Informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley no. 154 De 2010 CÁmara “por el cual se desarrolla el artículo 233 de la constitución política de colombia y se fija la edad de retiro forzoso para los magistrados de las altas cortes”






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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY No. 154 DE 2010 CÁMARA “POR EL CUAL SE DESARROLLA EL ARTÍCULO 233 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA Y SE FIJA LA EDAD DE RETIRO FORZOSO PARA LOS MAGISTRADOS DE LAS ALTAS CORTES”

Bogotá, Diciembre 14 de 2010

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY No. 154 DE 2010 CÁMARA “POR EL CUAL SE DESARROLLA EL ARTÍCULO 233 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA Y SE FIJA LA EDAD DE RETIRO FORZOSO PARA LOS MAGISTRADOS DE LAS ALTAS CORTES”

Doctor:

BERNER LEÓN ZAMBRANO ERASO

Presidente Comisión Primera

Cámara de Representantes

Ciudad

REF: INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY No. 154 DE 2010 CÁMARA “POR EL CUAL SE DESARROLLA EL ARTÍCULO 233 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA Y SE FIJA LA EDAD DE RETIRO FORZOSO PARA LOS MAGISTRADOS DE LAS ALTAS CORTES”

Respetado Señor Presidente:

En atención a la designación hecha por Usted, nos permitimos presentar para consideración de la Honorable Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, el correspondiente Informe de Ponencia para Primer Debate al proyecto de ley de la referencia, en los siguientes términos:

  1. Trámite

El presente proyecto es de iniciativa congresional, siendo radicado en la Cámara de Representantes por donde inicia su trámite legislativo, estando publicado en la Gaceta No. 1057 del 7 de Diciembre de 2010.

  1. Antecedentes, Objeto y Contenido del Proyecto de Ley

En Colombia, el Decreto 1660 de 1978 define la edad de retiro forzoso, así:

ARTICULO 114. El retiro del servicio implica la cesación definitiva en el ejercicio de funciones públicas, y se produce:

1. Por declaración de insubsistencia;

2. Por renuncia regularmente aceptada;

3. Por supresión del empleo;

4. Por retiro forzoso motivado por edad o invalidez absoluta;

5. Por retiro con derecho a pensión;

6. Por declaratoria de vacancia en razón de abandono del empleo;

7. Por destitución, y

8. Por muerte.

(…)

ARTICULO 128. La edad de retiro forzoso e de sesenta y cinco (65) años.” (Subrayado fuera de texto.)

Pese a la claridad de esta norma, que dispone las reglas de administración del personal de la Rama Jurisdiccional, se observa que no existe unicidad en la interpretación y aplicación de la edad de retiro forzoso para quienes fungen como Magistrados de las Altas Cortes, conforme las enumera la Constitución: Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, y Consejo Superior de la Judicatura.

En ese sentido, dos recientes decisiones emanadas de dos de las altas cortes han fallado en sentido contrario la interpretación que debe darse al instituto del retiro forzoso: por un lado, en 2006, la Corte Constitucional, mediante Auto 306, decidió que a dos de las cortes creadas por la Constitución de 1991 (Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura) no les es aplicable la edad de retiro estipulada por el Decreto 1660 citado, por ser anterior al acto constituyente que las creó, indicando que “ninguna ley ha fijado la edad de retiro forzoso de los Magistrados de la Corte Constitucional”.

Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de impugnación de tutela No. 36406 del 2 de Julio de 2008, consideró que la edad de retiro forzoso es una sola, la del Decreto 1660 de 1978, y que esta es aplicable sin excepción alguna a todos los funcionarios, incluyendo los Magistrados de las altas cortes. Así, señaló:

Pues bien, los artículos 127, 128, 130 y 131 del Decreto 1660 de 1978 no son contrarios a la Constitución Política porque esta misma establece respecto de los Magistrados de las altas Cortes que ejerciendo el cargo dentro del periodo constitucional -8 años- siempre y cuando no se encuentren en la edad de retiro forzoso y aquellas disposiciones justamente regulan este asunto.

Esto significa, que hasta tanto no se expida la Ley que regule los regímenes previstos en el artículo 204 de la Ley 270 de 1996, -no solamente la carrera judicial sino el régimen de los demás funcionarios y empleados judiciales- deben aplicarse las normas pertinentes del Decreto 1660 de 1978, que no son otras que las precitadas por cuanto son las que están dirigidas a regular el retiro forzoso de los funcionarios y empleados de la rama judicial

(…)

la Constitución Política, dejó a discrecionalidad del legislador la fijación de la edad de retiro forzoso para los Magistrados de las altas Cortes. Facultad ejercida mediante el artículo 204 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, con el cual se dispuso la remisión al Decreto 1660 de 1978, el que a su vez reglamentó el Decreto 546 de 1971

(…)

Sin embargo, la Sala estima que dado el envío normativo prescrito en el artículo 204 de la Ley 270 de 1996, surge el deber del intérprete de actualizar el sentido o significado de las expresiones lingüísticas de los artículos 127 y 130 del Decreto 1660 de 1978, el primero de los cuales prevé que “el funcionario o empleado debe retirarse cuando se encuentre en situación de retiro forzoso”, –Resaltado fuera de texto-, expresión que hoy, de acuerdo con nuestra realidad institucional, incluye a todos los Magistrados de las altas Cortes, sin excepción.

Si bien es cierto que el artículo 2º del Decreto 1660 de 1978 señaló los empleos a los cuales, en su momento, se hizo referencia con la expresión “funcionarios”, ello no significa que la edad de retiro forzoso deba ser aplicada exclusivamente a los cargos enunciados allí, porque el juez constitucional no puede pasar inadvertido el hecho de que el término señalado en el Decreto data del año 1978 y por tanto no podía abarcar dentro de la enunciación que hace de funcionarios, a los Magistrados de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura y al Fiscal General de la Nación que no existían y que fueron instituciones y cargos creados por la Constitución de 1991.

No se puede menospreciar que la remisión normativa se hizo en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia -1996- razón por la cual, entre otras, no es correcto interpretar el artículo 1271 del Decreto 1660 de 1978 de conformidad con el descontextualizado artículo 2º del Decreto 1660 de 1978, sino que, debe hacerse de conformidad con la Ley 270 de 19962 en armonía con la Constitución Política, de donde se puede determinar con claridad que la expresión “funcionarios” incluye a todos los Magistrados”

Ante esta disparidad, y la evidente descompensación frente al principio de seguridad jurídica que informa el ordenamiento colombiano, el presente proyecto busca zanjar la cuestión, en ejercicio de su competencia constitucional, tal como lo reconoce la Corte Constitucional:

¿A quién corresponde determinar la edad de retiro forzoso?

Obviamente si el constituyente no lo ha hecho, dicha potestad queda referida al legislador, quien, además, dentro de las facultades asignadas por el artículo 125, puede determinarla para los demás servidores públicos. Así lo ha hecho a través del otorgamiento de facultades extraordinarias al Ejecutivo para que éste, a su vez, la determine, como lo hizo mediante el artículo 31 del Decreto Ley 2400 de 1968.

No se le puede impedir al legislador cumplir con su función natural, bajo el argumento de que es la norma constitucional la que debe consagrar exhaustivamente lo referente a la edad de retiro forzoso. Argumentar que sólo la Carta puede determinarla es un despropósito, pues una Constitución debe contener, en esencia, son las normas fundamentales para la organización del Estado, las reglas generales para el funcionamiento y distribución de competencias entre los órganos del poder público, los principios básicos para el ejercicio y garantía de los derechos, tanto individuales como colectivos, dentro del Estado”

  1. Consideraciones frente al Proyecto de Ley

La situación puesta de presente refleja una disparidad de interpretación de una norma que debe ser aplicada de manera igual, por quedar claro que todos los Magistrados de la República de Colombia se encuentran en igualdad de condiciones laborales.

Al establecerse una excepción sobre la edad de retiro forzoso, se quebranta el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la C. P., puesto que se excepciona en beneficio de los Magistrados de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura, -como actualmente está ocurriendo-, cuya situación laboral es idéntica a la de los Magistrados del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, sin que ello, bajo ningún parámetro, amerite un tratamiento diferenciador.
Las anteriores excepciones han sido consecuencia de interpretaciones normativas que han hecho no sólo la Corte Constitucional sino también la Corte Suprema de Justicia. Para la Corte Suprema, el artículo 233 de la Constitución establece claramente que los magistrados pueden permanecer en su cargo, siempre y cuando no hayan llegado a la edad de retiro forzoso. Mandato reiterado por la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia L. 270/ 96; artículo 204. Hasta tanto se expida la ley ordinaria que regule la carrera judicial y establezca el régimen para las situaciones laborales administrativas de los funcionarios y empleados judiciales, continuarán vigentes, en lo pertinente el Decreto-ley 052 de 1987 y Decreto 1660 de 1978, siempre que sus (las) disposiciones (que) no sean contrarias a la Constitución Política y a la presente ley.
Sin embargo, estas normas superiores nada dicen sobre cuál es la edad de retiro. Ese vacío de regulación constitucional y estatutaria ha generado debates y diversas posiciones al respecto,
Lo anterior ha generado gran incertidumbre al propiciarse que algunos Magistrados permanezcan en el ejercicio de su cargo, aunque tengan más de 65 años, mientras otros han tenido que retirarse al cumplir dicha edad, situación demuestra el desbalance en la unificación de un criterio que permita comprender cuál es la edad de retiro forzoso de los Magistrados de las altas cortes, y genera traumatismo en la composición de poderes.
Al referirse a la violación del derecho a la igualdad, la Corte Constitucional, en la Sentencia número C-351 de 1995, magistrado ponente doctor Vladimiro Naranjo Mesa, afirmó: “Se entiende por igualdad, como ya lo ha manifestado esta corporación, la proporcionalidad equivalente entre dos o más entes, según un principio de reciprocidad. Y por derecho fundamental, aquel que siendo inherente a la persona, constituye el fundamento de legitimidad del orden jurídico, haciendo que este sea justo. De lo anterior se colige que el derecho a la igualdad es la facultad que tiene todo ser humano, y en general toda persona, natural o jurídica, a recibir un trato no discriminatorio por parte de la sociedad civil y del Estado, según el merecimiento común -la racionalidad y la dignidad- y según los méritos particulares, fundados en la necesidad y en el trabajo. La igualdad en abstracto, implica una identidad en la oportunidad, al paso que en lo específico requiere un discernimiento, una diferencia y una proporcionalidad: se iguala lo diverso, no por homologación, sino por adecuación.”
Para abundar en razonamientos a favor de este proyecto de ley, encontramos que las calidades y exigencias para ser Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, y del Consejo de Estado, son idénticas al tenor de lo dispuesto en el artículo 232 Constitucional; sus períodos individuales son de 8 años, no pueden ser reelegidos y permanecen en el ejercicio de sus cargos mientras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y “no hayan llegado a la edad de retiro forzoso”. (Artículo 233 de la Constitución Política).
Obsérvese cómo el Constituyente de 1991, al referirse a los Magistrados de las Altas Cortes, unificó no solo los requisitos para el desempeño del cargo, sino también el período de su ejercicio, dejando claramente establecido que permanecerán en sus cargos hasta cuando lleguen a la edad de retiro forzoso, por lo que no existe vestigio de duda que es el legislador a quien le corresponde fijar la edad de retiro forzoso para todos los Magistrados de las Altas Cortes, y así dar por terminada la divergencia surgida a raíz de las diferentes interpretaciones que alrededor de este asunto se han producido.
Ya sobre la necesidad de expedir una nueva ley que fije la edad de retiro forzoso para los casos contemplados en el artículo 233 de la Carta Política, la Corte Constitucional, en Sentencia C-351 del 9 de agosto de 1995, Magistrado Ponente doctor Vladimiro Naranjo Mesa, dijo:
(…) la Corte no considera del caso entrar a ocuparse en esta Sentencia del tema de la edad de retiro forzoso en lo que a ella respecta. Empero, como el demandante hace alusión al artículo 233 de la Carta Política, al señalarlo como una excepción de rango constitucional a lo que él considera debe ser la regla general, bajo el concepto de igualdad, la Sala estima pertinente precisar al respecto que teniendo en cuenta que la Constitución de 1991 creó nuevos organismos y autoridades judiciales, y estableció para ellos períodos fijos, poniendo así término al anterior sistema vitalicio, se hace necesaria la expedición de una nueva ley que fije la edad de retiro forzoso para los casos contemplados en ese artículo, tomando en consideración los cambios introducidos en la Constitución Política de 1991.” (subraya fuera de texto).
Fundamentado en las anteriores consideraciones es presentado ante la Cámara de Representantes el presente proyecto de ley, el cual está encaminado a superar un protuberante rezago legislativo, y a mantener por un tiempo mayor al servicio del Estado a personas con muy altas calidades y exigencias, que garantizan el mejor desempeño y la más adecuada respuesta institucional.
Teniendo en cuenta lo dicho, es pertinente fijar la edad de retiro forzoso en 70 años para los Magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, y así garantizar la continuidad en la prestación del servicio público de administración de justicia en beneficio de toda la sociedad, pues se mantendrían al servicio personas con el más alto nivel académico, cuya experiencia, madurez, ponderación, equilibrio, serenidad e independencia, adquiridos con la edad, son prenda de garantía de un desempeño eficaz, imparcial, eficiente y útil.
La edad propuesta para los Magistrados de las citadas Cortes pertenecientes a la Rama Judicial, obedece a algunos estudios que han establecido que el promedio de vida de las personas entre los años 1968 y 2009 ha variado significativamente, hasta colocarse por encima de los 72 años, lo mismo que las condiciones de vida, lo que repercute en la prolongación de la existencia. (DANE).
Prescindir de servidores públicos de tan alta dignidad, como son los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, obligándolos a un retiro forzoso en el momento de mayor productividad intelectual, resulta del vacío legislativo presente, el cual consideramos es llenado con la aprobación del presente proyecto..



  1. Proposición

Con fundamento en las consideraciones expuestas proponemos a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes DAR PRIMER DEBATE al PROYECTO DE LEY No. 154 DE 2010 CÁMARA “POR EL CUAL SE DESARROLLA EL ARTÍCULO 233 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA Y SE FIJA LA EDAD DE RETIRO FORZOSO PARA LOS MAGISTRADOS DE LAS ALTAS CORTES”.

CARLOS EDWARD OSORIO AGUIAR

Ponente
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY No. 154 DE 2010 CÁMARA “POR EL CUAL SE DESARROLLA EL ARTÍCULO 233 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA Y SE FIJA LA EDAD DE RETIRO FORZOSO PARA LOS MAGISTRADOS DE LAS ALTAS CORTES”

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA

Artículo 1º. La edad de retiro forzoso para los Magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura es de setenta (70) años.

PARÁGRAFO. Esta disposición cobija a los Magistrados de las referidas Corporaciones que actualmente se encuentren en ejercicio de sus cargos.

Artículo 2º. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Atentamente,

CARLOS EDWARD OSORIO AGUIAR

Ponente

1 “El funcionario o empleado debe retirarse cuando se encuentre en situación de retiro forzoso”

2Ley 270 de 1996. “Artículo 125 inciso 1º. DE LOS SERVIDORES DE LA RAMA JUDICIAL SEGÚN LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES. Tienen la calidad de funcionarios los Magistrados de las Corporaciones Judiciales, los Jueces de la República y los Fiscales. Son empleados las demás personas que ocupen cargos en las Corporaciones y Despachos Judiciales y en los órganos y entidades administrativas de la Rama Judicial”. –Resaltado fuera de texto-


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