Obra vial – Obligación de consultar a comunidad indígena / certificado de presencia de grupos etnicos – No se requiere para iniciar consulta previa a comunidad indígena / diversidad e integridad etnica y cultural – Amparo por falta de consulta previa sobre obra vial






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COMUNIDADES INDIGENAS – Protección especial / COMUNIDADES INDIGENAS – Participación en medidas que afectan su integridad cultural, social y económica / CONSULTA A COMUNIDAD INDIGENA – Procedencia de la tutela si no hay consulta previa / DIVERSIDAD ETNICA – Derecho fundamental
Las disposiciones mencionadas conforman el bloque de constitucionalidad aplicable a las comunidades indígenas que habitan el territorio nacional otorgándoles una protección especial para la preservación cultural de los pueblos y la conservación de los territorios que habitan. La concreción del amparo se evidencia en la obligación que tiene el Gobierno de consultar a las comunidades indígenas las medidas legislativas y administrativas que puedan afectarlos en forma directa. En este sentido el parágrafo del artículo 330 de la Constitución Política determina expresamente la participación de los pueblos indígenas en la adopción de medidas que impliquen la explotación de los recursos naturales en sus territorios. Lo anterior no implica que la consulta a los pueblos indígenas deba realizarse sólo cuando las decisiones administrativas o legislativas impliquen la explotación de los recursos naturales porque, como ya se indicó, el Convenio 169 de la OIT, que integra el bloque de constitucionalidad, fija tal procedimiento en todos los casos en que se afecte la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. (…) Las anteriores consideraciones permiten concluir que las comunidades indígenas tienen derecho a que se les consulten las decisiones administrativas o legislativas que los afecten y en caso de no agotarse tal procedimiento podrán acudir a la acción de tutela para lograr la protección de sus derechos fundamentales que, en estos casos, incluye el de la subsistencia de la diversidad étnica, especialmente protegida por la Constitución Política.
FUENTE FORMAL: CONVENIO OIT 169 DE 1989 – ARTICULO 6 / CONVENIO OIT 169 DE 1989 – ARTICULO 7 / CONSTITUCION POLITICA – ARTICULO 7 / CONSTITUCION POLITICA – ARTICULO 8 / CONSTITUCION POLITICA – ARTICULO 63 / CONSTITUCION POLITICA – ARTICULO 330
NOTA DE RELATORIA: En relación con la consulta previa a los pueblos indígenas: Corte Constitucional, sentencia de 13 de mayo de 2003, SU-383-03 M.P. DR. Alvaro Tafur Galvis
OBRA VIAL – Obligación de consultar a comunidad indígena / CERTIFICADO DE PRESENCIA DE GRUPOS ETNICOS – No se requiere para iniciar consulta previa a comunidad indígena / DIVERSIDAD E INTEGRIDAD ETNICA Y CULTURAL – Amparo por falta de consulta previa sobre obra vial
La medida administrativa cuestionada en el sub lite se refiere a la pavimentación de una carretera que hace parte del proyecto vial del “Corredor Sur y Marginal de la Selva” cuya realización fue adjudicada por el Invías al Consorcio Metrocorredores 3, en julio de 2009. Tratándose del respeto a la diversidad étnica no es de recibo suponer, como lo hizo el A quo, que una obra vial como la que se presenta en este caso “significará un factor de desarrollo y mejoramiento de sus condiciones de vida y trabajo” atendiendo el interés general, por el contrario, debe consultarse a la comunidad indígena que habita el territorio de influencia del proyecto si la misma incide en su forma de vida, afectará la autodeterminación de su proceso de desarrollo, su forma de vida, creencias, instituciones y bienestar espiritual, pues son precisamente esas condiciones especiales las que se pretenden proteger a través de la consulta previa a las comunidades indígenas. En el caso concreto, la consulta previa al Resguardo Indígena Santa Rosa del Guamuéz no se ha iniciado, según el Ministerio del Interior y de Justicia, porque se requiere de la expedición del certificado en el que conste la presencia de ese grupo en el área de influencia del proyecto. El artículo 24 del Decreto 1220 de 2005 evidencia que el certificado de presencia de grupos étnicos se requiere para la expedición de la licencia ambiental a favor del Consorcio al que se le adjudicó la realización de la obra pero no para el inicio de la consulta previa, pues como ya se indicó, la misma no se debe limitar a los casos de explotación de recursos naturales en territorios indígenas sino que debe realizarse en todos los casos en que las comunidades se vean afectadas de manera directa con las decisiones, es decir, que dicho trámite, no es excusa para retrasar la consulta. (…) La Sala concluye que la demora presentada en el trámite de la certificación de presencia de grupos étnicos no sólo ha truncado el inicio de la consulta previa con el Resguardo de Santa Rosa del Guamuéz, sino que también ha ocasionado el retraso de la obra, generando, posibles sobrecostos. Los retrasos mencionados no fueron justificados en el trámite de la presente acción, por el contrario, el Ministerio del Interior y de Justicia, desde 2009, ha verificado la presencia de otro grupo étnico en el territorio de influencia de la obra y en enero de 2010 advirtió la necesidad de un estudio etnológico que no ha realizado. En este orden de ideas, el fallo impugnado que negó las pretensiones será revocado para en su lugar tutelar los derechos fundamentales a la diversidad e integridad étnica y cultural, y de participación del Resguardo Indígena Santa Rosa del Guamuéz y, en consecuencia, se ordenará la suspensión de la obra en el tramo que afecta el territorio de la comunidad mencionada, hasta que se agote la consulta previa.
FUENTE FORMAL: DECRETO 1220 DE 2005- ARTICULO 24

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
Consejera ponente: BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ
Bogotá D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil diez (2010)
EXTRACTO JURISPRUDENCIAL – NUEVA LEGISLACIÓN.

Lo anterior evidencia que el certificado de presencia de grupos étnicos se requiere para la expedición de la licencia ambiental a favor del Consorcio al que se le adjudicó la realización de la obra pero no para el inicio de la consulta previa, pues como ya se indicó, la misma no se debe limitar a los casos de explotación de recursos naturales en territorios indígenas sino que debe realizarse en todos los casos en que las comunidades se vean afectadas de manera directa con las decisiones, es decir, que dicho trámite, no es excusa para retrasar la consulta, máxime si se tiene en cuenta lo siguiente:
La certificación de presencia de grupos étnicos fue solicitada por el INVIAS en agosto de 2008, y fue resuelta por el Ministerio del Interior indicando que se “REGISTRA presencia de comunidades indígenas en el área de influencia del proyecto … resguardo Yarinai y San Marcelino (,,,)”.
El Consorcio Metrocorredores, al verificar la existencia de otro grupo étnico, hizo una nueva solicitud en julio de 2009, que no ha sido resulta porque si bien es cierto hay presencia de comunidades indígenas diferentes a las relacionadas, con las que al parecer ya se inició el trámite de consulta, también lo es que la visita realizada en enero de 2010 “vislumbra la necesidad de efectuar un estudio etnológico”.
La Sala concluye que la demora presentada en el trámite de la certificación de presencia de grupos étnicos no sólo ha truncado el inicio de la consulta previa con el Resguardo de Santa Rosa del Guamuéz, sino que también ha ocasionado el retraso de la obra, generando, posibles sobrecostos.
Los retrasos mencionados no fueron justificados en el trámite de la presente acción, por el contrario, el Ministerio del Interior y de Justicia, desde 2009, ha verificado la presencia de otro grupo étnico en el territorio de influencia de la obra y en enero de 2010 advirtió la necesidad de un estudio etnológico que no ha realizado.
En este orden de ideas, el fallo impugnado que negó las pretensiones será revocado para en su lugar tutelar los derechos fundamentales a la diversidad e integridad étnica y cultural, y de participación del Resguardo Indígena Santa Rosa del Guamuéz y, en consecuencia, se ordenará la suspensión de la obra en el tramo que afecta el territorio de la comunidad mencionada, hasta que se agote la consulta previa.

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