Patrimonio de familia cancelación / patrimonio de familia renuncia. Titular / cancelacion del patrimonio de familia título. Acto / superintendencia de






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títuloPatrimonio de familia cancelación / patrimonio de familia renuncia. Titular / cancelacion del patrimonio de familia título. Acto / superintendencia de
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PATRIMONIO DE FAMILIA - Cancelación / PATRIMONIO DE FAMILIA - Renuncia. Titular / CANCELACION DEL PATRIMONIO DE FAMILIA - Título. Acto / SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - Falla del servicio. Inexistencia
Observa la Sala que en el sub judice, a solicitud de la señora María Victoria Flor de Muñoz se procedió mediante la escritura pública No 842 de 24 de abril de 1987 a dejar sin efectos el patrimonio de familia que había sido constituido a través de la escritura pública No 4088 de 4 de diciembre de 1982. Lo anterior, por cuanto esta señora figuraba como titular del citado patrimonio de familia y, si bien, en la escritura respectiva se indicó que también lo eran sus hijos menores, en ese acto no se relacionaron sus nombres y mucho menos su edad, razón por la cual ante la aseveración efectuada por la interesada de que en ese momento no tenía hijos menores, el notario procedió a dar fe del acto de cancelación del patrimonio de familia. Debidamente protocolizada la manifestación de la señora Flor de Muñoz, se presentó el título donde constaba la cancelación del patrimonio de familia ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, dependencia que al tenor de lo normado en los artículos 43 del decreto 960 y de los artículos 40 y 41 del Decreto 1260 de 1970, debía efectuar la cancelación del correspondiente registro, sin tener que exigir requisitos adicionales, pues el título que se le presentó estaba debidamente suscrito no solo por la declarante sino además, por la notaria, cuya rúbrica daba fe de que para su protocolización se habían cumplido con los requisitos exigidos por la ley, según lo señala el artículo 14 del decreto 960 de 1970 Además, en la anotación correspondiente a la cancelación, se indicó el número y la fecha de la escritura pública a través de la cual se había constituido el patrimonio de familia, el número y fecha del título a través del cual se canceló dicha escritura, el código y la naturaleza jurídica del acto, así como el nombre de la persona que intervino en él. Ante tales circunstancias, no se configura un actuar irregular de la Superintendencia de Notariado y Registro por haber efectuado la cancelación de la inscripción del patrimonio de familia que se había constituido mediante la escritura No 4088 de 4 de diciembre de 1989, única imputación que se hace en la demanda y que al no aparecer demostrada conduce a que se confirme la sentencia apelada, como en efecto se dispondrá.


CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA
Consejero ponente: GERMAN RODRIGUEZ VILLAMIZAR
Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos mil cinco (2005)
Radicación número: 19001-23-31-000-1993-00006-01(14337)
Actor: CLARA MARELVI MUÑOZ FLOR Y OTRO
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

Referencia: INDEMNIZATORIO

Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 19 de junio de 1997 por el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la cual se denegaron las súplicas de la demanda.


I.- ANTECEDENTES


1. - La demanda.
Mediante escrito presentado el 20 de octubre de 1993 ante el Tribunal Administrativo del Cauca (fls. 32 a 48 cdno. 2), el señor Reinel Muñoz Fernández actuando en nombre de su hija menor Clara Marelvi Muñoz Flor, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda para que se declare la responsabilidad de la Superintendencia de Notariado y Registro, con las siguientes pretensiones:
PRIMERO: La Superintendencia Nacional de Notariado y Registro es responsable del ‘Daño Material’ consistente en la cancelación del patrimonio de familia que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Popayán hizo el 15 de mayo de 1987 al registrar la E.P No 842 del 24 de abril de 1987 de la Notaría Segunda de Popayán, de manera ilegal, arbitraria, cuasidelictual y sin exigir el procedimiento que para tales eventos se hacía con la autorización del Juez Civil de Menores y hoy con la autorización de los Juzgados Promiscuos de Familia, patrimonio de familia inembargable constituido mediante E.P No 4088 del 4 de diciembre de 1984 de la Notaría Segunda de Popayán, literal (sic) 16, a favor de MARIA VICTORIA FLOR DE MUÑOZ y de sus hijos patrimonio que se encuentra vigente a la luz del derecho al no haber mediado orden judicial de un Juzgado de Menores de esa época y ser los hijos de la señora FLOR DE MUÑOZ beneficiarios por su edad para ese año y aún serlo CLARA MARELVI MUÑOZ FLOR, de dieciséis (16) años cumplidos, a quien le asiste el derecho a que se declare a su favor la indemnización que resulte de la reparación directa (sic) con el hecho y la omisión configurada con la cancelación del patrimonio de familia inembargable, de la casa ubicada en el perímetro urbano de esta ciudad en la calle 8 B No 17-48 B / La Esmeralda, distinguida por los siguientes linderos especiales: ‘NORTE, Lote No 15 de la misma manzana en 7.08 mts; SUR, con la calle 8B, en 7.09 mts; ORIENTE: Con el lote No 4 de la misma manzana en 20 mts, hoy casa de Ignacio Piamba, pared media y por el OCCIDENTE: Con el lote No 6 de la misma manzana en 20 mts hoy casa de Carmen Rodríguez, pared medianera en medio. Cancelación irregular que permitió las hipotecas de la casa y su ulterior remate y pérdida de la misma y y que para efectos de los términos de la acción propuesta se estima en el 24 de mayo de 1992, fecha del proveido por el cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Popayán, dispuso el remate del inmueble.
SEGUNDO.- Como consecuencia de la decisión precedente y a título de indemnización por la reparación directa suplicada en que ha sido lesionada mi mandante, se ordenarán estas o semejantes:
2.1 .- Es responsable la Superintendencia Nacional de Notariado y Registro del Daño Material con ocasión de la cancelación arbitraria, indebida e ilegal del patrimonio de familia constituido en la E.P No 4088 del 4 de diciembre de 1984 de la Notaría Segunda de Popayán, anotado el 15 de mayo de ese año y que permitió que se constituyeran hipotecas y el ulterior remate de la casa de la calle 8B No 17-48 hecho por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Popayán, y estimados en la suma de VEINTICINCO MILLONES ($25.000.000.) DE PESOS M.CTE, que es el valor del inmueble a precios comerciales de la fecha de esta demanda;
2.2. La actualización de la suma de VEINTICINCO MILLONES ($25.000.000) DE PESOS, para la época en que se haga efectiva la sentencia conforme a los índices de devaluación que para tal efecto expedirán las oficinas del DANE en Bogotá.
2.3 Se decretará la corrección monetaria al momento en que se produzca el pago de la suma de VEINTICINCO MILLONES ($25.000.000) DE PESOS, en que se estimó el daño material ocasionado por la cancelación indebida del registro inembargable del patrimonio y que equivale al valor de la casa de la calle 8B No 17-48 B/ La Esmeralda, ó el que resulte probado en el proceso.
2.4. Es responsable la Superintendencia Nacional de Notariado y Registro del daño moral con ocasión de la cancelación arbitraria, indebida e ilegal del patrimonio de familia inembargable constituido en la E.P No 4088 del 4 de diciembre de 1984 de la Notaría Segunda de Popayán, a favor de los hijos menores de la señora MARIA VICTORIA FLOR DE MUÑOZ, incluyendo a CLARA MARELVI y consistente en el registro de la E.P No 842 del 24 de abril de 1987, de la Notaría Segunda de Popayán, anotado el 15 de mayo de ese año y que permitió que se constituyeran hipotecas y el ulterior remate de la casa de la calle 8BG No 17-48 B/ La Esmeralda por los linderos del petitum de esta demanda, al tener que salir de ella con escarnio público de compañeras y amigas, de haber quedado sin vivienda y sin hogar, haber perdido su años escolar y tener que estar arrimada y de posada en casa de sus hermanos mayores para continuar sus estudios, con la psicosis y depresión afectiva que sobre ella conllevó el perder la casa donde vivió su infancia y adolescencia; lo que se aprecia en MIL (1.000) Gramos de Oro, al precio que certifique a la fecha de ejecutoria de la sentencia el Banco de la República.
2.5 Las condenas devengarán intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia sino se diere cumplimiento al fallo dentro del término previsto por el art. 176 del Código Contencioso Administrativo, vencido el término de seis (6) meses devengarán intereses moratorios hasta cuando efectúe el pago, sin perjuicio que durante este término se haga el ajuste o corrección monetaria prevista en el art. 178 del mismo código..”


La demandante, estima vulnerados los artículos 2, 6, 29, 51, 58, 90 y 125 de la Constitución Política; 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 39, 40, 41 y 42 del Decreto 1250 de 1970; 1 a 30 de la Ley 70 de 1931 y 1 a 5 de la Ley 91 de 1936.
2. - Los hechos.
En la demanda se narran los siguientes:
A.- La señora MARIA VICTORIA FLOR DE MUÑOZ, adquiere mediante E.P. No. 1947 del 9 de Diciembre (sic) de 1.976 de la Notaría Segunda de Popayán la casa ubicada en la Calle 8B No. 17-48 B/La Esmeralda, conforme a los linderos del petitum de esta demanda, a los señores MARCO ANTONIO VERGARA y BERTA CECILIA FERNÁNDEZ DE VERGARA.
B.-) Sobre la casa referida constituye hipoteca de DOSCIENTOS OCHENTA MIL ($280.000.oo) PESOS a favor del Instituto de Crédito Territorial contenido en la E.P. No. 4088 del 4 de Diciembre (sic) de 1.984, numeral 10 registrada el 13 de Diciembre de ese año, bajo matrícula inmobiliaria No. 120-0026983 y en la misma escritura se estipuló una condición resolutoria conforme al numeral 7° de dicha escritura y en el décimo sexto (sic), numeral (16), se constituyó patrimonio de familia inembargable a favor de MARIA VICTORIA FLOR DE MUÑOZ y de sus hijos y los que llegue a tener
C.+ (sic) VICTORIA FLOR DE MUÑOZ, mediante E.P. No. 842 del 24 de Marzo (sic) de 1.987 de la Notaria Segunda de Popayán a pesar de que habían hijos menores como CLARA MARELVI MUÑOZ FLOR, WILLIEN FERNANDO, EMILSE Y (sic) REINEL MUÑOZ FLOR y sin mediar autorización del Juzgado de Menores de esa época, canceló mediante el anotado documento público el Patrimonio de Familia constituido sobre la casa a que nos venimos refiriendo a favor suyo y de sus hijos menores.
D.-) A pesar de las irregularidades manifiestas de la Escritura No. 842 del 24 de Abril (sic) de 1.987, se registra en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos el 15 de Junio de 1.987 y cuya indemnización por el “Daño Material” y el “Daño Moral” se solicita al Tribunal de lo Contencioso Administrativo como acto declarativo que es demanda de Acción de Reparación Directa:
E.-) La Sra. MARIA VICTORIA FLOR DE MUÑOZ, constituye hipotecas de segundo y tercer grado por DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL ($2.200.000.oo) PESOS y DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL ($2.900.000.oo) PESOS con la Sra. ALBA RICO DE VILLAQUIRÁN y VICTOR AUGUSTO TREJOS, mediante E.P. Nos. 1120 del 27 de Abril (sic) de 1.990 y 1.561 del 31 de Mayo (sic) de 1.990, ambas de la Notaria Segunda de Popayán.
F.-) Mediante oficio No. 1923 del 10 de Diciembre (sic) de 1.990 el Juzgado Civil Primero del Circuito de Popayán embarga con acción real de la casa que es objeto de esta demanda y en dicho proceso ejecutivo con garantía real entre VICTOR AUGUSTO TREJOS, acreedor hipotecario de 3er. Grado y no participa el Instituto de Crédito Territorial que tenía a su favor garantía de primer grado y condición resolutoria sobre el inmueble, a quién no se lo cita para que integre la Litis “consorcio necesario”.
G.-) Proferida la sentencia de los ejecutivos acumulados, avaluado, secuestrado el inmueble, se remata y en providencia del 29 de mayo de 1.992 , se le adjudica la casa a que se refiere y se identifica en el petitum de esta demanda a los señores a los señores ALBA RICO DE VILLAQUIRAN y VICTOR AUGUSTO TREJOS.
H.-) Mediante E.P No. 2843 del 19 de Agosto (sic) de 1.992 de la Notaria Segunda de Popayán, y registrada el 7 de Octubre (sic) de ese año se protocoliza el remate, la adjudicación y la cancelación de la hipotecas contenidas en las escrituras 1120 y 1561 de Abril (sic) y Mayo (sic) de 1.990 acreditando la propiedad de RICO DE VILLAQUIRAN y a TREJOS.
I.-) La menor CLARA MARELVI MUÑOZ FLOR, nacida el 4 de Mayo (sic) de 1.976, tiene 16 años, es menor de edad, es hija legítima de MARÍA VICTORIA MUÑOZ y REINEL MUÑOZ y conforme a la cláusula décima sexta (16) le asiste el derecho de reclamar la inembargabilidad del patrimonio de familia constituido a su favor y de sus hermanos hoy mayores conforme a la Escritura Pública No. 4088 del 4 de Diciembre (sic) de 1.984, que colocó ejecutivos, embargos, remate y adjudicación.
J.-) El Patrimonio de Familia construido a favor de la menor CLARA MARELVI MUÑOZ FLOR, y de sus hermanos y sobre la casa de la Calle 8 B No. 17 - 48 B/ La Esmeralda, cuya ubicación y linderos se anotaron en el petitum de esta demanda, esta vigente, en razón a que no medió autorización de un Juez de Menores, ni darse las condiciones del Art. 29 de la Ley 70-31(sic), es decir los hijos menores de MARÍA VICTORIA FLOR DE MUÑOZ, no eran mayores como afirma el citado documento público en 1984.
K.) Ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Cauca en Popayán, se adelanta la inscripción del patrimonio de familia sobre la casa objeto de esta demanda y constituido en la cláusula 16 de la E.P. No. 4088 del 4 de diciembre de 1984 por ser un acto declarativo cuya competencia está atribuida a dicha Institución (sic) por ser actuación Administrativa (sic).
L.) Se adelanta proceso ordinario en el Juzgado 2 Civil del Circuito de Popayán que por objeto fuera de comercio promueve la menor CLARA MARELVI MUÑOZ FLOR, representada por su padre REINEL MUÑOZ FERNÁNDEZ, en contra de MARIA VICTORIA FLORALBA RICO DE VILLAQUIRAN y VICTOR AUGUSTO TREJOS, para hacer valer el patrimonio de familia inembargable sobre la casa de la Calle 8 B No. 17-48 Barrio La Esmeralda, sobre la cual se suplica se declare la nulidad del acto que canceló la limitación al dominio y se solicita se indemnice el daño material y moral a la demandante todavía menor de edad.

LL.) La Ley 70/31 autorizó la Constitución (sic) de un patrimonio especial con la calidad de no embargable y bajo la denominación de patrimonio de familia. Son beneficiarios aquellos a cuyo favor se constituye y deja fuera del comercio al inmueble y cuya terminación está sujeta a la mayoría de edad de todos los beneficiarios o de la autorización judicial previa demanda que se hacía ante los Jueces de menores y hoy ante los Juzgados promiscuos de menores.
M.) Sin haber llegado a la mayoría de edad los beneficiarios del patrimonio de familia constituido mediante E.P. No. 4088 del 4 de Diciembre (sic) de 1984 de la Notaría Segunda de Popayán, sobre la casa de la Calle 8B No. 17-48 Barrio La Esmeralda, ya suficientemente discriminada, como eran a la época de la cancelación irregular y fraudulenta WILLIAM FERNANDO, EMILCE, REINEL.MUÑOZ FLOR y hasta la presente la demandante CLARA MARELVI MUÑOZ FLOR, que riñe esta verdad con la consignada en la E.P. No. 842 del 24 de Abril (sic) de 1987 de la Notaría Segunda de Popayán, que canceló el patrimonio. Y, por otra parte no hubo trámite ante uno de los Juzgados Menores de la época.
N.) La menor CLARA MARELVI MUÑOZ FLOR, de 17 años de edad le asiste el derecho, y tiene a su favor la Acción de Reparación Directa. Debe de tenerse en cuenta que una de las demandantes en el Proceso Civil del Juzgado Civil del Circuito es contra su propia madre VICTORIA FLOR, que la dejó en la calle junto con sus hermanos a pesar de la vigencia del patrimonio y aunque mediara su cancelación en la escritura leonina a la que ya nos referimos.
Ñ.) Con fecha Marzo (sic) 26 de 1993 se presentó demanda de Nulidad (sic) y restablecimiento del derecho y en proveído de Agosto (sic) 5 de 1993 declaró inadmisible la demanda y en gracia de discusión y dadas las circunstancias relatadas en la demanda y por ser el daño sufrido por la demandante en una omisión de la administración conceptúa la Sala que la acción procedente sería la de reparación directa, contados los dos años cinco días antes del 29 de mayo de 1992, fecha de la providencia por la cual se dispuso el remate del inmueble, conforme al Art. 525 del C.P.C.” (fls. 35 a 39 cdno. 2 - mayúsculas fijas del texto).


3. - Contestación de la demanda.
A través de apoderado, la Superintendencia de Notariado y Registro se opuso a las pretensiones (fls. 69 a 74 cdno. 2) y propuso las excepciones de ”Invocación Indebida de la Acción” y de caducidad.
Sustentó la primera excepción propuesta, esto es, la invocación indebida de la acción, de la siguiente manera:
1.- Invocación indebida de la Acción.- Ordinariamente, la responsabilidad del Estado se compromete por los actos administrativos de la Administración; o por sus hechos, omisiones u operaciones administrativos. En el primer evento, esa responsabilidad se hace efectiva por la acción de restablecimiento del derecho prevista por el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo; en el segundo, por la de reparación directa contemplada por el artículo 86 ibidem.
En la primera -y principal- de las “PETICIONES” de la demanda, se solicita que el Tribunal declare que la Superintendencia de Notariado y Registro es responsable de los daños materiales y morales y de los perjuicios causados a Clara Marelvi Muñoz Flor, pretensión fundada, según el hecho D, en la inscripción de la escritura pública No. 842 del 24 de abril de 1987, de la Notaría Segunda del Círculo de Popayán, registro de fecha 15 de junio del mismo año.
Sin embargo, esa inscripción no es otra cosa que la culminación de todo un proceso compuesto de varias etapas, como corresponde al de Registro de Instrumentos Públicos y, por tanto, una manifestación de voluntad de la Administración frente a una petición respecto de un servicio público proveniente de un particular o usuario del mismo. Y el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 14 del Decreto 2304 de 1989, dispone que contra los actos de certificación y registro puede pedirse la declaratoria de nulidad.” (fl. 72 cdno. 2)
Respecto de la caducidad de la acción, adujo:
2. Caducidad de la Acción.- Tratándose, como considero, de la acción de restablecimiento del derecho, pretendida inicialmente por la parte demandante, se tiene que al tenor del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, ésta caduca al cabo de cuatro (4) meses, ‘contados a partir del día de la publicación, notificación o ejecución del acto, según el caso’. El acto de inscripción de la escritura número 842 del 24 de abril de 1987, tiene fecha del 15 de junio del mismo año; por lo que, entre aquella fecha y la de presentación de la demanda que se contesta, transcurrió un término suficiente para que operara, como en efecto operó, el fenómeno de la caducidad.
Lo anterior también es predicable respecto de la acción propuesta, teniendo en cuenta que si la presunta falla del servicio se presentó al inscribirse la escritura número 842 del 24 de abril de 1987, lo cual ocurrió el 15 de junio del mismo año, es obvio que de aquella fecha a la de presentación de la demanda el transcurso del tiempo superó suficientemente al previsto por el artículo 136, inciso 4, del Código Contencioso Administrativo para los mismos efectos.” (fls. 72 y 73 cdno, 2).
En cuanto al fondo del asunto, expuso:
Se pretende por parte del actor obtener de esa Honorable Corporación la declaratoria de responsabilidad de la Superintendencia de Notariado y Registro del presunto daño material supuestamente originado ‘en la cancelación del Patrimonio de Familia que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Popayán hizo el 15 de Mayo de 1987 al registrar la E.P. No. 842 del 24 de Abril de 1987 de la Notaría Segunda de Popayán, de manera ilegal, arbitraria, cuasidelictual y sin exigir el procedimiento que para tales eventos se hacía antes con la autorización del Juez Civil de Menores y hoy con la autorización de los Juzgados Promiscuos de Familia...’.
Igualmente, se condene a la misma entidad a reparar el daño material en cuantía semejante a la del valor del inmueble, a la actualización de esa suma, a la corrección monetaria y, finalmente, a reparar el daño moral.
Cita como normas violadas, las de los artículos 2, 6, 29, 5, 58, 90 y 125 de la Constitución Política; 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 39, 40 y 42 del Decreto-Ley 1250 de 1970; 1 a 30 de la Ley 70 de 1931 y 1 a 5 de la Ley 91 de 1936.
Empero, Honorables Magistrados, la actuación del señor Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Popayán, Cauca, estuvo acorde con las disposiciones reguladoras de la materia. Esto es, que ante una prueba de cancelación de un acto, procedió a la cancelación del correspondiente registro.
No hay razón que respalde las manifestaciones de la demanda sobre infracción o violación de normas con la presunta omisión, por lo que, las peticiones de la demanda deben ser denegadas.” (fls. 70 y 71 cdno. 2).

4. - Audiencia de conciliación.
Ante el a quo se intentó la práctica de la diligencia de audiencia de conciliación, que no se llevó a cabo por ausencia del apoderado de la parte actora, por lo que se declaró fracasada aquella (fl. 144 cdno. 2).

5. - La sentencia de primera instancia.
El a quo, mediante sentencia del 19 de junio de 1997, despachó desfavorablemente las excepciones y denegó los pedimentos de la demanda (fls. 191 a 203 cdno. ppal.).
En cuanto a la excepción denominada indebida escogencia de la acción, la desestimó por considerar que las pretensiones indemnizatorias no se fundamentan en la expedición de un acto administrativo sino en la omisión del requisito legal para levantar el patrimonio de familia, hecho éste del cual se derivan los perjuicios que la actora alega haber sufrido. En tales condiciones, concluyó el a quo, la acción pertinente era de la de reparación directa y no la de nulidad y restablecimiento del derecho. Al efecto, expuso:
La referida excepción no está llamada a prosperar por cuanto el hecho dañoso en la presente causa no se deriva, en los términos de la demanda, de la expedición irregular del acto administrativo, sino de la omisión de la instancia judicial a través de la cual el juez de la causa, garantizaba los derechos patrimoniales constituidos en defensa de la menor, hoy actora; debiendo resaltar que mal puede pensarse en que el mecanismo de acción, en este caso era el de la nulidad del acto administrativo, cuando dentro del término de caducidad que es de cuatro (4) meses, difícilmente podían verse los resultados de un proceso ejecutivo seguido contra la acreedora hipotecaria, que dio como garantía, un bien que estaba por fuera del comercio y amparaba los intereses patrimoniales de un tercero (menor de edad).

Así las cosas y en el entendimiento que los efectos del daño se hicieron presentes en el tiempo, ha de concluirse que se acudió a la acción indicada, por cuanto se establece como cargo de fondo la omisión de la administración, como generadora de la responsabilidad y desde esa perspectiva se estudiarán las pretensiones de la parte actora.” (fl. 197 cdno. ppal.).
Tampoco dio prosperidad a la caducidad propuesta por la entidad demandada, por considerar que el término para interponer la acción, en el caso presente, debe contarse a partir de la decisión judicial que ordenó la diligencia de remate del inmueble y no desde la fecha en que se inscribió el gravamen hipotecario. Al respecto, expuso:
Para el Tribunal la excepción no está llamada a prosperar por cuanto el acto administrativo no generó daño alguno al usuario del servicio, sino a un tercero (menor de edad) que vio comprometido su patrimonio familiar, cuando dentro de un juicio ejecutivo se vio privado del patrimonio que constituía su respaldo económico y desde ese punto de vista ha de concluirse que los afectados se enteraron de los hechos dañosos cuando se ordenó la diligencia de remate, por lo que la acción impetrada está enmarcada dentro del término de caducidad.” (fls. 196 y 197 cdno. ppal.).

En cuanto al fondo del asunto, encontró probado que la Superintendencia de Notariado y Registro, ilegalmente, permitió la inscripción de un gravamen hipotecario sobre un inmueble afectado con patrimonio de familia, lo que de suyo hacía ilegítima tal inscripción, pero así mismo que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Popayán había dispuesto la nulidad del negocio jurídico y ordenado el pago de la indemnización correspondiente a favor de Clara Marelvi y de Reinel Múñoz Flor, razón por la cual consideró que no resulta válido pretender la reclamación de perjuicios ante la jurisdicción contencioso administrativa, toda vez que sobre tal aspecto ya existía decisión de la jurisdicción ordinaria. Sobre el particular, afirmó:
Así las cosas debe concluirse que en principio la pretermisión de la instancia judicial causó perjuicios a la menor que no tuvo la intervención del Juez de menores, cuando su progenitora realizaba sendos negocios jurídicos que la dejarían en total desprotección económica ante el incumplimiento de los mismos; sin embargo no se puede desconocer que a través del pronunciamiento del Juez Segundo Civil del Circuito, la menor recuperó sus derechos patrimoniales y las indemnizaciones que hoy reclama ante esta Corporación, pues la decisión del juez (hoy en firme) no solamente declaró la nulidad de los negocios que comprometieron su patrimonio, sino que originó la entrega del bien con la consiguiente indemnización de perjuicios, por los frutos que debe liquidar la Secretaria del Juzgado.
En este orden de ideas, al haberse reivindicado el bien en favor de la menor demandante y ordenado el pago de perjuicios no cabría nueva indemnización por esta vía.” (fl. 202 cdno. de pruebas).
6. - El recurso de apelación
La parte actora disiente de la sentencia recurrida (fls. 206 a 225 cdno. ppal.), por considerar que, contrario a lo señalado por el tribunal, sí le asiste el derecho a ser indemnizada por los perjuicios causados por la omisión en que incurrió la Superintendencia de Notariado y Registro al permitir la anotación del gravamen hipotecario, sin obtener previamente la autorización del Juzgado de Menores para levantar la inscripción del patrimonio de familia que pesaba sobre el inmueble situado en al calle 8 B número 17-48 de la ciudad de Popayán.
De otro lado, indica que está demostrado que se causaron daños materiales y morales, cuya reparación debe ser ordenada por la jurisdicción contencioso administrativa.
Finalmente, concluye:
Si bien es cierto que la justicia ordinaria ordenó la nulidad de las escrituras, hipotecas y del remate y ordenó la indemnización de los perjuicios que se compensaron con las mejoras CLARA MARELVI MUÑOZ FLOR durante largos cuatro (4) años estuvo totalmente desamparada. Daño material y moral que surgió de la omisión de Registro de Instrumentos Públicos que canceló un Patrimonio de Familia sin las exigencias que la ley determina de acudir a un Juzgado de Familia y adelantar el trámite correspondiente.
“………………………………………………………………………………………
En gracia de discusión la Justicia Ordinaria (sic) reparó en parte el daño material pero el régimen de responsabilidad administrativa al darse la falla en la Oficina de registro de Instrumentos Públicos de Popayán por la omisión de reglamentos, procedimientos y exigencias en la cancelación de patrimonio de familia hacen que se deba ordenar el complemento de la reparación material y el pago del daño moral que no se ha hecho.” (fl. 224 cdno. ppal. - negrillas del texto).

7. - Alegatos de conclusión.
7.1. La Superintendencia de Notariado y Registro, luego de hacer una síntesis de la sentencia de primer grado, solicita que ésta sea confirmada (fls. 237 a 240 cdno. ppal.),.
7.2. Ni la parte actora ni el Ministerio Público actuaron en esta etapa procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA:

1. La competencia de esta Corporación
De acuerdo con lo previsto por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en los procesos que se adelantan ante esta jurisdicción por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, la competencia del ad quem se circunscribe al objetivo de la apelación, toda vez que el juzgador de segunda instancia “…no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso…”.
En tales condiciones, la Sala sólo asumirá el conocimiento de las razones de disenso expuestas por la parte actora en relación con la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Cauca en la sentencia proferida el 19 de junio de 1997, denegatoria de las súplicas de la demanda.
2. Los hechos probados
Al examinar el expediente, se encuentran demostrados los siguientes hechos:
1. Que la Sra. María Victoria Flor de Muñoz, propietaria del inmueble ubicado en la calle 8 B número 17-48 de Popayán, adquirió crédito hipotecario con el Instituto de Crédito Territorial como consta en la escritura No 4.088 de 4 de diciembre de 1982 (fol. 4 cdno. 2); en la que, a su vez, se constituyó patrimonio de familia, en los siguientes términos (fl. 5 vto. cdno. 2):
DECIMO SEXTO.- Que sobre el inmueble, la construcción y las mejoras adicionales que en él se hagan EL (LOS) DEUDOR (ES) constituye patrimonio de familia inembargable a favor suyo y de sus hijos: A FAVOR DE VICTORIA FLOR DE MUÑOZ. Y de los que llegaré a tener....”
2- Mediante escritura Pública No 842 del 24 de Abril de 1987 (fls. 8 y 8 vto. cdno. 2), María Victoria Flor de Muñoz, renunció al patrimonio de familia constituido a su favor. En el mencionado instrumento se consignó:
PRIMERA. Que por escritura pública número cuatro mil ochenta y ocho (4.088) de cuatro (4) de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro (1984), otorgada en esta Notaría, el Instituto de Crédito Territorial concedió a la compareciente préstamo sobre la Casa de habitación con el lote de terreno afectados por el sismo ocurrido el 31 de marzo de 1983, ubicados en la calle 8ª B número 17-48, barrio ‘La Esmeralda’ de esta ciudad, por los linderos determinados en dicho instrumento. SEGUNDA: Que por la precitada escritura se constituyó patrimonio de familia inembargable a favor de la compareciente. TERCERA: Que por el presente instrumento la compareciente declara que RENUNCIA al patrimonio de familia constituido a su favor, no solo por se ineficaz, sino también por encontrarse dentro de las disposiciones señaladas en el artículo 29 de la Ley 70 de 1931, quedando en consecuencia libre de tal gravamen el inmueble consistente en casa de habitación, con el terreno que la sustenta y sus mejoras y adiciones, ubicada en esta ciudad de Popayán, en el barrio ‘La Esmeralda’, en la calle 8ª B número 17-48, inmueble deslindado como aparece de la referida escritura pública número 4.088 de 4 de diciembre de 1984, de esta Notaría, debidamente registrada, con matrícula inmobiliaria número 120-0026983, el cual entra al patrimonio particular de la compareciente María Victoria Flor de Muñoz--- Leído este documento en su totalidad por la Notaria, la otorgante lo halló en forma y expresó su asentimiento, en prueba de lo cual firman ante mi y conmigo la Notaria, de todo lo cual ésta da fe. ....”
La mencionada escritura se inscribió ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos el día 15 de mayo de 1987 tal como lo acredita el folio de matrícula que obra a folio 10 vuelto del cuaderno 2, en el que se lee :
"Cancelación patrimonio de familia Escrt. #4088 de 04-12—84.
DE: FLOR DE MUÑOZ MARÍA VICTORIA

A: Favor suyo."
3- En el mismo folio de matrícula inmobiliaria aparece que, con posterioridad a la cancelación de la inscripción del patrimonio de familia inembargable, se registraron hipotecas a favor de José Rodrigo Vivas Lindo, Susuki Motor de Colombia, Edith Ulloa Beltrán, y sendos embargos; así como cancelación de los mismos.
4- Así mismo, se encuentra que la señora María Victoria Flor de Muñoz constituyó nuevas hipotecas sobre la propiedad referida, mediante las escrituras números 1120 de 27 de abril de 1990, a favor de Alba Rico de Villaquiran, para respaldar obligación en cuantía de $2.200.000.00.(fls. 20 a 22 cdno. 2) y 1561 de 31 de mayo de 1990 para garantizar una obligación en cuantía de $2.900.000.00 a favor de Víctor Augusto Trejos (fls. 23 a 25 cdno, 2).
5- Los acreedores hipotecarios arriba referidos mediante procesos ejecutivos (acumulados), adelantados contra la señora Maria Victoria Flor de Muñoz, (fls, 27 y ss. cdno. de pruebas), consiguieron el remate de la propiedad a su favor, como consta en providencia 28 de junio de 1991 del Juzgado Primero Civil del Circuito de Popayán; diligencia que se llevó a cabo el 19 de Mayo de 1992 mediante la venta en pública subasta de la propiedad, que a la postre se adjudicó a los demandantes (fls. 35 y 36 cdno. de pruebas).
6- Mediante proveído del 29 de mayo de 1992, se aprobó la diligencia de remate (fl. 39 a 40 vto. cdno. de pruebas).
7- El 7 de octubre de ese mismo año, se hizo la entrega definitiva del inmueble a los adjudicatarios; como consta en la diligencia respectiva, cuya copia obra a folios 41 y 42 del cuaderno de pruebas.
8- A folio 45 del cuaderno de pruebas, aparece el oficio número 0279 de 21 de febrero de 1995, suscrito por el Secretario del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Popayán, donde certifica que el señor Reinel Muñoz Fernández, padre de la menor actora en este proceso, presentó demanda de nulidad del contrato celebrado entre los acreedores hipotecarios y la señora Maria Victoria Flor de Muñoz.
9- Dentro del mencionado proceso ordinario se dictó sentencia del 1 de agosto de 1996 (fls. 125 a 133 cdno. de pruebas) en la cual se dispuso:
"Primero: DECLARAR la nulidad de las hipotecas contenidas en las escrituras públicas 1120 del 27 de abril de 1990 y 1561 del 31 de mayo de 1990, ambas de la Notaría Segunda de Popayán, sobre la casa de habitación ubicada en la calle 8B No-17-48 del Barrio (sic) La Esmeralda de esta ciudad, de conformidad con los siguientes linderos especiales: (…) y de sus registros hechos el 19 de Junio de 1990 y 1o. de octubre de este mismo año, por el objeto fuera del comercio, al haberse constituido patrimonio de familia inembargable a favor de los hijos de María Victoria Flor de Muñoz, mediante escritura pública No-4088 del 4 de Diciembre de 1.984, de la Notaría Segunda de Popayán numeral 16 y ser la demandante Clara Marelvi Muñoz Flor y Reinel Muñoz Flor, menores de edad a dicha fecha, beneficiarios de tal limitación.
Segundo: DECLARAR la nulidad de toda la actuación en los procesos ejecutivos con acción hipotecaria acumulados y promovidos por ALBA RICO DE VILLAQUIRAN y VÍCTOR AUGUSTO TREJOS en contra de MARÍA VICTORIA FLOR DE MUÑOZ, del remate y la adjudicación contenida en el proveído del 27 de mayo de 1992 del Juzgado Primero Civil del Circuito de Popayán, de la casa del barrio La Esmeralda, ubicada en la calle 8B #17-48 cuyos linderos se anotaron anteriormente, por existir sobre el inmueble patrimonio de familia inembargable, contenido en la escritura pública No. 4088 del 4 de diciembre de 1984, de la Notaría Segunda de Popayán, numeral 16 y registrada el 13 de diciembre de ese año, bajo la matrícula inmobiliaria No. 120-0026983, a favor de los hijos de MARÍA VICTORIA FLOR DE MUÑOZ.
Tercera: ORDENAR la nulidad de la escritura pública No. 2843 del 19 de agosto de 1992, de la Notaría Segunda de Popayán, mediante la cual se cancelaron las hipotecas constituidas en las escrituras públicas números 1120 y 1561 del 27 de abril y 31 de mayo de 1990 respectivamente y se protocoliza la adjudicación del bien inmueble objeto de esta demanda. Oficiar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Popayán, comunicándole la cancelación de la inscripción y anotación que ordenó la mutación de la propiedad del inmueble referido.
Cuarto: ORDENAR como consecuencia de las declaraciones anteriores a los señores ALBA RICO DE VILLAQUIRAN Y VÍCTOR AUGUSTO TREJOS la restitución del inmueble, casa de habitación ubicada en la calle 8 B No-17-48 barrio La Esmeralda de esta ciudad, cuyos linderos se determinaron anteriormente, a la menor Clara Marelvi Muñoz Flor, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia.
Quinto: RECONOCER los frutos civiles a favor de la demandante y las mejoras a favor de los demandados ALBA RICO DE VILLAQUIRAN y VÍCTOR AUGUSTO TREJOS- Efectúense las compensaciones.
Sexto: CONDENAR en costas a los demandados. LIQUIDAR por Secretaria”. (fls. 132 a 133 cdno. pruebas. - mayúsculas fijas y subrayas del texto).

10- A folios 136 y 137 del cuaderno de pruebas obra certificación expedida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Popayán, donde se afirma que la sentencia del 1 agosto de 1996, trascrita parcialmente, se encuentra debidamente ejecutoriada y que, en consecuencia, dispuso comisionar para que se efectuara la diligencia de restitución del inmueble mencionado.

2. Responsabilidad Patrimonial del Estado.



De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, que le sean imputables. En consecuencia, es necesario dilucidar en cada caso concreto si se configuran los elementos previstos en esta norma para que nazca el deber del Estado de responder, esto es, el daño antijurídico y la imputabilidad del mismo al demandado.
En cuanto al problema jurídico, se observa que la parte actora menciona que se les causó un daño antijurídico, como consecuencia del actuar irregular de la Superintendencia de Notariado y Registro, imputación que concretó en los siguientes términos:
La Superintendencia Nacional de Notariado y Registro es responsable del ‘Daño Material’ consistente en la cancelación del patrimonio de familia que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Popayán hizo el 15 de mayo de 1987 al registrar la E.P No 842 del 24 de abril de 1987 de la Notaría Segunda de Popayán, de manera ilegal, arbitraria, cuasidelictual y sin exigir el procedimiento que para tales eventos se hacía con la autorización del Juez Civil de Menores y hoy con la autorización de los Juzgados Promiscuos de Familia, patrimonio de familia inembargable constituido mediante E.P No 4088 del 4 de diciembre de 1984 de la Notaría Segunda de Popayán, literal (sic) 16, a favor de MARIA VICTORIA FLOR DE MUÑOZ y de sus hijos patrimonio que se encuentra vigente a la luz del derecho al no haber mediado orden judicial de un Juzgado de Menores de esa época y ser los hijos de la señora FLOR DE MUÑOZ beneficiarios por su edad para ese año y aún serlo CLARA MARELVI MUÑOZ FLOR, de dieciséis (16) años cumplidos,
Atendiendo al título bajo el cual se imputa la responsabilidad del Estado (falla del servicio), corresponde a la Sala elucidar si en este caso se configuran los elementos que la estructuran, esto es la conducta anormal de la administración, el daño, y el nexo causal entre éste y aquella.
En cuanto al primer elemento, se observa que a través del artículo 1 de la Ley 70 de 1931, se autorizó la constitución a favor de toda familia, de un patrimonio especial, con la calidad de no embargable, bajo la denominación de patrimonio de familia. Una vez elevado a escritura pública y realizada la inscripción de dicho patrimonio ante la oficina de registro, sólo se puede efectuar su cancelación en los eventos señalados en el artículo 23 ibídem, que reza:

Artículo 23. El propietario puede enajenar el patrimonio de familia o cancelar la inscripción por otra que haga entrar el bien a su patrimonio particular sometido al derecho común; pero si es casado o tiene hijos menores, la enajenación o la cancelación se subordinan, en el primer caso, al consentimiento de su cónyuge, y, en el otro, al consentimiento de los segundos, dado por medio o con intervención de un curador, si lo tienen, o de un curador nombrado ad hoc.
En el caso objeto de estudio, tal como se trascribió en el acápite de hechos probados, al momento de constituir el patrimonio de familia inembargable, María Victoria Flor de Muñoz indicó que lo efectuaba a su favor y en el de sus hijos menores, sin mencionar sus nombres. Posteriormente a través de la escritura No 842 de 24 de abril de 1987, la mencionada señora procedió a renunciar al patrimonio de familia, no sólo porque lo consideraba ineficaz sino, además, porque según lo manifestó se encontraba dentro del evento contemplado en el artículo 29 de la Ley 70 de 1931, que reza:
Artículo 29. Cuando todos los comuneros lleguen a la mayoridad se extingue el patrimonio de familia, y el bien que lo constituye queda sometido a las reglas del derecho común”.

Con fundamento en la anterior declaración efectuada por la compareciente, en la que aseguraba no tener hijos menores de edad, situación que hacía improcedente la intervención de curador, la Notaría Segunda de Popayán, procedió a elevar la correspondiente escritura pública, la cual fue firmada por la Notaría, dando fe del acto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 960 de 1970, que preceptúa:
Artículo 14. La recepción consiste en percibir las declaraciones que hacen ante el Notario los interesados; la extensión es la versión escrita de lo declarado; el otorgamiento es el asentimiento expreso que aquellos prestan al instrumento extendido; y la autorización es la fe que imprime el Notario a este, en vista de que se han llenado los requisitos pertinentes, y de que las declaraciones han sido realmente emitidas por los interesados.

Debe tenerse en cuenta que la limitación que pesaba sobre el bien inmueble, fue dejada sin efecto por la persona que expresamente figuraba como beneficiaria del patrimonio de familia, quien, se reitera, aseguró no tener en ese momento hijos menores de edad, con lo cual, se concluye que bajo este aspecto se cumplió con el requisito exigido en el artículo 49, ejusdem, el cual se transcribe a continuación &$
Artículo 49. la cancelación de gravámenes o limitaciones o condiciones que aparezcan en una escritura pública, se hará por el titular del derecho, en otra escritura.
Una vez elevado el acto a escritura pública, al tenor de lo dispuesto en los artículos 53 del Decreto 960 de 1970 y 18 del decreto 1260 de ese mismo año, el notario ante quien se cancele la escritura por declaración del interesado, como en efecto ocurrió en el sub judice, debe expedir una certificación al respecto con destino al registrador de instrumentos públicos a fin de que este proceda a cancelar la inscripción, entendiendo por tal, de conformidad con el artículo 39 del Decreto 1260 de 1970, el acto por el cual se deja sin efecto el registro o inscripción.

Para tal fin, de acuerdo con los artículos 40 y 41 ibídem &$el al registrador se le debe presentar la prueba de la cancelación del respectivo título o acto, y una vez verificado lo anterior, procede a efectuar la cancelación de la inscripción en el respectivo folio de matrícula en la columna correspondiente y con referencia al acto, contrato o providencia que la ordena o respalda, en los respectivos índices y en la copia del título cancelado que repose en el archivo.
En aplicación de los preceptos antes transcritos, observa la Sala que en el sub judice, a solicitud de la señora María Victoria Flor de Muñoz se procedió mediante la escritura pública No 842 de 24 de abril de 1987 a dejar sin efectos el patrimonio de familia que había sido constituido a través de la escritura pública No 4088 de 4 de diciembre de 1982. Lo anterior, por cuanto esta señora figuraba como titular del citado patrimonio de familia y, si bien, en la escritura respectiva se indicó que también lo eran sus hijos menores, en ese acto no se relacionaron sus nombres y mucho menos su edad, razón por la cual ante la aseveración efectuada por la interesada de que en ese momento no tenía hijos menores, el notario procedió a dar fe del acto de cancelación del patrimonio de familia.
Debidamente protocolizada la manifestación de la señora Flor de Muñoz, se presentó el título donde constaba la cancelación del patrimonio de familia ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, dependencia que al tenor de lo normado en los artículos 43 del decreto 960 y de los artículos 40 y 41 del Decreto 1260 de 1970, debía efectuar la cancelación del correspondiente registro, sin tener que exigir requisitos adicionales, pues el título que se le presentó estaba debidamente suscrito no solo por la declarante sino además, por la notaria, cuya rúbrica daba fe de que para su protocolización se habían cumplido con los requisitos exigidos por la ley, según lo señala el artículo 14 del decreto 960 de 1970 citado con anterioridad Además, en la anotación correspondiente a la cancelación, se indicó el número y la fecha de la escritura pública a través de la cual se había constituido el patrimonio de familia, el número y fecha del título a través del cual se canceló dicha escritura, el código y la naturaleza jurídica del acto, así como el nombre de la persona que intervino en él.
Ante tales circunstancias, no se configura un actuar irregular de la Superintendencia de Notariado y Registro por haber efectuado la cancelación de la inscripción del patrimonio de familia que se había constituido mediante la escritura No 4088 de 4 de diciembre de 1989, única imputación que se hace en la demanda y que al no aparecer demostrada conduce a que se confirme la sentencia apelada, como en efecto se dispondrá.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:
1° CONFIRMASE la sentencia apelada, esto es, la proferida el 19 de junio de 1997por el Tribunal Administrativo del Cauca
2°. En firme este proveído vuelva el expediente al tribunal de origen.

COPIESE y NOTIFIQUESE. CUMPLASE




RUTH STELLA CORREA PALACIO MARIA ELENA GIRALDO GÓMEZ


Presidenta




ALIER E. HERNANDEZ ENRIQUEZ GERMAN RODRIGUEZ VILLAMIZAR



RAMIRO SAAVEDRA BECERRA



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