2. Los Derechos Constitucionales. Los derechos fundamentales de la persona. El constitucionalismo social. Régimen de excepción y derechos constitucionales






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COLEGIO DE NOTARIOS
BALOTARIO
DERECHO CONSTITUCIONAL

Edwin Figueroa Gutarra1

1. La Constitución: Concepto. La Constitución dentro del Sistema Jurídico. Estructura del ordenamiento constitucional.
2. Los Derechos Constitucionales. Los derechos fundamentales de la persona. El constitucionalismo social. Régimen de excepción y derechos constitucionales.
3. El Poder Político. La regulación del Poder Político en la Constitución Peruana vigente.
4. El Poder Legislativo. Órganos del Poder Legislativo. El Congreso y otros órganos que ejerzan función legislativa. Atribuciones del Congreso de la República.
5. El Poder Ejecutivo. Composición. Estructura. Organización administrativa.
6. El Poder Judicial. Principios y garantías constitucionales de la función jurisdiccional. Independencia, autonomía y control del Poder Judicial.
7. El Tribunal Constitucional. Atribuciones y Organización.
8. El control difuso de la Constitución y la supremacía constitucional en los actos administrativos.
9. Código Procesal Constitucional: Los Procesos Constitucionales: Hábeas Corpus, Amparo, Hábeas Data, Acción de Cumplimiento, Acción de Inconstitucionalidad, Acción Popular, Conflictos de Competencia


Desarrollo de temas

1. La Constitución: Concepto. La Constitución dentro del Sistema Jurídico. Estructura del ordenamiento constitucional.

La Constitución. Concepto
El concepto de Constitución en nuestro ordenamiento constitucional ha sido objeto de diversas construcciones materiales desde la perspectiva de la jurisprudencia constitucional,2 a falta de definiciones propias en el Texto Fundamental.

Esta afirmación es de suyo relevante en tanto la jurisprudencia cumple una función integradora respecto a la concepción de partida que representa la Carta Fundamental.
Es de esta forma qua la decisión jurisdiccional que referimos supra -STC 047-2004-AI/TC, caso contra la Ley 27971, conocida como el caso Sistema de fuentes- aborda la definición de Constitución como “un ordenamiento que posee fuerza normativa y vinculante”, acepción base sobre la cual destaca su condición de norma jurídica en tanto es expedida regularmente por el órgano competente. y por otro lado, es vinculante en tanto desarrolla una función de irradiación e impregnación, en cuanto informa todo el ordenamiento jurídico y son las demás normas las que se deben subordinar a la misma.

La Constitución dentro del Sistema Jurídico
Desde la concepción kelseniana de Constitución, a la Carta Fundamental le corresponde una ubicación determinante en la pirámide normativa. Y sin embargo, la concepción de Kelsen respecto a la Constitución en buena cuenta era la de una norma más, asignándole principalmente un sentido estático de vigencia y no como hoy se le conoce respecto a su rango de validez desde una perspectiva de legitimidad.
Es a través de la jurisprudencia constitucional3 que a la Constitución se le asigna un rol como fuente de derecho y como fuente de fuentes, con un importante efecto de influencia en el sentido de que todo deviene constitucional y se proyecta una condición que implica una necesaria sujeción a los principios, valores y directrices de la Carta Magna.
Estructura del ordenamiento constitucional
Desde una perspectiva dogmática, nuestra Constitución incluye referencias esenciales que parten de instrumentos como la Carta Magna de 1215,4 que por primera vez estatuye el derecho al debido proceso, en la perspectiva de configuración de un derecho de primer orden respecto de los ciudadanos.
Posteriormente, dos fallos asignan un carácter de formación de la noción de jurisdicción constitucional, basamento de la propia realización de la Constitución: el caso Bonham (Inglaterra 1609)5, y la sentencia Marbury vs Madison (EE.UU. 1803).6 Ambos fallos, propios de jueces, configuran la existencia de un conjunto de órganos estaduales para la defensa de los derechos fundamentales.
Desde una perspectiva orgánica, la Constitución presenta la siguiente división:

Consta de 206 artículos y 16 disposiciones finales y transitorias, ordenados en 6 títulos, así como un preámbulo y una declaración.

  • Preámbulo




  • Título I: De la persona y la sociedad.

    • Capítulo I: Derechos fundamentales de la persona.

    • Capítulo II: De los derechos sociales y económicos.

    • Capítulo III: De los derechos políticos y de los deberes.

    • Capítulo IV: De la función pública




  • Título II: Del Estado y la nación

    • Capítulo I: Del Estado, la nación y el territorio

    • Capítulo II: De los tratados




  • Título III: Del régimen económico.

    • Capítulo I: Principios generales.

    • Capítulo II: Del ambiente y los recursos naturales.

    • Capítulo III: De la propiedad.

    • Capítulo IV: Del régimen tributario y presupuestal.

    • Capítulo V: De la moneda y la banca.

    • Capítulo VI: Del régimen agrario y de las comunidades campesinas y nativas.




  • Título IV: De la estructura del Estado.

    • Capítulo I: Poder legislativo.

    • Capítulo II: De la función legislativa.

    • Capítulo III: De la formación y promulgación de las leyes.

    • Capítulo IV: Poder ejecutivo.

    • Capítulo V: Del Consejo de ministros.

    • Capítulo VI: De las relaciones con el Poder Legislativo.

    • Capítulo VII: Régimen de excepción.

    • Capítulo VIII: Poder judicial.

    • Capítulo IX: Del Consejo nacional de la magistratura.

    • Capítulo X: Del Ministerio público.

    • Capítulo XI: De la Defensoría del pueblo.

    • Capítulo XII: De la seguridad y la defensa nacional.

    • Capítulo XIII: Del sistema electoral.

    • Capítulo XIV: De la descentralización, las regiones y las municipalidades.




  • Título V: De las garantías constitucionales.




  • Título VI: De la reforma de la constitución.




  • Disposiciones finales y transitorias.




  • Declaración.



2. Los Derechos Constitucionales. Los derechos fundamentales de la persona. El constitucionalismo social. Régimen de excepción y derechos constitucionales.

Los Derechos constitucionales y los derechos fundamentales de la persona
Los derechos constitucionales tienen la naturaleza de derechos fundamentales y resulta indistinta su denominación en nuestro ordenamiento jurídico en tanto representan, fundamentalmente, derechos públicos subjetivos o derechos personalísimos con contenidos de moralidad y juridicidad.
Delimitar un derecho fundamental exige la distinción de su contenido, fronteras y límites, prefijando el haz de sus facultades, garantías y posibilidades de actuación. Manuel Medina Guerrero7 señala sobre este particular: “En cuanto integrantes del contenido constitucionalmente protegido, cabría distinguir, de un lado, un contenido no esencial, esto es, claudicante ante los límites proporcionados que el legislador establezca a fin de proteger otros derechos o bienes constitucionalmente garantizados, y, de otra parte, el contenido esencial, absolutamente intangible para el legislador; y, extramuros del contenido constitucionalmente protegido, un contenido adicional formado por aquellas facultades y derechos concretos que el legislador quiera crear impulsado por el mandato genérico de asegurar la plena eficacia de los derechos fundamentales”.
La distinción que antecede establece una interesante definición del contenido esencial, no esencial y adicional de un derecho fundamental, esquema que ha prosperado desde la concepción del Tribunal Constitucional alemán8 de fijar un contenido esencial para la defensa de un derecho fundamental. En términos de limitación, dicho contenido esencial es un núcleo inatacable para el legislador, al cual éste no puede acceder bajo el alcance de disposición legal alguna. El contenido no esencial en los términos de la práctica jurisprudencial, por oposición, no llega a configurar un ámbito intangible, es decir, en determinadas circunstancias el legislador podrá regular una intervención en la esfera del derecho fundamental, sin afectar su núcleo duro. Finalmente, el contenido adicional, a juicio nuestro, representa un escenario de regulación más plena por parte del legislador, en tanto las intervenciones en la esfera de un derecho fundamental, en este caso concreto, no implican vulneración sustancial.
Los derechos fundamentales representan hoy una teoría que justifica la existencia del Estado de Derecho y su sucedáneo más representativo: el Estado constitucional. En efecto, asumimos una gradación de Estados cuya generación o grado superlativo pretende hoy representar al Estado neoconstitucional, el cual identifica ciertos caracteres de un Estado para el cual no solo existe una Constitución que representa el referente base de la organización estatal.
En efecto, de la premisa base del Estado de Derecho, han trascendido los ordenamientos nacionales al Estado Democrático de Derecho, como lo representa la Ley Fundamental de Bonn, para alcanzar luego con la Constitución española de 1978 una cima más alta: el Estado Democrático y Social de Derecho, expresión angular que en su momento representó la aspiración no solo de vivir en democracia constitucional sino la proyección de que ese Estado tuviera igualmente en cuenta un matiz social hacia sus ciudadanos, es decir, dejar de convertirse solo en aquel Estado eficiente en recursos y organizado en su economía, sino que la relevancia suya como expresión de la Nación políticamente organizada, trascendiera también en lo social hacia sus ciudadanos.
Pues bien, proponemos que el Estado Democrático y Social de Derecho ha devenido en el Estado constitucional en la idea central de expresar que la Constitución, como en la concepción kelseniana, no es solo una norma más del ordenamiento jurídico, sino se convierte en punto de partida y de llegada de las aspiraciones constitucionales de los ciudadanos. Y sobre esa premisa del Estado constitucional, tenemos en perspectiva ese Estado neoconstitucional que caracterizado en matices diversos por Prieto Sanchís, aborda 5 caracteres sustantivos ya señalados supra: más principios que reglas, mas ponderación que subsunción, zonas no exentas de control constitucional, prevalencia de la interpretación del juez constitucional frente a la del legislador y existencia de una constelación plural de valores antes que homogeneidad ideológica.
¿Y cuál es el rol de los derechos fundamentales en ese escenario del Estado neoconstitucional? Pues representan el ethos y el pathos de ese nuevo tipo de Estado en tanto identifican mandatos no solo de juricidad sino también de moralidad, a decir de Peces Barba, en cuya concepción se reconoce la vigencia, validez y legitimidad de los derechos fundamentales como elementos que tienen en cuenta el carácter de la norma jurídica pero a su vez, también representan ese otro extraordinario ámbito de reconciliación entre el Derecho y la Moral, disciplinas durante cierto tiempo distanciadas a propósito de la concepción positivista.
En efecto, en la posición de la Teoría Pura del Derecho, factores como la moral, distorsionan la rigurosidad del discurso jurídico positivista. Hoy esa percepción ha sido superada y el Derecho y la Moral significan un reposicionamiento de los derechos fundamentales como mandatos de moralidad.

El constitucionalismo social
La idea de constitucionalismo social encuentra justificación a partir de las Constituciones de Querétaro (México, 1917)9 y Weimar (Alemania, 1919)10, instrumentos a partir de los cuales se consolida una tendencia de existencia del Estado social.
Estas Cartas constituyen un modo de reacción frente a las difíciles tendencias absorbentes de la Revolución Industrial, contexto en el cual la persona era objeto antes que sujeto de derechos, dadas las extensas jornadas laborales y la sobre explotación de los trabajadores.
Desde la Constitución de Querétaro, se asume una nueva dimensión de los derechos laborales, al tiempo que la Constitución de Weimar asigna un necesario carácter de actuación al Estado, incluidos ciertos avances democráticos, aunque finalmente resultara rechazada por un sector de la Alemania militarista de los años 1930 por considerarla una imposición del enemigo.

Régimen de excepción y derechos constitucionales
Los estados de excepción11 han sido catalogados en nuestra Carta Fundamental bajo la clasificación de estados de emergencia y de sitio, ambos representativos de condiciones difíciles de sostenimiento de la vigencia del Estado de Derecho en el país.
En la jurisprudencia constitucional los estados de excepción12 han sido delimitados en función al rol que les compete a las Fuerzas Armadas en el restablecimiento del orden, sobre la premisa cierta de que el poder militar no puede subordinar el poder constitucional. Aquel solo es ejecutor, coadyuva mas no decide sobre el poder constitucional que le corresponde al Presidente de la República.
Corresponde destacar que la declaratoria de estados de emergencia o de sitio, como modalidades de estados de excepción, debe ser necesariamente concordada con los derechos que protege la Convención Americana de Derechos Humanos,13 la cual asume un efecto vinculante para nuestro sistema constitucional de derechos fundamentales.14

3. El Poder Político. La regulación del Poder Político en la Constitución Peruana vigente.

El Poder Político
El principio de separación de poderes15 ya enunciado añejamente por Montesquieu, se ha consolidado en la doctrina constitucional como una premisa de equilibrio de poderes. Es decir, no basta la simple separación física entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial sino que debe existir equilibrio entre los mismos.
La jurisprudencia constitucional ha afianzado estos conceptos y hoy contextualizamos una figura de colaboración de poderes.16 Entonces, no basta entre ellos una separación y equilibrio sino corresponde la colaboración entre los mismos.

La regulación del Poder Político en la Constitución Peruana vigente
La división del Poderes adoptada en nuestro ordenamiento constitucional, siguiendo líneas del Derecho Comparado, es la siguiente. Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Veamos a continuación una descripción propia de estos Poderes del Estado.

4. El Poder Legislativo. Órganos del Poder Legislativo. El Congreso y otros órganos que ejerzan función legislativa. Atribuciones del Congreso de la República.

El Poder Legislativo
La unicameralidad expresada respecto de nuestro modelo actual de Poder Legislativo17 advierte una alternativa ciertamente opuesta a la tradición democrática en el Perú, en tanto la regla prevalente de un modelo bicameral implica un control intra Parlamento, cuyos beneficios son tangibles desde la perspectiva del necesario debate que exigen las leyes. Sin embargo, es necesario reconocerlo, un modelo unicameral representa una herramienta más célere en la producción de normas. Y sin perjuicio de ello, ¿debemos privilegiar el debate o la celeridad? Nos inclinamos por la primera opción en tanto esa alternativa frena los excesos del poder y de leyes insuficientemente debatidas.
En la jurisprudencia constitucional las relaciones entre Poder Legislativo y Tribunal Constitucional han mantenido una línea de conflicto,18 situación frente a la cual corresponde nos interroguemos: ¿existe una dicotomía entre ambos poderes y uno de ellos suele invadir los fueros del primero? Creemos que no ha sido en estricto así pues el principio de corrección funcional apunta a que los órganos funcionen adecuadamente, sin afectarse sus competencias. Y sin embargo, hay necesidad de un órgano que establezca una decisión final respecto a la compatibilidad de una norma con la Constitución y ese rol solo puede ser desempeñado por los jueces constitucionales.
Ciertamente el Poder Legislativo ha observado reacciones vía iniciativas legislativas,19 a efectos de limitar las competencias del Tribunal Constitucional, dados ciertos aparentes excesos en determinadas sentencias. Sin embargo, observemos que la solución puede ser más compleja pues restringir las facultades interpretativas del Tribunal conlleva un efecto aún más polémico que la propia propuesta, sin perjuicio de que reduce la capacidad interpretativa de los jueces constitucionales.
De otro lado, las decisiones del Parlamento representan en forma implícita un grado natural de judicialización20 en razón de que se busca alcanzar, en un Estado constitucional, la interdicción de la arbitrariedad y como tal, no es propio que exista un enfrentamiento de poderes, sino un equilibrio entre los mismos, supuesto que admite, sin llegar a la idea del “Estado jurisdiccional” de Karl Schmitt,21 en el cual sean los jueces quienes legítimamente estén facultados para controlar los excesos del Parlamento.

Órganos del Poder Legislativo. El Congreso y otros órganos que ejerzan función legislativa
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