional, sancionada el 20 de junio de 1992 referidas a la libertad de expresión, a los medios de comunicación, al derecho a la información y otros.

Luego citaremos los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Gobierno paraguayo, en los artículos vinculados a las libertades señaladas.

Finalmente mencionaremos leyes específicas como el Código Penal (Ley Nº 1.160/97) el Código Procesal Penal (Ley Nº 1.280/98), el Código Electoral (Ley 834), el Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 1.680) y otras que afectan directa o indirectamente a la libertad de expresión.
Constitución Nacional (1992)
Art. 4: DEL DERECHO A LA VIDA
El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Se garantiza la protección, en general, desde la concepción. Queda abolida la pena de muerte. Toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica, así como en su honor y en su

reputación. La ley reglamentará la libertad de las personas para disponer de su propio cuerpo, sólo con fines científicos o médicos.
Art. 17: DE LOS DERECHOS PROCESALES

En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a:

1) Que sea presumida su inocencia 2) Que se le juzgue en juicio público,

salvo los casos contemplados por el magistrado para salvaguardar otros derechos;

3) Que no se le condene sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del

proceso, no que se le juzgue por tribunales especiales; (…)

9) Que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación de las

normas jurídicas…
Art. 22 : DE LA PUBLICACION SOBRE PROCESOS

La publicación sobre procesos judiciales en curso debe realizarse sin prejuzgamiento.

El procesado no debe ser presentado como culpable antes de la sentencia ejecutoria.
Art.23: DE LA PRUEBA DE LA VERDAD

La prueba de la verdad y de la notoriedad no serán admisibles en los procesos que se promoviesen con motivos de publicaciones de cualquier carácter que afecten al honor, a la reputación o a la dignidad de las personas, y que se refieran a delitos de acción penal

privada o a conductas que esta Constitución o la ley declaran exentas de la autoridad pública. Dichas pruebas serán admitidas cuando el proceso fuera promovido por la publicación de censuras a la conducta pública de los funcionarios del Estado, y en los demás casos establecidos expresamente por la ley.
Art. 24: DE LA LIBERTAD RELIGIOSA Y LA IDEOLOGICA

Quedan reconocidas la libertad religiosa, la de culto y la ideológica, sin más limitaciones que las establecidas en esta Constitución y en la Ley. Ninguna confesión tendrá carácter oficial. Las relaciones del Estado con la Iglesia Católica se basan en la independencia, cooperación y autonomía.

Se garantizan la independencia y la autonomía de las Iglesias y confesiones religiosas, sin más limitaciones que las impuestas en esta Constitución y las Leyes.

Nadie puede ser molestado, indagado u obligado a declarar por causa de sus creencias y de su ideología.
Art. 25: DE LA EXPRESIÓN DE LA PERSONALIDAD

Toda persona tiene derecho a la libre expresión de su personalidad, a la creatividad y a la formación de su propia identidad. Se garantiza el pluralismo ideológico.
Art. 26: DE LA LIBERTAD DE EXPRESION Y DE PRENSA

Se garantizan la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión, sin censura alguna, sin más limitaciones que las dispuestas en esta Constitución; en consecuencia, no se dictará ninguna ley que las imposibilite o las restrinja. No habrá delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos por medio de la prensa. Toda persona tiene derecho a generar, procesar o difundir información como igualmente a la utilización de cualquier instrumento lícito y apto para tales fines.
Art. 27 : DEL EMPLEO DE LOS MEDIOS MASIVOS DE

COMUNICACIÓN SOCIAL

El empleo de los medios de comunicación social es de interés público; en consecuencia, no se los podrá clausurar ni suspender su funcionamiento. No se admitirá la prensa

carente de dirección responsable. Se prohibe toda práctica discriminatoria en la

provisión de insumos para la prensa, así como interferir las frecuencias radioeléctricas y obstruir, de la manera que fuese, la libre circulación, la distribución y la venta de periódicos, libros, revistas o demás publicaciones con dirección o autoría responsable. Se garantiza el pluralismo informativo. La Ley regulara la publicidad para la mejor protección de los derechos del niño, del joven, del analfabeto, del consumidor y de la mujer.
Art. 28: EL DERECHO A INFORMARSE

Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes públicas son libres para todos.* La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, a fin de que este derecho sea efectivo.

Toda persona afectada por la difusión de una información falsa, distorsionada o ambigua tiene derecho a exigir su rectificación o su aclaración por el mismo medio y en las mismas condición en que haya sido divulgada, sin perjuicio de los demás derechos

compensatorios.
Tratándose de informaciones particulares sobre individuos, la Constitución también cuenta con el recurso del Habeas Data. Dicho mecanismo previsto en el artículo 135 reza: “ Toda persona puede acceder a la información y a los datos que sobre sí misma, o sobre sus bienes, obren en registros oficiales o privados de carácter público, así como conocer el uso que se haga de los mismos y de su finalidad. Podrá solicitar ante el magistrado competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectaran ilegítimamente sus derechos”.

Sin embargo, estas normas no garantizan el acceso a la información pública en el caso del periodismo, lo que sí podría darse con el proyecto de ley mencionado antes. Aquí conviene recordar que una de las razones que argumentan la existencia de las columnas de rumor en la prensa paraguaya es precisamente el difícil acceso a las informaciones públicas que en la práctica se traduce simplemente en que muchas instituciones se niegan a facilitar documentos a los periodistas y al ciudadano.

Hasta ahora la única institución pública donde se ha superado esta mentalidad opuesta a la transparencia es en la Municipalidad de Asunción, donde cualquier ciudadano puede solicitar la información que precise, vinculada a las actividades de este ayuntamiento, porque así se halla establecido en una ordenanza municipal.

Art. 29: DE LA LIBERTAD DE EJERCICIO DEL PERIODISMO

El ejercicio del periodismo, en cualquiera de sus formas, es libre y no está sujeto a autorización previa. Los periodistas de los medios masivos de comunicación social, en cumplimiento de sus funciones, no serán obligados a actuar contra los dictados de su conciencia ni a revelar sus fuentes de información.

El periodista columnista  tiene derecho a publicar sus opiniones firmadas, sin censura, en el medio en el cual trabaje. La dirección podrá dejar a salvo su responsabilidad haciendo constar su disenso. Se reconoce al periodista el derecho de autoría sobre el producto de su trabajo intelectual, artístico o fotográfico, cualquiera sea su técnica, conforme con la ley.

Art.30: DE LAS SEÑALES  DE COMUNICACIÓN ELECTROMAGNETICA

La emisión  y la propagación de las señales electromagnética son del dominio público del Estado, el cual, en  ejercicio de la soberanía nacional, promoverá el pleno empleo de las mismas según los derechos propios de la República y conforme con los convenios internacionales ratificados sobre la materia. La Ley, asegurará en igualdad de oportunidades, el libre acceso al aprovechamiento del espectro electromagnético, así como al de los instrumentos electrónicos de acumulación y procesamiento de información pública, sin más límites que los impuestos por las regulaciones internacionales y las normas técnicas. Las autoridades asegurarán que estos elementos no sean utilizados para vulnerar la intimidad personal o familiar y los demás derechos establecidos es esta Constitución.
Art. 31:  DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN

SOCIAL DEL ESTADO

Los medios de comunicación dependientes del Estado serán regulados por ley en su organización y en su funcionamiento, debiendo garantizarse el acceso democrático y  pluralista de los mismos de todos los sectores sociales y políticos, en igualdad de oportunidades.
Art. 32: DE LA LIBERTAD DE REUNION Y DE MANIFESTACION

Las personas tienen derechos a reunirse y a manifestarse pacíficamente, sin armas y con fines lícitos, sin necesidad de permiso, así como el derecho a no ser obligadas a participar de tales actos. La ley sólo podrá reglamentar su ejercicio en lugares de tránsito público, en horarios determinados, preservando derechos de terceros y el orden público establecido en la ley.
Art. 33: DERECHO A LA INTIMIDAD

La intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada son inviolables. La conducta de las personas, en tanto no afecte al orden público establecido en la ley o a los derechos de terceros, estará exenta de autoridad pública.

Se garantiza el derecho a la protección de la intimidad, de la dignidad y de la imagen privada de las personas.
Art. 34 : EL DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LOS RECINTOS

PRIVADOS

Todo recinto privado es inviolable  solo podrá ser allanado o clausurado por orden judicial y con sujeción a la ley. Excepcionalmente podrá serlo, además, en caso de flagrante delito o para impedir su inminente perpetración, o para evitar daños a la persona o a la propiedad.
Art. 36: Del derecho a la inviolabilidad del patrimonio documental y la comunicación privada.

El patrimonio documental de las personas es inviolable. Los registros, cualquiera sea su técnica, la contabilidad, los impresos, la correspondencia, los escritos, las comunicaciones telefónicas, telegráficas, cablegráficas  o  de cualquier otra especie, las colecciones  o  reproducciones, los testimonios y los objetos de valor testimonial, así como sus respectivas copias, no podrán ser examinados, reproducidos, interceptados  o  secuestrados sino por orden judicial para casos específicamente previstos en la ley, y siempre que fuesen indispensables para el esclarecimiento de los asuntos de competencia de las correspondientes autoridades. La ley determinará modalidades especiales para el examen de la contabilidad comercial y de los registros legales obligatorios.

Las pruebas documentales obtenidas en violación a lo prescripto anteriormente carecen de valor en juicio. En todos los casos se guardará estricta reserva sobre aquello que no haga relación con lo investigado

Declaración Universal de los Derechos Humanos
Artículo 12:

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Artículo 19:

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Pacto de San José de Costa Rica. Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 8: Garantías judiciales (…)

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;

d) derecho de inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener

la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que pueden arrojar luz sobre los hechos;

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal

superior….
Artículo 11: Protección de la honra y la dignidad

1) Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.

2) Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

3) Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.
Artículo 13: Libertad de pensamiento y de expresión

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión.

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier procedimiento de su elección.

2) El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la

reputación de los demás; o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud moral pública.

3) No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
Artículo 14: Derecho de rectificación o respuesta

Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en

su perjuicio a través de los medios de difusión legalmente reglamentados y que

se dirijan a un público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

2) En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido

3) Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni  disponga de fuero especial.
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