CÁmara de diputados del congreso de la unióN, CÁmara de senadores del congreso de la unióN, presidente de los estados unidos mexicanos, secretario de






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__________________________ Y OTROS

VS

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
AMPARO INDIRECTO

ESCRITO INICIAL DE DEMANDA
ENTIDAD FEDERATIVA: ______________

REGIÓN: __________________________
C. JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO

EN EL DISTRITO FEDERAL, EN TURNO

P R E S E N T E
Los que suscribimos, CC. __________________________________________, mexicanos, en pleno uso de nuestros derechos civiles y políticos, personalidad que acreditamos con la presentación de los comprobantes originales de percepciones y deducciones correspondientes a la primera quincena de diciembre de dos mil doce y con la copia simple de la Credencial para Votar expedida en nuestro favor por el Instituto Federal Electoral, ambos documentos de todos y cada uno de los que suscribimos la presente vía constitucional, por nuestro propio Derecho; señalando como domicilio convencional para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones el ubicado en Calle Quiches, Número 11, Colonia La Raza, Código Postal 02990, Delegación Azcapotzalco, Distrito Federal, México; autorizando para tales efectos, en los términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los CC. Eduardo Pérez Saucedo, Arturo Ascencio Salazar García, Gerardo Fierros Romero, Arturo Ávila Cruz, Sergio Justo Salazar García, Miguel Ángel Ramírez Basurto, Pedro Pérez Saucedo, Josué Jair Muñoz Hernández, Melquiades Contreras Plata y Flor Edith González Pardo; y señalando como representante común, en los términos del artículo 20 de la Ley citada, al C. _______________________________, con el debido respeto, comparecemos ante ese H. Juzgado, para exponer lo siguiente:
Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, fracción I; 22, fracción I; 114, fracción I; 116 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; venimos en tiempo y forma a interponer el presente Juicio de Garantías, solicitando el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, por violación en nuestro perjuicio de los Derechos Humanos consagrados en nuestro beneficio por los artículos 1, 4, 5, 9, 14, 16, 17, 25, 26, 123 Apartado A, Fracciones I, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI y XXIX, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fundándonos en lo previsto por la fracción I del artículo 1 de la Ley citada y formulando esta demanda en el orden establecido por el artículo 116 del mismo ordenamiento en los siguientes términos:
I.- NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS QUEJOSOS: El nombre de todos y cada uno de los quejosos y el domicilio convencional para oír y recibir cualquier clase de documentos y notificaciones, quedaron expresados en el proemio de la presente vía constitucional.
II.- TERCERO PERJUDICADO: No existe.
III.- AUTORIDADES RESPONSABLES:
COMO AUTORIDADES ORDENADORAS:
1.- CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. Es responsable de dictar, aprobar y expedir el Decreto de reforma a la Ley Federal del Trabajo que se combate en el presente juicio de garantías;
2.- CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. Es responsable de dictar, aprobar y expedir el Decreto de reforma a la Ley Federal del Trabajo que se combate en el presente juicio de garantías;
3.- PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Es responsable de promulgar el Decreto de reforma de la Ley Federal del Trabajo que se combate en el presente juicio de garantías;
4.- SECRETARIO DE GOBERNACIÓN. Es responsable de refrendar el Decreto que contiene las reformas a la Ley Federal del Trabajo que se combate en el presente juicio de garantías.

COMO AUTORIDADES EJECUTORAS:
5.- SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Es responsable de ejecutar en el ámbito administrativo, el Decreto que contiene las reformas a la Ley Federal del Trabajo que se combate en el presente juicio de garantías. Aclarando que al día de hoy, no hemos tenido conocimiento de que se haya dado algún acto de aplicación por parte de dicha autoridad;
6.- PRESIDENTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. Es responsable de ejecutar en el ámbito jurisdiccional, el Decreto que contiene las reformas a la Ley Federal del Trabajo que se combate en el presente juicio de garantías, Aclarando que al día de hoy, no hemos tenido conocimiento de que se haya dado algún acto de aplicación por parte de dicha autoridad; y
7.- DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Es responsable de publicar el Decreto que contiene las reformas a la Ley Federal del Trabajo que se combate en el presente juicio de garantías.
IV.- LEY RECLAMADA:
Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de noviembre de dos mil doce; particularmente por lo que hace a los artículos: 2, 3, 15-A, 15-B, 15-C, 15-D, 22 Bis, 25, 28, 28-A, 28-B, 35, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 39-D, 39-E, 39-F, 47, 48, 50, 56, 56 Bis, 83, 101, 127, 153-D, 153-E, 153-I, 153-J, 153-K, 153-L, 153-U, 153-V, , 154, 159, 173, 174, 175 Bis, 176, 279, 279 Bis, 279 Ter, 280, 283, 311, 333, 336, 343-A, 343-E, 357, 364 Bis, 365 Bis, 366, 371, 373, 377, 391 Bis, 424 Bis, 527, 692, 1004-B, 1004-C y Artículos Transitorios.
Dichos artículos, violentan disposiciones legales del Orden Nacional, y diversos tratados internacionales, y al ser estos artículos de naturaleza autoaplicativa, se hace valer el interés legítimo colectivo que concierne a los quejosos.
Estado Mexicano está obligado a armonizar el sistema jurídico legal interno al internacional, toda vez que la violación de derechos humanos no sólo se da por acción, sino también por omisión, como en el caso que nos ocupa; porque al aprobar, expedir, promulgar, refrendar, ejecutar y publicar el Decreto que contiene las reformas a los numerales de la Ley Federal del Trabajo, se materializa la violación de los derechos humanos de los quejosos.
En virtud de que el acto reclamado es de carácter autoaplicativo, la presente instancia de garantías deberá admitirse y dársele curso para que en su oportunidad se declare la inconstitucionalidad e in-convencionalidad de las disposiciones combatidas y que, por tanto, deberán quedar sin efecto alguno para los quejosos, al efecto, sirve la siguiente interpretación del Poder Judicial de la Federación, que a la letra dice:
AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA.
El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro.
Amparo en revisión 3912/86. Vidriera Los Reyes, S.A. 23 de febrero de 1989. Mayoría de catorce votos. Ausente: Ángel Suárez Torres. Disidentes: Noé Castañón León, Manuel Gutiérrez de Velasco, Atanasio González Martínez, Fausta Moreno Flores y Carlos del Río Rodríguez. Impedimento legal: Salvador Rocha Díaz. Ponente: Ulises Schmill Ordóñez. Secretaria: Martha Moyao Núñez.

Amparo en revisión 4823/87. Hako Mexicana, S.A. 28 de febrero de 1989. Mayoría de catorce votos. Ausente: Manuel Gutiérrez de Velasco. Disidentes: Noé Castañón León, Atanasio González Martínez, Fausta Moreno Flores, Ángel Suárez Torres y Carlos del Río Rodríguez. Impedimento legal: Salvador Rocha Díaz. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.

Amparo en revisión 1897/95. Calixto Villamar Jiménez. 13 de abril de 1999. Mayoría de ocho votos; unanimidad de once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Juan Díaz Romero. Encargado del engrose: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Armando Cortés Galván. 

Amparo en revisión 1404/95. Carlos Alberto Hernández Pineda. 13 de abril de 1999. Mayoría de ocho votos; unanimidad de once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Francisco de Jesús Arreola Chávez.

Amparo en revisión 6/97. María Isabel Díaz Ulloa. 13 de abril de 1999. Mayoría de ocho votos; unanimidad de once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Guadalupe M. Ortiz Blanco.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiséis de octubre en curso, aprobó, con el número 112/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve.
PERTINENCIA
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, fracción I, de la Ley de Amparo y el artículo 55, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ese H. Juzgado es competente para conocer la presente demanda de amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, pues la expedición del decreto de reformas, afecta los derechos humanos laborales consagrado en la Constitución y en los tratados internacionales adoptados por el Estado Mexicano.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo, procede en tiempo y forma a reclamar la inconstitucionalidad de los artículos, mediante la presente demanda de amparo, misma que se promueve dentro del plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de la ley.
Es menester precisar que el acto reclamado no se combate con motivo de algún acto de aplicación, toda vez que al tratarse de una norma autoaplicativa, por la naturaleza de las disposiciones que contiene que con su simple entrada en vigor, generan afectación a las garantías sociales de los quejosos.
Sirven de apoyo las siguientes interpretaciones del Poder Judicial de la Federación:
PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.
La posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país -al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano-, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte.
PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.
El mecanismo para el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial debe ser acorde con el modelo general de control establecido constitucionalmente. El parámetro de análisis de este tipo de control que deberán ejercer todos los jueces del país, se integra de la manera siguiente: a) todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en los artículos 1o. y 133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación; b) todos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; c) los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivados de las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido parte, y d) los criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado Mexicano no haya sido parte.

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.
De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia.
El acto reclamado en el presente juicio de garantías es violatorio de derechos humanos laborales, que como parte de la obligación que le impone al Estado Mexicano la Constitución y normas internacionales de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad ajustándose a dichos dispositivos internacionales y así asegurar al ser humano una adecuada reparación de sus derechos humanos mediante un recurso sencillo, rápido y eficaz
En virtud de que el acto reclamado es de carácter autoaplicativo, la presente instancia de garantías deberá admitirse y dársele curso para que en su oportunidad se declare la inconstitucionalidad e in-convencionalidad de las disposiciones combatidas y que, por tanto, deberán quedar sin efecto alguno para los quejosos, tanto en su aplicación actual como futura, debiendo restituírsele en el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales respecto de todos esas disposiciones. Al efecto es aplicable, en lo que hace al supuesto que se refiere a las leyes autoaplicativas.
Con respecto al plazo para la interposición de la presente vía constitucional, sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia provista por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que a la letra dice:
DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PRESENTACIÓN, EL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO DEBE COMPUTARSE TOMANDO EN CUENTA COMO HÁBILES TODOS LOS DÍAS DEL AÑO, CON EXCEPCIÓN DE LOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 23 DE LA CITADA LEY Y 163 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA LABORADO.
Del criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 5/95, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-II, febrero de 1995, página 40, se desprende que para determinar la oportunidad en la presentación de una demanda de amparo contra una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dictada por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, no deben excluirse del cómputo respectivo, los días hábiles en que el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento haya suspendido labores, ya que sólo deben excluirse los días que los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señalan como inhábiles, aunque los haya laborado la autoridad responsable y los días en que no haya laborado la autoridad responsable. No es óbice a lo antes expuesto lo previsto en el artículo 26 de la ley de la materia, en el sentido de que no se computarán los días hábiles no laborados por "el juzgado o el tribunal en que deban hacerse las promociones", toda vez que tal disposición debe entenderse referida únicamente a los días hábiles en que la autoridad responsable haya suspendido sus labores, en tanto que es a ésta a la que le corresponde recibir la demanda de garantías por disposición expresa del artículo 163 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.
SEGUNDA SALA
Contradicción de tesis 8/2003-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Octavo Circuito, Primero en Materia Civil del Segundo Circuito, Primero en Materia Civil del Sexto Circuito y Segundo en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito. 28 de febrero de 2003. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.
Tesis de jurisprudencia 18/2003. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de marzo de dos mil tres.
Nota: La tesis P./J. 5/95 citada aparece publicada con el rubro: "DÍAS INHÁBILES. PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, DEBEN EXCLUIRSE TANTO LOS QUE CONTEMPLA LA LEY DE AMPARO AUNQUE HAYAN SIDO LABORABLES PARA LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, COMO LOS CONTEMPLADOS COMO HÁBILES POR LA PROPIA LEGISLACIÓN CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SUSPENDIERON SUS LABORES.".
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