Estudio de modificaciones del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el






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Estudio de modificaciones del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social.



ESTUDIO SOBRE EL REAL DECRETO-LEY 11/2013

Estimados compañeros:
El pasado 2 de agosto el Gobierno ha vuelto a utilizar lo que viene a ser la manera habitual de legislar de los últimos tiempos, sobre todo en materia laboral: el Real Decreto-Ley y durante los meses de verano. El RDL 11/2013, aparte de ser un auténtico “batiburrillo” de normas ajenas al Derecho el trabajo (se incluyen modificaciones sobre Seguridad Aérea, sobre el Sector Ferroviario, sobre derechos y obligaciones de viajeros del ferrocarril, sobre los Presupuestos Generales del Estado), introduce importantes modificaciones que afectan al ámbito laboral.
Una de las cuestiones más relevantes es la que afecta a determinados aspectos relativos a la negociación de los procedimientos colectivos, como es el caso de los ERE. Este RD-L pone fin a la posibilidad que se contemplaba hasta ahora reglamentariamente de negociar por centros de trabajo: a partir de ahora sólo puede existir una única comisión negociadora, “si bien, en el caso de ser varios los centros de trabajo afectados, quedará circunscrita a los centros afectados por el procedimiento”. Además, antes del período de consultas, se establece una fase previa para que se constituya la comisión representativa de los trabajadores (7 días cuando hay representantes legales de los trabajadores en todos los centros de trabajo y 15 cuando no sea así). Por otra parte, se ha establecido una serie de reglas para el caso de que la negociación afecte a varios centros de trabajo existiendo representantes de los trabajadores en unos y no en otros. Transcurrido el plazo máximo para la constitución de la comisión representativa, la dirección de la empresa puede comunicar el inicio del periodo de consultas a los representantes de los trabajadores. Esta nueva regulación del procedimiento de negociación afecta a los Despidos Colectivos (ERE), Suspensiones Colectivas (ERTE), Modificaciones Sustanciales colectivas, Traslados Colectivos y Descuelgues colectivos.
Las leyes que modifica el Real Decreto-Ley son:



  • Ley General de la Seguridad Social. Se establece la obligación de inscripción como demandante de empleo y le mantenimiento de dicha inscripción, como requisitos necesarios para la percepción de la prestación y el subsidio de desempleo. (arts. 207, 209, 212, 215, 231 y 233).

  • Ley General de la Seguridad Social. Reglas de la Disposición Adicional Séptima aplicables a trabajadores a tiempo parcial.

  • Ley 56/2003, de Empleo. (art. 27).

  • Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, TRRDL 5/200. (arts. 22, 24, 25, 47 y 48).

  • Estatuto de los Trabajadores. Arts. 40, 41, 51 y 82, referentes a la Comisión Negociadora y los sujetos legitimados para representar a los trabajadores en el período de consulta previo a la adopción de las medidas colectivas relativas a estos artículos. Art. 47, sobre la suspensión del contrato de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

  • Ley 22/2003, Concursal. Art. 64, sobre la tramitación de los expedientes de modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo.

  • Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social. Arts. 124 y 127, relativos a la modalidad procesal del despido colectivo.

  • Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada. (arts. 3, 4, 6, 17, 19, 26, 27 y 28).


Cabe destacar que las modificaciones establecidas en las Reglas de la LGSS aplicables a los trabajadores a tiempo parcial obedecen a sentencias del Tribunal Constitucional (SSTC 253/2004, 49/2005, 50/2005, 61/2013, 71/2013, 72/2013, 116/2013 y 117/2013), del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (22-11-2012, derivada de la directiva 79/7/CEE, de 19-12-1978).
Por lo tanto, el Acuerdo para la mejora de las condiciones de acceso a la protección social de los trabajadores a tiempo parcial, suscrito entre el Gobierno y las organizaciones sindicales y empresariales el pasado 31-7-2013, tiene poco de negociación (al margen del mandato establecido en la Ley 27/2011, Disposición Adicional 29) y mucho de adaptación a lo que los tribunales de justicia establecen por la vía jurisprudencial.
En este sentido, en la reforma de las Reglas de la Seguridad Social aplicables a los trabajadores a tiempo parcial, al margen de adaptarlas a las exigencias constitucionales de igualdad y no discriminación (art. 14 CE), se han tenido que adaptar al ordenamiento jurídico comunitario y aplicar los siguientes principios:


  • Principio de igualdad en el acceso a las prestaciones. El acceso a las pensiones debe adecuarse a la mayor o menor parcialidad en la vida laboral.

  • Principio de contribución y proporcionalidad. Debe darse entre las aportaciones realizadas y las prestaciones a percibir.

  • Principio de conservación de norma favorable. Deben mantenerse los mecanismos correctores establecidos con anterioridad que no hayan sido declarados inconstitucionales.

  • Principio de legalidad. Cubrir cuanto antes el vacío legal producido por las sentencias del Tribunal Constitucional.

  • Principio de solidaridad y suficiencia. Los trabajadores a tiempo parcial deben acceder a las pensiones mínimas en la misma extensión, términos y condiciones que el resto de trabajadores.


Podemos resumir que el contenido del RD-L 11/2013 modifica tres aspectos de la LGSS:
1º.- Nueva regulación del cálculo para los períodos de cotización en contratos a tiempo parcial.

2º.- Adecuación de los períodos mínimos de cotización exigidos a los trabajadores con contrato a tiempo parcial para acceder a las prestaciones que lo exigen.

3º.- Nueva forma de computar los períodos cotizados para determinar el importe de las pensiones de jubilación e incapacidad permanente derivada de enfermedad común.
En cuanto a las modificaciones introducidas en el Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, os adjuntamos cuadro comparativo con el texto anterior y el actual.
Del análisis de las modificaciones introducidas en el RD 1483/2012, podemos determinar que, por una parte, deja de ser obligatorio entregar a los trabajadores y a la autoridad laboral los datos obligatorios de empresas multinacionales ante procesos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada y, por otra, se establecen nuevas reglas para determinar la composición de las comisiones de negociación de medidas de flexibilidad.
Extractamos a continuación los artículos que afectan a cuestiones de índole laboral.


CAPITULO II

Modificaciones en materia de protección social del trabajo a tiempo parcial
Artículo 5. Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
La disposición adicional séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, queda modificada como sigue:

Uno. La regla segunda del apartado 1 queda redactada en los siguientes términos:

«Segunda. Periodos de cotización.

Para acreditar los períodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal, maternidad y paternidad, se aplicarán las siguientes reglas:

a) Se tendrán en cuenta los distintos períodos durante los cuales el trabajador haya permanecido en alta con un contrato a tiempo parcial, cualquiera que sea la duración de la jornada realizada en cada uno de ellos.

A tal efecto, el coeficiente de parcialidad, que viene determinado por el porcentaje de la jornada realizada a tiempo parcial respecto de la jornada realizada por un trabajador a tiempo completo comparable, se aplicará sobre el período de alta con contrato a tiempo parcial, siendo el resultado el número de días que se considerarán efectivamente cotizados en cada período.

Al número de días que resulten se le sumarán, en su caso, los días cotizados a tiempo completo, siendo el resultado el total de días de cotización acreditados computables para el acceso a las prestaciones.

b) Una vez determinado el número de días de cotización acreditados, se procederá a calcular el coeficiente global de parcialidad, siendo este el porcentaje que representa el número de días trabajados y acreditados como cotizados, de acuerdo con lo establecido en la letra a) anterior, sobre el total de días en alta a lo largo de toda la vida laboral del trabajador. En caso de tratarse de subsidio por incapacidad temporal, el cálculo del coeficiente global de parcialidad se realizará exclusivamente sobre los últimos cinco años. Si se trata del subsidio por maternidad y paternidad, el coeficiente global de parcialidad se calculará sobre los últimos siete años o, en su caso, sobre toda la vida laboral.

c) El período mínimo de cotización exigido a los trabajadores a tiempo parcial para cada una de las prestaciones económicas que lo tengan establecido, será el resultado de aplicar al período regulado con carácter general el coeficiente global de parcialidad a que se refiere la letra b).

En los supuestos en que, a efectos del acceso a la correspondiente prestación económica, se exija que parte o la totalidad del período mínimo de cotización exigido esté comprendido en un plazo de tiempo determinado, el coeficiente global de parcialidad se aplicará para fijar el período de cotización exigible. El espacio temporal en el que habrá de estar comprendido el período exigible será, en todo caso, el establecido con carácter general para la respectiva prestación.»

Dos. El párrafo c) de la regla tercera del apartado 1 queda redactado en los siguientes términos:

«c) A efectos de la determinación de la cuantía de las pensiones de jubilación y de incapacidad permanente derivada de enfermedad común, el número de días cotizados que resulten de lo establecido en el segundo párrafo de la letra a) de la regla segunda, se incrementará con la aplicación del coeficiente del 1,5, sin que el número de días resultante pueda ser superior al período de alta a tiempo parcial.

El porcentaje a aplicar sobre la respectiva base reguladora se determinará conforme a la escala general a que se refiere el apartado 1 del artículo 163 y la disposición transitoria vigésima primera, con la siguiente excepción:

Cuando el interesado acredite un período de cotización inferior a quince años, considerando la suma de los días a tiempo completo con los días a tiempo parcial incrementados ya estos últimos con el coeficiente del 1,5, el porcentaje a aplicar sobre la respectiva base reguladora será el equivalente al que resulte de aplicar a 50 el porcentaje que represente el período de cotización acreditado por el trabajador sobre quince años.»
CAPITULO III

Modificaciones en materia de empleo y protección por desempleo
Artículo 6. Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, queda modificado como sigue:

Uno. Se añade una nueva letra e) en el artículo 207, con la siguiente redacción:

«e) Estar inscrito como demandante de empleo en el servicio público de empleo competente.»

Dos. El título y el apartado 1 del artículo 209 quedan redactados en los siguientes términos:

«Artículo 209. Solicitud, nacimiento y conservación del derecho a las prestaciones.

1. Las personas que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 207 de la presente Ley deberán solicitar a la Entidad Gestora competente el reconocimiento del derecho a las prestaciones que nacerá a partir de que se produzca la situación legal de desempleo, siempre que se solicite dentro del plazo de los quince días siguientes. La solicitud requerirá la inscripción como demandante de empleo. Asimismo, en la fecha de solicitud se deberá suscribir el compromiso de actividad al que se refiere el artículo 231 de esta Ley.

La inscripción como demandante de empleo deberá mantenerse durante todo el período de duración de la prestación como requisito necesario para la conservación de su percepción, suspendiéndose el abono, en caso de incumplirse dicho requisito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de esta Ley.»

Tres. Se añaden dos nuevas letras f) y g) en el apartado 1 del artículo 212, con la siguiente redacción:

«f) En los supuestos de traslado de residencia al extranjero en los que el beneficiario declare que es para la búsqueda o realización de trabajo, perfeccionamiento profesional o cooperación internacional, por un período continuado inferior a doce meses, siempre que la salida al extranjero esté previamente comunicada y autorizada por la entidad gestora, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto sobre la exportación de las prestaciones en las normas de la Unión Europea.

g) En los supuestos de estancia en el extranjero por un período, continuado o no, de hasta 90 días como máximo durante cada año natural, siempre que la salida al extranjero esté previamente comunicada y autorizada por la entidad gestora.

No tendrá consideración de estancia ni de traslado de residencia la salida al extranjero por tiempo no superior a 15 días naturales por una sola vez cada año, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 231.1.»

Cuatro. Se modifica el apartado 3 del artículo 212, que queda redactado del siguiente modo:

«3. El incumplimiento, por parte de los beneficiarios de las prestaciones por desempleo de la obligación de presentar, en los plazos establecidos, los documentos que les sean requeridos, siempre que los mismos puedan afectar a la conservación del derecho a las prestaciones, podrá dar lugar a que por la entidad gestora se adopten las medidas preventivas necesarias, mediante la suspensión del abono de las citadas prestaciones, hasta que dichos beneficiarios comparezcan ante aquella acreditando que cumplen los requisitos legales establecidos para el mantenimiento del derecho, que se reanudará a partir de la fecha de la comparecencia.

Asimismo, la entidad gestora suspenderá el abono de las prestaciones durante los períodos en los que los beneficiarios no figuren inscritos como demandantes de empleo en el servicio público de empleo, y se reanudará a partir de la fecha de la nueva inscripción previa comparecencia ante la entidad gestora acreditando dicha inscripción, salvo que proceda el mantenimiento de la suspensión de la prestación o su extinción por alguna de las causas previstas en ésta u otra norma.»

Cinco. Se modifica el primer párrafo de la letra b) del apartado 4 del artículo 212, con la siguiente redacción:

«b) Previa solicitud del interesado, en los supuestos recogidos en los párrafos b), c), d), e), f) y g) del apartado 1, siempre que se acredite que ha finalizado la causa de suspensión, que, en su caso, esa causa constituye situación legal de desempleo, o que, en su caso, se mantiene el requisito de carencia de rentas o existencia de responsabilidades familiares. En el supuesto de la letra d) del apartado 1, en lo referente a los trabajadores por cuenta propia menores de 30 años de edad que causen alta inicial en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, la prestación por desempleo podrá reanudarse cuando el trabajo por cuenta propia sea de duración inferior a sesenta meses.»

Seis. Se modifica la letra g) del apartado 1 del artículo 213, que queda redactada en los siguientes términos:

«g) Traslado de residencia o estancia en el extranjero, salvo en los supuestos que sean causa de suspensión recogidos en las letras f) y g) del artículo 212.1.»

Siete. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 215, con la siguiente redacción:

«4. En todas las modalidades de subsidio establecidas en el apartado 1 se exigirá el requisito de estar inscrito y mantener la inscripción como demandante de empleo en los mismos términos previstos el artículo 207 e) y en el artículo 209.1 de esta Ley.»

Ocho. Se modifica la letra h) del apartado 1 del artículo 231, que queda redactada en los siguientes términos:

«h) Inscribirse como demandante de empleo, mantener la inscripción y cumplir las exigencias del compromiso de actividad en los términos establecidos en el artículo 27 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.»

Nueve. Se modifica la letra c) del artículo 233, que queda redactada en los siguientes términos:

«c) Las relativas a la imposición de sanciones a los trabajadores conforme a lo establecido en el artículo 48.5 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.»
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