Sede Académica, San José Hatillo






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IV.- DE LOS AGRAVIOS DEL ESTADO: Ante este Tribunal el representante estatal no expresó agravios, sin embargo ante el Juzgado de Instancia, presentada la apelación indico: que apela “(…) en el tanto rechazó la excepción de falta de derecho (…) con relación a la solicitud del acto (sic) de que se le indemnizara con motivo de la zanja o canal realizado en su propiedad, condenándose, al Estado a pagar la suma de un millón doscientos treinta y dos mil colones (…)”. No es cierto como se afirma, que lo tomado constituya una expropiación de hecho, “(…) por el contrario, la realización de dicha obra responde a UNA LIMITACIÓN AL DERECHO DE PROPIEDAD QUE LE IMPONE TANTO LA CONSTITUCIÓN COMO LA LEY AL AQUÍ ACTOR. El artículo 45 de la Constitución Política establece que por motivos de necesidad pública, la Asamblea Legislativa (…) podrá imponer a la propiedad limitaciones de interés social (…)”, y que fue con fundamento en ello que se redactó el numeral 20 de la Ley General de Caminos Públicos. Estas restricciones, sigue, “(…) se fundamentan en la Potestad de Policía del Estado, en virtud de la cual, siendo que éste tiene como una de sus funciones la protección de la seguridad de las personas y las cosas, se le atribuye el poder de controlar y fiscalizar la actividad privada de los particulares, dentro de los límites que determina el mismo Ordenamiento Jurídico (…)”, en los términos en que lo ha señalado la Sala Constitucional, y al efecto, cita el fallo número 5547- 95. En torno al tema, expresa: “(…) Al estar establecidas por ley tales limitaciones a los administrados, no está dentro del ámbito de la autonomía de la voluntad de éstos decidir si cumplen o no, sobre todo si se toma en cuenta que priva la satisfacción del interés público sobre el particular. Es necesario señalar que, éstas limitaciones en razón del interés público no implican necesariamente un deber correlativo de indemnización por parte del Estado (…)”. Que este inconveniente, tiene que soportarlo, al no implicar, un despojo de su derecho de propiedad, máxime que con la zanja, puntualiza, no se le destruyó la propiedad ni se le ocasionaron daños y perjuicios, y por ende, se opone al resarcimiento que se le otorgó.-

V.- EN CUANTO A LA PRESCRIPCIÓN INVOCADAEn primer término, se avoca este Tribunal, a pronunciarse en relación con la prescripción invocada por el Estado, y que tiene estrecha relación con varios extremos petitorios, tanto de la demanda principal cuanto de las subsidiarias. Luego del estudio de los autos, disiente este órgano colegiado, de la legislación aplicada por el señor Juez de instancia para decidir el punto sometido a su escrutinio. En el Considerando V de su fallo, se lee: “(…) el Juzgado encuentra que la prescripción aducida, sí es de recibo, pero no con base en el artículo 198 de la Ley General de la Administración, que regula el plazo de prescripción del derecho para (sic) a la Administración por la responsabilidad que pudiera haber lugar, sino con fundamento en el artículo 63, párrafo 1°, de la Ley de Expropiaciones, N° 7495 de 1995, que establece: (…)”. Y es que en la especie, no se está en presencia de una “expropiación” , por lo que mal se haría en aplicar ese cuerpo normativo. Recuérdese, que todo tiene su génesis, en el supuesto “contrato de donación” suscrito entre las partes el 4 de febrero de 1983, mediante el cual, Rancho La Merced Sociedad Anónima, según se dice de modo literal “(…) ofrezco donar al Estado el terreno de mi propiedad situado en 1 (sic) Pto. Cortés Cantón 5 Osa Provincia de Puntarenas con un área estimada de 157.750,oo (sic) metros cuadrados, según plano destinado a Carretera Costanera Sur, Barú-Palmar Norte. A partir de la firma de este acto, autorizo planamente al Ministerio de Obras Públicas y Transportes o a los contratistas del Proyecto para entrar en posesión de la faja de terreno y colocar las cercas en el lugar que se determine (…) OBSERVACIONES: Las alcantarillas ubicadas en los estacionamientos 13/900-14/712 y 15/190, acondicionadas por sus dimensiones para el paso de ganado, se mantendrán conforme al diseño original. Los propietarios negociarán las cercas en su oportunidad con el Ing. Jefe”. Lo anterior lleva a determinar, que se está en presencia de un compromiso puro y simple de legar cierta área de un inmueble, por parte de su dueño, y del Estado, de construir cercas y alcantarillas, y por ende, cualquier reclamo de esta índole, debe fijarse dentro de los límites, precisamente, de la Ley General de la Administración Pública, en su artículo 198, con la redacción que tenía para estas fechas, año mil novecientos ochenta y tres, y que establecía el término extintivo, en tres años, “(…) contados a partir del hecho que motiva la responsabilidad”, y es con fundamento en este artículo, que este cuerpo colegiado analiza el asunto. Recuérdese, que ya para el nueve de mayo de mil novecientos ochenta y tres, la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el recibió un memorial del representante de la empresa actora, en el que manifestó, que la donación se hizo a condición “(…) de ser compensada en varios extremos que resultan de lógica aplicación. Sin embargo, ahora parece que no existe disposición en el MOPT de cumplir con todo lo que se les pidió, por lo que hemos condicionado la donación, a que en el documento respectivo en que mi representada traspase la porción de terreno, ese Ministerio y el contratista se comprometan formalmente a cumplir con los siguientes puntos: a). Rectificación del camino que lleva a San Josecito, Las Esperanzas y San Isidro de El General, ya que la carretera en construcción lo corta, dejando el piso a unos 10 o 12 metros de altura. Además, lastreada de ese camino; desde el cruce de la carretera hacia arriba, por una distancia aproximada de un kilómetro, y hacia abajo, por ciento cincuenta metros, aproximadamente (…) Este trabajo ya fue aceptado por el ingeniero don Oscar Suárez. B). Instalar postes de concreto en las cercas, frente a la carretera, en vez de postes de madera. Para facilitar esa labor RANCHO LA MERCED S.A. fabricará y suministrará hasta 2500 postes de concreto al costo (…) Los postes deberán colocarse a una distancia máxima de 2.50 metros uno del otro; las cercas serán de cuatro hilos, con alambre de púas galvanizado (…). C). Las alcantarillas que se construirán en los puntos números: 13- 90014-712 y 15-190 deben contar con dimensiones y condiciones que permitan el paso de ganado, y de gente a caballo, de tal manera que haya comunicación permanente por debajo de la carretera, entre las porciones de terrenos de RAN CHO LA MERCED S.A. a un lado y otro de la Carretera Costanera. D). Construcción del paso sobre la tubería de agua potable de mi representada, en condiciones de que RANCHO LA MERCED, S.A. pueda darle mantenimiento normalmente”, motivo por el cual, es a partir de aquí, que se opta por iniciar el cómputo de cualquier plazo, el que efectivamente transcurrió en perjuicio de la demandante, ya que no fue sino hasta el año dos mil, que el personero de la empresa inicia los reclamos por el incumplimiento del Estado. Como primera actuación tenemos la nota emitida con fecha 26 de mayo de 2000, dirigida al entonces Ministro de Obras Públicas y Transportes, en que reseña las inobservancias; luego, con fecha 5 de junio de ese mismo año, de nuevo acusa las omisiones, ahora, ante el personero de la empresa contratista, Bel Ingeniería. El 19 de julio del 2000, la administración le indica que su reclamo se encuentra en la Dirección Jurídica del Ministerio, y, posteriormente, el nuevamente el 20 de octubre de 2000, gestionó el reclamo administrativo y el agotamiento de la vía administrativa, lo que se resolvió, mediante el pronunciamiento número 6038 de trece horas del veinte de diciembre de dos mil. Como se observa, toda pretensión en el sentido apuntado prescribió, y por cuya virtud, la declaratoria realizada por el Juzgado a- quo merece mantenerse, así se tiene: primero de la petitoria principal: indemnización por destrucción de rótulo, casa de peones, valor de las cercas y no construcción de alcantarillas; segunda subsidiaria 1: tanque de agua por situación de peligro; tercera subsidiaria 2: valor de las cercas, destrucción de rótulo y no construcción de alcantarillas; subsidiaria 3: obligación de construir alcantarillas y cercas no construidas.-

VI. DE LA RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE DONACIÓN DE TERRENO Y PRESCRIPCIÓN.-

Ahora, bien un estudio aparte debe realizarse en relación con la petitoria denominado “Resolución por incumplimiento de convenio de donación de terreno la para construcción de la Costanera Sur, de 4 de febrero de 1983”. Es importante recordar que donación, es la “(…) transmisión gratuita y voluntaria, en cuanto al ánimo, y absoluta y definitiva, en cuanto a los efectos patrimoniales, que una persona hace de una cosa, que le pertenece, a favor de otro, que la acepta (…)”. (Guillermo Cabanellas. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial Heliasta, 1989. Tomo III, pág. 323). Sigue el autor exponiendo, que en relación con otros bienes, “(…) la donación se erige en contrato solemne. De ahí que deba otorgarse ante fedatario público la que se refiera: 1° a bienes inmuebles (…)” (ob. cit., pág. 324). En iguales términos, está estructurada nuestra legislación civil. Así, en el ordinal 1404 se establece, que por la donación se transfiere al donatario la propiedad de la cosa donada, y por cuya virtud, a tenor del artículo 459 inciso 1°, debe inscribirse en el Registro Público de la Propiedad. Ninguna de estas circunstancias ha sido acreditada en autos, ya que como se ha expuesto, lo que se dio entre Rancho La Merced Sociedad Anónima y el Estado, fue un “simple ofrecimiento de donación”, y así debe tenerse ya que nunca se materializó legalmente (escritura pública), y por ende, el “pretendido traspaso”, no llegó a feliz término, al punto, de que los inmuebles sujeto de este proceso al día de hoy pertenecen a la sociedad demandante, según el Registro Público de la Propiedad, (folio 73 del expediente principal) y por ello, no puede aceptarse que haya existido un “incumplimiento de convenio de donación”, ante la inexistencia del documento público en que se hubiere realizado la transmisión del fundo. Siendo así, y al no existir donación legal a favor del Estado, no existe ninguna resolución por incumplimiento debe ser declarado por este Tribunal. No obstante, aún y cuando se aceptara – cosa que se reitera no se admite -, para determinar si el reclamo se encuentra o no prescrito, debe atenerse al plazo decenal establecido en el numeral 868 del Código Civil, el que también venció en perjuicio de la accionante. Por lo anterior, la decisión del a-quo, de declararlo de esa forma respecto de la petitoria principal identificada como a), subsidiaria 1, inciso a), también debe avalarse.-

VII.- SOBRE EL PAGO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOSDecidido el tema de la prescripción, se entra al examen de las otras pretensiones, y que tienen relación, con el pago de los daños y perjuicios, con ocasión de la “faja de terreno donada”, así como la tomada de más, para la construcción de un canal de desagüe de aguas y para el levantamiento de taludes. En cuanto a este extremo, se tiene que el Juzgado de instancia, declaró prescritos también algunos extremos y acogió únicamente, el relativo a la zanja o canal realizado fuera del derecho de vía, estableciendo su indemnización, por un millón doscientos treinta y dos mil colones, aspecto éste sobre el que se alza el representante estatal, con argumentos, absolutamente inatendibles. No comprende este órgano colegiado, como el representante del Estado, puede realizar manifestaciones como las siguientes: “(…) Al estar establecidas por ley tales limitaciones a los administrados, no está dentro del ámbito de la autonomía de la voluntad de éstos decidir si cumplen o no, sobre todo si se toma en cuanta que priva la satisfacción del interés público sobre el particular."

Es necesario señalar que, éstas limitaciones en razón del interés público no implican necesariamente un deber correlativo de indemnización por parte del Estado (…)”. No escapa al conocimiento de este Tribunal, que el derecho a la propiedad no es absoluto, empero, no en los términos en que lo plantea el señor Procurador. Desde que dio respuesta a la demanda, invocó la prescripción alegando, en el hecho de un tercero, en forma literal dijo siguiente: “ Sin embargo, es lo cierto que a partir de la firma del documento del 4 de febrero de 1983 el Estado entró en posesión pública, pacífica y de buena fe de la franja de terreno sobre la cual reclama el actor, por lo que adquirió el derecho de propiedad sobre la misma (…)” (el destacado no es del original). Nada más alejado de la legalidad, y que denota únicamente, una oposición carente de fundamento por parte del ente estatal. Es un hecho irrefutable, que la Administración Pública (Ministerio de Obras Públicas y Transportes), para el cumplimiento de sus fines, requiere de bienes que están en manos de los particulares, algunas veces, los puede obtener por medio de contratos, cuando existe voluntad por parte del privado (administrado), de llegar a un acuerdo o negociación, conformándose con el monto otorgado para los efectos por la administración. En otras, necesita acudir a la expropiación (ante la resistencia del administrado) ello en respeto a del artículo 45 de la Carta Magna, en la cual se declara, la inviolabilidad de la propiedad privada. Tal y como se dijo, al no ser un derecho absoluto, debe ceder ante este instituto, sólo por causas de interés público las cuales deben estar legalmente comprobadas y, previo pago de la indemnización justa. Siempre se ha sostenido, que la expropiación forzosa, en aras del provecho estatal, como transferencia coactiva de la propiedad, previa cancelación de un resarcimiento, busca dejar a las partes en igualdad de condiciones a las que tenían antes de que se produjera el hecho, de modo tal, que el desposeído, con el precio que se le asigne, pueda al menos compensar en parte, lo que le ha sido quitado y que el Estado satisfaga el precio actual y real, evitando de este modo, un enriquecimiento injusto o ilícito, para cualesquiera de las partes involucradas. Por ello se ha determinado, que la expropiación “ (...) es un medio de solucionar y armonizar la situación antagónica entre dos intereses: el público y el privado, (...) aflora, pues, en el ámbito jurídico cuando se produce una incompatibilidad entre el interés del particular o administrado y el interés del Estado, representante de la colectividad, comunidad o sociedad (...) “, por lo que ha de concluirse, que la expropiación, es “ (...) el medio jurídico en cuyo mérito el Estado obtiene que un bien sea transferido de un patrimonio a otro por causa de utilidad pública, previa indemnización (...)” (Manuel Marienhoff. Tratado de Derecho Administrativo, Tomo IV. Abelardo Perrot. Buenos Aires, pp. 122- 123). Por más de que el interés de la colectividad esté de por medio, y que ciertamente, debe existir un reparto de las cargas públicas, cuando se toma la decisión de desposeer, son los particulares los más afectados; sin embargo, debe retribuirse la compensación (obligación de rango constitucional) como acto previo a la desposesión, otorgando como justiprecio, el suficiente y actual. Esta es la razón por la que la doctrina ha dicho, que “ (...) La indemnización al expropiado tiene su fundamento en el principio de igualdad ante la Ley en el reparto de las cargas públicas, según el cual quien se ve privado de su propiedad no debe sufrir él solo el perjuicio, sino que debe ser soportado y compartido por la colectividad beneficiada, de la que aquél también forma parte, compensando de esta suerte, la carga que supone la privación de la propiedad con la que implica su resarcimiento, mediante la adecuada indemnización (...) “ (S. del Tribunal Supremo de España de 21 nov. 1955 citada por Francisco Pera Verdaguer, ob. cit., pág. 43).-
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