Sede Académica, San José Hatillo






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XIII.- Se agrega además, que lo correcto y legal es que los terrenos que han sido tomados para la construcción de la carretera Costanera Sur, deban ser inscritos a nombre del Estado, libre de gravámenes y anotaciones, una vez satisfecha la indemnización dispuesta. En todo lo demás, se confirma el fallo combatido.-

POR TANTO:

Se REVOCA la sentencia apelada únicamente, en cuanto acogió las excepciones de prescripción y la de falta de derecho, respecto de los extremos que en esta oportunidad se reconocen, y en su lugar, se deniegan aquellas defensas. En consecuencia, se condena al Estado a pagar a Rancho La Merced Sociedad Anónima, la suma de doscientos veintiocho millones ochocientos mil colones (¢228.800.000.00), por concepto del terreno tomado para la construcción de la carretera Costanera Sur, monto que se desglosa así: por las 13,10 hectáreas, doscientos nueve millones seiscientos mil colones (¢209.600.000.00), y por los 12.000.00 metros cuadrados - tierra ocupada para la construcción de terrazas por los derrumbes a lo largo del derecho de vía -, diecinueve millones doscientos mil colones (¢19.200.000.00). Lo anterior, aunado a lo que se concedió por los 770 metros cuadrados para la construcción de la zanja o canal de desagüe – un millón doscientos treinta y dos mil colones (¢1.232.000.00) -, da un total de indemnización de doscientos treinta millones treinta y dos mil colones (¢230.032.000.00). Una vez cancelado lo anterior, inscríbanse dichos terrenos a nombre del Estado, libres de gravámenes y anotaciones, en el Registro Público de la Propiedad. En lo demás SE CONFIRMANOTIFÍQUESE.-

Cristina Víquez Cerdas Silvia Consuelo Fernández Brenes Sady Jiménez Quesada

V)- SOBRE EL PLAZO DE PRESCRIPCION PARA DEMANDAR LA NULIDAD DE UN INSTRUMENTO PUBLICO NOTARIAL, DE SU ASIENTO DE INSCRIPCION REGISTRAL Y CAUSALES DE SUSPENSION E INTERRUPCION: La prescripción extintiva (extinctive), negativa o liberatoria (ou libératoire) tiene por objeto tutelar el orden social y la seguridad en las relaciones jurídicas, se define como un lapso de tiempo establecido por el ordenamiento jurídico a efecto de reclamar un derecho y se fundamenta su existencia por motivos de seguridad jurídica, sus presupuestos esenciales son el transcurso del tiempo, la inercia del titular, y la voluntad del favorecido de hacerla valer bien sea por medio de una acción o de una excepción. Se caracteriza por eliminar una situación objetiva de incerteza, es un medio extintivo de las obligaciones, no es declarable de oficio sólo a petición de parte interesada, se puede renunciar tácita o expresamente siempre que no sea en forma anticipada, y se puede interrumpir y suspender. ( Ver en ese sentido la sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia Nº 120 de las 15:00 horas del 20 de julio de 1992. ). El sustento normativo de la prescripción civil se regula en los numerales 865 y siguientes del Código Civil, como una de las causas de terminación de las obligaciones y de fenecimientos de los derechos, por el transcurso del tiempo y el no ejercicio del mismo por su titular, de modo que la acción para hacerlo efectivo se extingue por la prescripción del derecho que lo sustenta. La prescripción ordinaria se establece en el ordinal 868 del Código citado, en el cual se indica que " Todo derecho y su correspondiente acción se prescriben por diez años. Esta regla admite las excepciones que prescriben los artículos siguientes y las demás establecidas expresamente por la ley, cuando en determinados casos exige para la prescripción más o menos tiempo.", corriendo el plazo de la misma, a partir del momento en que la obligación sea exigible (artículo 874 del Código Civil). En términos generales, la prescripción corre desde el día en que pudo haberse hecho valer el derecho o bien, lo que es lo mismo, desde que la acción o derecho haya nacido.". (Pérez Vargas Víctor. Derecho Privado. Litografía e imprenta Lil. 1994. Tercera edición. San José, Costa Rica, página 199.), no obstante la misma puede interrumpirse o suspenderse, lo cual constituye un impedimento de su curso que obsta el surgimiento de la situación exigible, de modo que cuando acaece la interrupción de la prescripción "el plazo comienza a contarse de nuevo sin que pueda sumarse el tiempo anterior a la interrupción."

. (Pérez Vargas Víctor, Op. Cit. página 203). Las causales de interrupción las establece expresamente los ordinales 875, 876 Y 879 del Código de rito, al indicar: ARTICULO 875.-

"Se interrumpe la prescripción positiva, cuando el poseedor es privado de la posesión de la cosa o del goce del derecho durante un año, a menos que recobre uno ú otro judicialmente. ARTÍCULO 876 .-

Toda prescripción se interrumpe civilmente: 1º.-

Por el reconocimiento tácito o expreso que el poseedor o deudor haga a favor del dueño o acreedor de la propiedad o derecho que trata de prescribirse; y 2º.-

Por el emplazamiento judicial, embargo o secuestro notificado al poseedor o deudor. ARTÍCULO 879.-

La prescripción negativa se interrumpe también por cualquier gestión judicial o extrajudicial, para el cobro de la deuda y cumplimiento de la obligación. Por su parte, en cuanto a la suspensión de la prescripción, "el derecho es ya exigible, ya ha nacido a la vida jurídica; sin embargo, el ejercicio de éste se llega a ver obstaculizado por la especial situación del sujeto o sujetos de la relación (...) se trata de casos en que la prescripción no corre (...) lo que da lugar a dos posibilidades: a) si la causa de suspensión es preexistente a la exigibilidad de la situación jurídica opera en forma análoga al llamado impedimento: el tiempo de la prescripción comienza a contarse desde el momento en que desaparezca la causa; b) cuando la causa de suspensión sobreviene, el período durante el cual subsiste la causa no se cuenta y se suma al tiempo sucesivo."

. ( Pérez Vargas Víctor, Op. Cit. página 201 y 202), por existir una imposibilidad para el ejercicio del derecho, las cuales son indicadas por el ordinal 880 del Código de rito, al disponer: " No corre la prescripción: 1º.-

Contra los menores y los incapacitados durante el tiempo que estén sin tutor o curador que los represente conforme a la ley. 2º.-

Entre padres é hijos durante la patria protestad. 3º.-

Entre los menores é incapacitados y sus tutores o curadores, mientras dure tutela o curatela. 4º.-

Contra los militares en servicio activo en tiempo de guerra, tanto dentro como fuera de la República. 5º.-

Contra la herencia yacente, mientras no haya albacea que hubiere aceptado. 6º.-

Contra los jornaleros y sirvientes domésticos, respecto a sus jornales o salarios, mientras continúen trabajando o sirviendo al que se los debe. 7º.-

A favor del deudor que con hechos ilícitos ha impedido el ejercicio de la acción de un acreedor. Por su parte, en cuanto a la prescripción para solicitar la nulidad del instrumento público notarial, al no existir plazo extintivo para la misma en leyes especiales, se regiría por el plazo común de diez años estipulado en el ordinal 868 citado y respecto a la nulidad del asiento de inscripción registral de dicha escritura pública, tendría un plazo de caducidad de cuatro años para impugnarlo (artículo 175 de la Ley General de la Administración Pública), por tratarse de un acto administrativo, además como refiere el artículo 472 del Código de comentario, únicamente podrá ordenarse la cancelación total del asiento registral de inscripción, si se extingue el inmueble objeto de la inscripción, o el derecho real inscrito o si se declara nulo el título inscrito. VI)- ANALISIS DEL CASO CONCRETO: Aplicado lo indicado a este proceso, es necesario establecer, si efectivamente acaeció la prescripción del derecho de accionar para reclamar la nulidad del instrumento público notarial otorgado a las diez horas del primero de mayo de 1989, ante el notario público Hugo Quesada Rivas, en la que el Instituto Mixto de Ayuda Social segregó y vendió un lote de su propiedad al señor Carlos Ramírez León, determinándose el momento a partir del cual comienza a correr para el aquí accionante, el plazo para reclamar su derecho e interponer en tiempo la acción. Tal y como se indicó, el plazo para reclamar su derecho es de diez años, corriendo el mismo a partir de su nacimiento, el cual ubicamos al momento de su inscripción registral, por ser este el acto que le dio publicidad erga omnes al instrumento notarial, es decir el día 23 de noviembre de 1989, tal y como consta en las certificaciones registrales de la propiedad en cuestión. Ahora bien, tomando como punto de partida dicha data, y en virtud de que se notificó a las partes de la presente acción, los días 19 y 20 de junio del 2001, tenemos que ya había transcurrido sobradamente el plazo supracitado. Resta por analizar, si acaeció alguna causal de suspensión o interrupción del plazo extintivo, teniendo para ello los alegatos y documentación aportada por la actora, en los que argumenta la causal de incapacidad o enfermedad como motivo de fuerza mayor. Vista la misma, tenemos que acorde al numeral 880 del Código Civil, las causales de suspensión son taxativas, numerus clausus, y como se desprende de su lectura, tal estado no tiene la virtud de enervar el plazo de acaecimiento de esta causal de extinción de los derechos. Por otro lado, la actora alcanzó la mayoría de edad el día 15 de diciembre de 1989, por ende, la causal de suspensión que indica el numeral 880 inciso primero del Código Civil, le enervaría el plazo, si hubiera demostrado que no tuvo tutor antes de dicha fecha, sin embargo aunque tomáramos como punto de partida para contabilizar la prescripción la fecha de la mayoría de edad, aun así, siempre se tendría por acaecida la misma. También, debe analizarse si los reclamos administrativos presentados por la gestionante pudieron servir como causales de interrupción de la prescripción, a lo cual debe responderse negativamente, porque al ser formulados a finales de junio del año 2000, y el 3 de enero del 2001, ya había acaecido la misma, esto así porque se debe contabilizar del primero de mayo de 1989 al primero de mayo de 1999, sin que pueda suspenderse o interrumpirse la ya cumplida, además, como quedó demostrado, en la confesional que rindiera la promovente, refiere no haber realizado gestión por escrito o comprobable de otra forma ante el Instituto Mixto de Ayuda Social en relación con la titulación del lote 70 entre 1989 y 1999.”

Clasificación elaborada por el Digesto de Jurisprudencia del Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Tomado del Sistema Costarricense de Información Jurídica el: 26/10/2011 1:50:04 PM

“VII - Finalmente, como se adelantó, en el primer motivo del recurso alega el defensor que, en virtud de la prescripción de la acción penal, debe declararse prescrita la acción resarcitoria, aplicando lo dispuesto en el artículo 871 del Código Civil; mientras que en los otros dos motivos de queja argumenta que no procede la condena civil, atendiendo a la atipicidad de las conductas atribuidas al imputado. Sobre este último tema, la Sala ya señaló, en el considerando anterior, que los actos del justiciable sí fueron típicos del delito de publicación de ofensas y causaron un daño patrimonial que debe ser indemnizado. En cuanto a la alegada prescripción de la acción civil, ha de transcribirse lo resuelto por esta Sala en la sentencia No. 861-02, de 10:00 horas de 30 de agosto de 2002:

“…  IV.- SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL HECHO PUNIBLE. DEROGATORIA TÁCITA DEL ARTÍCULO 871 DEL CÓDIGO CIVIL.- Posición anterior de la Sala.-

El artículo 871 del Código Civil dispone: “Las acciones civiles procedentes de delito o cuasidelito, se prescriben junto con el delito o cuasidelito de que proceden”. La Sala, en anteriores oportunidades, ha considerado que dicha norma resulta inconstitucional en la medida en que coarta el acceso a la Justicia de la víctima que sufrió un daño resarcible a raíz de un hecho penalmente ilícito y crea notorias situaciones de desigualdad respecto de otras personas que, no obstante reclamar –por ejemplo- meros incumplimientos contractuales o ilícitos civiles que no comprometieron su integridad física o bienes jurídicos de esa o distinta jerarquía, más trascendentes que el simple dato económico; gozan de un término mucho más extenso y susceptible de prorrogarse con mayor amplitud que aquel asignado a la acción penal de un sinnúmero de delitos (v. gr.: las lesiones graves prescriben en seis años y el término se reduce a la mitad en los supuestos que contempla la ley; frente a los diez años que como plazo ordinario de prescripción de las obligaciones determina el artículo 868 del Código Civil y que se interrumpe, entre otras razones, por cualquier gestión judicial o extrajudicial dirigida a lograr que se satisfaga la deuda). Consideraciones de tal naturaleza –junto a varias más que no interesa repetir aquí- movieron a este tribunal a plantear consultas a la Sala Constitucional acerca de si el artículo 871 vulnera derechos fundamentales, obteniendo -por votos de mayoría- una respuesta negativa (ver resumen de los distintos fallos en la sentencia dictada por los señores magistrados suplentes de la Sala Tercera, No. 112-2002 de 11,55 horas de 13 de febrero de 2002), aunque en su último pronunciamiento –y atendiendo a los argumentos que se invocaban en la consulta, relativos a la existencia del artículo 96 del Código Penal- hizo saber la Sala Constitucional que primero debía dilucidarse si el artículo 871 se halla o no vigente. Así, y en vista de lo que señalara el tribunal contralor de constitucionalidad (antes de su última resolución), esta Sala debió aplicar en forma literal lo dispuesto en el artículo 871 y ello implicó mantener el criterio de que la prescripción de la acción penal conlleva, en forma ineludible y automática , la de la acción civil (terminología que se utilizará también en adelante, a pesar de que no debe desconocerse la sustancial diferencia entre la “acción” como poder jurídico para reclamar la tutela de los tribunales y que, en tal carácter, es general, inalienable e imprescriptible; y el derecho de fondo que se invoca, parte de un vínculo obligacional: en este caso , un derecho de crédito surgido a raíz del daño producto del delito y que sí es susceptible de prescribir). A través del citado artículo 871 el legislador decidió establecer una excepción a las reglas ordinarias del plazo (decenal) para que los derechos prescriban negativamente, según lo dispone el artículo 868 del mismo texto: “Todo derecho y su correspondiente acción se prescriben por diez años. Esta regla admite las excepciones que prescriben los artículos siguientes y las demás establecidas expresamente por la ley, cuando determinados casos exigen para la prescripción más o menos tiempo”. Sin embargo, luego de un mejor análisis del tema , concluye la Sala que se impone variar aquí el criterio que se ha mantenido; esta vez sin recurrir a cuestiones de constitucionalidad, sino aplicando los principios que rigen la abrogación de las leyes (tema propio de los tribunales ordinarios y no de la Sala Constitucional) y ello permite establecer que la primera norma de cita (871) fue tácitamente derogada a través del Código Penal de 1970. Esto significa, en esencia, que el término por el que prescribe el derecho al resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de una conducta tipificada como punible (delito o contravención) es de DIEZ AÑOS y puede suspenderse o interrumpirse cuando concurran los supuestos que establecen el Código Civil, el Procesal Civil u otras leyes especiales aplicables. La Sala concluye de este modo luego de las reflexiones que se exponen de seguido. V.-

Fundamento histórico político del artículo 871 del Código Civil y diversa naturaleza del sistema que lo inspiró.-

En general, los ordenamientos jurídicos de raigambre occidental siempre han destacado el deber de reparar el daño producto de un hecho punible como uno de los efectos jurídicos que este acarrea; sin embargo, existen dos distintas concepciones sobre el modo en que el autor del delito –o contravención-, o bien el civilmente responsable, podrán ser obligados a resarcir. La primera, recogida a partir de antiguas instituciones por la etapa clásica del liberalismo democrático (teoría clásica) establece claras diferencias entre la pena (como efecto “natural” del delito, de carácter público y a cargo del Estado) y la reparación civil, de interés exclusivamente privado, cuyo único titular –y con facultad para reclamarla- es el ofendido o damnificado. En resumen, este sistema postula que no podrá declararse de oficio la responsabilidad civil del penalmente condenado, ni a pedido de otro que no sea el legítimo titular del derecho (ofendido o damnificado, o su representante) , por ser a aquel a quien –en forma exclusiva y por no hallarse comprometido en forma directa el interés estatal- incumbe decidir si planteará o no su reclamo. La segunda posición deriva del positivismo jurídico (teoría positivista) y considera que la responsabilidad civil por el delito no es de mero carácter privado. Existe un interés general de la sociedad de que el delincuente no solo cumpla una pena, sino también que repare los daños causados con su conducta. El Estado, por ende, debe velar por el cumplimiento de esos fines, obligando al responsable a resarcir, aun cuando no medie solicitud alguna del ofendido o damnificado, y en tal supuesto actúa en beneficio directo de este, pero en interés mediato de la sociedad entera; interés que, por definición, trasciende el plano individual. En este modelo, el juez penal está obligado a decretar la responsabilidad civil del imputado en la misma sentencia que lo declara autor de un delito y lo hará de oficio, es decir, aunque el titular del derecho al resarcimiento no se lo pida, o aun cuando nunca haya sido parte en el proceso.
VI.- Vigencia de los sistemas en el derecho nacional. - El derecho costarricense no escapó a los ámbitos de influencia de los dos sistemas contrapuestos que se han reseñado en el Considerando anterior y, de hecho, durante varias décadas imperó el modelo positivista (salvo el Código de Procedimientos Penales de 1910, antes de su reforma en 1937). Así, el Código Penal de 1880 –vigente en 1886 cuando se promulgó el Código Civil que aún nos rige- disponía en su artículo 25:“Toda sentencia condenatoria en materia criminal, lleva envuelta la obligación de pagar los daños y perjuicios que el delito ocasione por parte de los autores, cómplices , encubridores y demás personas legalmente responsables. También contendrán las sentencias condenatorias de costas procesales y personales, siempre que el juicio se haya seguido por acusación de parte que no sea el Ministerio Público. En las causas tramitadas de oficio o por acusación fiscal, solo contendrán esta última condenatoria, cuando a juicio de la autoridad, deba reagravarse la pena con ella”. Previsiones similares se reiteraron en textos legales posteriores: “Toda sentencia condenatoria en materia criminal lleva envuelta la obligación para los autores y cómplices de pagar los daños y perjuicios que el delito ocasione, determinará ser a cargo de los mismos las costas personales y procesales, siempre que el juicio se haya seguido por acusación de parte privada y declarará el comiso...” (Código Penal de 1924, art. 131); “Toda sentencia condenatoria en materia criminal produce las siguientes consecuencias: 1...; 2- La obligación de los responsables del hecho punible de pagar las costas procesales y cuando hubiere habido acusador particular, también las personales; 3- El comiso. 4- La obligación de restituir, reparar el daño e indemnizar los perjuicios provenientes del hecho punible...” (Código Penal de 1941, art. 120). Se obtiene de lo transcrito que todos los códigos que sucesivamente estuvieron en vigor (con la salvedad apuntada de un breve lapso del Código de 1910) recogieron la teoría positivista, ordenando la declaratoria oficiosa de la responsabilidad civil derivada del hecho punible, disponiendo (lógicamente, además) que las costas personales solo se le reconocerían al ofendido o damnificado si había intervenido como parte en el proceso promoviendo la acusación particular. Este sistema positivista constituye la fuente inspiradora del artículo 871 del Código Civil y solo bajo su perspectiva la norma resultaba coherente con el resto del ordenamiento. En efecto, si toda sentencia penal debía imperativamente pronunciarse sobre la responsabilidad civil del justiciable, sin posibilidad (ni necesidad) de acudir a otra vía (más que a una eventual ejecución), lo lógico y acorde con las exigencias del sistema era que ambas acciones (penal y civil) prescribieran en forma conjunta, como lo señala el referido artículo 871. De otro modo, se presentarían incongruencias tales como que el juez pudiese declarar al acusado autor del delito, pero no imponerle la responsabilidad civil (por hallarse prescrita) y ello significaría derribar todo el modelo y desconocer su fundamento básico de que igual interés social revestía la pena como la reparación del daño. Esta última viene a constituir, dentro de la lógica interna y la ideología que soportan el sistema, una especie de pena “adicional” –por así decirlo- a la de prisión y tan importante como ella (al extremo de que puede sustituirla en algunos casos de delitos leves). Puesto que ambas ameritan idéntico trato, las dos correrán la misma suerte –en lo que a prescripción se refiere-, y las vicisitudes que afecten a la acción penal (suspensiones, interrupciones) lo harán también respecto de la civil. Cosa distinta ocurre en el sistema clásico en el que, por depender de la voluntad del ofendido el decreto jurisdiccional de la responsabilidad civil y la escogencia de la vía en la que reclamará la tutela de su derecho, deviene innecesario –y además, inconveniente- que se sujete a ambas acciones a idénticas reglas de prescripción, desde que se admite la posibilidad de entablar una demanda ante los tribunales civiles sin que los hechos se discutan en sede penal y, en tales circunstancias , no tendrán cabida discusiones en torno a la acción punitiva, ni a las reglas por las que prescribe, se suspende o interrumpe.
VII.- La situación en el actual Código punitivo.-

Ahora bien, al promulgarse el Código Penal vigente (en 1970), el legislador pretendió –según parece- asumir una posición intermedia o ecléctica que, en último término, resquebrajó la unidad de ambos sistemas (positivista y clásico). Así, el artículo 103 –reiterando a sus predecesores- dispuso: “Todo hecho punible tiene como consecuencia la reparación civil, que será determinada en sentencia condenatoria; ésta ordenará: 1) La restitución de las cosas o en su defecto el pago del respectivo valor; 2) La reparación de todo daño; y la indemnización de los perjuicios causados tanto al ofendido como a terceros; y 3) El comiso”. Sin embargo, frente a dicho precepto (cuestionable por varias razones, entre ellas porque incluso la sentencia absolutoria puede pronunciarse sobre la responsabilidad civil) se encuentra el artículo 109 del mismo código, que señala: “Las obligaciones correspondientes a la reparación civil se extinguen por los medios y en la forma determinada en el Código Civil y las reglas para fijar los daños y perjuicios, lo mismo que la determinación de la reparación civil subsidiaria o solidaria, serán establecidas en el Código de Procedimientos Civiles”. Esta última norma (que, en realidad, tenía antecedentes en los Códigos Penales de 1924 y 1941) fracturó la lógica interna del modelo positivista, pues al remitirse a las disposiciones del Código Civil para determinar el modo en que se extinguirá el derecho al resarcimiento (entiéndanse, entre otras, las causas que suspenden o interrumpen la prescripción), desligó a la acción civil de las vicisitudes que en esta materia afecten a la penal y abrió con ello la posibilidad de que ambas fenezcan separadamente (v. gr.: todas las gestiones encaminadas al cobro de la deuda interrumpen la civil, mas no la penal que posee causales específicas con esa eficacia, las que, a su vez , no inciden en la primera). Se hizo cargo de especificarlo así el legislador cuando introdujo otra norma, esta vez sí novedosa –que no existía en las normativas anteriores-, y que se recoge en el artículo 96, párrafo segundo: “La extinción de la acción penal y de la pena no producirá efectos con respecto a la obligación de reparar el daño causado, ni impedirá el decomiso de los instrumentos del delito”. Aunque, en principio , podría parecer que tal previsión es armoniosa con lo dispuesto en el artículo 871 del Código Civil (asumiendo que este solo se refiere al plazo excepcional por el que prescribe el derecho y no a las formas de suspenderlo o interrumpirlo), lo cierto es que un mayor análisis evidencia que ambas disposiciones son absolutamente contradictorias, no solo desde la perspectiva literal (“la acción civil y el derecho a ser resarcido del daño prescribe junto con el delito de que procede”, versus: “la prescripción del delito –acción penal- no tiene ningún efecto sobre la del derecho a ser resarcido”), sino de la que concierne a los fundamentos históricos, políticos y jurídicos de los sistemas que se han estudiado. Los artículos 96 y 109 del Código Penal rompen, así , con el esquema positivista (fuente del 871 del Código Civil) y abren, de igual modo , la posibilidad de que el reclamo sobre las consecuencias civiles del delito pueda ejercitarse en vías distintas (lo cual no era necesario en aquel sistema y con la salvedad de que el juez civil se limitará a establecer la existencia del daño y su imputación al agente por el título que corresponda, no la tipicidad penal del hecho generador). La norma que, por último y en forma indiscutible, puso fin a cualquier resabio positivista en este tema (al menos en materia de delitos), es el artículo 399 del Código de Procedimientos Penales de 1973: “La sentencia condenatoria fijará las penas y medidas de seguridad que correspondan y resolverá sobre el pago de las costas. Dispondrá también, cuando la acción civil hubiera sido ejercida, la restitución del objeto material del delito, la indemnización de daños y perjuicios causados y la forma en que deberán ser atendidas las respectivas obligaciones. Sin embargo, la restitución del objeto material del delito podrá ordenarse aunque la acción no hubiera sido intentada”. Este precepto (equivalente al artículo 368 del Código Procesal Penal que rige en la actualidad), modificó al contenido en el 103 del Código punitivo, señalando que la sentencia de condena penal solo podrá pronunciarse sobre la responsabilidad civil cuando así haya sido demandado por el titular del derecho (a través de la acción resarcitoria) y nunca de oficio o por solicitud de otros órganos (como el Ministerio Público) en los que el ejercicio de la acción no fue delegada por el derechohabiente. VIII.-

El conflicto de normas.- Conviene ahora regresar al tema de si los artículos 96 del Código Penal y 871 del Código Civil son o no armoniosos. El punto requiere particular atención, pues de la respuesta que se obtenga dependerá decidir, no solo el extremo relativo a cuáles son los actos que interrumpen o suspenden la prescripción de la responsabilidad civil derivada del hecho punible (que podría suponerse fuera de toda duda, entendiendo que el artículo 109 del Código Penal señala que serán los que establece la ley civil, de manera que en términos generales , lo que acontezca con la acción penal –v. gr.: disminución del plazo a la mitad- en nada afecta a la civil), sino además el del plazo asignado para que prescriba el derecho al resarcimiento (o “acción civil”): si será el que corresponde a la acción penal del delito concreto que se investiga u otro. La Sala estima que, a la luz de lo que se ha venido exponiendo, necesariamente debe concluirse que las normas en estudio son contradictorias. En efecto, lo previera o no el legislador de 1970 (tomando en cuenta que en esa época se discutía también el proyecto de lo que sería el Código de Procedimientos Penales de 1973), lo cierto es que al negar toda eficacia a la prescripción de la acción penal (u otras formas por las que se extingue) sobre el derecho del ofendido o damnificado a obtener resarcimiento (y, en consecuencia , sobre el deber de satisfacerlo a cargo del civilmente responsable), introdujo una norma de carácter general que solo puede interpretarse en el sentido de que en ningún supuesto la extinción (entre otras causas, por prescripción) de la acción penal incidirá en la responsabilidad civil ; es decir, no se trata de un simple problema de que dicha responsabilidad pueda sobrepasar el término por el que prescribe la acción penal (a base de interrupciones o suspensiones más amplias y frecuentes de las que taxativamente pueden afectar a esta última); sino que ambos temas fueron completamente desligados y son incapaces, por ende, de sufrir mutua incidencia. En abono de lo dicho, conviene recordar que el artículo 871 –dentro del esquema positivista que representaba- partía de un vínculo indisoluble, automático e imperativo entre la prescripción de la acción penal y la correspondiente a la civil: eran idénticas, corrían la misma suerte, se decretaban en una sola sentencia y, en realidad, no había motivo lógico alguno para que no fuera así, desde que las responsabilidades que una y otra significan eran consideradas, a fin de cuentas, sanciones producto de un interés social que solo divergían en cuanto a su naturaleza, pero ambas al fin consecuencias “naturales” (y punitivas) del delito. El legislador de 1970 establece una ruptura absoluta con ese principio esencial recogido en el artículo 871 y niega (artículo 96 del Código Penal) que la prescripción de la acción penal surta efectos (cualquier efecto) sobre la responsabilidad civil derivada del hecho punible; es decir: precisamente lo contrario de lo preceptuado por el 871, que –por rigor de la lógica interna del sistema positivista seguido- igualaba ambas prescripciones o, para ser más precisos, disponía una sola para lo que se veía como dos consecuencias necesarias del delito, o dos modos de castigo que siempre habrían de concurrir si se verificaba un daño patrimonialmente cuantificable. Puesto que la extinción de la acción penal no surte ningún tipo de efectos sobre el derecho a ser resarcido (el legislador de 1970 se ocupó de exponerlo así, con suma claridad), parece insostenible el criterio de que sí los tiene a fin de determinar el término de la prescripción de la acción civil (es decir: que será el que corresponde a la acción penal de cada delito concreto, aunque se interrumpe y suspende por las causas que enumeran las leyes civiles).Esto no se aviene ni con la letra, ni con el “espíritu” de ninguna de las dos normas en conflicto, que parten de concepciones jurídico políticas contrapuestas. Para ilustrar lo incorrecto de una postura semejante, puede recurrirse al ejemplo de quien , ofendido por un hecho punible , lo denuncia pero no plantea acción resarcitoria en reclamo de la responsabilidad civil. En sede penal se declara prescrita la posibilidad de castigar la conducta y la víctima (que hasta la fecha no había realizado ningún acto interruptor, ni mediaron circunstancias que suspendiesen la prescripción de su derecho a ser reparado del daño) decide acudir a los tribunales civiles. Actuando con estricto rigor técnico jurídico –y según el criterio que se examina-, la responsabilidad que se pide declarar se hallaría prescrita, por haber transcurrido el término que deriva del artículo 871 (el mismo fijado para la acción penal del delito que corresponda). Sin embargo, esto significa, precisamente , negar la vigencia del artículo 96 del Código Penal , en cuanto dispone que la extinción de la acción penal no producirá efectos con respecto a la obligación de reparar el daño causado. En otras palabras: aunque transcurra el plazo por el que prescribe la acción penal, este hecho no significa –no conlleva, implica, produce o genera- que el derecho al resarcimiento de daños y perjuicios esté prescrito . Esta Sala concluye, entonces , que las dos previsiones legales que se examinan se encuentran en conflicto, por ser evidentemente contradictorias, disponiendo efectos opuestos sobre un mismo punto. Si bien los tribunales civiles –que también se han visto enfrentados a los conflictos que genera el artículo 871- sostienen, en resumen , que el plazo de prescripción de la responsabilidad civil por hecho punible depende de la vía que se escoja para reclamarla (ver en tal sentido las sentencias No. 227 de 15,05 horas de 18 de julio de 1990, No. 17 de 15,00 horas de 15 de abril de 1994; No. 92 de 15,25 horas de 9 de setiembre de 1994 y No. 754-F-2000, de 10,40 horas de 6 de octubre de 2000 ; todas de la Sala Primera de la Corte), este tribunal, respetuosamente , se aparta de tal criterio, pues considera que el plazo para que prescriba un derecho (obligación) no depende de tal escogencia. La prescripción, naturalmente, afecta a un derecho de fondo que es parte de un vínculo obligacional (en el caso que nos ocupa: el derecho de crédito surgido a raíz del daño producto de una conducta punible) y no solo a la posibilidad de ejercitar o materializar la acción ante un tribunal determinado –es más, esta puede ejercerse siempre, aunque con posterioridad se establezca la falta de derecho, o que se encuentra prescrito si se opuso la respectiva defensa-. Una vez que el vínculo obligacional prescribe , parece lógico suponer que esa condición ha de revestir ante todos los tribunales de la República, así como que el plazo es uno solo y no dos librados a la voluntad selectiva de una de las partes. Concluye la Sala, entonces, que el legislador de 1970 optó por eliminar toda excepción a las reglas ordinarias que sobre el extremo de extinguir las obligaciones existiese y reasumir las normas comunes (téngase en cuenta que los artículos aún vigentes del Código Penal de 1941 no se refieren a este tema concreto, sino a modos de establecer la responsabilidad); de manera que la accesoriedad de la acción resarcitoria (respecto de la penal) se restringe a cuestiones de forma ritual y, en particular, de oportunidad para su ejercicio y conocimiento, mas nunca al fondo de las obligaciones que se discuten. Por otra parte, es indudable que la principal excepción a las reglas ordinarias que, en materia de extinguir la responsabilidad civil por hecho delictivo, puede hallarse en nuestro ordenamiento, es la establecida en el artículo 871 que se comenta y aquí, de nuevo, admitir su vigencia contraría lo que el legislador ordenó por vía del artículo 96 del Código Penal. Vale acotar que este último cuerpo de normas no se ocupó de expresar ningún plazo específico para que prescriban las obligaciones que conforman la responsabilidad civil (uno que eventualmente –no en todos los casos- pueda trascender o superar al de la acción penal, según lo indica el artículo 96 y de allí que, incluso en el evento de que no se contase con las previsiones del 109, la única opción resultante es el plazo ordinario (decenal) que fija el artículo 868 del Código Civil. IX.-

Criterios de especialidad y temporalidad .- Como se expuso al inicio (Considerando IV) , en repetidas ocasiones esta Sala consultó a la Constitucional si el artículo 871 del Código Civil resultaba o no contrario a la Constitución Política. Así lo sugería la evidente desventaja que representa para el acceso de la víctima a la Justicia, el contar con un plazo de prescripción de seis años (eventualmente reducibles a tres) como límite para obtener la tutela de su derecho al resarcimiento de los daños y perjuicios producto de unas lesiones graves (por ejemplo), frente a los diez que le conceden las reglas civiles ordinarias para el reclamo de otras deudas de exclusivo carácter patrimonial, donde su integridad física o capacidad orgánica nunca sufrió mengua. El Tribunal contralor de constitucionalidad resolvió, como se dijo, indicando que la norma cuestionada no vulneraba la Carta Política y en su último pronunciamiento hizo saber que no le competía a ella definir si una norma se halla o no vigente. Esta Sala considera ahora que el problema y las múltiples ramificaciones que ha provocado (distinto trato a idéntico derecho de la víctima en los tribunales civiles y penales; disparidad de criterios; prescripciones desiguales en casos de concursos de delitos con penalidades diversas, etc.) , nunca ha obedecido a una deficiente o poco clara técnica legislativa, ni a falencias de constitucionalidad de las normas, sino que puede solucionarse recurriendo a los principios que regulan la abrogación de las leyes. En efecto, no se trata de establecer si el artículo 871 del Código Civil es (o fue) acorde o no con principios fundamentales, sino solo si está en vigor o derogado; tema que en efecto no compete dilucidar a la Sala Constitucional, sino a los tribunales ordinarios por ser de mera legalidad. El factor principal que impidió hallar soluciones adecuadas –más allá del simple intuir que algo incorrecto subyacía- fue la errónea e infructuosa pretensión de armonizar normas que resultan del todo incompatibles y obedecen a dos concepciones jurídico políticas absolutamente opuestas desde sus propios fundamentos esenciales. Así, el artículo 871 del Código Civil no solo fue coherente con el resto del sistema, sino que además permitió a la víctima (incluso sin su voluntad manifiesta) un acceso a la Justicia incomparablemente más fácil y desformalizado que aquel de que goza en la actualidad , mientras –y siempre que- los Códigos Penales se adhirieron al modelo positivista de la responsabilidad civil, de tal forma que los procesos punitivos aseguraban su derecho, garantizando que ninguna sentencia dejaría de pronunciarse de oficio sobre él, salvo en el momento en que el propio Estado careciese (por prescripción) de su potestad de perseguir y reprimir el delito y tomando en cuenta que el deber de reparar se concebía como una sanción junto a la pena. Al sustituirse el sistema positivista por el clásico, la norma que se comenta perdió toda coherencia con el resto del ordenamiento jurídico y, por considerársela o creérsela aún vigente, luego de ser una salvaguarda de los derechos de la víctima se convirtió en una barrera que frustra su acceso a la Justicia y, en muchas ocasiones, se la niega , dado que constituye un elemento extraño a los nuevos fundamentos político jurídicos que asumió el legislador, en rescate del carácter mínimo de las consecuencias punitivas y descartando un interés propio del Estado en la reparación del daño privado (al extremo de sustituir la voluntad del titular del derecho). Puesto que en los Considerandos que preceden se ha hecho hincapié en lo contradictorio e inconciliable de las previsiones contenidas en los artículos 871 del Código Civil y 96 del Penal, así como en las características particulares –y opuestas- de cada uno de los esquemas a los que obedecen, resta solo examinar el tema de los principios que rigen la abrogación de las leyes. Respecto del temporal, está fuera de toda duda que el Código Penal (1970) prevalece sobre el Civil (1886) y el punto no amerita mayores reflexiones. En cuanto a la especialidad, ha de tenerse presente que el Civil constituye la fuente general que regula la responsabilidad civil. Dejando de lado el hecho de que el artículo 868 del cuerpo de normas de cita reconoce, de por sí , la especialidad de las leyes que determinen plazos o cómputos particulares de prescripción; lo cierto es que en materia de las consecuencias civiles del hecho punible, el Código Penal y otras leyes del mismo ámbito (cual la de estupefacientes, por ejemplo) son especiales. En su momento (1886) , el legislador optó por trasladar al Código Penal la tarea de determinar el plazo de la prescripción de las obligaciones civiles que derivan de los hechos punibles; sin embargo, en 1970 decidió eliminar esas circunstancias excepcionales y reasumir las reglas ordinarias que establece, no solo en cuanto a interrupciones y suspensiones, sino en cuanto al plazo mismo (decenal), el Código Civil. Así las cosas, estima la Sala que el artículo 871, de repetida cita, fue tácitamente derogado por el 96 del Código Penal, habida cuenta del conflicto entre ambas normas y por razones de ley posterior y especialidad. X.-

Distinción de los criterios del Tribunal de Casación y de la Sala Tercera Suplente .- En sentencia No. 492-F-98 de 13 de julio de 1998, el Tribunal de Casación Penal se refirió al problema que plantea el artículo 871 del Código Civil, al relacionarlo con el 96 del Código Penal. Aunque no incursionó en el tema de la derogatoria tácita, señaló en resumen: que la prescripción de la acción civil no es declarable de oficio, sino solo cuando se plantea la correspondiente defensa, por lo que el juez puede disponer la condena civil y la absolutoria penal (por prescripción) si no se excepcionó en cuanto la primera. También hizo ver que “... lo que prescribe junto con el delito es la posibilidad de accionar civilmente dentro del proceso penal, pero una vez en curso ambas acciones, cada una se regirá por sus normas particulares, en lo que se refiere a la declaratoria de prescripción...”, por lo que, en síntesis, las reglas por las que se interrumpe el término para que prescriba la acción resarcitoria son las que establece el Código Civil y no la ley penal o la procesal penal. Un criterio similar sostuvo la Sala Tercera de la Corte (integrada por los señores magistrados suplentes) en el fallo No. 112-2002 de 11,55 horas de 13 de febrero del año en curso. En breve resumen, se admite la vigencia del artículo 871 del Código Civil, pero se estima que lo que resulta igual para ambas acciones (civil y penal) es el plazo ordinario fijado por la ley punitiva para la última (es decir, que la responsabilidad prescribe en el mismo tiempo que corresponde a la acción penal de cada delito); pero no comparten las reglas “... propias de la prescripción de cada acción porque en ese sentido son independientes y las vicisitudes de la prescripción de la acción civil, como las restantes causales de extinción de la obligación de reparar, se rige por lo que al efecto dispone el Código Civil”; de suerte que, por ejemplo , cuando el Código Procesal Penal dispone que el plazo de prescripción se reduce a la mitad en ciertos supuestos, tal norma no afecta en modo alguno a la acción civil, que seguirá gozando del término original. Los suscritos Magistrados comparten parcialmente las soluciones planteadas en las referidas sentencias, pues estiman que, en efecto , los motivos que suspenden o interrumpen la prescripción de la acción civil no son los que la ley establece para la penal y ambas poseen un régimen distinto. Sin embargo, se estima que para arribar a esta conclusión, no es posible invocar solo el artículo 109 del Código Penal (que, a fin de cuentas, fue retomado de otros códigos anteriores que siguieron el sistema positivista) y, asímismo , que el problema va más allá de los actos interruptores y suspensivos y concierne, por las razones tantas veces explicadas, al conflicto de las normas y al plazo por el que prescribe la responsabilidad civil, que también ha de entenderse desligado del que se asigna a la acción penal. El criterio de la derogatoria tácita demuestra ser el que mejor se aviene con los principios que rigen la abrogación de las leyes, con los fundamentos político-jurídicos de las normas en conflicto y el único útil para resolver en forma completa y coherente la problemática que a nivel jurisprudencial ha prevalecido hasta la fecha. Conviene apuntar que esta postura (de la derogatoria tácita) no es del todo extraña en nuestro medio y ha sido al menos señalada por algún autor (así: Zúñiga Morales, Ulises, Código Penal revisado y actualizado, IJSA, San José, 2000, Nota al art. 96, p. 60 ). XI.-

Algunas conclusiones de interés.-

A partir de los razonamientos expuestos , pueden extraerse las siguientes conclusiones generales que la Sala estima prudente señalar , a fin de evitar eventuales equívocos que pretendan sustentarse en lo que aquí se indicó: a) el artículo 871 del Código Civil fue tácitamente derogado por el 96 del Código Penal. b) No es posible ninguna condena a reparar daños y perjuicios, en materia de delitos, si no se ejerció la acción civil resarcitoria (y salvo lo dispuesto en cuanto a la restitución y el comiso, según lo indica la ley). c) La acción penal y la civil derivada del hecho punible no prescriben de manera conjunta y poseen reglas diferentes: la primera se rige por las normas contenidas en el Código punitivo y en el Procesal Penal (que, valga aclarar , no derogó el citado artículo 96 ni se inmiscuyó en cuestiones relativas al derecho de fondo del damnificado) y la prescripción de la acción civil se remite a las normas ordinarias que establece el Código Civil. d) El término para que prescriba la “acción civil” a fin de reclamar las consecuencias civiles del hecho punible –con prescindencia del ilícito de que se trate y de la sede que se escoja, incluida la penal- es el ordinario fijado en el artículo 868 del Código Civil: DIEZ AÑOS, pues la causa excepcional que establecía el artículo 871 es precisamente la que se entiende derogada, con todos los efectos que ello apareja. e) Los actos que suspenden o interrumpen la “prescripción de la acción civil resarcitoria” no son los que contemplan las normas penales (ahora solo de carácter procesal, a partir del código de 1996), sino los que determina el Código Civil, en lo que resulten aplicables por su compatibilidad con el diseño del proceso penal, entre ellos los descritos en los artículos 879 y 880 de dicho cuerpo normativo, en concordancia con lo regulado en el Código Procesal Civil (artículos 206 y 217), u otras leyes especiales (v. gr.: Ley de la Jurisdicción Constitucional). Así , por ejemplo, interrumpirán el plazo decenal –y comenzará a correr íntegro de nuevo-, toda gestión judicial para el cobro de la deuda y cumplimiento de la obligación, tales como la solicitud de constituirse como parte actora civil –siempre que no se declare inadmisible, se desista de ella o se absuelva al demandado en sentencia, debiendo entenderse, desde luego , que dicha absolutoria se refiere al extremo civil y no al penal, pues esta última no entraña que deban necesariamente declararse sin lugar las pretensiones resarcitorias, si concurren normas sustantivas que imponen la responsabilidad-; la conciliación –en la que se pacte alguna forma de resarcir- posee idéntico efecto, pues el ofendido trata de obtener el cumplimiento de la deuda; y lo mismo sucede con las manifestaciones que rinda dando noticia de que el justiciable incumple lo pactado y solicitando se continúe con el proceso. Existirán otros supuestos que deberán examinarse caso por caso, con apego a las reglas generales que se comentan y también debe destacarse que el recurso a las normas de orden civil se restringe a determinar el plazo y los motivos que interrumpen o suspenden el cómputo de la prescripción, por lo que en cuanto a la forma, el trámite y las demás condiciones de la acción civil resarcitoria , ha de estarse a lo que dispone el Código Procesal Penal. Por su particular interés, debe la Sala reiterar su criterio de que la reducción a la mitad -por una única vez- del plazo ordinario por el que prescribe la acción penal (cuando concurre el primero de alguno de los supuestos que la ley taxativamente contempla) no incide de ningún modo en la acción civil, por tratarse de regímenes e institutos diferentes que solo por razones de celeridad y economía procesal se tramitarán de manera conjunta. f) Los juzgadores penales deben pronunciarse respecto de las pretensiones civiles planteadas en la acción resarcitoria –acogiéndolas o denegándolas-, aunque se determine en sentencia (luego del debate y la fase deliberativa) que la acción penal se halla prescrita. En estos supuestos, lo que resulta de interés es salvaguardar los derechos del accionado civil, quien pudo –mediante la concreción de la demanda en la audiencia y el planteamiento de las pretensiones y defensas o excepciones- ejercer plenamente su defensa y el contradictorio. Desde luego, la prescripción de la acción civil no es declarable de oficio. En los demás supuestos, de sobreseimiento por prescripción de la acción penal sin que se hubiere concretado la demanda resarcitoria en debate (y sin el consecuente pleno ejercicio de la defensa por el accionado, incluida la fase de conclusiones), habrá de remitirse a las partes a la vía civil, si estas a bien lo tienen. En tales hipótesis, como se observa, ha de asegurarse la inviolabilidad de la defensa de los sujetos interesados y el sometimiento del juzgador a las restricciones legales en cuanto al objeto del proceso civil. g) Desde luego, cuando se determine en sentencia absolutoria que la conducta no es punible, pero subsiste alguna forma de responsabilidad civil (v. gr.: objetiva, por “dolo” o culpa “civiles”, negligencia, impericia , deber “in vigilando”, etcétera, o a partir del injusto penal o, para ser precisos , causas de inculpabilidad), el término de prescripción es y siempre ha sido de DIEZ AÑOS , por no tratarse de consecuencias civiles de un “hecho punible”, sino de mera responsabilidad civil extracontractual y los juzgadores penales tienen la potestad (poder-deber) de pronunciarse en cuanto a ella, siempre que la demanda resarcitoria haya sido ejercida. h) Los juzgadores penales deben resolver las pretensiones civiles formalmente planteadas y no pueden remitir a las partes a otra vía, salvo en los casos de excepción que se deducen de la ley”. Las reflexiones transcritas son aplicables en este asunto y significan que el plazo decenal de prescripción de la acción para demandar el resarcimiento del daño causado por el delito, nunca llegó a transcurrir , de suerte que las condenas civiles impuestas al justiciable y la “Sociedad Periodística Extra, Limitada” se apegan a derecho y han de mantenerse, pese al sobreseimiento ordenado en el Considerando V de esta sentencia. Por lo dicho, se rechazan las protestas.”

Clasificación elaborada por el Digesto de Jurisprudencia del Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Tomado del Sistema Costarricense de Información Jurídica el: 26/10/2011 1:55:17 PM

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