Sede Académica, San José Hatillo






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VIII.- En la especie, si bien existió una intención de donar el terreno para la construcción de la Costanera Sur, al no haberse cedido el terreno mediante un acto solemne tal y como se explicó – escritura pública y debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad-, al entrar el Estado en posesión del bien, lo que ocurrió fue una “vía de hecho”, actuación de la administración sin sustento legal, y por ende, tal actuar no puede legitimar, ni por asomo, la adquisición del bien por parte de la Administración demandada, una pretensión de esta naturaleza, vulnera el principio de legalidad consagrado en los artículos 11 de la Constitución Politica y 11 de la Ley General de la Administración Pública, al que invariablemente, está sujeta. Dicho de otro modo, aún y cuando existió la buena intención de legar el terreno, ante la carencia de un título traslativo de dominio o de un acto expropiatorio, tal circunstancia no puede habilitarse para ahora, pretender la apropiación invocando, el instituto de la prescripción. El derecho a la propiedad, cuenta, dentro de sus atributos, con el de la imprescriptibilidad, y únicamente puede perderse por usucapión de un tercero, a tenor de los artículos 320 y 853 del Código Civil, con base en una posesión a título de dueño, por un período no menor de diez años ejercido ininterrumpidamente y de buena fe, situación que no puede aceptarse en relación con las administraciones públicas, las que cuentan con suficientes potestades de imperio para que, cuando lo requieran, puedan utilizarlas, verbigracia, la expropiación, sin que puedan obviar ese trámite, por más tiempo que tenga de poseer. En el caso que se examina, no se ha demostrado buena fe por parte del Estado, siempre supo que los terrenos no le pertenecían, y ésta es precisamente, la situación del sub examine. Desde mil novecientos ochenta y tres, el Estado está en posesión de los terrenos propiedad de la actora, y por ello alega ahora, que usucapió, y que carece de todo derecho la demandante, para reclamar su debida y justa indemnización, tesis no compartida por quién resuelve, motivo por el cual se determina, que es deber del Estado, resarcir a la accionante el precio del terreno que la despojó, en su totalidad conforme lo ordenada nuestra Constitución Política.-

IX.- En cuanto al tema la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia 966-F-2005 de 14 horas 10 minutos del 15 de diciembre de 2005, expresó:

I. Entre los años 1983 y 1986, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) instaló, en la finca del Partido de Guanacaste, matrícula de folio real número 110.136-000, sita en el distrito Primero –Liberia- del cantón Primero –Liberia-, una línea de distribución eléctrica de doble circuito, entre la Subestación Reductora de Liberia y la carretera interamericana, con una extensión de 976 metros. El 28 de enero de 1999, la empresa La Grama de los Mangos Sociedad Anónima adquirió dicho inmueble. Su apoderado generalísimo demanda al ICE en la vía ordinaria. Solicita, como pretensión principal, se declare que el Instituto demandado no ha usucapido derecho real alguno contra la referida heredad; asimismo, que no existe servidumbre respecto del tendido eléctrico. Además, pide la nulidad del oficio número E-07761 CD/314-99, del 10 de noviembre de 1999, mediante el cual se notificó el rechazo del reclamo de su representada, tendiente al pago del derecho de la indicada servidumbre. Igualmente, pretende se le ordene al ente demandado reubicar el tendido eléctrico fuera de su inmueble; se le condene al pago de los daños yperjuicios ocasionados, así como a las costas del proceso y los intereses legales sobre esas partidas, a contar desde la interposición de la demanda y hasta su efectiva cancelación. En subsidio, peticiona se declare que el ICE no ha usucapido derecho real alguno contra la finca de su mandante; que no existe servidumbre respecto del tendido eléctrico; la nulidad del oficio número E-07761 CD/314-99. En consecuencia, que el demandado debe indemnizarla y expropiar el derecho de servidumbre. Por último, pide se le condene al pago de los daños y perjuicios ocasionados, así como las costas del proceso y los intereses legales sobre esos extremos a contar desde la interposición de la demanda y hasta su efectiva cancelación. El personero del ICE contestó negativamente la demanda y formuló las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa, prescripción y la expresión genérica “sine actione agit”. El Juzgado acogió las defensas de prescripción positiva, falta de derecho e interés actual. Declaró sin lugar la demanda y resolvió sin especial condenatoria en costas. La Sección Cuarta del Tribunal Contencioso Administrativo, en voto de mayoría, y por las razones que expuso, confirmó lo resuelto.

II. La apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad actora formula recurso de casación por motivos de fondo. Alega violación indirecta y directa de ley. Invoca conculcados los artículos 45 de la Constitución Política; 1, 22 de la Ley número 6313 del 4 de enero de 1979, Ley de Adquisiciones, Expropiaciones y Constitución de Servidumbres del Instituto Costarricense de Electricidad; 2, 8 de la Ley número 7495 del 3 de mayo de 1995, Ley de Expropiaciones; 263, 264 incisos 4) y 5), 266, 268, 276, 295, 376, 378, 384, 455, 860, 1007, 1008, 1009 del Código Civil; 146, 151 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP); 317 inciso 2, 369 y 370 del Código Procesal Civil.

VIOLACIÓN INDIRECTA DE LEY

III. Incurre el Tribunal en error de hecho, afirma la casacionista como primer motivo de disconformidad, pues en autos consta una certificación extendida por el Registro Público, con la cual se demuestra, fehacientemente, que el gravamen objeto de este proceso no existe, y que su representada adquirió la finca en litigio en esas condiciones. Por tal motivo, asevera, los juzgadores de segunda instancia violan, por falta de aplicación, los numerales 369, 370 del Código Procesal Civil; 264 incisos 4) y 5), 266, 268, 276, 295 y 455 todos del Código Civil.

IV. De conformidad con lo argumentado por la recurrente, precisa recordar que el recurso por razones de fondo, como el presente, se otorga por violación de la ley sustantiva. El quebranto legal puede ser directo o indirecto. El primero se da cuando los hechos están correctamente seleccionados y enunciados en el fallo recurrido, pero el Tribunal se equivoca en su calificación jurídica o interpreta mal la ley. El segundo, tiene lugar a través de yerros cometidos al interpretar las pruebas. Pueden ser de hecho o de derecho. El error de hecho se da cuando el juzgador incurre en desaciertos materiales al apreciar el acervo probatorio, verbigracia, endosar a los declarantes afirmaciones no emitidas por ellos o atribuir a un documento un contenido inexistente. Por su parte, el error de derecho tiene lugar cuando se le otorga a las pruebas un valor legalmente indebido, o se les niega el propio. Cuando se alega este yerro, le resulta indispensable al casacionista indicar, con precisión, las normas infringidas concernientes al valor de los elementos probatorios apreciados de manera errónea. Además, y en las dos clases de error, débese indicar, de la misma manera, cuáles fueron las pruebas mal apreciadas y en qué consisten los yerros cometidos. Asimismo, es necesario señalar las leyes infringidas en cuanto al fondo. (Artículos 595 inciso 3 y 596 párrafo 2do. y 597 párrafo 2do del Código Procesal Civil). Relacionado con lo anterior, este Tribunal, en las resoluciones números 646 de las 16 horas 45 minutos del 22 de agosto del 2001 y 860 de las 10 horas 50 minutos del 7 de diciembre del 2003, ha indicado que, al socaire de los cánones indicados del Código de rito civil, la violación de ley puede acontecer por errónea interpretación, aplicación indebida o falta de aplicación. Esto no es necesario que la norma de manera expresa lo indique, pues es labor del intérprete colegir tal aspecto. Salvo para el primer supuesto –errónea interpretación- siempre existirán dos normas conculcadas. Así, cuando se alegue violación de ley por actuación indebida, existirá otra disposición quebrantada por no aplicarse y viceversa. Tratándose de violación indirecta, se repite, al cuestionarse el cuadro fáctico acreditado en la sentencia recurrida, cumple el recurrente con el deber de citar el precepto conculcado, al señalar cuál resulta violada por no haberse aplicado. Esto, por cuanto, eventualmente, se daría un cambio en los hechos probados y, por ende, en el análisis a efectuar. Distinto ocurre cuando lo alegado es violación directa de ley, al mantenerse incólume el cuadro fáctico, sólo se cumple con dicho deber cuando el casacionista indica cuál es la norma conculcada por falta de aplicación y cuál por indebida aplicación. Al respecto, pueden consultarse las sentencias de esta Sala números 652 de las 11 horas 30 minutos del 5 de agosto del 2004 y 419 de las 9 horas del 20 de junio del 2005. A la luz de lo anterior, de darse el agravio de mérito sería por violación indirecta de ley, pero incubado en error de derecho, no de hecho, según se alega. Ello por cuanto, el supuesto desafuero consiste en la indebida valoración de una certificación registral, por preterición, mediante la cual, según afirma, se demuestra que el gravamen objeto de este proceso no existe y que la sociedad actora adquirió la finca en litigio bajo esas condiciones. Dentro de esta línea de argumentación, el agravio resulta informal. La casacionista no indica, con claridad y precisión, en qué consiste la infracción alegada, lo cual le resulta imprescindible a tenor de lo dispuesto en los ordinales indicados del Código Procesal Civil. Además, tampoco señala qué sucedería si tal probanza hubiere sido considerada. Ergo, se impone el rechazo del agravio de mérito.

V. Como segundo reparo, indica la recurrente que los juzgadores de segunda instancia incurren en error de derecho, al sostener que, por la notoriedad del tendido eléctrico, se determina que el anterior propietario del inmueble en litigio consintió tácita y gratuitamente en la imposición de la servidumbre. Con este razonamiento, señala, se conculcan, por interpretación errónea, los artículos 330, 409 del Código Procesal Civil; 1007, 1008 y 1009 del Código Civil. En realidad, afirma, nunca hubo consentimiento, indemnización, ni expropiación. La ausencia de oposición no implica consentimiento, ni exime de la obligación legal y constitucional de expropiar e indemnizar.

VI. Aún cuando se compartiera lo afirmado por la casacionista, en el sentido de que, de la prueba obrante en autos no puede derivarse o colegirse un consentimiento expreso o tácito de la anterior propietaria de la finca del Partido de Guanacaste, matrícula de folio real número 110136-000, respecto de la constitución de la servidumbre forzosa del tendido de las líneas eléctricas, resulta fútil para quebrar el fallo. No se está en presencia de un supuesto de casación útil. Se soslaya la referencia al procedimiento que debió seguir el ente demandado ante la ausencia de esa autorización. No se indican las disposiciones pertinentes de la Ley número 6313 del 4 de enero de 1979, Ley de Adquisiciones, Expropiaciones y Servidumbres del ICE (cuerpo normativo que establece el procedimiento para la constitución de este tipo de gravamen) las cuales, de conformidad con el fundamento del agravio, debieron citarse como conculcadas por falta de aplicación.

VIOLACIÓN DIRECTA DE LEY

VII. Alega la recurrente como tercer motivo de disconformidad, que la Administración Pública no puede usucapir derechos. Resulta inconstitucional e ilegal. Al no entenderlo de esta forma, agrega, los juzgadores de segunda instancia incurren en quebranto del artículo 45 de la Constitución Política, por falta de aplicación. La existencia de un interés público, como el que caracteriza la construcción de líneas de distribución eléctrica, acota, autoriza la expropiación del derecho o derechos necesarios, con la consecuente indemnización. En el sub-júdice, asevera, es reconocido por el artículo primero de la Ley número 6313, el cual, junto con el canon 22 ibídem, fueron conculcados, también, por falta de aplicación. El demandado, añade, no sólo se ha negado a expropiar, a pesar del evidente interés y utilidad pública del tendido eléctrico, incumpliendo el mandato constitucional; sino que, además, reclama la supuesta usucapión del derecho de servidumbre objeto de este proceso. La Ley de Expropiaciones, en este aspecto, agrega, despeja cualquier duda en su numeral segundo, norma quebrantada, al igual que las demás, por no actuación. De acuerdo con ella, la Administración Pública, incluido el ICE, sólo puede acudir a la contratación administrativa o a la expropiación, para adquirir bienes o derechos por causas de interés público. Esta regla, anota, pretende ser burlada por el demandado, al escudarse en una supuesta usucapión, tema respecto del cual, indica, el propio Código Civil, en su canon 384, establece que las obligaciones a causa de utilidad pública se rigen por los reglamentos especiales, lo cual es reiterado por el ordinal 263 ejúsdem, ambas disposiciones conculcadas por falta de aplicación. Además, arguye, la sentencia pasa por alto que el derecho de reclamar la indemnización por el perjuicio que representa la imposición del derecho de servidumbre fue traspasado a favor de la nueva propietaria, La Grama de los Mangos S.A., en virtud de lo dispuesto en el canon 8 de la indicada Ley de Expropiaciones. Esta norma, acota, dispone tanto la continuación de la expropiación en caso de un nuevo titular, cuanto la subrogación íntegra de los derechos del propietario inicial a favor de este último. El derecho que le asiste a su representada para reclamar en el sub-júdice la indemnización correspondiente, añade, no fue cuestionado por medio de la excepción de prescripción extintiva, por lo que su existencia actual no puede ser discutida. Resulta evidente, apunta, la inaplicación del instituto de la usucapión al sub-lítem. En consecuencia, los juzgadores de segunda instancia incurren en violación, por aplicación indebida, de los numerales 378 y 860 del Código Civil.

VIII. Según el tenor literal del oficio número E-07761 CD/314-99 (folio 2), el ente demandado fundamenta el rechazo del reclamo administrativo de la sociedad actora, en “... que las servidumbres continuas y aparentes, según lo dispone el Código Civil, pueden constituirse por el simple uso del dueño del fundo sirviente, durante el tiempo necesario para que opere la prescripción positiva, y que como puede desprenderse del hecho anterior; el Instituto Costarricense de Electricidad lleva más de trece años utilizando esta servidumbre, sin que hasta antes del presente año se haya presentado reclamo alguno. Que por tratarse de una servidumbre continua y aparente, con más de diez años de estarse utilizando en forma pública, pacífica y continua, además de operar la prescripción positiva, la servidumbre afecta a terceros adquirentes, caso de la Grama de los Mangos Sociedad Anónima, ya que de conformidad con el artículo 861 del Código Civil, el gravamen perjudica a terceros adquirentes, aunque no se halle inscrito en el Registro Público.” Asimismo, siguiendo este razonamiento, al contestar la demanda, el personero del ente demandado opuso la excepción de prescripción –debe entenderse como positiva- arguyendo, además, que el anterior propietario consintió en la constitución de la servidumbre (ver respuesta a los hechos 6, 8 y 10 –folio 36- ; así como lo afirmado en el acápite denominado Derecho de la contestación de la demanda -folio 37-; amén de lo alegado en el memorial de conclusiones sucintas a folio 237). Al respecto, precisa anotar que la Administración Pública en general –central y descentralizada- debe adecuar su proceder al bloque de legalidad, consagrado en los numerales 11 de la Constitución Política y 11 de la LGAP. En este sentido, la Constitución Política, en el canon 45, establece el principio de la inviolabilidad de la propiedad privada, salvo por interés público legalmente comprobado, y previa indemnización conforme a la ley. Asimismo, la Ley número 6313 del 4 de enero de 1979, Ley de Adquisiciones, Expropiaciones y Servidumbres del ICE, ordinal primero, dispone: “Decláranse de utilidad pública, los bienes inmuebles, sean fincas completas, porciones, derechos o intereses patrimoniales legítimos, que por su ubicación sean necesarios, a juicio del Instituto Costarricense de Electricidad, para el cumplimiento de sus fines. Estos bienes (sic) inmuebles podrán ser expropiados conforme a esta ley, quienquiera sea su dueño.(Lo subrayado no es del original) Por su parte, el numeral 22 ibídem, preceptúa: “Las disposiciones de esta ley son aplicables a la constitución de servidumbres forzosas para el tendido de las líneas eléctricas y de telecomunicaciones, así como para el cumplimiento directo o indirecto de cualquier otro fin encomendado al ICE.”(Lo subrayado es suplido). De ambas disposiciones, se colige con claridad que, para que el ICE pueda constituir servidumbres forzosas para el tendido de líneas eléctricas y de telecomunicaciones, en caso de oposición del propietario del fundo afectado, debe, necesariamente, seguir el procedimiento expropiatorio dispuesto en dicha normativa. Obviamente, si el dueño del fundo se muestra conforme, resulta innecesario tal proceder. Sin embargo, a tenor de lo dispuesto de el (sic) artículo 23 ejúsdem; en relación con los cánones 455 y 461 del Código Civil, aún en este supuesto, y para efectos de terceros, debe anotarse en la inscripción de propiedad del fundo sirviente. Resulta fácil concluir que la Institución demandada no puede invocar, como título adquisitivo del terreno donde se ubique un gravamen de este tipo, el simple transcurso del tiempo –usucapión-, tal como lo hizo en el indicado oficio, sin conculcar el principio aludido de legalidad, así como las normas antes transcritas. Por otro lado, contrario a lo expuesto por el Tribunal, y según se expuso en el considerando VI de esta sentencia, de la prueba que consta tanto en el expediente administrativo, cuanto en el judicial, no puede derivarse el consentimiento tácito del anterior propietario. Si éste hubiera operado, el ICE tenía la obligación, según se indicó, de inscribir el gravamen al margen del fundo afectado, lo cual no hizo, por lo que no puede perjudicar a terceros. Las razones expuestas son suficientes para casar la sentencia recurrida y, resolviendo por el fondo, revocar la del Juzgado. Por innecesario, se omite analizar los restantes agravios esgrimidos por la recurrente.

IX. El ICE formula las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa, prescripción y la expresión genérica de “sine actione agit”. Tocante al argumento de la prescripción positiva o usucapión, no existe norma alguna que posibilite al Estado a adquirir un bien inmueble por medio de este instituto. Al contrario, se encuentra obligado, por mandato constitucional –numeral 45- a efectuar los trámites previos de expropiación. En ausencia de un título traslativo de dominio, de un acto expropiatorio previo autorizante, o de una ley que directamente lo pervea (sic), la Administración incurre en vías de hecho cuando entra unilateralmente en posesión de bienes inmuebles pertenecientes a terceros. Esta situación anómala, obviamente, no puede ser convalidada por el simple transcurso del tiempo. Por otro lado, la actora es la actual propietaria del fundo en litigio, por lo que está legitimada activamente. Asimismo, al no haberse expropiado (no existe prueba alguna en el expediente administrativo ni judicial, amén de que el ICE no alega tal circunstancia), ni demostrarse el consentimiento del anterior propietario de la finca, tiene interés en su reclamo. Además, la parte actora no demostró los daños y perjuicios reclamados, por lo que procede acoger, parcialmente, la defensa de falta de derecho. No es de recibo la pretensión principal de ordenar la reubicación del tendido eléctrico, pues tal pedimento fue supeditado a que se reconociera la inexistencia de la servidumbre, lo cual no prosperó. Por ello, deberá acogerse lo solicitado en subsidio. Se le ordenará al ICE indemnizar a la sociedad actora por la porción de su fundo en donde se ubica el referido gravamen, para lo cual, tendrá que iniciar el procedimiento expropiatorio de conformidad con la Ley número 6313. Tomando en cuenta la antigüedad de la situación, considera este Tribunal, tal proceder tiene que hacerse en un plazo improrrogable de dos meses, a partir de la firmeza de esta resolución. De conformidad con el artículo 221 del Código Procesal Civil, se le impone al ente demando el pago de las costas del proceso”. (el destacado es del Despacho) .

Es con fundamento en lo dicho y la jurisprudencia citada, que la decisión del a-quo de declarar prescrita esta pretensión, debe dejarse sin efecto y por el contrario, entrar a su examen por el fondo, según se hará de seguido.-
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