Informe que presenta la Comisión designada por el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela para determinar la incidencia de la Ley Orgánica






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títuloInforme que presenta la Comisión designada por el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela para determinar la incidencia de la Ley Orgánica
fecha de publicación01.03.2016
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OPINIÓN PERSONAL DEL PROFESOR ABSALÓN MÉNDEZ CEGARRA, SOBRE LA PROPUESTA DE LA CIUDADANA RECTORA DE LA UCV PARA CREAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS MIEMBROS DEL PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN DE LA UCV, SUSTITUTIVA DE LA INSTITUCIONALIDAD PREVISIONAL CREADA EN 1958 Y DESARROLLADA POSTERIORMENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA UCV, APUCV E IPP.UCV.

PRESENTACIÓN
La Propuesta que presenta la máxima autoridad de la UCV, la valoramos positivamente. Es una interesante iniciativa en la que se pone al descubierto varios hechos de extraordinaria significación. El primero, y, el más importante de ellos, es el reconocimiento que hace la Rectora respecto al deber de la Universidad, por mandato del artículo 114 de la Ley de Universidades, de garantizar el bienestar social de los miembros del personal docente y de investigación; el segundo, el reconocimiento que la Universidad es el verdadero patrono o empleador del profesorado; y, el tercero, que es urgente y necesario una revisión de la institucionalidad previsional del profesorado universitario, construida a lo largo de los años, pero, que, presenta fisuras, precisamente, porque la Universidad, por razones presupuestarias, incumple con el deber de proteger socialmente a los miembros del personal docente y de investigación, descansando la protección, en lo fundamental, sobre los hombros de los profesores, vencidos por las bajas remuneraciones que se perciben. Por consiguiente, la Propuesta Rectoral es un paso significativo en la búsqueda de un nuevo tipo de relacionamiento entre la Universidad y el gremio profesoral.
ANÁLISIS DE LA PROPUESTA
Un primer elemento a destacar en la Propuesta que presenta la máxima autoridad de la Universidad, es el desconocimiento que se tiene de las múltiples propuestas hechas en el pasado, elaboradas a petición del Consejo Universitario, de la Asociación de Profesores de la UCV y de otras instancias universitarias, por las diversas comisiones designadas con el propósito de diagnosticar y proponer soluciones a la situación de desprotección social de los miembros del personal docente y de investigación. Entre estos importantes e ignorados documentos, tenemos:

  1. Informe que presenta la Comisión designada por el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela para determinar la incidencia de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS) en el Régimen de Previsión Social de los Miembros de la Comunidad Universitaria.

  2. Conclusiones de la Comisión Permanente de Consultores Jurídicos de las Universidades Nacionales sobre la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social.

  3. Comentarios a los artículos 65, 123 y 147 de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social.

  4. Escenarios planteados en los Fondos de Jubilaciones y Pensiones del profesorado de las Universidades nacionales con motivo de la aplicación del artículo 119 de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social.

  5. Anteproyecto de Ley de Seguridad Social del Personal Docente y de Investigación de las Universidades Nacionales.

  6. Propuesta de consolidación de un Sistema de Seguridad Social propio del Profesor Ucevista.

  7. Informe sobre la seguridad social de los miembros de la comunidad universitaria de la UCV.

  8. Informe de la Comisión Mixta UCV-APUCV, sobre la redefinición y consolidación de la institucionalidad previsional de los miembros del personal docente y de investigación.

  9. Propuesta de redefinición de la institucionalidad previsional presentada al Consejo Universitario de la UCV por la Asociación de Profesores de la UCV.


En este conjunto de documentos se encuentran referentes valiosos, muy importantes, a tomar en cuenta al momento de pensar en una redefinición de la institucionalidad previsional existente; sin embargo, la autoridad rectoral, ha optado por asimilar la Propuesta presentada por dos distinguidos profesores pertenecientes al Consejo de Profesores Jubilados de la UCV. Opinión parcial muy importante como la que puede emitir cualquier otro miembro de la comunidad universitaria.
Un segundo elemento a considerar en la Propuesta Rectoral son las inconsistencias conceptuales y doctrinarias en el marco referencial que se utiliza como fundamental

En el contenido de la Propuesta se utilizan términos que requieren una explicación adicional que permita al lector conocer el verdadero significado de la utilización de los mismos. En la doctrina de la seguridad social los términos, nociones y conceptos tienen significados diferentes a los que se suele dar en otros contextos.
Sistema de Seguridad Social. Por sistema de seguridad social se entiende el conjunto de normas, instituciones y programas que, debidamente articulados y en actuación interdependiente, regulan y determinan las relaciones jurídicas que comportan las instituciones de la seguridad social. No existe tal sistema cuando nos referimos a un conjunto institucional que se desenvuelve sin orden ni concierto y sin fundamentación legal que regule la relación jurídica de la seguridad social entre las partes o sujetos intervinientes en dicha relación. El artículo 5 de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, define el Sistema, así: “A los fines de esta Ley se entiende por Sistema de Seguridad Social el conjunto integrado de sistemas y regímenes prestacionales, complementarios entre sí e interdependientes, destinados a atender las contingencias objeto de la protección de dicho Sistema”
Integral. La integralidad como principio de la seguridad social remite a un significado muy preciso. La seguridad social es integral cuando es oportuna y ampara el siniestro o estado de necesidad cubierto o protegido en su totalidad, en toda su dimensión. Es oportuna, cuando la seguridad social se activa y hace presente ante el estado de necesidad acaecido. Es integral, cuando se ofrece una cobertura de la contingencia amparada en su totalidad y en todas sus consecuencias. La noción sistémica apunta hacia la noción de integralidad
Instituto de Previsión del Sistema de Seguridad Social Integral. La noción protección social es la utilizada genéricamente para denominar las distintas modalidades desarrolladas por los seres humanos para brindar atención en casos de estados de necesidad. Cuando estas formas o modalidades asumen ciertas características, como por ejemplo, prever ciertos acontecimientos, estamos ante un nuevo término: previsión social; y, cuando la previsión social se tecnifica y se regula legalmente, estamos ante una variedad de la previsión social, que es la seguridad social; por consiguiente, es impropio hablar de Previsión del Sistema de Seguridad Social Integral. En una relación de continente a contenido, el continente, es la protección social; y, el contenido, la previsión social, incluyendo una de sus variantes, la seguridad social.
Afiliación obligatoria. La institución jurídica de la afiliación a un sistema o régimen de seguridad social es el acto mediante el cual una persona, en observancia de una disposición de ley o mediante una acción voluntaria, se incorpora a dicho sistema o régimen de seguridad social. La Ley de Universidades estableció una obligación a las Universidades (artículo 114); pero, de tal obligación de ley, no puede derivarse obligaciones para los miembros del personal docente y de investigación; por consiguiente, no existen posibilidades de afiliación obligatoria a un sistema de seguridad social creado para un sector particular, salvo que la ley o, en su defecto, la Contratación Colectiva, así lo determinen.
Contribuciones obligatorias. Los gravámenes que afecten el salario de los trabajadores, como en el caso que nos ocupa, es decir, cotizaciones a la seguridad social, sólo pueden establecerse por ley. La Universidad no está facultada para establecer ningún gravamen al salario; por consiguiente, es, igualmente, impropio, hablar de porcentajes de cotización para un sistema que carece de fundamentación legal. El artículo 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece, que: “No podrán cobrarse impuestos, tasas, ni contribuciones que no estén establecidos en la ley (…)”
Contribuciones parafiscales. La parafiscalidad en la doctrina tributaria o fiscalista es una especie de los tributos, con características muy especiales. Las cargas parafiscales deben ser establecidas por ley y se definen como un tributo que se paga destinado a un fin u objeto determinado, por lo que el mismo no va a la unidad del Tesoro. En Venezuela existen varias parafiscalidades. Ligadas con la seguridad social tenemos la cotización al Seguro Social y la contribución al INCES. Igualmente, todas las que establece la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, con excepción del ahorro habitacional.
Caja de Ahorro Previsional. El ahorro, por definición, es previsional. Es el diferimiento del consumo para el momento que en verdad se necesita. Llamar al ahorro, previsional, es redundante, toda vez que el ahorro, por sí, tiene un objeto de previsión.
Un tercer elemento que destaca en la Propuesta, el más significativo de todos, es la utilización de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS) como referente y basamento legal de la Propuesta, cuando es ampliamente conocido que la LOSSS prohíbe la creación de sistemas y regímenes de seguridad social distintos al Sistema de Seguridad Social desarrollado por ella, salvo que se trate de regímenes complementarios voluntarios.
Lamentablemente y, seguro, por falta de información oportuna y una rápida y confusa lectura de la Constitución de la República (CRBV) y de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS), se incurre en la Propuesta en un gravísimo error que la desnaturaliza por completo y la deja sin base de sustentación.
El artículo 86 de la Constitución consagra a la seguridad social como un derecho humano de toda persona en Venezuela y le atribuye el carácter de servicio público no lucrativo. Desarrolla con amplitud su campo contingencial o ámbito de aplicación objetivo o material y establece un campo de aplicación subjetivo universal, para toda persona, sin discriminación alguna. Agrega, que el “Estado tiene la obligación de garantizar la efectividad de este derecho, creando un sistema de seguridad social universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones directas o indirectas (…) El Sistema de Seguridad Social será regulado por una ley orgánica especial”. Este sistema unitario, no único, debido a que el Constituyente de 1999, reservó para los miembros de la Fuerza Armada Nacional, otro, propio, de esta institución armada (artículo 328).
En respuesta al mandato constitucional, el 30 de diciembre del 2002, se promulga la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, la cual, como se sabe, es Ley vigente, pero, no, efectiva, aún cuando tiene aplicaciones parciales. Esta Ley, con rango de orgánica, no permite bajo ningún concepto la convivencia con otros sistemas o regímenes de seguridad social, salvo que estos sistemas o regímenes, preexistentes, no nuevos o por crear, se hayan transformado en regímenes complementarios de carácter y afiliación voluntaria, financiados a expensas exclusivas del peculio de los afiliados o beneficiarios. No se requiere gran esfuerzo para explorar el espíritu, propósito y razón de la Ley y la voluntad del legislador. Se trata de crear un Sistema de Seguridad Social para los venezolanos asentados en el territorio nacional y los extranjeros con residencia legal en dicho territorio. Este Sistema, regulado por una Ley Orgánica, no admite competencia. El artículo 1 de la Ley, señala: “La presente Ley tiene por objeto crear el Sistema de Seguridad Social, establecer y regular su rectoría, organización, funcionamiento y financiamiento, la gestión de sus Regímenes Prestacionales y la forma de hacer efectivo el derecho a la seguridad social por parte de las personas sujetas a su ámbito de aplicación (…)”. A los fines de preservar los regímenes de seguridad social preexistentes, como el que tiene el profesorado de la UCV, hasta que el Sistema de Seguridad Social creado por la Constitución y la LOSSS, se desarrolle a plenitud, el legislador estableció un régimen de transición (Título V. LOSSS) que indica los términos y condiciones bajo los cuales los regímenes preexistentes pueden mantenerse. Al respecto, conviene leer los artículos de la LOSSS, números 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129. Y, los artículos 130 al 149 del Capítulo VI, Disposiciones Transitorias, Derogatorias y Finales. Atención especial merece el artículo 126 de la LOSSS, que nos permitimos reproducir parcialmente. “La integración de los diversos regímenes especiales de salud al Sistema Público Nacional de Salud se realizará de manera progresiva (…) Hasta tanto se integren los regímenes especiales de salud deberán registrarse en el Sistema Público Nacional de Salud e indicar el nivel de la red que sustituye, concurre o complementa, la cobertura poblacional, el financiamiento y el tipo de servicio predeterminado; así como las implicaciones financieras para el Fisco. Se entiende por regímenes especiales de salud a todas las prestaciones, servicios y modelos de aseguramiento que las personas reciban a través de su entidad empleadora, organización sindical o gremial o cualquier modalidad organizativa, con fundamento en bases legales, o convencionales, como un servicio propio de salud, bien sea a través de un instituto de previsión administrado por el propio organismo o contratado con una persona jurídica de derecho público o privado y que reciba financiamiento por parte del Fisco. Las personas afiliadas a los servicios de salud antes señalados, deberán contribuir a su financiamiento con un porcentaje de su salario, cuya cuantía deberá ser igual o superior a la que se fije para las personas que coticen obligatoriamente al nuevo Sistema de Seguridad Social. La contribución a estos regímenes no exime de la cotización al Sistema de Seguridad Social. No podrán crearse nuevos regímenes de salud para los trabajadores del sector público, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley” (30-12-2002). Del mismo tenor son las disposiciones que refieren a los regímenes preexistentes de pensiones y jubilaciones y de vivienda, así como las relativas al régimen contributivo o de financiamiento del Sistema.
Ante este hecho resulta inexplicable que la Propuesta en referencia se sustente en la LOSSS y haga referencia que artículos como el 10, 19, 111, 119, entre otros, porque no son aplicables en el presente caso. Una cosa es tomar como modelo la estructura organizativa que establece la LOSSS para el Sistema de Seguridad Social, como lo hice ante la Comisión Mixta UCV-APUCV, lo que fue arduamente cuestionado en su momento por uno de los miembros de la Comisión, el que se negó a suscribir la Propuesta, y, otra, muy distinta, es que se diga que la Propuesta se fundamenta en la LOSSS, e, inclusive, se le atribuya a la LOSSS señalamientos que ella no contiene, como por ejemplo, sostener en la Propuesta, página 18, sobre la base del artículo 19 de la LOSSS, que: “ EL SSSIP-UCV debe estar constituido por cuatro subsistemas: salud, previsión social, vivienda y hábitat, y caja de ahorro previsional”. La LOSSS no utiliza el término subsistema, sino el de sistema y régimen prestacional, y no incorpora, para nada, a las cajas de ahorro, las cuales se regulan por una ley especial, denominada “Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares”.
La Propuesta toma un referente legal que no le sirve, la LOSSS, le resulta contradictoria y, consecuencialmente, le desnaturaliza por completo. Por consiguiente, más positivo es pensar que hasta tanto el Sistema de Seguridad Social establecido en la LOSSS no se instaure definitivamente, lo acertado es redefinir la institucionalidad previsional existente, fortalecerla, consolidarla, para que brinde la seguridad social a la que tiene derecho el profesorado, institucionalidad en la que la UCV debe tener una participación fundamental, protagónica, cumpliendo cabalmente con las obligaciones de Ley y las contractuales o convencionales. Ahora bien, por información suministrada por la APUCV, la UCV tiene severas dificultades presupuestarias y financieras para cumplir con las obligaciones de ley y contractuales en materia de seguridad social, por lo que mantiene una deuda importante que data desde hace varios años. Esta situación, en nuestro criterio, no se avizora que pueda revertirse en los próximos años. Uno sólo de los programas de salud que administra el IPP.UCV (SAMHOI), es financiado en un 47% con recursos provenientes de la caja de ahorro, es decir, salario del profesor; un 15% aproximadamente lo aporta la UCV, vía presupuesto ordinario; un 21% corre a cargo directamente del profesor; y, el resto, acuerdos federativos, que, igualmente, constituyen beneficios socio-económicos no remunerativos. Este hecho se reconoce en la Propuesta, pero, no se le da respuesta ni solución. Por lo tanto, la pretensión de la UCV de asumir a plenitud la rectoría y gerencia de la seguridad social del profesorado, hecho positivo y de estricto cumplimiento legal, tropieza con una realidad objetiva cuya modificación no está al alcance de la Institución. Y, si se piensa en las fuentes de financiamiento que indica la Propuesta, página 19, la verdad es que la UCV carece de atribuciones para imponer “contribuciones y cotizaciones de los afiliados” y, para derivar de la caja de ahorro recursos. La caja de ahorro debe ser una institución independiente y autónoma. Es una institución de carácter asociativo, regulada, como se ha dicho, por una ley especial. La caja de ahorro, según la ley especial que la regula, artículo 44, puede desarrollar su propia institucionalidad previsional, a cargo exclusivo de sus asociados, por lo que no resulta acertado incorporarla en la propuesta en la forma como se ha hecho. Las demás fuentes de financiamiento son de tal grado de incertidumbre que no merece comentario alguno. La extrapolación de normas de la LOSSS a la Propuesta, particularmente, las referidas a contribuciones, cotizaciones, cargas parafiscales y fondos de financiamiento, es, desde todo punto de vista incorrecto, por ilegal. Las fuentes de financiamiento de la LOSSS, Título IV, Financiamiento del Sistema de Seguridad Social, artículos 106 al 116, y, los fondos que se establecen para cada Régimen Prestacional, artículo 107, son para financiar el Sistema de Seguridad Social, expresamente señalado en la Constitución y en la LOSSS, no para ningún otro. Otra observación importante deriva del pretender la UCV sustituir la Tesorería de la Seguridad Social, Capítulo IV, artículos 36 al 49 de la LOSSS. La Tesorería de la Seguridad Social es el órgano creado por la LOSSS, para la recaudación, inversión y distribución de los recursos del Sistema de Seguridad Social, suerte de Caja Única de la seguridad social, a los fines de mantener la unidad del tesoro de la seguridad social. No está prohibido utilizar este nombre, pero, debe utilizarse para denominar otro tipo de regímenes de financiamiento.
Finalmente, debe señalarse que, al pretender crear una nueva institucionalidad en materia de seguridad social para el profesorado universitario, debe desarrollarse con absoluta precisión y claridad las instituciones jurídicas fundamentales del derecho a y del derecho de la seguridad social, a saber: campo de aplicación subjetivo; campo de aplicación objetivo; financiamiento; y, órgano gestor responsable. De particular interés es lo relacionado con el campo de aplicación material u objetivo. En la Propuesta se indica el conjunto de contingencias a ser atendidas o cubiertas por la seguridad social, con lo que se asume acertadamente la concepción amplísima de la seguridad social; pero, no se hace referencia alguna a la cobertura, a los alcances de las prestaciones con las que se ampararán dichas contingencias. Por ejemplo, según datos suministrados por la APUCV, la UCV, en materia del programa de HCM, cubre, teóricamente, el llamado Plan Básico, con un alcance de Bs,F. de 3.000,00, anual, por titular e integrantes del grupo familiar amparado. La diferencia de la cobertura actual hasta alcanzar los BS.F 160.000,00 (SAMHOI, Plan Superior), corre a cargo del profesorado por distintas vías de financiamiento en las que no interviene la UCV. ¿En cuánto la UCV ampliará la cobertura ante riesgos de salud, sin costo alguno para los profesores? Al respecto, nada dice la Propuesta. Lo relacionado con la seguridad y salud en trabajo está regulado por la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y, su financiamiento, corre, totalmente, a cargo del empleador. Los Regímenes Prestacionales de Empleo y Servicios Sociales contenidos en la LOSSS, tienen características muy específicas en las leyes que los regulan, como para asimilarlas en el Sistema de Seguridad Social que diseña la Propuesta. El Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, es de naturaleza completamente distinta, no puede asociarse a los planes de crédito que puede desarrollar, en un momento dado, la caja de ahorro o, como ocurrió en el pasado, el Fondo de Jubilaciones y Pensiones. La ley no atribuye a ninguna de estas instituciones, facultades para retener, captar y administrar el ahorro habitacional.
Un cuarto elemento a destacar, es lo referente a las facultades o atribuciones del Consejo Universitario. En varios pasajes de la Propuesta se hace referencia al Consejo Universitario como máximo organismo de dirección universitaria y, en consecuencia, facultado para establecer contribuciones parafiscales o contribuciones obligatorias al personal docente y de investigación de la UCV, para financiar el Sistema de Seguridad Social. Es importante señalar que el Consejo Universitario carece de dichas atribuciones, Es más, se acude al expediente de establecer que por aplicación de los artículos 106, 107 y 111 de la LOSSS, la UCV, subrogándose o suplantando a la Tesorería de la Seguridad Social, puede recaudar, invertir y distribuir, los recursos de la seguridad social provenientes de las fuentes expresamente señaladas en el artículo 106 de la LOSSS. Al crearse el Sistema de Seguridad Social que desarrolla la LOSSS, el profesorado universitario, como el resto de la población del país, con excepción del personal militar, queda sometido a su ámbito de aplicación y al cumplimiento de las obligaciones que se establecen. Para el caso que el profesorado universitario aspire mantener su propia institucionalidad, puede hacerlo, y, en mi opinión, es lo deseable, pero, resulta que la LOSSS no lo permite, al contrario, lo obstaculiza. Si se observa, sólo desde el punto de vista del financiamiento, el profesorado tendría que hacer un doble esfuerzo contributivo, cotizar para el Sistema de Seguridad Social general y, cotizar, con su peculio exclusivo, al régimen propio.
Un quinto aspecto tiene que ver con la factibilidad de la Propuesta. La Propuesta carece de viabilidad y factibilidad cierta, al menos, en cuanto a financiamiento se refiere. La calificamos como una iniciativa positiva porque apunta a mejorar la seguridad social del profesorado de la UCV; pero, es evidente, que no pasa de ser una buena intención. Sólo un desconocimiento de lo que significa financiar un sistema de seguridad social como el esquematizado en la Propuesta, puede llevar a la afirmación que tal sistema puede financiarse con un 4% de aporte institucional y un 4% de cotización de los afiliados, calculado dicho porcentaje sobre el salario (¿básico?) del profesor, ver artículos 27 y 28 del Anteproyecto de Reglamento de Seguridad Social del Personal Docente y de Investigación de la Universidad Central de Venezuela, anexo 1. Y, además, se excluye de la obligación de cotizar, al personal jubilado y pensionado de la Institución, que significa el 62%, aproximadamente, de la nómina de personal total.
Los pocos estudios que se han realizado sobre los regímenes de jubilaciones y pensiones del profesorado universitario en Venezuela (ULA, USB y UCV), revelan, que, para financiar debidamente el régimen jubilatorio y pensional existente, con todas sus bondades, a partir de determinado corte, sin considerar jubilaciones y pensiones causadas, sólo hacia el futuro, se requeriría una contribución de los posibles beneficiarios y de la Institución, del orden del 25% del salario integral que percibe el profesor. Los estudios actuariales que soportan la LOSSS indican que para financiar el Sistema de Seguridad Social se requiere afectar el salario que percibe el trabajador en un 30%, como mínimo. Sólo para financiar el Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas, el porcentaje salarial estimado es de 18%. Si se tiene duda sobre este particular, debería consultarse la opinión técnica de la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales de la UCV. La Propuesta es tan imprecisa en este sentido, que se pasó por alto que el artículo 65 de la LOSSS, fusiona en una sola institución, lo que en la actualidad existe separado y compatible, la pensión de vejez y la pensión de jubilación. Para la LOSSS la pensión de vejez o jubilación está garantizada por el Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas, “(…) para las personas con o sin relación laboral de dependencia, compuesto por una pensión de beneficios definidos, de aseguramiento colectivo bajo el régimen financiero de prima media general y sobre una base contributiva de uno (1) a diez (10) salarios mínimos urbanos”.
Finalmente, en la Propuesta se anexa un Anteproyecto de Reglamento de Seguridad Social del Personal Docente y de Investigación de la Universidad Central de Venezuela, con el que se pretende regular el sistema de seguridad social creado en la Propuesta. Este Anteproyecto es de pésima factura desde el punto de vista de la técnica legislativa. No sólo constituye una mala copia del actual Reglamento de Jubilaciones y Pensiones; por consiguiente, se agota en las jubilaciones y pensiones, sin avanzar hacia los demás aspectos de la seguridad social; sino, que, por otra parte, ignora en su contenido normativo aspectos fundamentales de carácter socio-demográfico de Venezuela, en especial, de la UCV, la cual cuenta con una población docente que supera, en promedio, los 50 años de edad, es decir, una planta docente camino al envejecimiento, sin incluir, la nómina pasiva existente. El Anteproyecto invade, abiertamente, materias de la reserva legal, como se ha dicho, al establecer gravámenes al salario y exonerar de contribuciones para el financiamiento de la seguridad social al personal jubilado y pensionado; igualmente, al establecer como fuente de financiamiento, a la caja de ahorro, sobre la cual, no hay participación de la Universidad como patrono. Esto a tenor de lo establecido en los artículos 3, 71 y 73 de la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares. En la Propuesta no se le confiere personalidad jurídica propia a los Fondos de financiamiento, aplicación del artículo 107 de la LOSSS; pero, en el Anteproyecto de Reglamento, sí, ver artículo 4, fundamentando tal cosa, equívocamente, en el artículo 118 de la Constitución que se refiere a otro aspecto, al desarrollo de asociaciones de carácter social, por ejemplo, cooperativas y cajas de ahorro, y, en ningún caso, a las contribuciones parafiscales y a los fondos de la seguridad social, con lo que, nuevamente, se incurre en el error de sustentar la Propuesta en normas jurídicas que refieren a hechos distintos.
Espero que los puntos aquí reseñados, sirvan de alguna manera, al momento de discutir la Propuesta. Estoy dispuesto a debatir los argumentos aquí expuestos. De antemano, advierto, que estoy absolutamente preparado para recibir todas las descalificaciones, insultos y atropellos de algunos personeros de la comunidad universitaria que se dan a la tarea de ofender y calumniar a quienes se atreven a levantar la voz en contra de algunas de sus posiciones. No es la primera vez, ni será la última. No es posible callar y menos, frente al tema de la protección social del profesorado. Esta opinión bajo ningún aspecto compromete a instituciones a las que pertenezco y la hago pública de la misma manera que se ha hecho pública la Propuesta, debido a que muchos profesores me han preguntado si tengo algo que ver con la Propuesta, a lo que he respondido que no. Esta opinión es absolutamente personal y la pongo al servicio de la comunidad universitaria.
En Caracas, a los 10 días del mes de febrero del año dos mil doce.

Absalón Méndez Cegarra

Profesor Titular Jubilado

C.I. N° V-2.287.255

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