Programa que ha de regir la oposición para el ingreso en las carreras judicial y fiscal convocadas en 2008






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Manuel Sarrión Sierra TEMA

6

Actualizaciones para

TEORÍA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL, para acceso a las carreras Judicial y Fiscal,


[J. Agustín Amorós y otros, Ed. 2007]



Novedad que afecta al Manual de Contestaciones al Programa:
PROGRAMA QUE HA DE REGIR LA OPOSICIÓN PARA EL INGRESO EN LAS CARRERAS JUDICIAL Y FISCAL CONVOCADAS EN 2008
Tema a que afecta:

Tema 6º. El principio y derecho fundamental a la igualdad y la prohibición de discriminación. El derecho a la vida y a la integridad física y moral. La libertad de conciencia, ideológica y de culto. La protección jurídica de los extranjeros en España.

Texto del tema:

EL PRINCIPIO Y DERECHO FUNDAMENTAL A LA IGUALDAD Y LA PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN
El principio y derecho fundamental a la igualdad y la prohibición de discriminación. El derecho a la vida y a la integridad física y moral. La libertad ideológica, religiosa y de culto. La protección jurídica de los extranjeros en España

I. EL PRINCIPIO Y DERECHO FUNDAMENTAL A LA IGUALDAD Y LA PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN


_________________________________________________________________________


1. La igualdad en la Constitución

La referencia a la igualdad en nuestra Constitución, según ALVAREZ CONDE, aparece regulada en tres momentos diferentes que, a su vez, se encuentran relacionados entre sí; como valor superior del ordenamiento, en la cláusula de transformación del art.9.2, y en el art.14.

En primer lugar, hemos de partir de la consideración de la igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico (art.1.1 CE) que, según nuestra jurisprudencia constitucional, “se proyecta con una eficacia trascendente de modo que toda situación de desigualdad persistente a la entrada en vigor de la norma constitucional … deviene incompatible con el orden de valores que la Constitución, como norma suprema, proclama” (sentencias de 18 de febrero, 20 de julio y 3 de agosto de 1983).

Por otro lado, nos encontramos con la proclamación de la igualdad material, real y efectiva, del artículo 9.2 CE, con evidente sentido transformador y que parece permitir la justificación de desigualdades formales en aras de la consecución de la igualdad real, y obliga a los poderes públicos a remover los obstáculos que existan para que la igualdad sea real y efectiva.

Finalmente, con la proclamación del principio de la igualdad formal reconocido en el art.14: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

2. Naturaleza jurídica

ALVAREZ CONDE afirma que pese a su ubicación en el Capítulo II del Título I, hoy es comúnmente admitido que no estamos únicamente en presencia de un derecho fundamental. Se trata más bien de un principio constitucional, de un principio general del derecho, inspirador de todo el sistema de derechos y libertades, y como tal debería ser interpretado. El panorama se complica cuando la Constitución le confiere un rango semejante a los derechos fundamentales, al reconocerle su protección característica, el recurso de amparo.

El TC, en la citada sentencia de 3 de agosto de 1983, puso de relieve que el art.14 englobaba la existencia de tres figuras:

  1. Un principio general del derecho, de manera que cualquier excepción a él tiene que ser sometida a una interpretación restrictiva.

  2. Un derecho subjetivo de todos los ciudadanos.

  3. Un principio limitador de la acción de los poderes públicos, con especial incidencia en el ámbito de actuación del poder legislativo.

La igualdad se configura hoy como una noción más compleja que la de la igualdad ante la ley que predicaron las revoluciones liberales: se construye, sobre todo, como un límite de la actuación de los poderes públicos y como un mecanismo de reacción frente a la arbitrariedad de los poderes públicos. No se trata ya de que éstos no puedan, en sus actuaciones, diferenciar entre individuos o grupos: se trata de que si lo hacen, su actuación no puede ser arbitraria. Es, por tanto, un principio negativo, limitativo, que acota un ámbito de actuación de los poderes públicos, y reaccional, que permite a los particulares reaccionar frente a las actuaciones de aquéllos cuando sean arbitrarias (GARCIA MORILLO)

3. Igualdad ante la ley y en la aplicación de la ley

La formulación de la igualdad constitucional en el art.14 CE ha sido definida como igualdad ante la ley. PEREZ ROYO entiende que, pese a lo común de esta apreciación, no es correcta, puesto que afirma que los ciudadanos no somos iguales ante la Ley, sino ante la Constitución.

Cuando hablamos de igualdad ante la ley, estamos diciendo algo simplemente absurdo; una cosa es que la ley sea la misma para todos y otra muy distinta que todos seamos iguales ante la ley. La posición en la que se encuentra cada individuo ante la ley, a diferencia de lo que le ocurre ante la Constitución, no puede dejar de ser diferente. Tan iguales como tienen que ser todos ante la Constitución, tiene cada uno que ser diferente ante la ley.

Lo que ha querido expresar el constituyente de 1978 es sencillo: la igualdad constitucional no exige la igualdad legislativa, sino la neutralidad legislativa, es decir, que la ley debe regular el ejercicio del derecho a la diferencia sin tomar partido por nadie. El poder legislativo debe ser neutral, y la ley, en cuanto expresión de la voluntad general, no puede tomar partido por una voluntad particular frente a otra.

Por ello, y a juicio de este autor es la prueba definitiva de su razonamiento, la igualdad constitucional no prohíbe que el legislador diferencie entre ciudadanos; lo que se prohíbe es que diferencie de manera no objetiva, no razonable y no proporcionada. Por ello, entiende que el contenido esencial de la igualdad constitucional es la prohibición de la discriminación.

Tampoco es correcto para PEREZ ROYO hablar de igualdad en la aplicación de la ley. La igualdad constitucional únicamente se dirige al legislador; para los demás poderes del Estado la igualdad no opera directamente, sino a través de la ley; es decir, que lo que para el legislador es una igualdad originaria, para los poderes ejecutivo y judicial es una igualdad derivada y mediata, que se exige a través de la ley, y que no tiene la misma intensidad, por cuanto ésta es mayor cuanto más próximo se está a la voluntad general.

  1. Para el poder ejecutivo, la exigencia de igualdad constitucional es similar a la del poder legislativo, por cuanto ambos tienen naturaleza política; la igualdad constitucional exige la neutralidad en la ejecución de la ley.

  2. Respecto del poder judicial, la igualdad constitucional no se traduce en exigencia de neutralidad, sino de imparcialidad.

En conclusión, PEREZ ROYO afirma que la igualdad es un presupuesto para que los individuos puedan ejercer el derecho a la diferencia a través de los derechos fundamentales. De ahí su ubicación sistemática en la Constitución, en el Capítulo II del Título I, pero autónomamente, como primer artículo del capítulo y sin integrarse en ninguna de las secciones del mismo, lo que se interpreta como que la igualdad no es el primero de los derechos constitucionales, sino el presupuesto de todos ellos, y en cuanto tal, es límite para la acción de los poderes del Estado, que solamente tiene sentido como instrumento para garantizar la convivencia entre individuos titulares de dichos derechos.

En el ámbito de las relaciones privadas entre particulares no opera la igualdad constitucional. La igualdad es un límite para los poderes públicos en general y para el legislador en particular, pero no para los ciudadanos. Ahora bien, si la igualdad constitucional no es un límite para los particulares, las prohibiciones concretas del art.14 CE sí lo son. Además de los límites establecidos por las leyes, la igualdad constitucional también opera como límite para la autonomía de la voluntad, es decir, para el ejercicio del derecho a la diferencia, pero no en cuanto tal, sino únicamente en la forma de prohibiciones concretas de discriminación.
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