Decreto número 294 La Quincuagésimo Novena Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, decreta






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TEXTO ORIGINAL
Ley publicada en el Periódico Oficial número 134, tercera parte de 22 de agosto de 2006.

DECRETO NÚMERO 294



La Quincuagésimo Novena Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, decreta:

LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO



Capítulo Primero

Disposiciones Preliminares
ARTÍCULO 1. La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular el ejercicio de la función notarial, su organización, el régimen de responsabilidades notariales, el ámbito de regulación y vigilancia de las autoridades competentes, y el establecimiento de las bases para la organización del Colegio Estatal de Notarios.
La función notarial corresponde al titular del Poder Ejecutivo, quien podrá conferir su ejercicio en los términos de esta ley, y deberá regirse por los principios de rogación, profesionalismo, imparcialidad, legalidad y autonomía en su ejercicio.
ARTÍCULO 2. La vigilancia, inspección y coordinación de la función notarial, corresponde al titular del Poder Ejecutivo, quien podrá ejercerla a través de la Secretaría de Gobierno y de las unidades administrativas que de ésta corresponda.
ARTÍCULO 3. Notario es el profesional del Derecho a quien se ha investido de fe pública para ejercer la función notarial.
Corresponde a los notarios recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de las personas que ante ellos acuden, conferir autenticidad y dar certeza jurídica a los actos y hechos pasados ante su fe a través de la consignación de los mismos en instrumentos públicos de su autoría.
ARTÍCULO 4. Las personas que ejerzan la función notarial no podrán ser destituidas o suspendidas de la misma, ni revocarse el fíat, sino en los casos y con los requisitos que determina esta ley.
ARTÍCULO 5. Los notarios sólo podrán desempeñar la función dentro de la adscripción que se les hubiere asignado, salvo los casos expresamente establecidos en las leyes respectivas. Los notarios están facultados para desempeñar sus funciones cuando los bienes que sean objeto del acto jurídico que motive su ejercicio, se encuentren fuera de su adscripción o cuando dicho acto surta sus efectos jurídicos en lugar distinto al que se comprende en dicha adscripción, salvo los casos establecidos expresamente en las leyes aplicables.
ARTÍCULO 6. Los notarios serán responsables del ejercicio de la función notarial en los términos que determinen esta ley y las demás leyes aplicables.
El Estado y los notarios estarán obligados al establecimiento y adopción de procesos y procedimientos para el mejoramiento continuo de la función notarial. De la misma manera, los notarios deberán sujetarse a los procesos de certificación que se contienen en esta ley.
En la actuación notarial se hará uso de los medios electrónicos y firma electrónica en los términos y condiciones que se establezcan en las leyes.
ARTÍCULO 7. Los notarios tendrán derecho a obtener de los interesados los gastos erogados en relación con el servicio y a cobrar los honorarios que devenguen en cada caso, conforme al convenio que al efecto celebren con los particulares, a falta de acuerdo se estará a lo dispuesto por la ley arancelaria aplicable.
ARTÍCULO 8. Cuando así lo acuerde el titular del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Gobierno requerirá a los notarios de la entidad para que colaboren en la prestación de servicios notariales, cuando se trate de satisfacer demandas de interés social o público. En estos casos, las condiciones para la prestación del servicio se fijarán por la Secretaría de Gobierno, considerando las características de los propios servicios y escuchando la opinión del Colegio Estatal de Notarios.
En la prestación de estos servicios se designará al notario que corresponda por turno en la adscripción respectiva, procurando distribuir equitativamente este servicio social entre los notarios.
El Estado, los municipios, y las entidades y dependencias de la administración pública estatal y municipal, estarán obligados a distribuir equitativamente entre los notarios de la adscripción que corresponda, por turno, los actos jurídicos que deriven de sus programas y del ejercicio de sus presupuestos. Para el cumplimiento de esta obligación, las entidades públicas fijarán los requerimientos administrativos que resulten conducentes para la buena prestación del servicio. En ejercicio de estas atribuciones, las entidades públicas podrán celebrar convenios con el Colegio Estatal de Notarios.
ARTÍCULO 9. La oficina del notario se denominará «Notaría Pública» y llevará en el exterior un letrero visible, con el nombre y apellidos del notario y el número asignado, mismo que deberá estar en el lugar designado para la ubicación de la notaría.
Cuando dos notarios estén asociados, se hará mención de esta circunstancia.
La denominación de Notaría Pública sólo podrá utilizarla en una oficina, el profesional del Derecho a quien se le ha otorgado el fíat para el ejercicio notarial.
ARTÍCULO 10. Las notarías públicas estarán abiertas al público por lo menos ocho horas diarias y serán obligatorios los días de despacho que lo sean para las oficinas públicas del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO 11. La creación de nuevas notarías públicas será determinada por el titular del Poder Ejecutivo, tomando en cuenta las necesidades de la prestación del servicio notarial, para lo cual analizará los datos del producto interno bruto referido al municipio que corresponda y el número de habitantes del municipio de adscripción de la nueva notaría, de conformidad con los datos del último indicador levantado por el organismo competente; asimismo, se tomará en consideración el número de actos que se inscribieron en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en el año inmediato anterior.

En ningún caso podrá haber más de una Notaría Pública, por cada quince mil habitantes del lugar de ubicación de la nueva notaría.
Los notarios podrán cambiar de adscripción cuando existiendo causa justificada lo autorice el titular del Poder Ejecutivo y se observen las reglas a que se hace referencia en este artículo. Cada cambio se anotará en el Registro de Notarios y en el fíat respectivo. La solicitud de cambio debidamente sustentada se presentará ante la Secretaría de Gobierno, la que escuchará la opinión del Colegio Estatal de Notarios, tras lo cual se turnará al titular del Poder Ejecutivo para su resolución.
Capítulo Segundo

De los Requisitos para ser Notario
ARTÍCULO 12. Para obtener el fíat de notario se requiere:

I. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Ser originario o tener residencia de cuando menos cinco años en el estado;

III. Acreditar haber tenido y tener buena conducta;

IV. Gozar de capacidad física y mental que permita el ejercicio del notariado;

V. Tener título de Abogado o licenciado en Derecho o título profesional equivalente, legalmente expedido y contar con cédula profesional;

VI. Tener título de Notario Público o título profesional equivalente, que impliquen la especialización en la materia, legalmente expedido;

VII. Una vez obtenido el título de Notario Público, haber practicado durante un año por lo menos, en alguna de las notarías del estado de Guanajuato;

VIII. No haber sido condenado por sentencia ejecutoria por delito doloso que amerite pena privativa de libertad;

IX. Acreditar como mínimo cinco años de ejercicio profesional una vez obtenido el título a que se refiere la fracción V de este artículo;

X. Presentar solicitud ante la unidad administrativa que corresponda de la Secretaría de Gobierno, acompañando las constancias documentales que sirvan para acreditar que se reúnen los requisitos que anteceden; y

XI. Haber obtenido la calificación a que se refiere el artículo 20 de esta ley en el examen de oposición.
La Secretaría de Gobierno por conducto de la unidad administrativa que de ésta corresponda, podrá en cualquier tiempo realizar las acciones tendientes a verificar que los notarios cumplen con los requisitos exigidos por las fracciones I, V, VI y IX de este precepto para el ejercicio de la función notarial.
ARTÍCULO 13. Los requisitos a que se refiere el artículo anterior se acreditarán:
I. La nacionalidad por los medios que establece el Código Civil para el Estado de Guanajuato y demás leyes aplicables; el pleno ejercicio de los derechos, con la manifestación bajo protesta de decir verdad;
II. El origen mediante el acta de nacimiento o la residencia con la constancia que expida la autoridad municipal;
III. La conducta del aspirante se acreditará por lo menos con dos constancias que pueden ser expedidas por las empresas, instituciones u organismos para los cuales haya prestado o esté prestando sus servicios, por el Colegio de Abogados al que pertenezca, por el Colegio Estatal de Notarios o, en su caso, por la autoridad municipal del lugar de su residencia;
IV. La capacidad física y mental se probarán con el certificado médico oficial respectivo;
V. Los títulos de Abogado o licenciado en Derecho y de Notario Público, o los títulos equivalentes, se acreditarán mediante las constancias idóneas que expidan en términos de Ley, las autoridades educativas competentes;
VI. Las prácticas notariales se acreditarán con el certificado que expida el notario ante quien se hubieren hecho éstas y con los acuses de recibo que sobre su inicio y conclusión expida en su oportunidad la unidad administrativa que corresponda de la Secretaría de Gobierno, en respuesta a los avisos que necesariamente deberán girar el practicante y el notario sobre el particular;
VII. Para acreditar los extremos de la fracción VIII del artículo anterior, se requerirá de la carta de antecedentes penales, expedida por la autoridad competente estatal y federal;
VIII. El ejercicio profesional mínimo a que se refiere la fracción IX del artículo anterior, se acreditará con las documentales idóneas que al efecto aporte el solicitante; y
IX. La más alta calificación, con la copia certificada del acta a que se refiere el artículo 20 de esta ley.
Capítulo Tercero

Del Procedimiento del Examen de Oposición y

de la Expedición del Fíat
ARTÍCULO 14. El examen para obtener el fíat de notario público se sujetará a las previsiones de este capítulo.
ARTÍCULO 15. El jurado para los exámenes de oposición se compondrá de cinco miembros, el cual se integrará de la siguiente forma:
I. Por el titular de la Secretaría de Gobierno o, en su ausencia, por el titular de la unidad administrativa que corresponda de ésta, quien fungirá como presidente del jurado;
II. Por tres notarios en ejercicio, de reconocido prestigio y con certificación actualizada, designados por el Colegio Estatal de Notarios; y
III. Por un profesor de la Facultad de Derecho y Administración Pública de la Universidad de Guanajuato, quien deberá ser notario certificado en ejercicio y preferentemente profesor de la especialidad de notaría pública. Esta designación está a cargo del Director de la Facultad correspondiente.
El jurado nombrará de entre sus miembros a un secretario.
Por cada integrante propietario del jurado a que se refieren las fracciones II y III, habrá un suplente, quien deberá reunir las mismas características y calidades previstas en este artículo.
El jurado se integrará cada vez que se convoque a un examen de oposición.
No podrán ser miembros del jurado, los notarios de la adscripción en la que se creará la notaría o se cubrirá la vacante, así como aquellos notarios con quienes el sustentante haya realizado sus prácticas notariales.
ARTÍCULO 16. Los integrantes del jurado tendrán el deber de excusarse, cuando se presente alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 41 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato.
ARTÍCULO 17. Cuando alguna notaría estuviere vacante o se determine la creación de una nueva, se observará el procedimiento siguiente:
La Secretaría de Gobierno publicará una convocatoria que deberá contener:

I. Motivos que sustenten la necesidad de ocupar la vacante o la creación de la notaría, sujetándose a lo dispuesto por el artículo 11 de esta ley;

II. Municipio de ubicación de la notaría vacante o de nueva creación;

III. Plazo para presentar solicitudes de inscripción y documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos que señala el artículo 12 de esta ley, excepto el contenido en la fracción XI del citado precepto;

IV. Plazo para que la unidad administrativa que corresponda de la Secretaría de Gobierno, apruebe la solicitud de inscripción y expida la cédula de inscripción correspondiente;

V. El contenido de los temas sobre los que versará el examen de oposición;

VI. Lugar y hora de celebración del examen de oposición;

VII. Fechas de las pruebas práctica y teórica, respectivamente, las cuales serán después de los treinta días siguientes a la publicación de la lista de aspirantes; y

VIII. La determinación de que se publique la convocatoria en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, por dos veces con intervalo de diez días y en alguno de los periódicos de mayor circulación en la adscripción de la notaría vacante o de nueva creación.
Concluido el plazo de recepción de solicitudes, la unidad administrativa que corresponda de la Secretaría de Gobierno, dentro de los quince días siguientes, resolverá sobre las mismas y publicará en los mismos medios a que se refiere la fracción anterior, la lista de aspirantes que hayan reunido los requisitos exigidos por esta ley, para presentar el examen de oposición.
La unidad administrativa que corresponda de la Secretaría de Gobierno expedirá a los aspirantes la constancia de haber cumplido los requisitos para presentar el examen de oposición y otorgará la cédula correspondiente.
La lista de aspirantes podrá ser impugnada por los solicitantes no incluidos, ante la unidad administrativa que corresponda de la Secretaría de Gobierno dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de la publicación, acompañando las pruebas que se estimen pertinentes. La misma unidad administrativa resolverá sobre la inclusión o ratificará la exclusión del impugnante en un plazo de cinco días hábiles.
ARTÍCULO 18. El examen de oposición para obtener el fíat para cada notaría vacante o de nueva creación, consistirá en una prueba práctica y una teórica conforme a las bases siguientes:

I. La prueba práctica consistirá en la redacción de un instrumento notarial atendiendo a lo siguiente:

a) El día del examen el jurado en sesión previa a la celebración del mismo, determinará los tipos de instrumentos notariales que serán materia de la prueba práctica, éstos se colocarán por separado en sobres cerrados, firmados por los miembros del jurado, a fin de sortearse en presencia de los participantes. El aspirante elaborará la prueba práctica con base en el instrumento que le haya correspondido;

b) Para el desarrollo del instrumento, los aspirantes contarán con el auxilio de un mecanógrafo que no sea Abogado o licenciado en Derecho, proporcionado por la unidad administrativa que corresponda de la Secretaría de Gobierno, y de los códigos y leyes de consulta que el examen requiera; y

c) El sustentante dispondrá de cinco horas continuas para la redacción del instrumento notarial, al término de las cuales el jurado recogerá los exámenes y colocará cada uno de ellos en sobre cerrado que firmarán el presidente y el secretario del jurado, junto con el sustentante;
II. La prueba teórica consistirá en la aplicación de un cuestionario, atendiendo a lo siguiente:

a) El día del examen, en sesión previa, el jurado elaborará de entre las propuestas que formule cada uno de sus integrantes, el cuestionario al que deberán dar respuesta los aspirantes. En la elaboración del cuestionario, el jurado deberá abarcar todos los temas previstos en la convocatoria para esta etapa del concurso. El cuestionario se integrará por un mínimo de cincuenta preguntas, de las cuales, por lo menos diez serán a propuesta de cada uno de los miembros del jurado; y

b) El sustentante dispondrá de cinco horas continuas para desahogar el cuestionario, al término de las cuales el jurado recogerá los exámenes y los colocará cada uno de ellos en sobre cerrado que firmarán el presidente y el secretario del jurado, junto con el sustentante;
III. La salvaguarda e inviolabilidad del examen será responsabilidad de los miembros del jurado;
IV. Al término de la prueba práctica y previo cercioramiento de la no violación de los sobres que contengan los exámenes, el jurado sesionará de inmediato a fin de calificarlos, tomando en cuenta la redacción, el desarrollo integral del tema y el cumplimiento de los requisitos que la Ley señala para el instrumento; los miembros del jurado individualmente emitirán por escrito la calificación que otorguen a cada examen, enseguida promediarán estos resultados para obtener la calificación que corresponde a cada aspirante y firmarán el acta que deberá levantarse de la sesión;
V. Concluida la prueba teórica y previo cercioramiento de la no violación de los sobres que contengan los exámenes, el jurado sesionará de inmediato a fin de calificarlos; los miembros del jurado individualmente emitirán por escrito la calificación que otorguen a cada examen, enseguida promediarán estos resultados para obtener la calificación que corresponde a cada aspirante; y
VI. Efectuado lo anterior y en la misma sesión a que alude la fracción precedente, a continuación se procederá a obtener la calificación definitiva de cada aspirante, promediando los resultados que éstos obtuvieron en sus pruebas práctica y teórica; de lo que se levantará el acta correspondiente, que será firmada por los integrantes del jurado.
ARTÍCULO 19. El jurado calificará cada prueba en una escala de cero a cien puntos.
La calificación mínima aprobatoria será de setenta puntos, considerando las pruebas teórica y práctica.
El jurado atendiendo a las calificaciones obtenidas en las pruebas teórica y práctica, determinará quién de los sustentantes aprobados, resultó con mayor puntuación para recibir el fíat concursado.
Si ninguno de los sustentantes obtuviera el mínimo de puntuación equivalente a setenta puntos, el examen será declarado desierto y se convocará a un nuevo examen, en un plazo no menor de seis meses.
En caso de que algunos de los aspirantes empaten en puntuación, el jurado ordenará la práctica, entre ellos, de una prueba complementaria, práctica y teórica, conforme a las reglas establecidas en el artículo anterior, para que se obtenga nueva calificación conforme a lo preceptuado en esta ley.
Si por cuestiones de tiempo fuere imposible verificar la prueba complementaria en la misma fecha en que se emitió la calificación definitiva, el jurado fijará en ese momento el día y hora en que ésta deberá practicarse. Los aspirantes que hubieran empatado en votación quedarán debidamente citados si estuvieron presentes en el momento en que se emitió la anterior determinación o se manifestaren sabedores de la misma, en caso contrario se le notificará con las formalidades de ley, en un plazo de veinticuatro horas. La prueba complementaria habrá de desarrollarse dentro de los ocho días siguientes al día de la citación a los aspirantes.
En todos los casos el secretario del jurado levantará por duplicado el acta correspondiente, que deberá ser suscrita por los integrantes del mismo. La unidad administrativa que corresponda de la Secretaría de Gobierno, publicará en los mismos medios señalados en el artículo 17 de esta ley, los resultados y calificaciones que le fueren asignados a cada número de cédula de los aspirantes.
ARTÍCULO 20. El presidente del jurado entregará al aspirante que haya obtenido la más alta calificación, una copia del acta del examen de oposición y comunicará al titular del Poder Ejecutivo de su resultado, remitiéndole el acta del examen para los efectos del otorgamiento del fíat; lo cual deberá hacerse dentro de los treinta días hábiles siguientes a la recepción del acta del examen.
ARTÍCULO 21. La expedición del fíat se publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación en el lugar de adscripción, comunicándose por oficio al Colegio Estatal de Notarios, a la Secretaría General del Supremo Tribunal de Justicia, a la Procuraduría General de Justicia, al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la adscripción y al municipio de la ubicación de la notaría.
ARTÍCULO 22. El fíat para el ejercicio de la función notarial deberá contener:
I. La autoridad que lo expida, el nombre y apellidos del profesionista a quien se le otorga;
II. El número de notaría que le corresponda y la adscripción asignada;
III. El lugar y la fecha de la expedición; y
IV. La fotografía del notario, así como su filiación y firma. La fotografía deberá cancelarse con el sello del Poder Ejecutivo.
El titular del Poder Ejecutivo al otorgar el fíat al notario, le expedirá la cédula de identidad correspondiente, previo pago de los derechos que señale la ley de ingresos respectiva.
ARTÍCULO 23. La Secretaría de Gobierno, a través de la unidad administrativa que corresponda de ésta, llevará un Registro de Notarios, en el cual se tomará razón de los fíats expedidos por el titular del Poder Ejecutivo, los cambios de adscripción, las licencias concedidas a cada notario, las revocaciones y las suplencias que se realicen.
Capítulo Cuarto

Del Ejercicio del Notariado y de la Prestación del Servicio
ARTÍCULO 24. Quienes hayan obtenido el fíat para el ejercicio de la función notarial deberán iniciar sus funciones en un plazo que no exceda de noventa días hábiles siguientes a la fecha de entrega del mismo, salvo causa justificada.
ARTÍCULO 25. Los notarios, antes de iniciar el ejercicio de la función notarial, deberán:
I. Rendir protesta legal ante el titular del Poder Ejecutivo o ante el funcionario en quien delegue esta facultad;
II. Proveerse a su costa de protocolo y sello;
III. Registrar su sello, firma y rúbrica, ante la unidad administrativa que corresponda de la Secretaría de Gobierno;
IV. Comunicar el inicio de sus funciones por medio de oficio en el que estampará su sello y pondrá su firma y rúbrica, a la Secretaría de Gobierno, al Supremo Tribunal de Justicia, a la Procuraduría General de Justicia, a la unidad administrativa que corresponda de la Secretaría de Gobierno, al municipio de la ubicación de la notaría y al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la adscripción que le corresponda, así como al Colegio Estatal de Notarios; y
V. Establecer oficina para el ejercicio de la función notarial dentro de la adscripción señalada en el fíat otorgado.
ARTÍCULO 26. Los notarios, en el ejercicio de su función, deberán guardar reserva sobre lo pasado ante ellos y estarán sujetos a las disposiciones del Código Penal para el Estado de Guanajuato, sobre secreto profesional, salvo los informes que deban rendir con sujeción a las leyes respectivas y de los actos que deben inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
El notario, una vez firmado el instrumento público, sólo mostrará su protocolo, apéndice e índice, a los otorgantes, a los interesados y a sus legítimos representantes, o por orden judicial o administrativa de autoridad competente. El cotejo, la inspección o reconocimiento de los citados documentos notariales o parte de ellos, se verificarán en la misma notaría y en presencia del notario, pero en caso de no encontrarse a éste, con independencia de las responsabilidades a las que se haga acreedor, se verificarán con quien atienda la diligencia.

ARTÍCULO 27. Los notarios deberán desempeñar su función en la notaría a su cargo y dentro de su adscripción. Sólo se permitirá el ejercicio de la función notarial en lugar distinto de la notaría, cuando la naturaleza del acto así lo exija conforme a las leyes respectivas.
ARTÍCULO 28. En el ejercicio de su función el notario tiene la obligación de ilustrar a las personas que le soliciten sus servicios, debiendo recibir, interpretar y dar forma a la voluntad de las mismas, redactando los documentos adecuados para conferirles autenticidad, advirtiéndoles de las consecuencias legales de sus declaraciones de voluntad.
ARTÍCULO 29. El notario sólo podrá excusarse de la prestación del servicio:
I. En días festivos o en horas inhábiles, a excepción hecha de los casos:

a) En que sea requerido para otorgar testamentos;

b) Tratándose de asuntos de interés social o público; y

c) Cuando se trate de prestar servicios en materia electoral; y

II. Cuando los interesados no le anticipen el monto de los gastos u honorarios relativos a los asuntos que motiven el ejercicio de la función notarial; salvo que se trate de un testamento o de alguna emergencia que no admita dilación, en estos casos el notario podrá retener el testimonio correspondiente.
ARTÍCULO 30. El notario podrá rehusarse a prestar el servicio:
I. Cuando estuviere ejerciendo sus funciones en algún otro acto notarial; y
II. Por enfermedad o cuando exista riesgo para su vida, su salud o una posible afectación de sus intereses jurídicos.
ARTÍCULO 31. Se prohíbe a los notarios:
I. Ejercer la función notarial cuando existan circunstancias objetivas que les impidan actuar con imparcialidad;
II. Intervenir en actos o hechos que por Ley correspondan de manera exclusiva a algún servidor público;
III. Actuar en los asuntos o actos en que intervengan por sí o en representación de terceros, su cónyuge, concubina o concubinario, sus parientes consanguíneos o afines en línea recta sin limitación de grado, los consanguíneos en línea colateral hasta el cuarto grado, inclusive, y los afines en línea colateral hasta el segundo grado;
IV. Ejercer sus funciones si el acto o hecho es de su interés, del de su cónyuge, de su concubina o concubinario o de alguno de los parientes a que se refiere la fracción anterior;
V. Ejercer sus funciones si el objeto o fin del acto es contrario a la Ley;
VI. Recibir y conservar en depósito sumas de dinero, valores o documentos que representen numerario, con motivo de los hechos o actos en que intervengan excepto en los siguientes casos:
a) Que estén destinados al pago de gastos, impuestos o derechos causados por las actas o escrituras;
b) Cheques librados a favor de bancos, instituciones o sociedades nacionales de crédito en pago de adeudos garantizados con hipoteca y otros cuya escritura de cancelación hayan autorizado en términos de Ley, o bien, provengan de créditos hipotecarios otorgados por instituciones de seguridad social o de fomento a la vivienda;
c) Documentos mercantiles en los que intervengan con motivo de protesto; y
d) En los demás casos expresamente permitidos por la Ley;
VII. Celebrar contratos o convenios en los que se estipule su formalización ante notaría determinada; y
VIII. Intervenir como abogados en asuntos en los que hubiesen actuado como notarios o viceversa.
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