LeccióN 1: bases históricas del derecho administrativo






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DERECHO ADMINISTRATIVO_______________________________________________30/09/09
PRIMERA PARTE
LECCIÓN 1: BASES HISTÓRICAS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO

LA EMERGENCIA HISTÓRICA DE LA ADMINISTRACIÓN. EVOLUCIÓN POSTERIOR: DIVERSIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN. CONCEPCIÓN ACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
LA EMERGENCIA HISTÓRICA DE LA ADMINISTRACIÓN
La Administración nace en Francia a raíz de la Revolución Francesa. Ésta será luego seguida como ejemplo por el resto de países occidentales.

Nació basándose en cuatro notas esenciales, soberanía nacional, división de poderes, imperio de la ley y la declaración de derechos y libertades.
→ Soberanía nacional
Se guía por que la soberanía reside en el pueblo, con una nación que brota como un conjunto de ciudadanos.
→ División de poderes
Es conocido como un Estado basado en la división de poderes, rompiendo así con los modelos de la época absolutista.
Nos encontramos ante tres poderes diferenciados; legislativo, ejecutivo y judicial, cada uno de ellos con una función determinada; el legislativo dicta las normas, el ejecutivo las habilita y aplica y el judicial vela por su cumplimiento.
Entre estas organizaciones hay una relación, control, comunicación, intervenciones… porque no se trata de una separación absoluta de los poderes sino una división. Esta división supone la limitación del poder evitando el absolutismo y la concentración masiva del poder en un solo órgano o persona. Con el objetivo de poner fin al absolutismo se inició la Revolución Francesa para que, de este modo, aquellos que crean, ejecutan y juzgan las leyes sean personas distintas.
Sólo con la división de poderes se pretende conseguir la independencia judicial y la proclamación de los derechos y libertades del ciudadano.

Se trata, pues, de “repartir” el poder entre las entidades de la organización del poder.
Dentro de estos tres poderes, el más importante es el legislativo, porque es el que impone los otros poderes.

El legislativo es el que crea las leyes que habilita el ejecutivo y el judicial determina su legalidad.
→ Imperio de la ley
El Estado está basado en el imperio de la ley. Con este precepto se quiere decir que todos están sometidos a ella, incluso el órgano de que emana, al contrario que en el absolutismo que no había una autodeterminación de la ley. La ley, por tanto, vincula a todos.
Hemos sustituido un gobierno de los hombres por un gobierno de las leyes, basado en un órgano que emana normas y otro órgano que no puede contradecir al primero.
Se ha instalado la legalidad frente al principio de oportunidad, por tanto, se considera el Estado de Derecho como una respuesta ante la conveniencia legal.
→ Declaración de derechos y libertades
Se conoce como Estado el lugar donde existe una declaración de derechos y libertades de los ciudadanos. Esta declaración, se trata de la de 1789 de Francia, recogida por los demás estados occidentales.
Se trata de garantizar con ella la autonomía del ciudadano concediendo derechos, como por ejemplo el de la inviolabilidad del domicilio, y de la libre determinación individual del ciudadano. El estado debe abstenerse a la intervención en la vida de los ciudadanos.

Frente a la indefensión típica del absolutismo, nos encontramos con un derecho de tutela que es recogido por el ordenamiento.
La división de poderes y la declaración de derechos, constituyen los pilares esenciales del Estado Liberal, si una constitución no incluye estas técnicas, no se tratará de un estado liberal ni de una constitución propiamente dicha.
02/10/09

En Francia, antes de de la irrupción de la Revolución Francesa, se daban los cuerpos intermedios que provocaban la desigualdad entre los ciudadanos, diferentes estamentos que otorgaban, a la vez diversos derechos y obligaciones.

Para conseguir la igualdad se les ocurrió la idea de suprimir los cuerpos intermedios que se concentraron en la Administración del Estado.

Como consecuencia de suprimir dichos cuerpos intermedios las competencias del poder administrativo fueron en aumento y la administración del Estado se caracterizó por ser poderosa (más que la del antiguo régimen), centralizada y potencialmente intervencionista.
EVOLUCIÓN POSTERIOR: DIVERSIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

EL ESTADO ABSOLUTO

  1. La época de la monarquía absoluta: la época de las monarquías absolutas están marcadas por una centralización del poder en el mundo. En los siglos XVI y XVII aparece en Europa una nueva forma política, el Estado absoluto, dentro de esta forma política, el monarca se convierte en el titular de todos los poderes. Todo el poder parte del monarca y reside en su persona. De esta manera, el Estado deja de ser un aparato de dominación de la sociedad civil y comienza a intervenir en todas las manifestaciones de la sociedad. ¿Cuáles son las razones de dicho cambio?

  • Necesidades militares: los Estados absolutos mantienen campañas militares que les resultan muy caras, por tanto, necesitan captar tributos de los ciudadanos para mantener las campañas militares.

  • El despotismo ilustrado: supone una nueva actitud del Estado hacia los ciudadanos. Los gobernantes del Estado absoluto empiezan a tener una conciencia nueva, una conciencia consistente en que se debe intentar conseguir el máximo bienestar para los ciudadanos. De manera que el Estado empezará a intervenir en todos aquellos ámbitos de la vida social que puedan dar un mayor bienestar a los ciudadanos.

  1. La organización del Estado absoluto:

  • El rey: pieza básica en torno al cual gira todo el gobierno. Concentra en sus manos la totalidad de los poderes del Estado, incluso si existían otras autoridades que también tenían poder. Respecto a esto, se dirá que este poder no les corresponde directamente, que sólo lo ostentan por delegación del rey.

  • Los funcionarios: la principal novedad de este periodo del Estado absoluto es la aparición de los funcionarios profesionales. Hasta el siglo XV, la mayor parte de las funciones públicas eran ejercidas o por nobles o por miembros de la Iglesia. Pero no existían personas que se dedicasen a estas funciones. En cambio, con el Estado absoluto el crecimiento de la intervención del Estado en la vida de los ciudadanos, obliga a los monarcas a acudir a la clase burguesa. Dentro de esta clase, creó unos cargos dedicados de forma profesional y permanente a estas funciones públicas.

Los cargos de funcionario eran sometidos a venta por parte del monarca. Esta venta era una de las fuentes ordinarias de financiamiento del Estado en aquella época.
Con la Revolución Francesa se da una diversificación de la Administración pública. Si inicialmente se suprimen los cuerpos intermedios que pasan a concentrarse en una sola Administración, ahora se pretende pasar a una pluralidad.
Generalmente, los encargados de controlar la Administración eran los tribunales, sin embargo, en Francia realmente no fue así ya que para que se diera la división de poderes fue el poder del Estado el encargado de llevar a cabo la función jurisdiccional y de asesoramiento.
Se pretendió separar el poder ejecutivo del Estado en diferentes administraciones separadas e independientes, cada una con personalidad propia, de manera que vuelven a darse los cuerpos intermedios.
Las primeras administraciones que aparecen son los municipios. Dichos municipios no son iguales a los existentes antes de la Revolución Francesa, éstos son constitucionales. La diferencia radica, principalmente, en las competencias y privilegios puesto que los municipios disponen de la mayoría de competencias públicas mientras que el Estado comprende de muy pocas competencias.
Se caracterizan porque todos deben tener la misma organización y deben estar regulados por una misma ley, es decir, deben ser municipios regidos por el principio de uniformidad.
Después de la Revolución Francesa los municipios se adineraban mediante las rentas. Sin embargo, apareció una nueva familia de administración, la local, basada en los impuestos y gracias a ello el Estado sufre un crecimiento considerable.
Con la revolución se dieron tres movimientos: la revolución liberal, que sería la única en triunfar y que daría, posteriormente, la declaración de derechos de 1879, la revolución demócrata y, finalmente, la revolución social.


  • Revolución Liberal


Esta revolución dio lugar al Estado liberal. Los derechos que caracterizan dicho Estado son: la igualdad jurídica, la seguridad, la libertad, etc. Son considerados derecho de autonomía, derechos de libertad.
Este Estado liberal creía que el poder era nocivo, por lo tanto, era bastante abstencionista y realizaba pocas tareas. Todos los derechos tenían como objetivo garantizar los derechos de los ciudadanos y liberar a los hombres.
El poder del Estado era un poder político débil, a diferencia del económico que era bastante fuerte.
El poder más importante, dado en dicho Estado, es el poder legislativo, crea leyes sistematizadas, empieza la elaboración de los códigos que regulan la igualdad de los ciudadanos, la protección de las propiedades, etc. Dicho poder se basa en el sufragio censitario, todos los votos son en función de los derechos.
En definitiva, la Revolución Liberal significa la victoria de la burguesía sobre la nobleza convirtiendo el Estado en un Estado donde el poder es controlado por una sola clase, sustituye la nobleza por los poderes superiores de la burguesía, es decir, hegemonizado por una sola clase social.


  • Estado Liberal

El Estado liberal aparece como una reacción anti absolutista. A finales del siglo XVIII, la situación política y económica de los países occidentales era crítica. Por una parte, el gran crecimiento demográfico había causado un crecimiento muy importante de paro y, por otra parte, existía una pugna de intereses muy intensa entre la burguesía y los campesinos. Todo esto generó una sensación generalizada de que eran necesarias reformas en el Estado.

También en el terreno de la política, la situación era muy inestable porque se estaba produciendo un conflicto de intereses entre los nobles y la burguesía. El motivo era que en el siglo XVIII, la nobleza inició un proceso para acaparar tierras que antes pertenecían a los burgueses. La nobleza presionó también para incrementar las rentas agrarias que las tierras producían. Además, la nobleza, se esforzaba por no perder el control de la administración y del ejército ya que les otorgaba también una gran cantidad de ingresos económicos.

Ante esta actividad de la nobleza, la burguesía, poco a poco, se iba convirtiendo en la clase social que controlaba el poder comercial, industrial y financiero y se hacía necesaria la participación en la política, aunque había sido restringida por los nobles.

Las consecuencias de esta situación son conocidas por todos. Desde 1770 a 1850, todo el mundo occidental, se verá inmerso en un conjunto de movimientos revolucionarios provocados por la burguesía y que darán paso al Estado Liberal.

Esta nueva forma política se fundamenta en una serie de principios teóricos, totalmente contrapuesto al Estado absoluto.

  1. Principio de soberanía nacional: implica que la nación es la fuente y el origen de todos los pueblos y, por tanto, el gobernante sólo es el titular de los poderes que le ha delegado la nación.

  2. Todos los ciudadanos tienen una serie de derechos: que son inviolables, dentro de los cuales destacamos: la libertad, la igualdad y la propiedad.

  3. La división de poderes: el poder del Estado se divide en: poder legislativo, ejecutivo y judicial. Esta división del poder del Estado no se hace por capricho sino porque será un instrumento de defensa de los ciudadanos hacia el Estado.

  4. Principio de legalidad: cuando se produjeron las revoluciones burguesas (Revolución Francesa), aspiraban a establecer un régimen político en el cual las decisiones ya no se adoptaran por la voluntad del gobernante sino a través de la creación de normas, normas que afecten a la generalidad de los ciudadanos, que sean estables y justas. Por tanto, un régimen donde sólo la ley podrá establecer limitaciones a la libertad de los ciudadanos, un régimen en el que la ley se convierta en la máxima expresión de la voluntad del Estado y el rey y su gobierno queden relegados a una función puramente ejecutiva de la ley.



  • Revolución Social


Entre la 1ª y la 2ª Guerra Mundial se dan dos crisis bélicas y una crisis económica que conmocionan la sociedad cultural. Estas crisis provocan dificultades agrícolas, paro…
Se da, además, una crisis estructural a consecuencia de pasar del modelo clásico al capitalismo. Para solucionar las crisis surgieron regímenes dictatoriales de izquierdas pero practicaron la violencia, restringieron derechos…
Algunos países occidentales, EEUU, Inglaterra, Francia, utilizaron el modelo de Estado Social, donde la intervención del Estado, controlando, reactivando e impulsando la economía privada, pudiera dar solución a todos los problemas surgidos. Este modelo es, por tanto, una fuerte oposición al Estado Liberal, no es autónomo ni autosuficiente sino que es abstencionista. Además, al contrario del Estado Liberal que era legislador, el Estado Social es gestor, administrativo, distribuidor, prestador de servicios, etc.
Sin embargo, a pesar de la diferencia entre ambos Estados, los teóricos afirman que los valores principales del Estado Social son recogidos del Estado Liberal (seguridad formal y material, libertad de sufragio…).
Este Estado actúa, dicta normas, interviene para transformara la realidad y dinamizar la economía y, sobretodo, se produce un desplazamiento del poder de gravedad y se dan más administraciones.
El Estado Social interviene en los campos del trabajo, las fuerzas judiciales, la colaboración colectiva, la economía, las prestaciones sociales… Pretende dirigir la sociedad, hacerla más justa y proporcionarle bienestar. Además, se cree que sin la intervención del Estado alcanzar ciertos derechos (seguridad social, educación, vivienda digna, salud…) es prácticamente imposible. Anteriormente, intervenir en la gestión y dirección de la economía era considerado un pecado, con el Estado Social es una urgente necesidad.
El Estado, por tanto, asume nuevas funciones y se produce un crecimiento de las estructuras y órganos estatales.

Por ello, el Estado es el que asume más competencias, y no el municipio. Para así evitar la congestión de la Administración del Estado se crean instituciones, fundaciones públicas.
Otra familia de administración es la administración corporativa: la comunidad de pescadores, de regadores, la cámara de comercio…
En el poder legislativo había gente preparada para el mundo del Derecho pero no para la economía. Este elemento favorecía a los hombres de negocios.
La sociedad se había convertido en un orden espontáneo, dotado de raciocinio, que se expresaba a través de las leyes económicas. El Estado y la sociedad eran autosuficientes, cada uno se regulaba a partir de sus propias leyes. De esta manera, la sociedad estaba protegida frente al Estado, pero no ante la oligarquía económica.


  • Revolución Democrática


Durante el siglo XIX y principio del siglo XX, el Estado censitario entra en crisis y los derechos políticos fueron reconocidos por todos los ciudadanos, aunque no todos gozaron al mismo tiempo de dichos derechos.
Esto provoca un gran cambio en el Estado, se pasa de un Estado mono lasta (sólo burguesía) a uno pluri lasta, toda la sociedad. Todos los ciudadanos tenían derecho al poder y a su beneficencia.
Este Estado estaba movido por los intereses generales y no por los de las clases dominantes, al menos teóricamente. La Administración debía intervenir en campos en los que antes no intervenía puesto que se encontraban en manos de otras instituciones, como la Iglesia (beneficencia, sanidad). Esto da lugar a un Estado intervencionista.
Los derechos que incorpora la Revolución Democrática son: el derecho de asociación, prohibido anteriormente para que los ciudadanos no pudieran asociarse y crear cuerpos intermedios, la libertad de pensamiento y el sufragio universal. Se produce una evolución de los derechos, de la autonomía se evoluciona hacia la participación.
La Revolución Democrática significa la victoria del pueblo sobre la burguesía que había monopolizado el Estado.
Se dan, también, las administraciones regionales, regiones políticas, entes que disfrutaban de autonomía política. Nacidas después de la Segunda Guerra Mundial. Estas entidades provocan la profundización democrática, la limitación del poder.
Los países que cuentan con dicha descentralización son Alemania, Suiza, Italia, Bélgica y Dinamarca, Portugal y Reino Unido por zonas.

07/10/09

CONCEPCIÓN ACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA


  1. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la Administración del Estado?

  2. Clasificación de las administraciones.

  3. Técnicas para reconducir a la unidad de la Administración.




  1. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la Administración del Estado?

El Estado es un conjunto de poderes, cada uno ejerce una función principal y otras secundarias, pero, todas llevan a cabo una función ejecutiva puesto que se auto administran.

Por ejemplo, la principal ocupación del Poder Legislativo es crear normas aunque, además, contrata personal, construye despachos, compra butacas, es decir, lleva a cabo su propia administración, por lo que aparte de ejercer el Poder Legislativo también ejerce funciones integradas en el Poder Ejecutivo. Algunos Parlamentos, como era el caso del inglés, llevaba a cabo funciones jurisdiccionales.

Sin embargo, este suceso no sólo transcurre en el Poder Legislativo sino que se da en el resto de poderes.

Ocurre del mismo modo en el Poder Judicial. Éste, aparte de llevar a cabo la interpretación de las normas también ejerce su auto administración en algunos aspectos.

También el Tribunal Constitucional se auto administra, en parte, mediante reglamentos que regulan su ordenamiento interno. En lo que se refiere al auto administración, se encarga de sancionar, contratar…

En lo que se refiere a la naturaleza jurídica de la Administración del Estado la doctrina no la define con una única acepción. Al contrario, la doctrina se divide en dos opiniones:

Por un lado, se cree que la Administración es una persona jurídica y por el otro, se afirma que, en realidad, es una manifestación, una función.

En primer lugar, encontramos la tesis objetivista. Los juristas alemanes llegaron a la conclusión de que el Estado se constituía como una persona jurídica y que se manifestaba juzgando, legislando y administrando. Por tanto, la Administración, según la concepción de dichos juristas, es una función del Estado personal y el derecho administrativo es el derecho encargado de regular esta función administrativa.

En contraposición, hallamos la tesis subjetiva que afirma que la Administración no tiene personalidad desde el punto de vista interno. Tampoco los órganos por separado la tienen, a excepción del Poder Ejecutivo.

El derecho administrativo, según esta concepción, regula el Poder Ejecutivo pero no el resto de poderes del Estado. Es el derecho de las personas jurídicas, es decir, la Administración.

Por razones históricas se defiende la segunda tesis aunque existen argumentos totalmente válidos en la primera de las dos tesis.

El ordenamiento jurídico no afirma en ninguna de sus normas que la Administración sea una función, todo lo contrario, la tratan como una persona jurídica, o ente o entidad.

Un ejemplo de este suceso se da en el artículo 137 CE donde se afirma que el Estado lo componen las CCAA, las provincias y los municipios y al hablar de ellas se las define como entidades (entes dotados de personalidad jurídica).

Un ejemplo de las normas en las que aparece la administración como una persona jurídica son: la del procedimiento de administración común, la ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, etc.

Los partidarios de la tesis objetivista se fundamentan en dos argumentos:

En primer lugar, para reafirmar que la Administración es una función y no una persona jurídica afirman que a la hora de resolver un conflicto se recurre a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Y como segundo argumento, son los poderes, tales como el Tribunal Constitucional o las Cortes Generales, los encargados de ofrecer servicios administrativos y al no poder ocuparse de todo lo remiten a la Administración del Estado.

Como en los dos casos se aplica el Derecho Administrativo los partidarios de la tesis objetivista afirman que se practica la Administración y demuestran, por tanto, que la Administración es una función y no una persona jurídica.

  1. Clasificación de las administraciones

Las administraciones se pueden clasificar en:

  • Administración del Estado Está formada por el Gobierno y éste, a su vez, está compuesto por Ministerios. Dentro de los Ministerios es necesario distinguir entre los órganos centrales que tienen competencia en todo el territorio del Estado y órganos periféricos, que tienen competencia por zonas.

  • Administración de las CCAA Hallamos el Gobierno y la Consejería.

  • Administración local compuesta por municipios, provincias, islas, comarcas, áreas metropolitanas, etc.

  • Administración institucional Institutos. Existen a nivel de Estado como puede ser la tesorería general de la Seguridad Social, el INSERSO o las agencias estatales como la Administración Tributaria. Y nivel comarcal como el Instituto de Estadística Balear, entre muchos otros.


09/10/09

Una clasificación de las administraciones podría ser:
En el Estado nacen entes que son o bien de existencia obligatoria, como puede ser el caso de los municipios, o bien de existencia facultativa, como son las comarcas.
En lo que se refiere a los entes territoriales, históricamente, se creía que el territorio era el elemento esencial de los entes. Dichos entes territoriales tienen fines genéricos, sin embargo, los entes no territoriales tienen fines concretos y específicos. Un ejemplo de ente territorial puede ser la Administración del Estado, la Administración de las CCAA, las provincias, etc. y un ejemplo de entes no territoriales podrían ser los institutos, la mancomunidad, la universidad…
Los entes territoriales tienen potestades públicas posteriores, tales como la potestad reglamentaria, la potestad expropiatoria, etc. Dichas potestades afectan a todas las personas, incluso a los extranjeros que se hallen dentro de los territorios que regulan estos entes.

Al contrario sucede con los entes no territoriales, aparte de que sus objetivos son específicos, sus potestades afectan a una parte de las personas y no a todas. Tienen un carácter instrumental.
Desde otro punto de vista, se pueden clasificar las administraciones en:
Administraciones con base corporativa  cuyo elemento esencial es un conjunto de personas que se unen en calidad de miembros constituyendo una persona jurídica. Las corporaciones pueden ser tanto entes territoriales como no territoriales. Un ejemplo de corporaciones que son entes territoriales son: los municipios, las provincias, las islas, etc. y uno de corporaciones no territoriales sería: la comunidad de regadores, la cámara de comercio, etc.
Administraciones con base institucional  en este caso, el elemento esencial es un patrimonio adscrito a una finalidad, es un conjunto de bienes. Ejemplo de administración con base institucional: institutos.


  1. Técnicas para reconducir a la unidad de la Administración.




  • Antes de la Constitución Española de 1978.


Había una estructura muy sencilla, es decir, existía una Administración superior y otras menores y descentralizadas ya que no había jerarquía entre estas administraciones.
El Estado era unitario y centralizado y se conseguía mediante el control de la Administración, tutela. Los métodos de control que utilizaba la Administración eran los siguientes:


  1. Cuando un ente menor tomaba una decisión debía comunicarlo a la Administración superior, en cada provincia había un gobernador civil que controlaba los acuerdos del Ayuntamiento.

  2. Otro método de control era la suspensión de los efectos del acto.

  3. El tercer método para controlar las administraciones era que la Administración del Estado intervenía en el procedimiento para aconsejar a los entes menores. Antes de que los entes menores dictasen el acta definitiva, la Administración del Estado asesoraba a estos entes.

  4. A veces el control consistía en que la Administración del Estado debía autorizar las decisiones que tomaban los entes menores, es decir, se daba un control previo a la emisión del acto. El ente menor solicitaba, incluso, si podía tomar una u otra decisión.

  5. Otro control consistía en la aprobación. Tomaba una decisión que no se hacía efectiva hasta recibir la ratificación de la Administración del Estado.

  6. Otra modalidad de control era el hecho de que un acuerdo pudiera ser anulado por la Administración del Estado.

  7. Finalmente, existía un último método de control que era la subrogación (sustitución). Si la administración menor no llegaba a tomar una decisión, la Administración del Estado podía ejercer la competencia del ente menor.

Estos controles se ejercían por legalidad aunque a veces se han dado por oportunidad.


  • Después de la Constitución Española de 1978.


Se dio una importante innovación, la autonomía administrativa (de los municipios, provincias…) y la autonomía política, de las CCAA.
La autonomía administrativa fue especialmente importante en la doctrina italiana que afirmaba que la oportunidad era incompatible con la autonomía, aunque sí lo es con el control de legalidad. Por lo que la afirmación de esta doctrina significó una carga contra el control de oportunidad. Una de las primeras sentencias del TC ya afirmaba lo que dijo en su momento la doctrina italiana.
Por otra parte, la Constitución Española garantiza la autonomía política a regiones, CCAA, etc. y se supone que dicha autonomía es incompatible con el control administrativo.
Después de la CE 1978, las Administraciones sufren un gran cambio, entre ellos la supresión de diversos controles. Se pasa de un ente superior que ejercía su control sobre los entes menores a un sistema de distribución de competencias, en el que se organizan jerárquicamente. Alrededor de las entidades superiores se encuentran las entidades menores, sometidas a algunos controles aunque no de manera tan excesiva como antes. Se da el principio de coordinación, art. 103 CE, en sustitución de los controles preconstitucionales.
LA FORMACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (apuntes año pasado)

  1. La Administración como parte del poder ejecutivo: tradicionalmente, se ha tenido una concepción del Estado liberal como un modelo de Estado que simplemente se preocupaba por la libertad de los ciudadanos y, por lo que la Administración habría reducido la intervención en la vida social y con ello, habría reducido su organización.

Esta concepción tradicional que se tiene del Estado Liberal es totalmente errónea. Así, por ejemplo, en Francia, que fue la cuna de todas las revoluciones europeas, el nuevo régimen liberal no sólo asumió todos los poderes que ostentaba el poder absoluto sino que, además, reforzó la actuación del Estado en la vida social. De esta manera, se produce un incremento de los servicios públicos esenciales (educación pública, seguridad social, infraestructuras…).

Esta mayor intervención del Estado liberal no fue en absoluto incoherente, sino que coincidía totalmente con los intereses de la burguesía. Los principios de libertad y de legalidad eran unos requisitos elementales para poder llevar a cabo la actividad económica. También era esencial el principio de división de poderes ya que este principio aseguraba la existencia de un poder legislativo que representara a los ciudadanos y que, por tanto, no estuviera en manos de la nobleza.

  1. La hegemonía creciente de la Administración estatal: durante el Estado liberal, la administración estatal tiene por primera vez una entidad propia, por tanto, deja de ser parte del rey y pasa a tener su propia entidad. Ejemplo: en 1825 en España se creó un órgano administrativo, el Consejo de Ministros.

Y no sólo eso, la Administración no sólo adquiere una entidad propia sino que, durante el Estado liberal, experimenta un crecimiento más exponencial. Este crecimiento dio lugar a tres consecuencias:

  • La Administración adoptó una organización jerárquica de origen militar que se estructuraba sobre una red piramidal de órganos unipersonales.

  • Surge, por primera vez, la estructura ministerial o departamental. La Administración del Estado pasa a estructurarse por primera vez en ministerios.

  • Se establece una organización territorial o periférica, el territorio nacional se divide en partes. En España aparece en 1833 y se llaman provincias y ante cada una se sitúa un agente del poder central. Este agente, que en España se llama gobernador civil, se dedicaba básicamente a controlar las actividades de las administraciones locales dentro de la provincia y a coordinar todos los servicios que el Estado prestaba dentro de la provincia.

Hasta el siglo XIX, se había mantenido el criterio de confía que suponía una intervención directa sobre los ciudadanos. En cambio, la Administración del Estado, sólo mantenía ciertas competencias genéricas y más ligadas al concepto de soberanía nacional. Nos referimos a competencias del calibre de: justicia, hacienda, relaciones internacionales y todo aquello relacionado con las guerras.

  1. Centralización y declinación de las Administraciones locales: durante el siglo XIX, la Administración local se estructuraba en dos niveles territoriales: los municipios y las provincias. Tanto los municipios como las provincias, estaban dotados de unos órganos colegiados de abogados. Estos órganos eran conocidos con el nombre de ayuntamientos en los municipios y diputaciones provinciales en las provincias.

Estos órganos colegiados eran de carácter electivo, sus miembros no eran nombrados directamente por una autoridad sino elegidos, directamente, por los ciudadanos.

A parte de estos órganos, existían en los municipios unos órganos municipales, el alcalde en el municipio y el presidente de la diputación provincial en las provincias.

Estos órganos unipersonales tenían importantes poderes y, a diferencia de los órganos colegiados anteriores, eran nombrados por el gobierno central. De hecho, la designación de estas personas fue uno de los principales temas de lucha política durante el siglo XIX.

Durante este mismo siglo, se produce un proceso, lento e impecable, en el que la Administración estatal asume la competencia municipal. Por tanto, el Estado deja de utilizar la Administración local como brazo ejecutor y absorbe directamente sus funciones y los confía a una estructura estatal propia que se convertirá en una estructura paralela a la Administración local.

Esta estructura se llamará Administración periférica del Estado. Este proceso se dio a causa de la debilidad financiera de las Administraciones locales, ya que el régimen tributario local quedó congelado.

  1. El compromiso entre Revolución y poder público: el régimen Administrativo: es evidente que los movimientos liberales y el Estado liberal tenían una fuerte contradicción entre lo que eran sus principios y sus intereses. Por una parte, los principios del Estado liberal, que provocaron las revoluciones de finales del siglo XVIII y principios del XIX, estaban dirigidos a limitar el poder estatal, sobre todo el poder ejecutivo. En cambio, los intereses de la clase dominante, la burguesa, implicaron la aparición de un Estado mucho más fuerte, más interventor en la vida diaria de las personas de lo que había sido el modelo anterior.

Estas contradicciones se solucionaron de manera intermedia, es decir, llevando a cabo compromisos entre las revoluciones y el poder público. El resultado de dicho compromiso dio lugar a lo que hoy conocemos como Derecho Administrativo. Estos acuerdos fueron:

  1. Principio de legalidad: potestad reglamentaria  el compromiso en torno al principio de legalidad tuvo como principal consecuencia, el reconocimiento por parte del Gobierno de una potestad normativa. Esta potestad normativa, conocida como potestad reglamentaria, está subordinada a la potestad legislativa del Parlamento. En principio, esta potestad reglamentaria fue limitada a desarrollar y ejecutar las leyes pactadas por el Parlamento.

No obstante, transcurrido cierto tiempo, esta potestad reglamentaria se extendió a todas aquellas materias que no habían estado reguladas por ley y por las cuales la Constitución no establecía ninguna reserva de ley.

De esta forma, lo que en principio tenía que ser un poder normativo excepcional, se convirtió, en la práctica, en la principal fuente normativa del ordenamiento jurídico administrativo.

  1. Las contrapartidas del principio de garantía judicial  el compromiso al cual se llegó en relación a la garantía judicial de los derechos de los ciudadanos fue uno sumamente polémico. Uno de los principios más claros del Estado liberal radicaba en la idea de que los conflictos que se pudieran generar sobre la aplicación de una ley debían de ser resueltos por una instancia imparcial y diferente de las partes que entraban en conflicto. Esta instancia no era otra que el poder judicial, formado por Jueces y Tribunales. Por tanto, si las dos personas que entraban en conflicto eran, la Administración, por un lado, y un ciudadano, por el otro, el conflicto debía de ser resuelto por Jueces y Tribunales.

Esta conclusión fue seguida sin dificultad por los países anglosajones (EEUU y países británicos) pero, en cambio, fue rechazada por la Europa occidental. En esta zona los conflictos entre la Administración y particulares eran resueltos por unos órganos especiales, que pertenecían a la propia administración.

  1. La juridificación del poder público: el sometimiento de la Administración a la ley tuvo como efecto un proceso de juridicación creciente de todas las manifestaciones del poder público. A partir de ese momento, la Administración ni actuará ni podrá actuar de forma subjetiva, como sucedía en el Estado liberal. De manera que la actuación de la Administración se volvió totalmente objetiva y sometida a unos procedimientos definidos por la ley.

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