En la Ciudad de Córdoba, a veintisiete días del mes de octubre de dos mil nueve, siendo las diez y treinta horas, se reúnen en audiencia pública los señores






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SENTENCIA NÚMERO:286

En la Ciudad de Córdoba, a veintisiete días del mes de octubre de dos mil nueve, siendo las diez y treinta horas, se reúnen en audiencia pública los señores Vocales de esta Excma. Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación Dres. Ángel Antonio Gutiez, Juan Carlos Cafferata y Pilar Suárez Ábalos de López, bajo la presidencia del primero de los nombrados, a los fines de dictar sentencia en los autos caratulados: “Y.P.F. S.A C/ MUNICIPALIDAD DE LAGUNA LARGA – PLENA JURISDICCIÓN” (expte. letra Y, n° 2, iniciado el 24 de agosto de 2007), procediendo a fijar las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

Conforme lo dispuesto previamente por el Sr. Presidente y de acuerdo con el sorteo que en este acto se realiza, los señores Vocales votan en el siguiente orden: Dres. Pilar Suárez Ábalos de López, Juan Carlos Cafferata y Ángel Antonio Gutiez.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DRA. PILAR SUÁREZ ÁBALOS DE LÓPEZ, dijo:

I) A fs. 3/40 vta. comparece por apoderado YPF S.A.. iniciando demanda contenciosoadministrativa de plena jurisdicción en contra de la Municipalidad de Laguna Larga, impugnando las Resoluciones N° 10/06 de la Secretaría de Economía y Finanzas, y la N° 04/07 de la misma autoridad, que rechaza el recurso de reconsideración en contra de la primera.

Pide se invaliden los actos atacados y se ordene a la demandada la devolución de las sumas abonadas o que abone en concepto de Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, intereses y demás accesorios, incluyendo la multa si debiera ingresarla.

Plantea asimismo la prescripción de los períodos 1 de 1998 a 9 del 2000.

Expresa que no ejerce actividad gravable en el ámbito de Laguna Larga.

Que la Contribución que se le cobra está regulada por el Título II de la OGI (Ordenanza General Impositiva), arts. 111 a 136, incumpliendo el legislador con el deber de caracterizar y nominar en forma precisa la especie tributaria de que se trata.

Transcribe el art. 111 ib. y analiza en función de dicho texto, su propia actividad, la que niega se halle entre las que el artículo en cuestión enumera.

Que los elementos descriptos en la norma se vinculan con el impuesto y la tasa, y entiende que puede sostenerse que lo definido por la OGI y pretendido por la demandada, es un impuesto (hecho y base imponible idénticos que en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos (IIB)), como asimismo el número, la dispersión conceptual de los servicios que se mencionan, y la ambigüedad de la formulación final (cualquier otro [servicio] no retribuido por un tributo especial, que tienda al bienestar general de la población).

Que, no obstante, el hecho imponible está caracterizado además por la prestación de los servicios de higiene, contralor, seguridad, etc., por el Estado, lo que le hace considerar que estamos frente a una tasa.

Que la contribución es inválida como impuesto y como tasa.

Manifiesta que la actividad de la empresa comienza y termina fuera de Laguna Larga; no opera ni directa ni indirectamente ninguna estación de servicio en dicha ciudad. Las estaciones de bandera de YPF existentes en el municipio, son operadas comercialmente por otros sujetos. Todos los artículos marca YPF que se expenden allí, se comercializan a través de estaciones de servicio de terceros, los que los venden en el municipio, operando en sus propios locales.

Que dichos sujetos reciben las naftas YPF, lubricantes y demás, solicitados vía telefónica a la Ciudad de Buenos Aires, siendo ellos los responsables exclusivos de su almacenamiento, cuidado y despacho.

Que el transporte hasta la estación de servicio está a cargo de terceros. La actividad de YPF comienza con la industrialización de los productos –fuera de Laguna Larga- y termina con la entrega que un tercero transportista que los retira de la planta de Montecristo, realiza a terceros comerciantes, radicados en tal ciudad.

Que el único que puede ser gravado con la Contribución en cuestión, es el estacionero.

Que carece de locales propios, inmuebles o depósitos en el referido municipio, lo que le consta a la demandada.

Aclara que los períodos fiscalizados van desde el primer trimestre de 1998 al tercer trimestre de 2004 inclusive.

Relata la cronología de las actuaciones previas; destaca el contenido del acta de fiscalización, y su contestación; el acta de determinación de deuda y su contestación, descargo, etc., en forma detallada.

Plantea la nulidad de las actuaciones administrativas por falta de causa y motivación, con lesión al derecho de defensa. Las resoluciones dictadas, dice, omiten toda valoración de las defensas expuestas por su parte.

Que, además, la vista que ordena el art. 38 de la OGI no es solo para que el contribuyente exprese disconformidad, sino para efectuar su defensa y ofrecer pruebas; que la vista corrida careció de los elementos que sustentan la pretensión de determinar.

Que, asimismo, las resoluciones cuestionadas carecen de fundamento. Cita doctrina.

Plantea prescripción de los períodos 1 de 1998 a 9 de 2000, fundado ello en el art. 4027 inc. 3° del Código Civil, el mismo plazo que establece el art. 55 de la OGI. El período septiembre de 2000, dice, debía ser abonado en octubre de 2000. Y desde noviembre de 2000 el municipio ya sabía que la actora no había presentado declaración jurada ni ingresado monto alguno. Y desde el 01/01/00 al 01/11/05 han transcurrido cinco (5) años, por lo que solicita se declaren prescriptos los períodos 1/98 al 9/00.

Analiza los arts. 57 inc. a), 35, 33 y 56 de la OGI. Expresa que el modo como se cuenta el plazo de prescripción difiere en la norma de fondo y en la OGI, sosteniendo la actora la aplicación de la primera. Cita jurisprudencia.

Rechaza que la normativa municipal deba adecuarse a normativa nacional que es derecho especial destinado a regir el procedimiento tributario nacional (Ley 11.683). Entiende que la ordenanza municipal resulta inconstitucional por apartarse del Código Civil. Cita doctrina. Cita jurisprudencia de la CSJN.

Explica la tesis de la demandada en cuanto a la potestad tributaria municipal, que es toda aquella que leyes específicas no le prohíban. En respuesta, la actora efectúa el análisis de normas constitucionales, concluyendo que las municipalidades tienen todas aquellas facultades que les otorguen las provincias. Cita jurisprudencia y doctrina.

Afirma que la demandada pretende un tributo no autorizado. Analiza los arts. 186 y 188 de la Constitución Provincial, que autorizan impuestos municipales bajo tres restricciones fundamentales que refiere, y tasas. Ninguna mención se hace de “contribución” a secas.

Analiza la Ley de Municipios, arts. 67, 68, 100 a 106, 109 y 220.

Hace referencia a la Ley Provincial 8524 de Coparticipación, el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento; la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos Nacionales y el Convenio Multilateral. Concluye que nos hallamos ante un tributo municipal no autorizado.

Analiza el precedente de la Comisión Federal de Impuestos que la accionada cita, explicando las razones por las cuáles no resulta aplicable.

Arguye que la demandada reconoce que la contribución del art. 111 de la OGI es una tasa; explica las diferencias entre tasa e impuesto. La demandada no puede pretender, dice, que procede la tasa, cuando a lo sumo podría tener por configurados los requisitos para pretender un impuesto.

Insiste que la firma no desarrolla ninguna actividad gravable con una tasa municipal, aún cuando fuese cierto que efectúa gastos y obtiene ingresos en el ámbito municipal, pues no recibe la prestación de servicio divisible alguno.

Explica que no niega la existencia de los gastos e ingresos en el municipio, pero no existe el necesario sustento territorial y sólo pueden dar base a la procedencia del IIB.

Argumenta que los estacioneros y transportistas son sujetos distintos a la actora.

Analiza el requisito de la prestación de servicios, que sólo se efectúa, dice, con respecto a las estaciones y transportistas; aquellos que según la accionada facilitan la realización de las actividades lucrativas, son servicios indivisibles, que no se financian con tasas sino con impuestos. Cita doctrina y jurisprudencia de la CSJN.

Explica la diferencia entre servicios uti universi y uti singuli, siendo de la primera categoría citada los que la Municipalidad pretende cobrar a la actora, en cuya retribución pretende una tasa, mientras hay consenso de que esta actividad no es susceptible de ser financiada con tasas.

Sostiene que el municipio tiene a su cargo la prueba de la efectiva prestación del servicio. Cita jurisprudencia.

Predica que existe confiscatoriedad por doble vía, pues el monto de la tasa es exorbitante; no guarda proporción con el costo del servicio –si hubiere sido prestado- y además, se exige un tributo indebido.

Que, asimismo, aplicándose su producido a finalidades extrañas a las de la ley, se violenta de modo directo e inmediato la garantía constitucional de la propiedad. Ésta sólo puede ser percutida por sentencia fundada en ley, por expropiación según la ley, y por un tributo legítimo. Siendo ilegítimo el tributo, cualquiera sea su cuantía, resulta confiscatorio. Cita jurisprudencia.

Encuentra violado el principio de legalidad, según el cual se debe denominar el instituto de acuerdo a su especie y ajustar la legislación a la categoría escogida. La accionada lo denomina contribución, le incorpora elementos de la tasa al definir el hecho imponible y toma como base de su medida algo típico del impuesto: los ingresos brutos del sujeto.

Manifiesta que se viola la Ley 23.548 de Coparticipación Federal, art. 9 inc. “b” y por aplicación de un impuesto idéntico al IIB.

Destaca su analogía con el IVA (amplio universo de contribuyentes; identidad en las bases de medición; con alguna diferencia, ambos recaen sobre el consumo; en ninguno de los casos se exigiría una prestación estatal determinada).

Prosigue encontrando analogía con el IIB (igual base imponible e identidad de exenciones, deducciones, etc.).

Denuncia violación al Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento. Consigna su contenido.

También halla violación de la Ley de Coparticipación N° 8524. Cita su art. 2 inc. “a” en cuanto a cómo se integra el fondo a coparticipar con la recaudación del IIB, y el inc. “c” (asignación que recibe la Provincia de la coparticipación federal).

Resalta la violación del Convenio Multilateral. Los municipios de una provincia no podrán gravar, entre todos, dice, una porción mayor de los ingresos brutos totales de ese sujeto que la que le corresponde a la Provincia por aplicación del Convenio. Los municipios deben distribuirse ingresos aplicando el Convenio Multilateral, y si las normas locales sólo permiten aplicar tales gravámenes a los municipios en que el sujeto tenga establecimiento o local habilitado, la distribución se hará entre los municipios en que el sujeto los tenga y por los mecanismos del Convenio.

Invoca el art. 35 del referido Convenio Multilateral, que no puede entenderse prescindiendo de que las tasas son sólo concebibles donde haya locales.

Asegura que la pretensión fiscal de Laguna Larga excede el 100% de la Provincia, si se entiende que el total debe distribuirse entre las municipalidades en que el sujeto tenga presencia concreta, ya que no existe la misma en el municipio demandado.

Recuerda que el Convenio Multilateral no es fuente de obligaciones tributarias, sino que se limita a consagrar un método para la distribución de la base imponible generada por actividades interjurisdiccionales.

Subsidiariamente, argumenta que, si se resolviera la procedencia de la tasa, los cambios de criterio impositivo se aplican para el futuro, no pudiéndose reclamar retroactivamente siete (7) años de tributo.

Subsidiariamente, impugna la categorización como “comercial” que recibiera su parte. Que si no puede considerarse industrial a quién no fabrica –según surge del acto atacado- no puede considerase comerciante a quién no comercializa. En Laguna Larga, sus productos son comercializados por terceros.

Que el contribuyente es “industria” no sólo en el lugar donde tiene su establecimiento fabril; que con el criterio de la accionada las únicas industrias que deben tributar con la alícuota de esa categoría, son las unijurisdiccionales.

Agrega que la actividad de YPF es una e inescindible –industrial- y el hecho que la actividad industrial se componga de varias etapas, entre ellas la de comercialización de los productos que manufactura, no le quita su condición de industrial.

También subsidiariamente plantea la exorbitancia de los intereses, los que, dice, implican una sanción. Expresa que sin culpa ni dolo, no puede haber sanción, ni a través de una sobretasa de intereses, ni de la acumulación de intereses diferentes. Cita jurisprudencia.

Plantea la improcedencia de las multas. La que se aplicara por omisión, es improcedente atento no existir el elemento subjetivo culpa. Cita jurisprudencia.

Dice que ajustó su accionar a lo dispuesto por las normas; suministró toda la información requerida. Al no existir la obligación, no pudo pretenderse que la actora se presentara espontáneamente a pagar algo que no debe.

También impugna la segunda multa –por incumplimiento a los deberes formales- fundado en la figura del error excusable. Este entendimiento, expresa, está convalidado por jurisprudencia de la CSJN y prestigiosa doctrina.

Pide se haga lugar a la demanda, con costas. Deja planteado el caso federal.

II) Admitida la demanda previo dictamen fiscal (fs. 126 y 128 de autos), citada y emplazada la accionada, ésta comparece (fs. 134) y contesta la demanda (fs. 158/206).

Niega en lo general y luego puntualmente todos los hechos y el derecho invocados por la actora.

Destaca la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y de estas Cámaras C.A., pidiendo su aplicación al caso de autos.

Refiere que la municipalidad inició un procedimiento de determinación de deuda a la actora en orden a la Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, relatando el procedimiento efectuado y actos dictados.

En cuanto al planteo de prescripción efectuado por la actora, expresa que la OGI establece una forma de cómputo del plazo quinquenal de prescripción respetando tajantemente la normativa sustantiva dictada por el Congreso Nacional al tener en cuenta la materia pública tributaria (Ley 11.683). Dice que la forma de cómputo del plazo de prescripción no es la misma en materia tributaria que para las relaciones de derecho privado.

Asegura que las normas sobre prescripción del Código Civil, tienen la misma entidad que las que figuran en la Ley 11.683, que por su carácter de liberatorias del deudor, tienen entidad sustantiva. Y esta ley admite que el plazo comience a computarse desde el 1° de enero del año siguiente y posea sus propias causas de suspensión e interrupción.

Advierte que el TSJ en jurisprudencia que cita, no se refirió a la Ley 11.683, ya que no pudo expedirse al respecto, pues la misma no integraba la litis. Pero por la cita que se hace en el pronunciamiento del fallo de la CSJN que también refiere, no cabe duda que se habría expedido en el sentido que la demandada propugna.

Que aceptar la interpretación que hace la actora implica suponer que el Congreso de la Nación ha creado normas que violan la igualdad entre Nación y Provincias, permitiendo al primero perseguir por mayor lapso a los contribuyentes, e impidiendo esta facultad a los más pequeños Fiscos Provinciales y Municipales. Sigue citando jurisprudencia de la Corte.

Manifiesta que por aplicación del art. 56 de la OGI, se advierte que el plazo para presentar la DD.JJ. correspondiente al período 1998 venció durante los primeros meses de 1999, por lo que el término de 5 años establecido por el art. 55 comenzó a correr el 01/01/00 y la prescripción hubiera operado el 01/01/05, pero con fecha 10/09/04 (primer Acta de Requerimiento), el curso de dicho plazo se suspendió por un año en virtud de lo dispuesto por el art. 57 inc. a) de la OGI, ante lo cual la prescripción operó en realidad el 01/01/06.

Que no sucede lo mismo con los períodos 1999 y posteriores, por cuanto en lo que hace al primero, hubiere prescripto el 01/01/07, fecha en la cual ya se había ejercido la facultad cuya prescripción se pretende (Resolución N° 10 del 29/09/06).

Que por lo expresado, formula formal allanamiento parcial al agravio de la actora, en cuanto a que los períodos correspondientes a 1998 se encontrarían prescriptos.

Pide se tenga en cuenta que el allanamiento no se efectuó con anterioridad por no haber existido un planteo adecuado de prescripción en las actuaciones administrativas, por lo que pide eximición de costas.

Rechaza el pedido de nulidad de los antecedentes administrativos. Dice que la actora no ha puntualizado cuál de sus planteos quedó huérfano de tratamiento, aludiendo así a todos.

Encuentra errado pretender que la Administración previo a determinar un tributo a quién está alcanzado por él, deba fundar y demostrar tal extremo. La ley vigente, que se presume conocida es la que informa a las personas que el hecho que realizan es calificado como imponible.

Niega que haya habido obstáculo al derecho de defensa del actor; la resolución de vista tiene como objeto dar al contribuyente la posibilidad de que analice la documentación obrante en el expediente administrativo, los resultados de la fiscalización efectuada y las conclusiones arribadas, para que si lo estima conveniente, efectúe su descargo por escrito y ofrezca y presente las pruebas que hagan a su derecho.

Por ello es que la determinación de la obligación tributaria y la imposición de sanciones se efectúan recién al dictarse la resolución determinativa, que sí debe estar motivada.

Que, además, del Informe de Fiscalización Externa N° 9 (fs. 352/365), del que se corre vista expresamente en la resolución de vista, surgen las conclusiones provisorias a las que llegaron los funcionarios del Organismo Fiscal (OF), y este informe, junto al resto de las actuaciones, estuvieron a disposición de la actora, quién pudo analizarlas.

Reseña el contenido del informe en cuestión y su integración con las diversas planillas que obran en Anexos que cita.

Rechaza que la accionada haya afirmado que no hay diferencia entre impuesto y tasa. Transcribe lo expresado por el municipio en la Resolución N° 10, en cuanto a que el municipio tiene legislado en su art. 111 y ss. de la OGI un tributo calificable como tasa dentro de la clasificación didáctica clásica del género “tributos”, y en consecuencia, presta efectivamente los servicios que la norma enumera para tener por configurado el hecho imponible. Agrega que desde el punto de vista jurídico, no hay diferencia estructural entre impuesto y tasa, pues ambos son tributos.

Expresa que las afirmaciones de la actora referidas a que una tasa es válida sólo si retribuye servicios particularizados y divisibles en unidades de prestación, no son acompañadas de la cita de una sola norma vigente que lo sustente, porque no existen.

Que la actora confunde los conceptos de “sustento territorial” de la actividad -la que se efectúa en espacio físico del municipio- con el concepto de “sustento inmobiliario”.

Destaca que según la actora, un tributo sólo es válido si encaja en la clasificación didáctica de impuestos, tasas y contribuciones especiales; que la tasa es válida sólo si su hecho imponible se integra con un servicio divisible en unidades de prestación –uti singuli-, careciendo de validez si los servicios son uti universi, y que un municipio sólo puede prestar servicios a quiénes tienen un inmueble en su ejido urbano.

Que la actora pretende que los conceptos didácticos elaborados por el Derecho Tributario poseen superior entidad que la norma vigente. Y las categorías que pretende imponer provienen sólo de parte de la doctrina, que no es fuente de derecho; que es cambiante.

Asegura que la clasificación de los tributos sólo en impuestos, tasas y contribuciones especiales no surge de las Constituciones Nacional ni Provincial, ni de la Ley de Coparticipación Federal, ni del Convenio Multilateral de 1977, ni de la Ley de Coparticipación Provincial, ni de la Ley Orgánica Municipal N° 8102. En todos los casos, hace mención a los nombres que dan las citadas normativas a los tributos, y destaca que ninguna de ellas define a la tasa, ni, por tanto, delimita los aspectos estructurantes del tributo.

Que resulta inadmisible el argumento que pretende la necesidad de que, para ser válidos, los tributos deben ser designados con algunos de los nombres surgidos de clasificaciones didácticas.

Destaca que no existe norma vigente alguna que limite la clasificación como propone la actora, en cambio toda la legislación citada se refiere a tributos en forma genérica. Y ni una sola de las normas en cuestión exige como condición de validez de las tasas, que éstas integren su hecho imponible con servicios divisibles en unidades de prestación. Lo único que se exige es la efectiva prestación.

Analiza que el tributo pretendido por la accionada está autorizado por los ordenamientos constitucionales y legales vigentes.

Hace un análisis de las posturas jurisprudenciales de la CSJN a través del tiempo respecto de la autonomía municipal. Cita los arts. 5 y 123 de la C.N., arts. 180, 186 y 188 de la C.P.

Afirma que la contribución resistida por la actora respeta el principio de legalidad, estando tipificada en todos sus elementos básicos y estructurantes por una norma general, abstracta e impersonal emanada del órgano legislativo municipal. Su justicia y razonabilidad observan los principios de equidad, capacidad contributiva, uniformidad, simplicidad y certeza.

Asegura que no se puede privar al municipio de las atribuciones mínimas necesarias para desempeñar su cometido.

Transcribe el ar. 186, diversos incisos, de la C.P., y dice que el municipio debe ejercer las funciones que Nación y Provincia le han delegado, aún cuando no le otorguen los recursos necesarios, o éstos lleguen mal y tarde.

Analiza la jurisprudencia de la Corte citada por la actora, llegando a conclusiones opuestas. En síntesis, de lo analizado, concluye que la Corte nunca cuestionó la validez de tributos vinculados a servicios uti universi similares al de Laguna Larga, sino que ha considerado que, siendo requisito sólo la efectiva prestación de servicios, su validez se trata de una mera cuestión de hecho y prueba. Cita más jurisprudencia.

Afirma que aceptar la postura de la actora implica que el municipio para financiar los servicios que presta, podría disponer una tasa de salubridad, otra para salud, otra para higiene y moralidad, otra para ancianidad, discapacidad y desamparo, otra para cementerios y servicios fúnebres, y decenas o cientos más para los servicios relacionados con planes edilicios, apertura de calles, construcción de plazas y paseos, vialidad, tránsito y transporte urbano, uso de calles y subsuelo, control de la construcción, protección del medio ambiente, etc., etc. (art. 186 inc 7 C.P.). Sin contar con las necesarias para ejercer las funciones delegadas por el Gobierno Federal o Provincial (inc. 13 ib.), o las pertinentes para ejercer cualquier otra función o atribución de interés municipal que no esté prohibida por la Constitución y no sea incompatible con las funciones de los poderes del Estado (inc. 14 ib.).

Que en definitiva, para poder cumplir con sus fines, el municipio debería crear el más irracional y absurdo sistema jamás visto, redactando un Código Tributario de varios tomos, con una centena de tasas por servicios divisibles, etc.

Asegura que conforme a lo que surge de las actuaciones administrativas, la actora ejerce en Laguna Larga su actividad comercial, con suficiente sustento de la misma en el ejido municipal. La OGI, dice en su art. 111 exige el ejercicio en el ejido municipal de actividades comerciales, industriales, de servicios u otras a título oneroso, y la prestación por el municipio de los servicios enumerados por la norma y cualquier otro no retribuido por un tributo especial y que tienda al bienestar general de la población.

Que queda claro que la norma no exige la existencia de un inmueble (local o depósito) del contribuyente dentro del ejido municipal, para que se configure el hecho imponible. Ello es así, por ser perfectamente posible que una persona, física o jurídica, realice en el ejido municipal actividades gravadas a título oneroso, efectuando gastos y obteniendo ingresos, y a su vez goce de los servicios municipales citados, sin tener un local o depósito instalado en el mismo municipio.

Que, ante ello, la Municipalidad de Laguna Larga no puede interferir en la decisión empresaria de ejercer una actividad comercial a título oneroso prescindiendo de local. Ello puede significar ahorro de gastos. Pero una cosa es librarse de gastos prescindiendo de local, y otra distinta es el aprovechamiento de esa situación para sostener que no debe pagar tributos municipales, siendo que ello no impide que el contribuyente efectúe otros gastos (sueldos, comisiones sobre ventas, transportes, etc.), y se realicen las actividades comerciales que prevé el art. 111 de la OGI.

Cita jurisprudencia del TSJ.

Efectúa una larga descripción de las actividades de la actora en el municipio y destaca cómo se enmarca en el Convenio Multilateral, arts. 1° y 2° que transcribe.

Cita doctrina respecto de los servicios prestados por el municipio, organizados en función del interés público y no del particular: tanto el de alumbrado, como inspección en establecimientos fabriles, limpieza, se efectúan mirando el interés de la comunidad. Que tales tareas reporten beneficios individuales es cuestión accidental o accesoria. El verdadero usuario, dice, no es el individuo sino la comunidad.

Destaca que la actora, al hacer referencia a dichos de Marienhoff respecto de servicios uti singuli y uti universi, los tergiversa e incurre en falsedad. Lo explica.

Manifiesta que el tributo establecido por el art. 111 y ccdtes. de la OGI se refiere a una serie de servicios que no deben considerarse aislada sino conjuntamente, cuyo objetivo es que las actividades lucrativas ejecutadas en su ejido, lo sean en forma ordenada, pacífica, segura, lo que se hace controlando el estado de los edificios, coordinando el transporte, asignando numeración y sentido a las calles, y, en general, organizando las reglas básicas para la promoción y el progreso de las actividades comerciales, industriales y de servicios que se desarrollan en la ciudad, entre ellas las cumplidas por la actora.

Que, asimismo, todas las nombradas son actividades de contralor y organización que no cumplimenta ninguna otra autoridad en la ciudad.

Que todos los servicios enumerados en el art. 111 de la OGI, son efectivamente prestados por la municipalidad, y la actora no puede sostener que tales servicios no la alcanzan, pues sin ellos, su actividad onerosa resultaría imposible o no fructífera.

Si YPF -se pregunta- no ejerció actividades en los períodos objetos de esta litis: ¿para qué tiene comisionistas en Laguna Larga?; ¿porqué les paga comisiones?; Y, ¿para qué habría de tener local, si tiene consignatarios que venden por su cuenta y orden, tiene una persona que hace inspecciones periódicas, y tiene otros importantes clientes? Lo real es que la actora lucró vendiendo sus productos, obtuvo ingresos y realizó gastos, lo cual ella misma reconoce.

Niega que exista impedimento legal para que se adopte como base imponible de la tasa el monto de los ingresos brutos. Cita jurisprudencia.

Analiza y descarta la supuesta pugna de la tasa en cuestión con la Ley 23.548, el Decreto (P.E.N.) N° 1807/93, el Régimen de Coparticipación Federal, el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento.

Hace referencia a lo resuelto por la Comisión Federal de Impuestos en “Microsules y Bernabó S.A. c/Municipalidad de Río Cuarto” (1999), en cuanto que el art. 173 del Código Tributario de aquella ciudad, no se encontraba en pugna con la Ley de Coparticipación Federal, estando exceptuada de lo dispuesto en materia de analogía de gravámenes.

Sigue citando casos resueltos por la referida Comisión Federal, transcribiendo las decisiones de la misma.

Expresa que carece de asidero la afirmación de la actora de que el municipio demandado excedería el 100% de la Provincia, en tanto la demandada aplicó expresamente las técnicas del Convenio Multilateral, conforme surge del Informe de Fiscalización N° 009 previo a la vista.

Transcribe lo expresado por el art. 35 del Convenio Multilateral.

Hace lo mismo respecto de la resolución que cita de la Comisión Arbitral, confirmada por la Comisión Plenaria del Convenio Multilateral.

Niega que la actora realice actividad industrial en el ejido urbano de la accionada, en el cual se limita a comercializar sus productos. Cita el art. 2 de la OGI, y expresa que la actividad material y tangible que la actora efectúa en el municipio es la comercialización de productos y como tal queda abarcada por la hipótesis legal, quedando obligada al pago del tributo. En cuanto a la alícuota, expresa que si una empresa tiene un establecimiento fabril en una jurisdicción y allí comercializa también sus productos, es correcto que se promueva la actividad gravando con una alícuota reducida a los fabricantes. Siendo también justo que no se beneficie con dicha alícuota reducida a aquellas empresas que se limitan a comercializar los productos que fabrican en otra jurisdicción. Eso es la promoción industrial.

Cita pronunciamientos de la Comisión Arbitral en tal sentido.

En cuanto a las tasas de interés resarcitorio, las utilizadas por el Fisco Nacional, dice, para el mismo período aquí determinado, son considerablemente más altas que las aplicadas por la demandada.

Afirma que es lógico que los intereses que perciba el Estado por la demora en el pago de sus tributos, sean superiores a aquellos por los que sea posible a los particulares obtener créditos en el mercado financiero, ya que de no ser así, los contribuyentes podrían obtener financiamiento por vía de dejar de pagar en término sus obligaciones tributarias. Cita jurisprudencia.

Respecto de la sanción pecuniaria impuesta, manifiesta que la omisión fiscal (art. 70 OGI) se configura objetivamente ante la falta de pago temporáneo parcial o total del tributo. La razón de ser del elemento subjetivo reside en la voluntad contraria a la precaución que el autor está obligado a observar en determinadas circunstancias para no dañar los intereses del Fisco.

Que si el acusado alega la existencia de alguna causal que elimina la subjetividad mínima requerida, es él quien debe demostrarla.

Que la actora, desechando empadronarse como contribuyente, pese a su continuo ejercicio de actividad en el municipio, ha omitido cuanto menos culposamente el cumplimiento de la obligación tributaria sustancial exigible.

Que el error excusable –excepción al principio general que hace a la seguridad jurídica, según el cual el derecho se presume conocido- debe ser esencial, decisivo y no imputable al transgresor.

Que en autos tal error no ha existido, pues las normas municipales son claras, y pese a ello, el actor omitió el ingreso del tributo correspondiente.

Que si tuvo dudas, debió consultar al municipio y no proseguir con su conducta omisiva.

Que en cuanto a los deberes formales, la conducta de la actora encuadra en la tipificación del art. 71 de la OGI, dado que no cumplió con el Acta de Requerimiento de fs. 5/6, como consta en Acta de Incumplimiento de fs. 8/9.

Queda claro, entonces, dice, que se hallan configuradas y correctamente encuadradas las conductas ilícitas susceptibles de ser sancionadas.

Pide, en definitiva, el rechazo de la demanda, con costas.

Hace reserva del Caso Federal, art. 14 de la Ley 48.

III) Abierta la causa a prueba, actora y demandada ofrecen la que hace a sus derechos. A fs. 841/843 la actora presenta su alegato, haciendo lo propio la accionada a fs. 844/853.

Firme el decreto de autos (fs. 853 vta.), queda la presente causa en estado de resolver.

IV) Tal cual se planteara la litis, en su desacuerdo las partes discurren acerca de la legitimidad de los actos impugnados cuya nulidad persigue la actora, quién niega hallarse obligada al pago de la Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios por los períodos fiscales reclamados. Tampoco corresponden, en consecuencia y a su criterio, los intereses resarcitorios reclamados ni la multa aplicada por las infracciones atribuidas. Pide la devolución de la suma del tributo ingresada, con más intereses.

Plantea la nulidad de las actuaciones administrativas por falta de causa y motivación, con lesión al derecho de defensa.

Opone prescripción de los períodos 1 de 1998 a 9 de 2000, fundado ello en el art. 4027 inc. 3° del Código Civil.

Impugna subsidiariamente la categorización como “comercial” que recibiera su parte. Que la actividad de YPF es una e inescindible –industrial- y el hecho que la misma se componga de varias etapas, entre ellas la de comercialización de los productos que manufactura, no le quita su condición de industrial.

También subsidiariamente plantea la exorbitancia de los intereses, los que, dice, implican una sanción.

Plantea la improcedencia de las multas. La que se aplicara por omisión, es improcedente atento no existir el elemento subjetivo culpa. En cuanto a la segunda multa –por incumplimiento a los deberes formales- afirma que resulta inaplicable, por existir error excusable.

La accionada resiste la pretensión, defendiendo la legitimidad de los actos cuestionados, ante la procedencia, a su criterio, de la aplicación de la contribución de que se trata sobre la actividad desarrollada por la actora en el ejido municipal, aún sin la existencia de local o lugar físico que pudiera recibir la prestación de servicios municipales en forma directa. Todo con base en la jurisprudencia del TSJ de la Provincia de Córdoba.

Rechaza asimismo el resto de argumentos, de la forma como se ha relatado supra.

V) La Determinación Impositiva se llevó a cabo a través de las actuaciones administrativas obrantes en expediente N° 00015, Letra “Y”/04 que obra reservado por secretaría y tuve a la vista.

A fs. 5 del mismo encontramos una carta documento que transcribe el Acta de Requerimiento N° 1 de fecha 09/09/04, labrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el área de Fiscalización Externa, Secretaría de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Laguna Larga, de acuerdo a lo establecido por los arts. 14 y ccdtes; 11 y ss. (Determinación de Oficio), de la Ordenanza General Impositiva Vigente (OGI); y en orden a la Contribución de que se trata (Ordenanza 1224/04, que adecuara las normas de la OGI N° 370/80 y modificatorias).

Se requiere a la firma YPF S.A. que exhiba y ponga a disposición copia del Estatuto Social y modificaciones; Memorias y Estados Contables certificados por C.P.C.E.; antecedentes del IIB de la Provincia de Córdoba; Planillas de trabajo con el proceso de determinación de los coeficientes unificados de Ingresos y Gastos, aplicando técnicas del Convenio Multilateral, que incluye jurisdicción Córdoba; Planilla con detalle de Ingresos y Gastos Computables asignados a la localidad de Laguna Larga, y cualquier otra que se le requiera al momento de la inspección. Todo por el período 01/01/97 hasta la fecha (09/09/04).

Se la emplazaba bajo apercibimiento de aplicación de las sanciones previstas normativamente.

A fs. 7 ib., hay una respuesta del apoderado de la empresa (carta documento fechada el 24/09/04), en la que se hacía saber que la misma no tenía oficinas, locales o establecimientos de cualquier naturaleza en Laguna Larga en los que pudieran prestarse o haberse prestado servicios públicos divisibles que dieran lugar a la pretensión fiscal de reclamar tasa alguna.

A fs. 8 ib. hay carta documento que transcribe el Acta de Incumplimiento N° 1, por no haberse evacuado lo ordenado por Acta de Requerimiento N° 1.

A fs. 10 ib. encontramos carta documento en la que consta Acta de Requerimiento N° 2 que reitera el pedido de documentación, y emplaza nuevamente, bajo apercibimiento de sanciones.

A fs. 12/14 hay nueva respuesta de la empresa, que en lo sustancial, reitera el contenido de la primera, ampliando sus razones, que sustenta en doctrina y jurisprudencia que allí cita.

A fs. 17/18 luce el Acta de Fiscalización, labrada en la Ciudad de Buenos Aires, en la que se señala la documentación puesta a disposición de la inspección, la documentación verificada, la requerida en dicho acto y la documentación retirada en la ocasión.

A fs. 19/351 expte. ib. se incorpora documentación de la empresa, y a fs. 352 y ss. el Informe de Fiscalización Externa N° 9 (enero 2005), de la que surge que la empresa desarrolla en la localidad de Laguna Larga, desde el año 1997, la venta de combustibles –naftas y gasoil al por mayor y por menor- y en consignación o por orden y cuenta de ésta, como también directamente al público.

Relata la manera en que se efectúa comercialización en la localidad citada: el Sr. Roberto Sotero Sánchez posee un inmueble en la misma, donde desarrolla la venta en consignación o por cuenta y orden de YPF S.A. de los productos de ésta, relación comercial plasmada en un contrato de adhesión de la firma local con la actora.

Que YPF dispone en el mencionado inmueble, de cinco tanques de combustible instalados debajo del suelo de la estación de servicios; cuatro surtidores y cartelería, todos de su propiedad, entregados al Sr. Sotero Sánchez mediante la firma de un contrato de comodato. Esta persona es retribuida por YPF por las ventas en Laguna Larga con una comisión determinada en factura cuando la petrolera entrega el combustible, junto al correspondiente remito. La comisión varía según el tipo de combustible comercializado.

Se indica que YPF captura en Laguna Larga a tres tipos de clientes: 1) A Sotero Sánchez, al por mayor, acreditando comisión. 2) A clientes finales al por menor, por intermedio de Sotero Sánchez, quién factura con la leyenda “venta por cuenta y orden de YPF S.A.”. 3) En forma directa y al por menor a empresas que trabajan en todo el país y han adherido a un sistema de tarjeta, que vía posnet se les factura por dichas compras de combustibles.

Continúa el Informe N° 9 destacando que YPF S.A. dispone en Laguna Larga de un sistema informático (RED XXI) instalado dentro de sus surtidores, cuyas funciones son controlar el stock de combustible del operador local (Sotero Sánchez). Cuando el nivel llega a determinado piso, YPF despacha combustibles a la localidad.

El sistema, asimismo, coloca en los surtidores los precios del combustible al cliente final, sin dejar posibilidad al operador local de que los modifique.

Se destaca que la empresa realiza tareas de servicio técnico o control de calidad de combustibles; control de la actividad del operador local, etc.; del funcionamiento y calibraje de surtidores, etc, etc. Para cumplir con ese control YPF S.A. dispone en Laguna Larga de personal (Sres. Rodolfo Suárez, Alberto Ibáñez, Nicolás Casassa; Fabián Alvarado, Ricardo Damico y la Empresa ASIGNA). Los controles tienen una frecuencia de tres meses aproximadamente, pudiendo ser aleatorios.

La actora soporta los fletes de los envíos de combustible a Laguna Larga, y las empresas que lo trasladan son designadas por YPF S.A.

Asimismo, la empresa realiza en la localidad tareas de promoción y publicidad de su marca, exponiendo cartelería de su propiedad, según se confirma por el contrato comercial y de comodato aportados.

Concluye este apartado afirmando que la actora desarrolla actividad encuadrada en el Título II, art. 85 y ccdtes. de la OGI, correspondiéndole los Códigos 61500 (Comercio al por mayor-Productos Derivados del Petróleo), y 62800 (Comercio por menor-Expendio al público de combustibles líquidos). Ambos gravados a una Alícuota del 5%° y con un mínimo de $660 trimestral, según Ordenanza Tarifaria 2004.

Consta en esta acta cuál fue el proceso de fiscalización, la documentación requerida y aportada por la firma fiscalizada; la aportada por terceros (Sotero Sánchez y AFIP-DGI).

Se explica cómo se efectuó el cálculo de Bases Imponibles (técnica del Convenio Multilateral, a fin de obtener las bases imponibles atribuibles a Laguna Larga, aplicando la ordenanza municipal vigente).

También se expone la Determinación de Coeficientes Unificados para la jurisdicción de Laguna Larga, Coeficientes de Ingresos y de Gastos, años 2001, 2002 y 2003. Se obtuvieron los aplicables a los períodos 1997 a 2000 –al no contarse con información- de la forma que surge a fs. 358/359.

En cuanto a las Bases Imponibles Laguna Larga, se obtuvieron aplicándose los Coeficientes Unificados de la localidad a los ingresos Total País mensuales expuestos en Formularios CM 03 aportados por la firma.

Figura como causa del resultado de la contribución a pagar, la falta de presentación de Declaraciones Juradas.

Se explicita la forma cómo se liquida la contribución, la situación fiscal por períodos y se deja sentado que se configuró incumplimiento a los deberes formales.

La liquidación arrojaba la suma de $ 63.822,49, la que con los recargos que se consignan, ascendía a $ 97.506,60.

Todo el informe remite a las correspondientes fojas del expediente que acreditan lo informado.

A fs. 366 encontramos carta documento que contiene el Acta Informativa de Fiscalización, fechada el 11/02/05, dirigida a la empresa, por la que se notifican las conclusiones provisorias a las que arribara la fiscalización (art. 102 y ccdtes. OGI).

A fs. 367/369 se hallan las observaciones técnicas que la actora efectúa en respuesta a las conclusiones de la fiscalización.

A fs. 372 hay carta documento con nueva información de fiscalización, referida al reenvío de planillas anexas a la primera Acta Informativa de Fiscalización (25/02/05).

A fs. 373 la empresa ratifica los conceptos manifestados anteriormente.

A fs. 374 y vta. encontramos la Resolución N° 01/05, por la cual, en función de todo lo anterior, se dispone conferir vista a YPF S.A. de lo actuado, haciéndole saber que podía efectuar descargo por escrito y ofrecer pruebas, pudiendo consultar las actuaciones administrativas en el OF, indicando dirección y horario para ello.

Asimismo, se dispuso instruir sumario por las presuntas infracciones señaladas en los considerandos, acordándole a la firma un plazo de quince (15) días hábiles para alegar en su defensa por escrito, presentar pruebas, etc.

A fs. 376 obra carta documento por la cual se notifica a la actora de la Resolución N° 1.

A fs. 384/457 luce la contestación de vista que efectúa la empresa.

A fs. 466 hay un decreto firmado por el Secretario de Economía y Finanzas, por el cual no se hace lugar a la prueba informativa por resultar manifiestamente improcedente, “haciéndose saber que los presupuestos municipales sancionados por el H. Concejo Deliberante, son instrumentos de pública consulta por los interesados, no siendo objeto de probanza específica”. Se fijaba el plazo para producción de la Pericial; se disponía tener presente la Documental; y, a la Testimonial ofrecida, no habiéndose propuesto lista de testigos ni pliego de preguntas al efecto, no se hacía lugar.

Tal decreto se notificó (fs. 467 ib.).

A fs. 469/472 obra el informe pericial, del que surge que YPF S.A. no tiene terrenos ni edificios en el Municipio de Laguna Larga; que la modalidad de comercialización está referida a ventas en consignación por el sistema RED XXI a la estación de servicio de Sotero Sánchez; que YPF no posee estaciones de su propiedad en el lugar, y que para el período bajo examen se registran operaciones de comercialización en la Provincia de Córdoba en las jurisdicciones que se detallan en Anexo 1.

A fs. 473/484 ib., encontramos la Resolución N° 10 de fecha 29/09/06, por la cual se determina el tributo adeudado; se dispone aplicar una multa por omisión fiscal y otra por incumplimiento a los deberes formales, intimándose al contribuyente para que en el plazo de quince (15) días de notificado, ingresare la suma allí indicada.

Se le hacía saber a la firma que dicha resolución era recurrible en los términos del art. 62 y ccdtes. de la OGI dentro de los diez (10) días de notificada.

A fs. 491 y ss. obra carta documento por la cual se notifica íntegra la Resolución N° 10/06.

A fs. 548/617 hallamos el recurso de reconsideración planteado por la firma.

A fs. 622/634 se halla la Resolución N° 4/2007 por la cual se rechaza el recurso, obrando la notificación de su texto completo a fs. 640/657.

De todo lo expuesto, surge que no asiste razón a la actora en cuanto arguye déficits formales esenciales en el procedimiento y vulneración a su derecho de defensa.

Se advierten respetados todos los pasos procedimentales que hacen al principio de raigambre constitucional del debido proceso adjetivo: el derecho a ser oído, a ofrecer y producir prueba (puesto que la que fuera improcedente no obliga a la autoridad a su recepción), y a obtener una decisión fundada, habiéndose asimismo respetado los plazos establecidos para los diversos pasos del procedimiento fijados por la OGI a los fines de la Determinación Impositiva y actividad posterior (Título V, art. 25° y ss. ib.).

Los antecedentes de hecho y de derecho en que se fundaran los actos atacados, fueron suficientemente explicitados, por lo que, a mi criterio, el procedimiento ha resultado inobjetable.

VI) Como se ha visto, la determinación de deuda fiscal de la actora que hiciera la Municipalidad lo fue por entender que aquella estaba obligada al pago de la Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios.

El art. 111 de la OGI que define el hecho imponible, expresa: “El ejercicio de cualquier tipo de actividad comercial, industrial, de servicios u otra a título oneroso y todo hecho o acción destinado a promoverla, incentivarla, difundirla o exhibirla de algún modo, está sujeto al pago del tributo establecido por este Título... en virtud de los servicios de higiene, contralor, seguridad, asistencia social, organización, coordinación del transporte y cualquier otro no retribuido por un tributo especial que tienda al bienestar general de la población...”.

Referente a la Contribución cuya procedencia se discute en la presente causa, el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba ha sostenido en forma invariable que, acreditada la actividad gravada en el ejido municipal, la pretensión tributaria cuyo hecho imponible se configura por las actividades cumplidas en el ámbito de dicho ejido, no se exhibe violatoria de garantía constitucional alguna, aún sin que exista un local o establecimiento asentado en él, en tanto la realización de las referidas actividades se vea favorecida y facilitada por los servicios que presta el Municipio (conforme doctrina de la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior en: Sentencias N° 206/1999 "Banca Nazionale del Lavoro S.A. ..."; N° 217/2000 "Frigorífico Tinnacher S.A. ..."; N° 8/2001 "Fleischmann Argentina Incorporated..."; N° 163/2001 "Kodak Argentina S.A.I.C. ..."; N° 205/2001 "Pelikan Argentina S.A. ..."; N° 113/2002 "Bristol-Myers Squibb Argentina S.A. ..."; N° 69/2003 "Instituto Sidus I.C.S.A. ..."; N° 8/2004 "Bristol-Myers Squibb Argentina S.A. ..."; N° 12/2005 "Laboratorios Armstrong S.A.C.I y F. ..."; N° 27/2005 "Productos Roche S.A.Q. e I. ..."; N° 33/2005 "Pfizer S.A.C.I. ..."; N° 63/2005 "Laboratorios Raffo S.A. ..."; N° 68/2005 "Merck Sharp & Dohme..."; N° 69/2005 "Syncro Argentina S.A.Q.I.C.I.F. ..."; N° 59/2008 "Schering Argentina S.A. ..."; N° 67/2008 "Pharma S.A...."; N° 74/2008 "Smithkline Beecham Argentina Interamerican Corporation..."; N° 37/2009 “Volkswagen Compañía Financiera Sociedad Anónima...”, entre muchas otras).

VII) La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en recientes fallos de fecha 23/06/09 (“Laboratorios Raffo SA c/Municipalidad de Córdoba”, “Ivax Argentina S.A. c/ Municipalidad de Río Cuarto” y “Merck Sharp Dohme c/Municipalidad de Río Cuarto”, ha resuelto a favor de las demandantes en casos en que se discutía la procedencia de la aplicación del referido tributo en los municipios respectivos.

Así, adhiriendo el máximo tribunal al dictamen de la Sra. Procuradora General, dispuso admitir la queja interpuesta, declarando formalmente procedente el recurso extraordinario, revocando la sentencia apelada, y devolviéndose los autos al tribunal de origen para que éste dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al referido fallo del Alto Tribunal.

En el dictamen de la Procuradora, cuyos fundamentos compartió la CSJN, se destacó: “El art. 167 del Código Tributario Municipal (vigente durante los períodos fiscales de que trata la presente, cfr. fs. 157, al que se referirán las citas siguientes) tipificaba al hecho imponible de la Contribución de que se trata, de la siguiente manera: “El ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial, de servicios, u otra a título oneroso, y todo hecho o acción destinada a promoverla, difundirla, incentivarla o exhibirla de algún modo; está sujeto al pago del tributo establecido en el presente Título, conforme a las alícuotas, adicionales, importes fijos, índices y mínimos que establezca la Ordenanza Tributaria Anual, en virtud de los servicios municipales de contralor, salubridad, higiene y asistencia social y cualquier otro no retribuido por un tributo especial, pero que tienda al bienestar general de la población” (textual del dictamen de la Sra. Procuradora General).

Se analizó -y disintió- con la afirmación del a quo respecto de este precepto, en cuanto que la definición legal del hecho imponible allí contenido opera como tasa o como impuesto según la modalidad de prestación de la actividad sobre la que recaiga el tributo, y que en ambos casos, lo es en virtud de los servicios municipales a que se refiere el artículo precitado.

La Corte -se expresa- “ha sido categórica al definir la tasa como una categoría tributaria derivada del poder de imperio del Estado, que si bien posee una estructura jurídica análoga al impuesto, se diferencia de éste por el presupuesto de hecho adoptado por la ley, que consiste en el desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado y que, por ello, desde el momento en que el Estado organiza el servicio y lo pone a disposición del particular, éste no puede rehusar su pago aún cuando no haga uso de aquél, o no tenga interés en él, ya que el servicio tiene en mira el interés general (Fallos: 251:50...).

Con la guía certera de esta consolidada jurisprudencia, resulta prístino que la diferencia entre tasa e impuesto queda indubitablemente determinada por la existencia o no –en sus respectivos presupuestos de hecho- del desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado.

Por ende, los diferentes modos bajo los cuales los contribuyentes desempeñen sus actividades no causan mutación en la naturaleza jurídica del tributo, establecida por el legislador en ejercicio de sus facultades constitucionales propias y exclusivas (arg. arts. 4°, 5°, 17, 52, 75 –incs. 1° y 2°-, 99 –inc. 3°- y 121 de la Carta Magna).

Cabe destacar que esta distinción entre especies tributarias no es meramente académica, sino que además desempeña un rol esencial en la coordinación de potestades tributarias entre los diferentes niveles de gobierno, a poco que se advierta que el art. 9, inc. b) de la citada ley 23.548 excluye a las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados de la prohibición de aplicar gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos.

-V-

Marcada la clara diferencia entre impuestos y tasas, es evidente... que la CCIES tipificada en el art. 167 del Código Tributario Municipal, transcripto supra, no encuadra dentro de los primeros...

...ello es así puesto que el legislador local diseñó el presupuesto de hecho adoptado para hacer nacer la obligación de pago de la CCIES tomando en cuenta la prestación a los particulares de ciertos servicios comprendidos en una serie de actividades estatales que allí enumera, de forma no taxativa (contralor, salubridad, higiene y asistencia social y cualquier otro no retribuido por un tributo especial, pero que tienda al bienestar general de la población).

En este punto es prudente recordar que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, y las palabras deben entenderse empleadas en su verdadero sentido, en el que tienen en la vida diaria, y cuando la ley emplea varios términos sucesivos, es la regla más segura de interpretación la de que esos términos no son superfluos, sino que han sido empleados con algún propósito, sea de ampliar, de limitar o de corregir los conceptos (Fallos: 200:176... entre otros).

La mención de las actividades gravadas, seguida de los términos “en virtud de los servicios municipales” que allí enumera, no puede ser entendida como una redacción descuidada o desafortunada del legislador, sino que la sucesión entre ambos indica que la intención fue retribuir estos servicios mediante la CCIES, exhibiendo así la vinculación directa entre hecho imponible –desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado- y una obligación tributaria extraña a la especie impositiva.

A mayor abundamiento, vale la pena destacarlo, a diferencia de lo expresado por el Superior Tribunal, el fisco pretensor reiteradamente calificó al tributo en cuestión como “tasa”... (confr. Resolución determinativa, fs..., y resolución...-

Sobre tales pautas, resulta indubitable que la CCIES, al reclamarse en virtud de los servicios municipales referidos en su presupuesto de hecho, no puede ser clasificada como impuesto ya que se trata de una tasa.

-VI-

Puesta en claro así su naturaleza de tasa, corresponde analizar si su pago podía ser exigido válidamente por el Municipio a la actora, a la luz de lo ventilado en el sub lite.

Se encuentra fuera de debate que la accionante contaba con un agente de propaganda médica que se desempeñaba en relación de dependencia, cuyo domicilio particular estaba ubicado en la ciudad de Córdoba... La recurrente vendió sus productos en esa ciudad, para lo cual había encargado la distribución a una tercera empresa... pero carecía de local, depósito o establecimiento de cualquier tipo en el territorio del municipio...

En estas condiciones, la demandada fundó su pretensión tributaria de la siguiente manera: “Que el tributo de marras se refiere a una serie de servicios que no deben considerarse en forma aislada sino conjuntamente, y cuyo objetivo es que las actividades lucrativas ejecutadas en su ejido, lo sean en forma ordenada, pacífica, segura y con mutuo respeto de los derechos de cada uno. Esto se hace ya sea controlando el buen estado de los edificios; coordinando el transporte; ordenando el tránsito y regulando el estacionamiento; denominando, numerando y asignando sentido a las calles, y, en general, organizando las reglas básicas para la promoción, ejercicio y progreso de las actividades comerciales, industriales y de servicios que se desarrollan en la ciudad, entre ellas, las cumplidas por el impugnante”...

...Esta postura municipal se evidencia contraria a todas luces a un requisito fundamental respecto de las tasas, reiteradamente exigido por una extensa y constante jurisprudencia del Tribunal, como es que al cobro de dicho tributo debe corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio referido a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente (Fallos: 234:663...).

Aplicada dicha doctrina a las constancias de autos, queda en evidencia que la pretensión fiscal de la demandada carece de todo ajuste a los principios y reglas desarrollados en el párrafo anterior, los cuales encuentran sustento en el art. 17 de la Constitución Nacional. Por ese motivo, es ilegítimo el cobro de la gabela aquí tratada (Fallos: 312:1575...).

Por último, no es ocioso recordar que si bien la Corte suprema sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos y su fallo no resulta obligatorio para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllas... De esa doctrina, y de la de Fallos: 212: 51..., emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores –inclusive los Superiores Tribunales locales- que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Máximo Tribunal en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional. Más aún en supuestos como el presente, en el cual la extensa e inveterada jurisprudencia de V.E. sobre los requisitos para el cobro de las tasas ha sido expresamente invocada por el apelante desde el inicio mismo de las actuaciones administrativas...”.

Con estos conceptos de la Procuradora General, reitero, coincidió el máximo tribunal, resolviendo en consecuencia.

VIII) En el presente caso, adelanto, voy a resolver tal cual lo han venido haciendo estas Cámaras, en consonancia con el Tribunal Superior de Justicia Provincial.

Ello, atento que encuentro argumentos que la Corte considera es menester sean aportados para que se justifique esgrimir una postura distinta a la sentada por ella en los casos que he enumerado.

La Constitución de Córdoba concede a los municipios un extenso poder fiscal, presagiando en sus arts. 180, 186 y 188 la base y apoyo explícitos posteriormente brindados por el art. 123 de la Constitución Nacional de 1994, lo que surge concretamente del art. 186 inc. 3, que los faculta para “crear, determinar y percibir recursos económico-financieros...”.

El art. 188 ib. en su inc. 1 contempla los “impuestos municipales establecidos en la jurisdicción respectiva, que respeten los principios constitucionales de la tributación y la armonización con el régimen impositivo provincial y federal”.

En su inc. 2, este mismo artículo incluye otros recursos, tales como “precios públicos, tasas, derechos, patentes, contribuciones por mejoras, multas y todo otro ingreso de capital... ”.

No debe descartarse, en sustancial análisis circunscripto al caso, que la Contribución de que se trata constituya un impuesto –que el municipio puede legítimamente aplicar-, ni puede acarrear estigma su imposición, atento que la Municipalidad demandada no ha violado norma alguna. No se ha contrariado lo establecido por la Ley de Coparticipación Federal, observándose especialmente su art. 9 inc. b), y las demás imposiciones que surgen del resto de incisos del citado artículo. También se cumple con el Convenio Multilateral –que la Municipalidad no firmara-, en especial art. 35 primera parte.

No es superfluo recordar aquí, como ha destacado siempre el T.S.J., que dicho convenio se trata de una normativa anterior a los procesos de reformas constitucionales que en las Provincias y con posterioridad, en la propia Constitución Nacional, consagraron el principio de
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