El Derecho Laboral reviste el carácter de una ciencia normativa muy extensa dadas sus diversas facetas y muchos de los esfuerzos de tratar sus ámbitos han sido






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Refiere en una última estación una quinta forma de relación que llama de coordinación o integración entre Derecho y poder, reconociendo la existencia autónoma de ambos polos de relación, que los comunica y los hace imprescindibles respectivamente para la comprensión del otro término, destacando que es el tipo de relación que se ajusta mejor a una definición del concepto de relación entre poder y Derecho.

Concluye señalando que no se puede entender el Derecho sin el poder y que el poder se configura, centraliza, racionaliza y se frena y se limita por medio del Derecho, para llegar a la conclusión de un poder institucionalizado, abierto a valores y que pretende su eficacia a través del Derecho y a partir de esta premisa se convierte en “hecho fundante básico” del sistema jurídico y causa última de su validez y su eficacia.



II.- IDENTIFICACIÓN DE VALORES E INTERESES. ¿ CÓMO RESPONDE LA LEY?
CONSTITUCIÓN POLITICA DE 1993
Art. 22:

El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona.”

Art. 23:

El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan.

El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo de educación para el trabajo.

Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador.”
El tema vinculado al Derecho del Trabajo contenido en los artículos en mención de la Constitución Política de 1993 nos remite al asunto materia de análisis formulado por Peces Barba, en la medida que tratándose de dos normas expresadas como mandatos constitucionales, han sido expedidas por un poder político constituido y expresado en una Asamblea Constituyente que formuló estas declaraciones en una vía de consenso específico al haberse designado un Congreso Constituyente Democrático CCD cuyas funciones se expresaron positivamente en la dación de la Constitución de 1993 que hoy nos rige.
Los conceptos de Peces Barba adquieren vigencia en todo su contenido y planteamientos doctrinarios en la medida que el poder político de aquel entonces expresado como hecho fundante básico, dispuso la elaboración de normas vinculadas a un concepto de defensa del Derecho del Trabajo, rescatando las sgtes ideas en materia de valores.


  • Respecto al artículo 22:




  • El trabajo adquiere un valor de deber, implicando para todos los ciudadanos peruanos y extranjeros sujetos a nuestra normatividad el principio de ejercicio del mismo para la consecución de sus objetivos personales.

  • El trabajo se expresa igualmente como derecho en la medida que implica la actividad del Estado de garantizar las condiciones de acceso al mismo. Resulta un tema complejo describir las condiciones de acceso al empleo en un medio de contexto complejo mundial como el de una recesión que afecta a todas las actividades económicas pero el criterio es expresado de modo central en la facultad de la persona, del ciudadano peruano de acceder a trabajar, por cuanto una Asamblea Constituyente, que hacía las veces de poder delegado, ratificó un valor fundamental reconocido en todas las legislaciones y constituciones del mundo como el acceso al empleo.

  • El trabajo adquiere el matiz de base del bienestar social y aquí es importante rescatar los conceptos y valores complementados por Manuel García Pelayo en su obra “ Las transformaciones del Estado contemporáneo” al describir los inicios del Estado Social en las teorías de Lorenz von Stein, la construcción y cimentación del concepto de Estado Social de Derecho en las teorías de Hermann Heller, objetivizadas en la Ley Fundamental de Bonn de 1949 y que dieron lugar a la constitucionalización mundial del concepto de Estado Social de Derecho, para finalizar en las tesis de Fortshoff al referirnos a la procura existencial como tarea y misión del Estado respecto a sus ciudadanos.

  • Constituyendo base del bienestar social, el poder político de los ciudadanos debidamente congregados hayan en el concepto de trabajo una forma de lograr las metas del Estado en cuanto a objetivizar el beneficio de los habitantes.

  • El trabajo constituye también medio de la realización de la persona en tanto que a través del mismo, organizamos nuestras metas personales, sociales y profesionales. El hecho fundante básico expresado en la dación de esta norma se vincula al concepto de norma fundante básica en la medida que los supuestos de realización de la persona se hayan en la posibilidad de ejecución de los fines de la persona por medio del trabajo y a través de la norma aludida.




  • Con relación al artículo 23:



  • La norma precisa que el trabajo en sus distintas modalidades es objeto de atención prioritaria por parte del Estado y aquí viene a rescatarse el concepto directo de procura existencial de Fortshoff para que justamente se den los supuestos necesarios de tareas primordiales del Estado. Y es factible preguntarse. ¿ cuál no sería la meta de un Estado sino lograr los beneficios de las personas que habitan en su jurisdicción? Puede haber referencia a una serie de conceptos como tareas del Estado mas resulta fundamental que los deberes del Estado se fijen en función al bienestar de sus ciudadanos, y de allí viene el concepto de ser un aspecto de la realidad que requiere atención prioritaria.

  • La referencia a la protección básica de los sectores más necesitados - madres, menores de edad e impedidos que trabajan- se expresa en la idea central de que el poder político ha determinado que estos grupos requerirán de una mayor atención por cuanto sus condiciones para trabajar se desarrollan bajo supuestos de menor acceso a la demanda de mano de obra. Es tarea de un Estado, de su núcleo humano, procurar satisfacer las necesidades de todos los grupos humanos que conforman el mismo, mas requerirá mayor atención el grupo que se desarrolle en mayores condiciones de adversidad.

  • El fomento de la política de empleo y de educación para el trabajo, que igualmente reseña el artículo 23, responde del mismo modo a la determinación que concierne al poder político para que a través de medidas sistemáticas se pueda alcanzar el beneficio de los ciudadanos. En efecto, no existe consecución de objetivos al azar sino que el mismo debe llevarse a cabo a través de políticas especificas. Un Estado no debe fijar como valor del mismo lograr beneficios porque sí, es menester atender a la formulación de políticas y plazos definidos para poder alcanzar las metas en el beneficio de los ciudadanos.

  • Finalmente, precisa el artículo 23 que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales así como tampoco desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Los valores e intereses a destacar aquí responden a un criterio de exclusión. Es decir, en sentido interpretativo negativo, se excluye de nuestro ordenamiento los políticas de empleo discriminatorias o la aplicación, por parte de empleadores, de premisas que se orienten a desconocer o rebajar la dignidad del trabajador, quien como ser humano goza de la protección de una serie de instrumentos internacionales entre los cuales podemos mencionar la Declaración Universal de los Derechos Humanos.


La interrogante respecto a cómo responde la ley resulta oportuna en la medida que es preciso hacer una distinción de rigor respecto al poder institucionalizado y complejo que nuestra realidad representa. Dicho poder es causa y efecto en nuestro Derecho en tanto su objetivación se haya expresada en el aspecto de que, mezclado con el Derecho, es causa y efecto del Derecho. “Causa”, como refiere Peces Barba, por cuanto los derechos enunciados en las normas materia de comentario, parten de los supuestos de un poder político que les confirió rango constitucional. Y devienen en la calidad de “efecto”, por cuanto las normas jurídicas adquieren la validez jurídica necesaria, es decir, resultan en su efecto aplicables por cuanto hay un poder que se sustenta en las mismas. En esa línea de análisis, los criterios formales y materiales que se encuentran en la norma fundante básica adquieren una eficacia real por cuanto hay un poder- hecho fundante básico- que la sostiene.
III.- SECTORES QUE PARTICIPAN Y QUE SE BENEFICIAN
Los sectores involucrados y que participan de estas premisas son las categorías de trabajadores peruanos que se someten a la jurisdicción del Estado peruano y que por la condición de acogimiento a las normas de convivencia en nuestro Estado, aceptan implícitamente los principios que enfoca nuestra Carta Magna de 1993 en materia de derechos laborales fundamentales.
A este efecto, podemos distinguir un grupo universal de sujetos beneficiarios y podemos destacar a los sgtes segmentos:


  • Poder Legislativo, quien participa activamente en la elaboración de la norma. A este efecto, el hecho fundante básico es el Congreso Constituyente Democrático de 1993 que sentó las bases del capitulo del Derecho del Trabajo a nivel constitucional.

  • Poder Ejecutivo, el cual ejerce la función de dar leyes vía delegación así como reglamenta aquellas que han sido objeto de otorgamiento de beneficios centrales.

  • Poder Judicial, el cual hace en este siglo XXI una labor de interpretación del Derecho, superando la tesis de Montesquieu de que el juez se limitaba a ser la boca de la ley. Hoy la tendencia es recurrir a las modernas teorías sociológicas de Perelman a través de las cuales el juez u operador judicial cumple una función interpretativa central respecto de la condición de la norma.

  • Tribunal Constitucional, el cual además de ser un legislador negativo( al expulsar del seno de la constitucionalidad aquellas leyes que no cumplen el requisito de rigor de constitucionalidad con el Estado de Derecho) también interpreta el derecho y ejemplo de ello, son las sentencias fundamentadas en materia del derecho del trabajo.

  • Empleadores públicos y privados, quienes deben sujetarse a la normatividad vigente en materia de concesión y otorgamiento de derechos laborales.

  • Trabajadores en todas sus categorías, quienes son usuarios del sistema y actores centrales de la escena del Derecho del trabajo al tener la calidad de beneficiarios de los políticas del Estado en materia laboral.

IV.- APLICACIÓN DE LA NORMA



Los artículos de la Constitución de 1993 antes referidos se aplican objetivamente en todas las instancias del Estado mas bajo una óptica que en términos reales es expectaticia, es decir, si bien es cierto que el Estado tiene la obligación de garantizar la vigencia de estos beneficios, ocurre no pocas veces que el Derecho se concreta en cuanto el sujeto beneficiario solicita la aplicación del derecho.
Es a través de los conflictos empleadores- trabajadores que la vigencia de las normas entra en el escenario de discusión, atendiendo a que justamente puede ser materia de controversia el no otorgamiento del beneficio que debería en principio cumplir un empleador, sea público o privado, a favor del trabajador.
Procediendo a una interpretación genérica, observamos que la norma goza de un rango de aplicación mas existen limitaciones objetivas en tantos se presentan los conflictos jurídicos a que hemos hecho mención.
V.- APLICABILIDAD DE LA RELACIÓN ENTRE HECHO FUNDANTE BÁSICO Y NORMA FUNDANTE BÁSICA.
Peces Barba hace alusión a que el hecho fundante básico es la cara del poder y la norma fundante básica es la cara del Derecho, aludiendo a que la relación Derecho- poder es fundamental para entender el fenómeno jurídico en el mundo moderno. Creemos que en los ejemplos antedichos así como en la descripción de rigor de los artículos constitucionales en mención, se cumplen los supuestos de análisis del autor, quien identifica con precisión las expresiones del poder y del Derecho en la forma expuesta. El poder y el Derecho se complementan entonces deviniendo en una relación fundamental de interacción, no en estado puro de cada expresión independiente la una de la otra.
Ya Max Weber relacionaba el poder con el Derecho con la finalidad de mantener el orden vigente. Peces Barba, enriqueciendo el concepto, refiere el Estado moderno como fuente de producción normativa y ya le asigna el concepto de hecho fundante básico. Aquí adquiere relevancia la teoría de la positivación de los derechos fundamentales pues son elevados a la categoría de rango normativo y Peces Barba desarrolla un enfoque que va a ser de mucha utilidad al definir la vinculación entre Derecho y poder y las relaciones directas de ambos con los derechos fundamentales. Es precisamente en el desarrollo de este rol que adquiere relevancia el concepto de Estado, al cual Peces Barba le asigna el carácter de poder político. Más aún, se trata de un poder institucionalizado bajo un matiz de fuerza y es aquí donde pone de relieve la concepción motora que le asigna Machiavello, bajo el razonamiento de dotar el Estado de su autentico fundamento: la fuerza.
Adicionalmente, el Estado es un poder complejo, dado que no se trata de la idea simplista del soberano, como refiere Bodino en un análisis muy inicial del concepto de Estado, reduciéndolo al príncipe o al rey. La definición va más allá pues los magistrados y los ciudadanos, no forman parte del poder, pero están bajo su protección y de ser el caso, bajo su sanción. En términos operativos y aplicados a la realidad peruana, debemos entonces sustentar la plena aplicación de los términos de Peces Barba al contexto de nuestra realidad constitucional laboral. La concepción del constituyente peruano va a encontrar su expresión normativa en los mandatos constitucionales referidos a una concepción marco del Derecho del Trabajo, tal como antes hemos referido, cumpliéndose los supuestos de Bobbio al explicar que “norma jurídica y poder pueden ser considerados como la cara y cruz de la misma moneda, sentenciando con realismo que el poder sin Derecho es ciego y el Derecho sin poder es vacuo”, explicándonos a través de esta idea la estrecha interrelación entre ambos términos.

50- ¿ REDUCCIÓN DE BENEFICIOS LABORALES?

Las diversas propuestas para reducir derechos laborales como las vacaciones (de 30 a 15 días) y en general una disminución de los beneficios previstos por la legislación laboral, conlleva a segmentar líneas de análisis bien diferenciadas:
Rubro costos.- Existe consenso en que por cada nuevo sol formal que el empleador debe abonar, existe un margen entre 43.3 y 66.6 % adicional de costo laboral entre vacaciones, Compensación por Tiempo de Servicios CTS, feriados, aportes sociales y otros costos sociales de naturaleza y rigor formal. Si bien la eliminación del Impuesto Extraordinario de Solidaridad IES desde el 01 de diciembre de 2004, tiene una incidencia positiva en el tema de naturaleza económica que el empleador se ve obligado a definir al incorporar a un trabajador al sistema formal, respecto a este tema surgen 2 variantes: el contexto de menor costo que representa el sistema informal o de categorización en locación de servicios de las relaciones laborales, y el tema de la individualización en remuneración en nuevos soles constantes respecto al contexto externo que los sueldos peruanos representan.
Respecto al sistema informal, la reducción de beneficios, en caso de producirse, no ha de representar sino una disminución técnica en un grupo formal que no excede del 30% de la Población Económicamente Activa PEA, sin contar que la propuesta de reducción pretende desarrollarse sobre los trabajadores que a futuro se contraten y no sobre aquellos con vínculo de trabajo vigente. Una razón poderosa para la existencia de una alta informalidad en las relaciones de trabajo tiene su explicación técnica sustantiva en el escaso margen de acción de la inspección de trabajo que desarrolla el Estado, así como en las trabas administrativas que el acceso al sistema formal representa. Aún con los esfuerzos de PROMPYME y de la Cooperación Técnica Internacional, la decisión de formalizarse del micro empleador aún se conserva incierta frente a las formalidades a cumplir. Y habría que agregar un rasgo de idiosincrasia esencial: ¿ no es más beneficioso conservar un costo bajo en un sistema informal antes que sujetarse a los costos y fiscalizaciones que el sistema formal representa?.
En referencia al contexto externo, no puede soslayarse que en dólares constantes y reales, la remuneración del trabajador peruano constituye una de los más bajas en el promedio sudamericano. De este modo, en vía de ejemplo, el empleador chileno afronta un costo remunerativo real y constante más alto, el cual la remuneración promedio real del trabajador peruano no alcanza, aún considerando los beneficios colaterales o sobrecostos que involucra el sistema formal y que en apariencia benefician al trabajador.
Rubro macroeconómico.- La interrogante aquí debe ser directa y frontal: ¿se necesita reducir beneficios laborales para que el anhelado despegue económico se inicie? ¿o se debe estructurar una estrategia más integrada, que involucre otros temas macro como el ensanchamiento de la base tributaria o una reducción de exoneraciones en ciertos sectores de la economía, entre otros factores? No hay duda que los noventas, siguiendo un esquema flexibilizador mundial, desmontaron una sobreprotección industrial al igual que una intensa sobrecontratación del Estado. Los derechos laborales se flexibilizaron en sumo grado pasando a constituirse “techos mínimos” de protección, se impulsó la contratación formal (a plazo fijo) reduciéndose el ámbito del despido arbitrario y el crecimiento del empleo mantuvo una tasa del 5% anual entre 1992 y 1997. Se esboza inclusive que el crecimiento de Perú pudiera haber sido mayor si no hubieran existido los “sobrecostos laborales”. Esta última tesis, sin embargo, es bastante relativa en la medida que los mecanismos de reducción de costos laborales existen en la legislación peruana hace ya varios años a través de varias herramientas: el artículo 19 del Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios fija conceptos no remunerativos que son una base de manejo objetivo en el tema de la reducción de costos; las figuras de contratación a tiempo parcial y de sustanciación en cuarta categoría, siempre que se den circunstancias altamente especializadas de contratación, igualmente han prevalecido; se ha impulsado la Formación Laboral Juvenil y las Prácticas Pre Profesionales sin costos laborales de ningún tipo, salvo el registro del contrato ante la Autoridad de Trabajo; se han implementado mecanismos de aprobación automática, es decir a su sola presentación, de instrumentos como los Reglamentos Internos de Trabajo y los propios contratos de trabajo a plazo fijo; y por último, la estructura de la inspección de trabajo, no obstante el agravamiento de su sistema de multas e infracciones acumulativas, sigue siendo incipiente en la medida que el núcleo de la inspección laboral sigue siendo reducido pues el ratio de inspectores/ centros de trabajo fiscalizados, aún es bajo.

Todos estos aspectos no refieren sino una relativa incidencia de que el ámbito de acción del Estado denota desde hace varios años una flexibilización laboral en marcha y una reducción de costos efectiva en la práctica, no siendo atribuible la causa de una situación de crisis a una reforma incompleta o a la existencia de sobrecostos tan altos. En lo que sí ha existido consenso técnico ha sido en denominar al IES como único sobrecosto laboral en atención a que no significaba ningún tipo de contraprestación y sí tenía el matiz de una carga laboral improductiva.

CONCLUSIÓN



Propuestas como la de convertir la jornada de trabajo de 8 en 14 horas diarias no revela la mejor posición de equilibrio pues no hay que dejar de observar que el mecanismo del trabajo en sobretiempo ya existe en nuestra legislación, siempre que haya consenso entre empleador y trabajador. Más aún, una jornada en sobretiempo de 4 horas se compensa con la calificación de dicho tiempo como un día efectivo de trabajo.
Nuestro país necesita más trabajo, es cierto, pero los mecanismos de impulso deben ser técnicos. La propuesta no puede involucrar hacer obligatoria una jornada de 14 horas pues ello implicaría una modificación constitucional así como la desvinculación de pactos internacionales de los cuales el Perú es parte. Y valga más aún una reflexión adicional: ¿ Por qué la tendencia internacional apunta a una jornada semanal de 35 horas y no a un incremento de la misma?. Creemos que el matiz es privilegiar la calidad en el trabajo antes que la cantidad de horas de labor.
Apreciamos, en conclusión, que el tema de la flexibilización presenta muchas aristas y no podemos soslayar ninguna de ellas. No podríamos reducir vacaciones u otros derechos en la perspectiva de que ésta es la única solución a un tema de estancamiento de los ratios laborales. Se hace necesario el planteamiento de una estrategia más compleja y efectiva, y entre otras medidas, no debe dejar de considerarse el impulso de la micro y pequeña empresa, una progresiva ampliación de la base tributaria, un crecimiento sostenido de las exportaciones, una reorientación técnica de la inspección de trabajo,. etc. Los mecanismos eficaces no sólo implican observar el árbol que tenemos al frente sino observar más allá de la copa y las ramas, procurando divisar qué hay en el horizonte.


1 DE LA VILLA GIL Luis Enrique “El principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales” en Revista de Política Social, Madrid, Instituto de Estudios Políticos No. 85, 1970


2 NEVES MUJICA Javier. Materiales de Enseñanza. Derecho Laboral. Pontifica Universidad Católica. 1988

3 DE LA VILLA GIL, Luis Enrique. Op cit.

4 CABANELLAS Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 1983. Editorial Heliasta 16ta. edición

5 CABANELLAS Guillermo. Op. cit

6 CABANELLAS Guillermo. Op. Cit.

7 PREDIERI ALBERTO. “El sistema de fuentes de Derecho en la Constitución Española de 1978. 1984.


8 RENDÓN VASQUEZ, Jorge. Derecho del Trabajo Individual. Edial 1995 4ta. Edición.



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