José María Garcia vs José Luís Roca






descargar 69.28 Kb.
títuloJosé María Garcia vs José Luís Roca
página1/2
fecha de publicación15.06.2016
tamaño69.28 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Ley > Documentos
  1   2
José María Garcia vs José Luís Roca

STC 105/1990, de 6 de junio de 1990

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Francisco Tomás y Valiente, Presidente, y don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Carlos de la Vega Benayas, don Jesús Leguina-Villa, don Luis López Guerra y don Vicente Gimeno Sendra, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 1695/87, interpuesto por don José María García Pérez, representado por el Procurador de los Tribunales don Juan Pérez Mulet y Suárez, bajo la dirección letrada de don Manuel Jiménez de Parga, contra Sentencia de 25 de noviembre de 1987 de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Han comparecido don José Luis Roca Millán, representado por el Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén, y bajo la dirección letrada de don Andrés Jiménez Yera, y el Ministerio Fiscal, y ha sido Ponente el Magistrado don Luis López Guerra, quien expresa el parecer de la Sala.

I. Antecedentes

1. Con fecha 17 de diciembre de 1987, el Procurador de los Tribunales don Juan Luis Pérez Mulet y Suárez, en nombre de don José María García Pérez, interpone recurso de amparo constitucional contra la Sentencia de 25 de noviembre de 1987, de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Zaragoza, por la que se condenaba al señor García Pérez a la pena de dos meses y un día de arresto mayor y multa de 30.000 pesetas por un delito de desacato.

Los hechos de que deriva la demanda son, resumidamente, como sigue:

El condenado, periodista deportivo, difundió, por las emisoras de una cadena de radio, información referida a la percepción improcedente, por parte de don José Luis Roca, Presidente de la Asociación Española de Fútbol, y Diputado de las Cortes de Aragón, de determinadas dietas satisfechas por éstas, ya que, sin hacer viaje alguno, cobraba los gastos de imaginarios desplazamientos desde Alcoriza (Teruel) a Zaragoza, aun cuando residía en esta última ciudad. El Ministerio Fiscal presentó querella por estos hechos, por un presunto delito de desacato calumnioso a las Cortes de Aragón y al señor Roca como Diputado de las

mismas.

El Juzgado de Instrucción núm. 2 de Zaragoza dictó en su momento Auto por el que se acordaba el archivo de las correspondientes diligencias previas, al no aparecer en las mismas hechos constitutivos de infracción penal. Presentado recurso de reforma por el Ministerio Fiscal fue desestimado por el Juzgado. Planteada apelación fue estimada por la Audiencia Provincial de Zaragoza, que ordenó la continuación del procedimiento.

Seguido éste, el Juzgado núm. 2 de Zaragoza dictó Sentencia absolviendo libremente a don José María García. Apelada por el Fiscal la Sentencia absolutoria, fue revocada por la Audiencia Provincial, que dictó resolución condenatoria.

2. Mantiene el recurrente que esta última resolución vulnera derechos reconocidos cn los arts. 20.1 d) (en relación con el 20.4) y 24.1 de la Constitución.

La violación del art. 20.1 d) C.E., resulta de haberse basado la Sentencia de la Audiencia de Zaragoza como premisa obligada para su fallo condenatorio, en una interpretación errónea del derecho de libertad de información, en cuanto es contraria esa interpretación a la desarrollada por este Tribunal Constitucional en sus SSTC 104/1986, 165/1987 y 159/1987. Alega el recurrente que la Sentencia impugnada desconoce (quizás con infravaloración del Tribunal) la jurisprudencia constitucional citada; pero, además, vulnera el derecho fundamental en cuestión. La Sentencia de la Audiencia afirma que «en ningún caso debe prevalecer aquella valoración de la crítica cuando las expresiones y conceptos traslucen un propósito de vejar la imagen pública del desacatado que atente contra la dignidad de la función o de la dignidad de quien la ostenta». Pero el valor preferente en su máximo nivel de la libertad de información se da en el presente asunto, ya que 1) La crítica fue formulada por un profesional de la información; 2) Se utilizó un vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública, y 3) La información se refería a una personalidad pública. No obstante, la Audiencia no efectúa una ponderación entre los derechos en conflicto (libertad de información y derecho al honor), sino que sólo se fija en los límites a la libertad de información establecidos en el art. 20.4 C.E., frente a la adecuada ponderación efectuada por la Sentencia, revocada, del Juzgado de Instrucción. La denuncia de una irregularidad cometida por un Diputado de las Cortes de Aragón es el fruto del cumplimiento del deber del informador, que, con este servicio, contribuye a la formación de la opinión pública, institución fundamental del Estado democrático, que los Poderes Públicos tienen especial obligación de proteger.

La violación del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 C.E. resultaría de no haber obtenido el recurrente respuesta a su alegación incardinable en el art. 8.11 del Código Penal. El periodista, desde el primer momento, afirmó que con su denuncia pública se limitó a cumplir con su deber de informador. Pero la Audiencia no dio respuesta alguna a esta alegación, incardinable en el art. 8.11 C.P., relativo al «que obra en cumplimiento de un deber». La Audiencia no hizo nada por completar la investigación judicial sobre los hechos denunciados por el periodista, y lo mismo ocurre respecto del Fiscal, que no solicitó ninguna diligencia para esclarecer los hechos denunciados.

En virtud de todo ello suplica se otorgue el amparo constitucional; se declare la nulidad de la Sentencia de 25 de noviembre de la Audiencia Provincial de Zaragoza; se reconozca el derecho de libertad de información y el derecho de tutela judicial efectiva, y se restablezca al recurrente en la integridad de sus derechos y libertades. Por otrosí solicita la celebración de vista oral.

3. Por providencia de 13 de enero de 1988, la Sección Cuarta de este Tribunal (hoy Sección Segunda) acordó admitir a trámite la demanda de amparo, así como requerir al Juzgado de Instrucción núm. 2 y Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Zaragoza para que, en el plazo de diez días, remitieran testimonio de los autos relativos al presente caso, emplazándose por los citados órganos judiciales a quienes fueron parte en los correspondientes procesos para que, si lo deseasen, en el mencionado plazo de diez días, se personasen en el proceso constitucional.

Con fecha 25 de enero de 1988 tiene entrada escrito del recurrente, por el que suplica al Tribunal acuerde la suspensión de la resolución recurrida, ya que, de lo contrario, se ocasionaría un perjuicio que haría perder al amparo su finalidad. La Sección, por providencia de 25 de enero siguiente, acordó formar la correspondiente pieza separada para la sustanciación del incidente. El 7 de marzo de 1988 la Sección acordó tener por recibidos los testimonios requeridos, tener por personado y parte, en nombre y representación de don José Luis Roca Millán, al Procurador don Argimiro Vázquez Guillén, así como no acceder a la celebración de vista oral, por no considerarlo necesario, y, finalmente, concede un plazo común de veinte días al Ministerio Fiscal y Procuradores señores Pérez Mulet y Suárez, y Vázquez Guillén, a fin de que formularan las alegaciones que estimaran pertinentes.

4. Presenta las suyas la representación de don José Luis Roca Millán el 29 de marzo de 1988. Manifiesta, tras resumir los antecedentes del caso, que el recurrente no viene sino a establecer una especie de comparación entre los razonamientos jurídicos del Juzgado de Instrucción y los de la Audiencia Provincial de Zaragoza; pretendiéndose, en suma, que estuvo acertado el Tribunal inferior, con lo que se tiende a convertir el amparo en una mera instancia para que sea el Tribunal Constitucional el que entre en la valoración de qué Tribunal acertó en la apreciación de la prueba, y, en definitiva, en el señalamiento de las premisas fácticas, base del juicio lógico-jurídico que constituye la Sentencia: cuando es sólo, en vía ordinaria, al Tribunal ad quem a quien le compete fijar, definitivamente, el factum soporte de los razonamientos jurídicos.

Entrando en el análisis de los dos motivos de amparo aducidos por el recurrente, indica la representación del señor Roca, tras examinar la doctrina de este Tribunal, que, en cuanto a la vulneración del derecho reconocido en el art. 20 C.E., en los supuestos de colisión de los derechos fundamentales de libertad de expresión e información, es lo cierto que no cabe hablar de prevalencia o supremacía de un derecho sobre el otro, sino que en cada caso concreto, los Tribunales habrán de fijar, en los caso de colisión, cuál de los derechos debe prevalecer en cada lugar. Y esto es lo que ha hecho la Sentencia de la Audiencia, que examina, compara y matiza el derecho de crítica y la limitación que puede imponer el del honor, cuando el ataque a éste se hace con el ánimo de vejar la imagen pública de quien se ofende, en este caso, revestido de autoridad. La Audiencia ha partido de los hechos que ha sentado como probados, y ha establecido el adecuado razonamiento, siendo tendenciosa la afirmación del recurrente en el sentido de que la Audiencia sienta que «en ningún caso debe prevalecer aquella valoración de la crítica», ya que en su contexto tal frase no tiene el sentido que el recurrente le da. No puede afirmarse que la Audiencia haya cometido una omisión ponderativa, puesto que ha manejado los derechos en conflicto.

Pero, además, lo que se ha ventilado en el proceso no ha sido el derecho a la libre información, sino la realidad del derecho de crítica. No es el derecho previsto en el art. 20.1 d) C.E. el examinado, sino el establecido en el art. 20.1 a) de la misma, ya que la Sentencia se preocupa de señalar el despliegue de una verbosidad plena de desprecio y deshonra con frases ofensivas y de burla constante, concluyendo que esa conducta representa vejamen y menosprecio grave. No es, por tanto, sólo por emitir información por lo que se condena, sino por traspasar los límites del derecho de crítica. De todas maneras, tampoco el derecho de información fue correctamente ejercitado.

El segundo motivo de amparo se funda en la violación de la tutela judicial efectiva por no haber obtenido el recurrente respuesta a su alegación incardinable en el art. 8.11 del Código Penal. Pero la figura delictiva por la que el recurrente resultó condenado se incardina en el art. 244 del Código Penal, y el Sr. García nunca hizo referencia a la exceptio veritatis, por lo que ahora no puede, so pena de incurrir en una grave incongruencia, alegar la falta de tutela judicial a un derecho que no ha ejercitado, lo que priva de contenido constitucional al motivo señalado. Si hubiera alegado la exceptio veritatis, el Tribunal hubiera entrado a estudiarla. Pero, en cualquier caso, la Audiencia estimó que el acusado (y luego condenado) no había logrado acreditar debidamente el hecho criminal imputado, pues no era suficiente a tales efectos haber aportado certificación de empadronamiento en la ciudad de Zaragoza. La exceptio veritatis, en cuanto supone la afirmación de un hecho positivo, implica que sea el que lo alega quien deba probarlo, lo que no ha sido el caso: y no sólo en el procedimiento de que trae causa el presente, sino en otros varios procedimientos en trámite en otros Juzgados. Finalizar las alegaciones con unas buenas consideraciones sobre la conducta del actor, poniendo de manifiesto que es pública y notoria la persecución verbal a que somete el Sr. García al Sr. Roca; que las expresiones del primero son, no sólo ofensivas, sino también cargadas de sarcasmo e ironía: y que ello revela un animus que escapa a la mera crítica para entrar en el terreno de la ofensa. Y, precisamente por todo ello, los hechos se convierten en una actitud de claro vilipendio, para ofender al destinatario de la crítica. La Constitución no ampara al hoy recurrente para decir lo que tenga por conveniente, veraz o mentiroso, justo o injusto. Para concluir, no se debe hablar de cumplimiento de un deber y correlativa violación del derecho a la tutela judicial efectiva cuando lo que se ha sentado por el Tribunal es el abuso de la función de periodista para ofender a otra persona. Por todo ello se suplica a la Sala desestime la demanda de amparo presentada.

5. Con fecha 30 de marzo de 1988, tiene entrada el escrito de alegaciones del recurrente en el que primeramente manifiesta ratificarse en lo expuesto en su escrito de demanda y procede a invocar la doctrina del Tribunal Constitucional contenida en Sentencias de fecha posterior a la demanda indicada y, concretamente, la Sentencia de 21 de enero de 1988. Destaca el escrito que en estas Sentencias se distingue entre la libertad de expresión y la libertad de información, se destaca el carácter de derecho fundamental preponderante de la libertad de información, y, finalmente, el amparo que debe concederse a la información rectamente obtenida y difundida aun cuando su total exactitud sea controvertible.

Prosigue el escrito señalando, en cuanto al primer punto, que la Audiencia de Zaragoza insistió en considerar el presente caso como si fuese uno en el que debiera aplicarse la libertad de expresión cuando nos hallamos, por el contrario, ante una violación del derecho de libre información, de acuerdo con las consideraciones de la Sentencia invocada. En la doctrina contenida en esta Sentencia hay que concluir que el recurrente ejercía su derecho de libertad de información, pues es claramente preponderante en su programa deportivo comunicar unos hechos cometidos por el Presidente de la Federación Española de Fútbol, y debe recordarse que en la Sentencia mencionada se manifiesta que «este valor preferente alcanza su máximo nivel cuando la libertad es ejercitada por los profesionales de la información a través del vehículo institucionalizado de formación de opinión pública que es la prensa, entendida en su más amplia acepción». Continúa las alegaciones señalando que no se ponderó en la forma que el T. C. requiere el conflicto de derechos fundamentales, esto es, libertad de información y derecho al honor, ya que ni siquiera se tiene en cuenta que estaba en juego el derecho preferente de libertad de información. Además, se ha violado esta libertad porque en la resolución judicial contra la que se recurre en amparo no se valoró como tenía que haberse hecho, la intención predominante de informar así como la denuncia de algo que, al margen de su valoración jurídica, era social y deportivamente criticable. En tercer lugar, se señala la improcedencia de la exigencia de la verdad como condición para el reconocimiento del derecho de libre información. En efecto, la diligencia exigida por la doctrina constitucional para obtener información se dio en el proceder del periodista José María García. No imputó al Presidente de la RFEF nada que no le constara; denunció hechos importantes, y José María García realizó su comentario en forma profesionalmente correcta.

Continúa el escrito señalando la improcedente exigencia de un lenguaje riguroso y sin excesos. Se nota, se dice en la Sentencia contra la que se recurre en amparo, una preocupación por el empleo en la información deportiva, de un lenguaje riguroso como si se tratase de la reseña de un acto académico. Pero en un programa deportivo debe aceptarse que el profesional utilice expresiones y adjetivos que serían malsonantes en otros ambientes. Los Jueces no tienen por qué convertirse en jurados de méritos literarios. Y además, invocando al Juez norteamericano Brennan, en la Sentencia del «New York Times», versus Sullivan «algún grado de abuso es inseparable del propio uso de cada cosa y en ninguna instancia es más verdad que en la prensa».

Procede el escrito a continuación a remitirse a la Sentencia Lingens, de 8 de julio de 1986 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en que, entre otras consideraciones, el Tribunal Europeo rechaza de forma expresa la opinión de que la misión de la prensa consiste en comunicar informaciones dejando su interpretación al lector, es decir, divulgar hechos sin valorarlos ni opinar. Si existe una diferencia entre comunicar hechos y manifestar opiniones, por otra parte, no puede exigirse una prueba completa de la verdad a quien se limita a emitir opiniones y una consideración similar ha de hacerse cuando haya informaciones que mezclen valoraciones y hechos. Por último, invocan la STC 159/86, de este Tribunal Constitucional (asunto Egin) en que se proclama el derecho de los ciudadanos a contar con una amplia y adecuada información respecto de los hechos, que les permita formar sus convicciones ponderando opiniones diversas e incluso contrapuestas.

Concluye el escrito señalando que la posición preferencial del derecho fundamental reconocido en el art. 20.1 C.E., exige una rigurosa ponderación de cualquier norma que coarte su ejercicio, así como que cabe presumir que don José María García actuó con ánimo de informar. En el presente caso es necesario diferenciar entre los hechos contrastados y denunciados por don José María García y el comentario que sobre ellos realiza este profesional del periodismo. Los primeros no plantean problemas. La verificación de la fuente opera como causa de justificación. Y debe también presumirse que este periodista actuó con ánimo de informar cuando hizo juicios de valor, porque su función social es difundir noticias contrastadas y contribuir a crear una opinión pública libre. Por todo lo cual suplica se dicte Sentencia estimándose el recurso de amparo.

6. El Ministerio Fiscal, en su escrito de alegaciones, procede primeramente a exponer los hechos que han dado lugar al amparo. A continuación y en lo que se refiere a la vulneración del art. 20.1 de la Constitución, señala que entiende que la Sentencia que se impugna efectúa la ponderación exigida por la doctrina del Tribunal Constitucional pues dedica el fundamento jurídico 2.º exclusivamente al referido tema.

No obstante, entiende el Fiscal que las imputaciones realizadas por el Sr. García quedan amparadas por el art. 20.1 de la Constitución, como se deduce de la doctrina del Tribunal Constitucional, ya que la información dada ha de reputarse información veraz, al menos en lo referente al empadronamiento en una ciudad distinta de la que se afirma como residencia habitual a efectos de la percepción de dietas por desplazamiento, en cuanto que el periodista ha acreditado una suficiente diligencia que excluye lo que en la doctrina norteamericana se denomina actual malice.

Continúa el Ministerio Fiscal haciendo referencia a los principios sentados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Lingens. Y prosigue en el sentido de que la libertad de crítica tiene sus especiales peculiaridades cuando se dirige a personas públicas. El Tribunal Constitucional ha reconocido ya que los personajes políticos han asumido voluntariamente el riesgo de verse criticados por sus conciudadanos, lo que también es corroborado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la Sentencia citada. Y a la luz de toda esta doctrina hay que empezar sentando que la información fáctica acerca del cobro indebido de dietas por el Sr. Roca, se encuentra en principio amparada por el art. 20.1 de la Constitución. El problema es de límites: la crítica a un personaje político es lícita. Es más, es un derecho del demandante como profesional de la prensa. Ahora bien, como reiteradamente tiene declarado este Tribunal, no existen derechos ilimitados. Aunque los límites de la libertad de información en un caso como el presente, son más amplios que si se tratara de una mera crítica a particulares sin especial relevancia pública, no por ello dejan de existir. Las manifestaciones vertidas por el hoy demandante son, sin duda, vejatorias para el honor de la persona contra la que se dirigen. Y entiende el Ministerio Fiscal que varias de las frases pronunciadas por el recurrente, exceden de las necesarias en una sociedad democrática. Podía y debía haberse llevado a cabo una crítica política sin proferir insultos personales a su destinatario. Y es que una cosa es informar e incluso criticar, y otra muy distinta insultar. El tipo penal del art. 244 del Código Penal hace referencia no sólo a calumnias e injurias, sino también específicamente, a insultos a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de éstas. En este sentido, hay que concluir que sobraban todo tipo de afirmaciones insultantes y existen muchas en el texto de la información del Sr. García.

En definitiva, lo que empezó siendo una actividad lícita de ejercicio de la libertad de información, acabó excediendo los límites necesarios de la misma. El art. 7.2 del Código Civil proclama que la Ley no ampara el abuso del derecho ni el ejercicio antisocial del mismo. Y, por amplio que sea el rasero que se mida en los límites de la libertad de información, no cabe duda de que han sido sobrepasados, incurriendo así en una conducta tipificada en el Código Penal. No ha existido, por tanto, vulneración del art. 20.1 del Texto Constitucional, toda vez que la libertad de información ha sido ejercida no ya sólo con críticas, sino que sus límites se han sobrepasado con insultos y vejaciones desmesuradas e innecesarias para la información de la opinión pública.

En segundo término se denuncia la violación del derecho a la tutela judicial efectiva alegándose incongruencia omisiva. Pero entiende el Ministerio Fiscal que no ha existido tal falta de tutela judicial: la Sentencia impugnada contesta a lo que se le plantea. No aplicará eximente de legítimo ejercicio de un oficio o cargo o de cumplimiento de un deber, porque afirma que tal ejercicio no ha sido legítimo, toda vez que se han sobrepasado los límites del mismo.

Por lo demás, la doctrina dominante entiende que cuando concurre el ejercicio de la libertad de información, la conducta es legítima aunque se vulnera el honor del criticado. El reconocimiento de la libertad de información del recurrente, ejercida dentro de sus justos límites, haría inútil la apreciación de eximente alguna. No necesita justificación una conducta que no es antijurídica.

En definitiva, al no apreciar la concurrencia de la libertad de información alegada, se está dando respuesta negativa a la invocación del art. 8.11 del Código Penal. En consecuencia, el Fiscal interesa se dicte Sentencia denegando el amparo solicitado.

7. Con fecha 20 de marzo de 1989, presenta el Procurador señor Pérez Mulet, en representación del recurrente un escrito en que, manifestando se ha producido un hecho nuevo en relación con el recurso planteado, como es el Acuerdo de las Cortes de Aragón de 16 de febrero de 1989, ruega se tenga por aportada a la consideración del Tribunal certificación de tal Acuerdo. En el mismo se expresa que el Sr. Roca tenía su residencia en Zaragoza durante la anterior legislatura autonómica: que las cantidades percibidas en concepto de dietas y gastos de desplazamiento lo fueron indebidamente; que debería proceder a su inmediata devolución; y que en la actuación de las Cortes ante la Administración de Justicia, en relación con el caso sobre el que este recurso versa, pudo existir un exceso de celo.

El día 16 de octubre de 1989, la representación del recurrente presentó un escrito en el que manifestaba se habían producido hechos nuevos que afectaban al objeto del recurso, concretamente diversas resoluciones de los Juzgados núms. 7, 17, 19 y 24, de Instrucción de Madrid, y un Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Tercera, relativos a informaciones de don José María García sobre cobro de dietas de las Cortes de Aragón por el Sr. Roca Millán. En tales resoluciones se recoge, afirma la representación del recurrente, que éste se limitó a informar de un hecho que posteriormente se ha demostrado que era cierto. Suplica tenga por aportados los documentos relativos a las resoluciones que se han mencionado.

La Sección Segunda, por providencia de 2 de abril de 1990 acordó tener por recibidos los escritos de la parte recurrente, así como dar traslado de los mismos, con entrega de copia simple, al Ministerio Fiscal y a la representación del Sr. Roca Millán, para que en el plazo de diez días pudieran alegar lo que estimaran pertinente.

El Ministerio Fiscal, en escrito de 10 de abril siguiente, expone que en sus alegaciones ya estimaba la existencia de «información veraz». No obstante, en las manifestaciones vertidas en el programa radiofónico se mezclaban los hechos con los juicios de valor. Y si bien el elemento preponderante en las manifestaciones del solicitante de amparo eran los hechos, ello no impide que también puedan producirse juicios de valor formalmente injuriosos o innecesarios para la información que se transmite. En consecuencia, el Ministerio Fiscal mantiene su dictamen de alegaciones.

La representación del Sr. Roca, en escrito de 20 de abril, manifiesta que los hechos que se aducen como nuevos no pueden incidir en la resolución a adoptar, puesto que lo que está en juego no es el derecho a informar, ya que las expresiones vertidas por el Sr. García, con independencia y al margen de lo que se dijese, contenían los elementos del delito de injurias, es decir, que eran expresamente vertidas en descrédito y menosprecio de una persona, en este caso de una institución pública. Por ello se opone a las peticiones del recurrente. Por otrosí suplica se admitan diversos documentos que aporta en apoyo de sus alegaciones.

8. Por providencia del día 4 de junio de 1990, se acordó señalar para deliberación y votación de esta Sentencia, el día 6 de junio siguiente.
  1   2

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

José María Garcia vs José Luís Roca iconSeñores: Sr. Marqués de Roca Verde, D. Antonio Maria de Murúa, D....

José María Garcia vs José Luís Roca iconSeñores: Sr. Marqués de Roca Verde, D. Antonio Maria de Murúa, D....

José María Garcia vs José Luís Roca iconSeñores: Sr. Marqués de Roca Verde, D. Antonio Maria de Murúa, D....

José María Garcia vs José Luís Roca iconIntervención del doctor sergio garcía ramírez al recibir la medalla...

José María Garcia vs José Luís Roca iconHistoria de la Filosofía/ José Luis Herrera/ ies josé Hierro

José María Garcia vs José Luís Roca icon1 Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, 2 Miguel Krassnoff Martchenko,...

José María Garcia vs José Luís Roca iconMemoria y encuentros: La Ciudad de México y el Distrito Federal (1824-1928)...

José María Garcia vs José Luís Roca iconAntonio José Ponte / José M. Fernández Pequeño Efraín Rodríguez Santana...

José María Garcia vs José Luís Roca iconSeñores: Sr. Marqués de Roca Verde, D. José de Goicoa, D. Anacleto Romero, D. Victor Samaniego

José María Garcia vs José Luís Roca iconJose garcia carpintero






© 2015
contactos
ley.exam-10.com